Cada vez que hay una crisis surgen esquemas creativos para financiar los déficits que se generan con la caída de la recaudación. Esto es, formas de acatar pero no cumplir las normas previas (ni pasar por lentas y tal vez inviables discusiones en contextos apremiantes). Ejemplo: la ley de coparticipación vigente, de 1988, es modificada o complementada por unas 89 normas. Ella establece que el 54,66% de los recursos tributarios de la Administración Central se giren a las provincias y se repartan con proporciones fijas. Esos coeficientes son la base de los recursos que la nación gira a las provincias, y el componente individual más jugoso. Pero no es el único: existen numerosas disposiciones adicionales que asignan específicamente recursos a provincias particulares, desdibujando el significado de los porcentajes que debería recibir cada provincia. Por ejemplo, está la ley de cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, la ley de financiamiento educativo de Kirchner – Filmus, tres ítems por el impuesto a las ganancias, tres por bienes personales, una asignación complementaria adicional de IVA, cuatro formas distintas de crear asignaciones específicas de parte de impuestos a los combustibles (naftas), otras tres por el régimen de la energía eléctrica, otra por el fondo compensador de desequilibrios, una proporción fija del monotributo (aparte de la coparticipada por rentas generales), fondos especiales, el pacto fiscal, el fondo para aportes del tesoro nacional, etc. Cada desequilibrio genera una ley, una nueva rigidez y una nueva capa de complejidad al esquema que hace difícil, si no imposible, su discusión y evaluación en términos políticos. Cada crisis deja sus marcas sobre el esquema de distribución de los ingresos de la nación (de 1988), por lo que los criterios y las razones originales se desdibujan totalmente. ¿Quién financia a qué provincias?
La Constitución de 1994 establecía que debía sancionarse una nueva ley con coeficientes actualizados y ajustados a los criterios políticamente establecidos en la carta magna de distribución de los fondos. Nunca se sancionó otra ley de coparticipación (en parte por el estado permanente de crisis que imposibilita cualquier discusión en términos razonables sobre los recursos), y poco tiempo después de que se aprobara la constitución se crearon instrumentos complementarios para financiar déficits transitorios en las provincias. Esto va aparte del mazacote normativo que comúnmente como “coparticipación” (aunque los fondos de la coparticipación propiamente dicha en algunos casos no son ni la mitad de los que gira automáticamente la nación). Uno de esos instrumentos fue el fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que surge más o menos por la época del tequila y financia déficits transitorios en las cajas (desequilibrios corrientes) con recursos provenientes de la venta de activos (Banco Hipotecario, acciones de YPF) y que sería más tarde entre otras cosas usado para emitir los LECOPs.
Hasta aquí vimos como se desdibuja el esquema de la “coparticipación”. Después sigo con los ingresos y el gasto.
walras 1:13 pm on Miércoles 10 · Septiembre · 2008 Permalink |
Que tema este de las instituciones, no? Algo interesante sería ver si vienen primero las instituciones y luego la estabilidad económico/social o viceversa (probablemente se retroalimenten y se genere un círculo virtuoso, pero el tema del huevo o la gallina habría que checkearlo). Tema para un futuro post, tal vez.
100% de acuerdo con lo de que en la Argentina de los últimos 20 años hubiera sido milagroso alcanzar un consenso sobre la copa. No se logró con temas mucho menores, menos se iba a poder con este que hace a la esencia misma de la nación (si somos federales o unitarios, que tanto somos una u otra cosa, etc). Si consideramos que encima el 100% de las provincias tiene que estar de acuerdo para modificar la “ley” (ya ni siquiera es ley, desvirtuada como está con las innumerables “modificaciones” que comentás)……….
En finnn, dejo picando la siguiente pregunta: ¿qué incentivo tienen un gobierno central (no sólo K ehhhhhhh) a cambiar el manejo discrecional y con criterios políticos de una tremenda caja por una ley que asigne fondos a cada provincia de manera objetiva, transparente y estable?
laliberal 11:46 am on Sábado 20 · Septiembre · 2008 Permalink |
Las instituciones son las que traen estabilidad economica y social.. imaginate como puede desarrollarse una sociedad si a cada minuto le cambian las reglas de juego.¿? (cualquier parecido con la realidad Arg no es una coincidencia)
Yo estoy convencida que los gobiernos no tienen ningun incentivo para dejar de manejar la caja a su antojo. (está en la esencia misma del político) de alli la imperiosa necesidad de que exista un marco jurídico que garantice la division de poderes y limite el poder de estos déspotas.