¡Mono-riel! ¡Mono-riel!

(Con esta intro el post debiera versar sobre el tren bala o el fútbol, pero son temas muy tratados así que voy a ver de qué otra manera justifico la inclusión en el post de esta genialidad):

Uno de los motivos para que modificaciones al presupuesto de importancia pasen por el Congreso es que ello permite descubrir potenciales problemas de diseño o políticos que afecten sus posibilidades de implementación (¡ja!). De cualquier forma, el uso de los superpoderes para crear programas sin pasar por el Congreso quita una instancia más de evaluación de los mismos que debería recuperarse, lo que con el proyecto actual de autolimitación no se lograría (tal como se reflejó en los medios, el proyecto actual no impone límites superiores a los actuales -nulos- al Gobierno).

Un ejemplo al respecto es el del Plan de Protección Ciudadana © Massita, cuyos costos hoy son comparables a los que tendría el tema del fútbol o de la emergencia agropecuaria.

Durante este año varias veces se usó a los superpoderes para incrementar subsidios al sector privado (creo que unos ARS 1.150 M). Una de las pocas veces en que hubo reasignaciones para desarrollar algo desde el sector público fueron los ARS 620 M que se le sumaron desde la sanción de la ley a la Jefatura de Gabinete para que esta lo gire a municipios para implementar el Plan, el cual en una primera etapa gira alrededor de llenar de cámaras de seguridad los espacios públicos. La instrumentación del Plan tuvo varios problemas formales desde el lado presupuestrio, que en forma resumida son que no se identificó a los municipios receptores, que las transferencias en gran medida están marcadas como destinadas a financiar gastos corrientes y no inversión en cámaras de seguridad y patrulleros (como se anunció), que se balcanizan las compras y la política de seguridad al nivel de municipios (con la pérdida de coordinación, poder de compra, transparencia y demás que implica), entre tantas otras cosas. Bueno, resulta que encima de todo parece que las cámaras de seguridad son bastante inefectivas para prevenir el crimen:

Only one crime was solved by each 1,000 CCTV cameras in London last year, a report into the city’s [London] surveillance network has claimed.

Podría ser un tema de rendimientos decrecientes (1 M de cámaras es mucho), pero en general se me ocurre que, más en el conurbano, había usos más interesantes para ese dinero, como comprar balas o chalecos para los policías, cosa de que pongan huevo cuando se requiere. En varias ocasiones, las reasignaciones de partidas (a favor del Plan, los subsidios por ONCCA y demás) se hicieron en detrimento de los créditos asignados a las fuerzas del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una reducción hasta ahora de más de ARS 200 M; ello implica un empeoramiento considerable en el retorno social del gasto y las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad. Igual, tengo que reconocerle a Aníbal Fernández coherencia en su accionar: si el problema de la gente es la sensación de inseguridad, la solución que eligieron va por el mismo lado:

A Home Office spokeswoman said CCTVs “help communities feel safer”.

Que paren de drogarse

Estoy un poco indignado por la increíble frase de Cristina Fernández,

“Te secuestran los goles hasta el domingo, como te secuestran las imágenes y las palabras, como secuestraron a 30 mil argentinos. No quiero más una sociedad de secuestros, quiero una sociedad cada día más libre”.

pero, sobre todas las cosas, por la falta de reacción de los blogs y más en general los seguidores de los K, a quienes esto (cree uno) afecta especialmente. Cuando vi esto pensé “hasta no perder TODOS sus aliados no paran”, pero, aparentemente, subestimé la disposición de la gente a prostituirse y dejarse engañar por nada. Y pasé del enojo a la tristeza al leer estas palabras de Carlotto:

“Me pongo en el lugar de esa mujer [Cristina Kirchner] que fue perseguida durante la dictadura y entiendo que diga que también fueron cautivos los goles”.

¡Perseguida! ¿Es por convicción, por las viviendas que construyen…? Realmente no entiendo. Celebran la mayor muestra de populismo de la historia reciente (Perón al menos hacía populismo con cosas útiles, aumentaba el patrimonio de la nación y distribuía…), la apoteosis de la demagogia con alusiones tan insultantes que dudosamente Guillermo Moreno, Aníbal Fernández o los editores de la Revista Barcelona pudieran alcanzar en acidez sin grandes esfuerzos. Binner tenía razón con lo del Síndrome de Estocolmo.

Federalismo y transparencia

Sobre los déficits provinciales, Fernando dice en su blog que “si se quieren transferir más recursos a los gobiernos sub-nacionales, se debería explicitar un mecanismo de control de los gastos para que esta negativa conducta [procíclica] no se acentué“. El problema, lamentablemente, excede a lo exclusivamente normativo: ya hay mecanismos de control previstos en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (RFRF), que aunque limitados, serían de utilidad si se cumplieran para ver qué pasa con la situación de las provincias. Ocurre lo mismo que con el Fondo Anticíclico Fiscal: el fondo del que tanto se discutió en tiempos de Lavagna ya existe, fue creado en 1.999, y todos los años se dicta una ley suspendiéndose la aplicación.

¿Qué mecanismos de control están previstos por el RFRF pero no se aplican? Para empezar, algo bien básico: que los presupuestos provinciales sean públicos. Los presupuestos de las provincias (e información complementaria necesaria, como datos periódicos sobre la ejecución) debían publicarse en la web desde enero de 2005. Según un relevamiento de ASAP [.doc], sólo 6 de las 24 provincias publican dicha información. El MECON no ayuda, dado que los últimos datos disponibles fueron subidos recientemente y son de hace 6 trimestres. No es que no existan datos, sino que no los suben (algo relacionado y medio escandaloso es que ASAP haya publicado una bruta base de datos oficiales sobre las provincias que el MECON no facilita en su web), y en las pocas ocasiones en que eso sí pasa estamos frente a datos demasiado agregados, o presentados de forma tal que no se pueden trabajar, etc.. Estamos a un nivel de incumplimiento importante: se puede tranquilamente subir todo en PDFs imposibles de procesar y con formatos inconsistentes entre distintos años, manteniendo una ficción de transparencia sin tener que exponerse innecesariamente a que alguien efectivamente use el presupuesto para algo útil y te cuestione; esto es lo que hace el gobierno de Macri. Cumplir es muy fácil y casi libre de costos. Ahora bien, si se puede incumplir con los bajísimos requerimientos de información establecidos por ley en un distrito con el nivel de desarrollo político que tiene la Ciudad (esto es: el discurso de nueva política del PRO, el hecho de que la mayoría de los medios nacionales también sean locales (de la Ciudad) y se ocupen constantemente de lo que aquí ocurre, la disponibilidad de recursos humanos capacitados para procesar y hacer uso de esa información, la cercanía a un gobierno de signo contrario que podría estar interesado en hacer uso de sus recursos técnicos para escrachar a Macri y tantos otros factores que hacen que éste sea uno de los distritos donde más esperable sería que se desarrolle una cultura presupuestaria real), ¿qué se puede esperar y pedir de Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y tantos otros?

El panorama es complicado: no parece que sea muy probable lograr un masivo cambio de actitud en las administraciones provinciales, menos aún con un gobierno nacional que 1. es anti-estadísticas y 2. busca activamente mecanismos para incumplir normas que podrían restarle poder de negociación con las provincias. Tampoco es esperable, creo, una mejora a un plazo mayor. Debemos preguntarnos entonces si los déficits de hoy no hubieran sido mayores en otro contexto (la distribución de recursos con la Nación es la más desfavorable de la historia para las provincias), y si no sería mejor, hasta tanto se afiancen las instituciones locales de control, pensar en menos y no más descentralización, recuperando algunas de las responsabilidades transferidas a las provincias.

¿Cuánto más va a resistir la imagen de Macri?

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, encargó un sondeo para medir su imagen en el ámbito nacional, de cara a las presidenciales de 2011. La encuesta, que obtuvo PERFIL en exclusiva, y fue realizada por Julio Aurelio (el encuestador habitual de PRO), arroja un escenario de virtual empate entre el líder de PRO y el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.

No es desconocido que Macri es un vendehumo (además de otras cosas). Pero me llama la atención el buen trato que le depara la prensa. Por ejemplo, el sábado Perfil publicó, en una nota crítica sobre el resultado de la reforma del Consejo de la Magistratura, lo que sigue:

Sin embargo, un estudio comparativo del período post reforma (2006-2009) y del período equivalente previo (2003-2006), demuestra que el funcionamiento fue más deficiente (…).
De 719 cargos que había al cierre del año en el que se reformó el Consejo se pasó a junio de este año a 745, es decir 26 cargos más.

En comparación, durante la gestión Macri y hasta octubre de 2008 (hace 9 meses) el Consejo de la Magistratura de la Ciudad pasó de 791 empleados (último día de la gestión Telerman) a 856 empleados a octubre. Es un crecimiento de 8% en menos de un año, contra 4% en 3 años del CM de la Nación.

Ingreso básico II

Datos Duros dice del ingreso básico:

La propuesta (…) nos parece (…) regresiva: por principio de Universalidad la percibirían todos, los nietecitos bruñidos de Paolo Rocca, y los nietecitos mocosos de la Pocha del comedor de Altos de San Lorenzo.

Para analizar la propuesta hay que ver cómo cambia en forma neta las transferencias recibidas del Estado para cada tipo de familia. No se puede decir “145$ es una miseria” o “le estás dando plata a los nietos de Paolo Rocca, ergo derrochás” sin ver el efecto neto. Es sencillo: hay que ver cuánto recibiría cada uno con la propuesta, cuánto recibe hoy, y qué porcentaje respecto de su ingreso representa.

Por ejemplo, una familia con dos menores cuyos responsables carecen de empleo formal hoy percibe por el Plan Familias 200$, si son 5 los menores perciben por esto 335$. En el primer caso pasa a recibir 290$ (45%+) y en el segundo 725$ (116%+). Por supuesto, los incrementos son menores dado que las familias cuentan con otros ingresos, pero si los nietos de Paolo Rocca también estuvieran bajo el Plan Familias las nuevas transferencias netas como proporción de su ingreso sería menor, y posiblemente usen esos billetes para sonarse la nariz.

Pero el Plan Familias sólo llega a 700.000 familias, y hoy las estimaciones más conservadoras hablan de que 30% de la población es pobre (y cerca del 50% de los menores). Por otro lado, las madres con 7 hijos o más que se encuentran percibiendo pensiones no contributivas hoy reciben 110$ por hijo.

Mientras tanto, los nietos de Paolo Rocca también gozan de subsidios del estado, aunque distintos. Como ya señalaron algunos comentaristas en Datos Duros, hoy ellos gozan de unos 146$ por mes cada uno por deducciones de ganancias (las deducciones operan achicando la base imponible, saliendo el 146$ de aplicarle a ese cambio en la base imponible de 5.000$+ anuales por la eliminación de la exención la alícuota del 35%). Y las transferencias por la propuesta, netas del cobro de ganancias, son de 94$. Es decir, aumenta ligeramente la presión por este lado.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el promedio de hijos por hogar en el primer decil es de 2,1, mientras que en el más rico es de 0,4.

Ingreso básico para menores

Con este post respondo al artículo de Datos Duros sobre las políticas universales.

En primer lugar, para ver la factibilidad de estos proyectos que han sido ampliamente apoyados por Proyecto Sur, el Acuerdo Cívico y Social y hasta el narcoperonismo (en una versión más amplia), voy a tirar un par de números para hacernos una idea sobre el tema de que estamos hablando.

Usando los datos del INDEC, ajustando la cantidad de menores de 18 de 2001 por el crecimiento poblacional de las estimaciones que publican tenemos 13.470.000 menores actualmente. La canasta básica alimentaria de junio, según el INDEC, es de 144$. Planteemos un objetivo bien modesto que es evitar la indigencia y otorguemos entonces 145$ a cada menor. Casualmente, es el mismo número que surge de multiplicar las necesidades calóricas de los menores por una CBA calculada de una manera razonable y no al estilo INDEC. En definitiva, hablamos de 25.400 millones de pesos. La cifra representa más o menos un 2,4% del PBI.

¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento?

Una primera medida sería afectar los ingresos por asignaciones familiares, que representan un ~7,5% del salario en blanco y son pagadas por el empleador. No todos los ingresos por asignaciones se destinan hoy a este fin, por lo que usar estos fondos implicaría una reducción leve del resultado de la ANSES. En el año que termina en junio de 2009 esto da 11.550 millones.

Por el lado de programas presupuestarios, la necesidad de los programas de Seguridad Alimentaria, Familias por la Inclusión Social, Pensiones no contributivas para madres de más de 7 hijos entre otros dejan de tener razón de ser en su mayor parte, por lo que sus créditos se afectan al ingreso básico y se obtiene de esa manera 6.300 millones de pesos adicionales de financiamiento.

Gravar la renta financiera proveería de 1.000 millones de pesos adicionales al Tesoro y 700 millones a la ANSES (que compensan la caída en el resultado por la afectación de la totalidad de los ingresos por asignaciones familiares al ingreso básico). Habría otros ingresos por ganancias: el 35% de todo lo que se pague por ingreso básico a los hogares de mayor poder adquisitivo, que son unos 170 millones, más unos 500 millones adicionales por la eliminación de las exenciones en ganancias.

La reducción del ahorro en la ANSES implica un aumento en la recaudación directa por IVA de unos 850 millones entre Tesoro y ANSES.

Los ingresos del Tesoro por esta pequeña reforma impositiva son de 20.700 millones. El resto puede afrontarse con el resultado del gobierno, o bien afectando parte de los ingresos actuales de la ANSES por el pacto fiscal. Afectar sólo un tercio de los ingresos por el pacto fiscal a esto implicaría generar más de 8.000 millones de pesos de recursos que salen del superávit de la ANSES. Esto es altamente justificable por los argumentos de Kritz en su informe de julio, por tratarse de asumir los costos de políticas sociales que realizan hoy las provincias con mayor equidad y por los aumentos que se producirán en consecuencia en la recaudación de las provincias.

En todo momento, téngase en cuenta, disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. El aumento en los recursos de las provincias está en el orden de los 7.000 millones de pesos, lo que es una proporción importante del déficit que se estima para este año.

Con esto mostrarmos que no hace falta expropiar a nadie para financiar esto, aceptamos el mote de carísima que le ponen en Datos Duros y rechazamos el de abstracta por haber demostrado un esquema de financiamiento posible y razonable. Al respecto, el “culo que va a sangrar” (el nuevo financiamiento) estaría provisto en mitades más o menos iguales por el resultado de la ANSES y por quienes hoy gozan de exenciones poco justificables en el pago del impuesto a las ganancias, y juzgo más aceptable el eliminar la exención de ganancias a los que cobran intereses por la deuda pública que estafarlos con el ajuste del capital por CER cuando cobren dentro de 20 años. En próximos posts proseguiremos con la discusión sobre este asunto.

No te voy a decir qué ganan, pero te tiro una idea

Más del discurso oficial – 18 de JUNIO

Cristina: “No he firmado decretos de necesidad y urgencia”

La Mandataria lo destacó como “una contribución a la calidad institucional”.

Cuesta mucho ser optimista. Esta es la peor forma del “derrame”. Antes, por lo menos, tenías planes trabajar…

El PEN subestima los recursos en el presupuesto todos los años; este año ya va un aumento en los recursos vigentes del 26% (y hay que ver si no hay más). Más o menos a esta altura de cada año, reparten el dinero sobre el que el Congreso no debatió. Salió con DNU finalmente. La tabla indica cuánto creció el crédito de las jurisdicciones respecto de lo que se votó en el Congreso.

35 Min. de Relac. Ext, Com. Internac. y Culto	5%	Efecto jazz.
10 Ministerio Público	7%	Mejor pagáte un abogado por tu cuenta.
71 Ministerio de CyT	9%	Casi todo CONICET: ARS 107 millones.
90 Servicio de la deuda pública	9%
30 Ministerio del Interior	12%
85 Ministerio de Desarrollo Social	12%	ARS 940 millones. Pensiones no contributivas se llevan más de la mitad. El único programa más o menos orientado al desarrollo social (“seguridad alimentaria”) recibe 234 millones. Un monto claramente suficiente. Un auténtico dineral. Sobre todo con lo eficiente que es la actual administración.
40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	13%	Va todo a las fuerzas de seguridad.
20 Presidencia de la Nacion	14%
45 Ministerio de Defensa	15%
75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social	16%	ANSES: ARS 9.900 millones.
80 Ministerio de Salud	16%	ARS 530 millones, casi todo a atención de ex-combatientes.
5 Poder Judicial de la Nacion	17%	Mejor pagáte un juez por tu cuenta.
70 Min. de Educ., Ciencia y Tecnología	24%	ARS 2.250 millones: universidades (1.400) y salarios.
1 Poder Legislativo Nacional	25%
25 Jefatura de Gabinete de Ministros	27%
56 Min. de Planif. Fed, Inv. Pública y Serv.	51%	Casi todo subsidios: ARS 9.470 millones. Energía, trenes, colectivos, camiones, aerolíneas.
50 Ministerio de Economia y Producción	80%	Subsidios a sojeros (ONCCA), ARS 2.000 millones.
91 Obligaciones a cargo del Tesoro	86%	Casi todo subsidios: ARS 6.502 millones a AySA, ENARSA, subsidios a la energía, etc.
Total general	25%

Zapatazo

¿Carta orgánica? ¡Andá, cipayo del FMI!

Hoy salió en el Boletín Oficial el DNU 1472 con una ampliación del gasto total del 25% sobre el crédito aprobado por el Congreso. El año pasado fué de 31%, por lo que es esperable que haya otra ronda más. ¿Quién se lleva el dinero en esta ampliación, de acuerdo a las mayores variaciones porcentuales? La ONCCA, con la mayor ampliación proporcional (ARS 1.900, subsidios a sojeros) y Planificación: ARS 4.400  a subsidios eléctricos (CAMMESA), ARS 1.300 a AySA, ARS 1.200 a vialidad, ARS 1.100 a aerolíneas, ARS 1.100 a subsidios a colectivos y ARS 800 a subsidios a trenes. ¿Quienes no van a comer postre (sus créditos crecen MUY por debajo de la media)? Ciencia y tecnología (ARS 85), salud (ARS 540), desarrollo social (ARS 330 sin pensiones, acá está la distribución de comida para desnutridos), poder judicial (ARS 250) entre otros.

Esto no es lo único en el DNU. Son las economías de escala, estúpido! ¿Para qué hacer otro decreto con el pago al Club de París si con este alcanza?

Art. 16. — Exceptúase del diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nº 26.337, al pago dispuesto en los términos del artículo 6º de la Ley Nº 23.928 por el Decreto Nº 1394 de fecha 2 de septiembre de 2008.

Esta parte dice: se paga al Club de París usando las reservas de libre disponibilidad. Nuevamente se comete el mismo error que en el DNU pasado, ya que el artículo citado (es un artículo de la ley de convertibilidad modificado por decreto en 2005) dice “Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales.“.

El Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera emitirá un título público negociable por hasta la suma correspondiente a la aplicación dispuesta por el artículo 2º del citado decreto, en las condiciones que defina, para su adquisición por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, que podrá contabilizarlo a su valor técnico.

Dicha operación, encuadrada en los términos del artículo 44 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) quedará exceptuada de la limitación que contempla el inciso a) del artículo 19 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA aprobada por Ley Nº 24.144. (…)

¿Un decreto del PEN puede exceptuar al PEN de cumplir con una ley? ¿Eh? ¿Y qué dice ese artículo 19.a, para que merezca la atención de Manolito?

Manolito

ARTICULO 19: Queda prohibido al banco:
a) Conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades, excepto lo prescripto en el artículo 20;

Tendencia secular al deterioro de las instituciones II

Parte I

Otras formas en que se distorsiona la transparente asignación de recursos entre la nación y las provincias viene de la mano de fondos especiales con objetivos específicos. Por ejemplo, las obras de infraestructura a ser financiadas con los recursos del fondo fiduciario del sistema de infraestructura de transporte (financiado antes con el impuesto al gasoil y hoy en partes iguales con ese impuesto y rentas generales), los subsidios a las empresas de transporte, otras transferencias para obras en los sistemas eléctricos y demás usaban los coeficientes de la ley de coparticipación (o bien esquemas similares pero con coeficientes diferentes). Todo esto empeoró considerablemente con la ronda de superpoderes nacidos de la crisis de 2001 y la vuelta de Cavallo: se crearon numerosos fondos de esta clase, que hoy representan una parte muy importante del presupuesto total. En esos casos, la decisión sobre la distribución territorial de los recursos se alejó cada vez más del ámbito de discusión parlamentario. Pasa de la ley de coparticipación a leyes comunes, de leyes comunes a decretos y resoluciones ministeriales o de secretarías y a disposiciones de entes menores. A veces los coeficientes son determinados sobre la base de alguna otra variable externa, sin que se analice la razonabilidad de que esa variable determine el criterio de financiación de las provincias. Otras medidas tomadas en función de la última crisis son los superpoderes de reasignación de partidas (artículo 37 de la ley de administración financiera), que al combinarse con la carencia total de información sobre la ejecución presupuestaria básicamente da un cheque en blanco al gobernante para hacer lo que quiera sin controles, las distintas disposiciones sectoriales (como en transportes) relativas a la emergencia económica, que por motivos “de excepción” asigna recursos sin su discusión en el congreso. Todo esto iba en contra de algunas medidas menores tendientes a ampliar los límites de los recursos del sector público nacional sujetos a discusión, mediante la inclusión de algunos fondos y organismos omitidos por las leyes de presupuesto.

Mientras tanto, el Estado se encontró con que en las crisis era más difícil recaudar. Entonces no sólo hubo normas de emergencia para regular el gasto de forma tal que se paliaran los déficits más agudos y las situaciones sociopolíticamente más delicadas, sino que se generaron instrumentos de financiación que, al carecer jurídicamente de carácter tributario, no pertenecían a los recursos “coparticipables” (o distribuibles vía el mazacote normativo de ese conjunto de leyes). Al reducirse la proporción de recursos que el estado se veía obligado a girar automáticamente a las provincias, fueron necesarios mecanismos alternativos para transferir esos fondos. Por ejemplo, antes la porción de uno de los fondos fiduciarios destinada a financiar obras viales se distribuía entre las provincias con coeficientes fijos. Luego pasó a ser la DNV en sí misma la que desarrollaba las obras, de acuerdo a convenios con las provincias. Algunos programas presupuestarios incluyeron transferencias automáticas de montos considerables para permitir a las provincias el desarrollo de las funciones básicas. Por estos motivos, ver los números de los recursos girados a las provincias puede ser poco indicativo de lo que realmente reciben por parte del estado nacional. Esos gastos son ejecutados por las provincias, por el personal y la organización de las provincias, pero figuran como gastos en el presupuesto de la administración nacional.

Así se configura un esquema caótico y muy complejo, inmanejable, donde se reemplaza discusión por discrecionalidad y se eleva el clientelismo del barrio a la relación nación – provincias. Cada crisis empeora la situación por el lado de los ingresos, con nuevos tributos, por el lado las asignaciones de esos ingresos, con más rigidez y criterios coyunturales y discrecionales, por casos de “gasto centralizado” como el de algunas obras o por casos de gastos ejecutados por las provincias pero imputados a la nación. Esta situación probablemente trascienda a la discusión de una ley de presupuesto o coparticipación, y requerirá de numerosos años de estudios y reformas para dar racionalidad al sistema. Y esquemas para que la calidad de las instituciones del estado no sufran (tanto) con cada crisis, sin posibilidad de que se deshaga lo hecho durante las fases de recuperación.

Tendencia secular al deterioro de las instituciones I

Cada vez que hay una crisis surgen esquemas creativos para financiar los déficits que se generan con la caída de la recaudación. Esto es, formas de acatar pero no cumplir las normas previas (ni pasar por lentas y tal vez inviables discusiones en contextos apremiantes). Ejemplo: la ley de coparticipación vigente, de 1988, es modificada o complementada por unas 89 normas. Ella establece que el 54,66% de los recursos tributarios de la Administración Central se giren a las provincias y se repartan con proporciones fijas. Esos coeficientes son la base de los recursos que la nación gira a las provincias, y el componente individual más jugoso. Pero no es el único:  existen numerosas disposiciones adicionales que asignan específicamente recursos a provincias particulares, desdibujando el significado de los porcentajes que debería recibir cada provincia. Por ejemplo, está la ley de cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, la ley de financiamiento educativo de Kirchner – Filmus, tres ítems por el impuesto a las ganancias, tres por bienes personales, una asignación complementaria adicional de IVA, cuatro formas distintas de crear asignaciones específicas de parte de impuestos a los combustibles (naftas), otras tres por el régimen de la energía eléctrica, otra por el fondo compensador de desequilibrios, una proporción fija del monotributo (aparte de la coparticipada por rentas generales), fondos especiales, el pacto fiscal, el fondo para aportes del tesoro nacional, etc. Cada desequilibrio genera una ley, una nueva rigidez y una nueva capa de complejidad al esquema que hace difícil, si no imposible, su discusión y evaluación en términos políticos. Cada crisis deja sus marcas sobre el esquema de distribución de los ingresos de la nación (de 1988), por lo que los criterios y las razones originales se desdibujan totalmente. ¿Quién financia a qué provincias?

La Constitución de 1994 establecía que debía sancionarse una nueva ley con coeficientes actualizados y ajustados a los criterios políticamente establecidos en la carta magna de distribución de los fondos. Nunca se sancionó otra ley de coparticipación (en parte por el estado permanente de crisis que imposibilita cualquier discusión en términos razonables sobre los recursos), y poco tiempo después de que se aprobara la constitución se crearon instrumentos complementarios para financiar déficits transitorios en las provincias. Esto va aparte del mazacote normativo que comúnmente como “coparticipación” (aunque los fondos de la coparticipación propiamente dicha en algunos casos no son ni la mitad de los que gira automáticamente la nación). Uno de esos instrumentos fue el fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que surge más o menos por la época del tequila y financia déficits transitorios en las cajas (desequilibrios corrientes) con recursos provenientes de la venta de activos (Banco Hipotecario, acciones de YPF) y que sería más tarde entre otras cosas usado para emitir los LECOPs.

Hasta aquí vimos como se desdibuja el esquema de la “coparticipación”. Después sigo con los ingresos y el gasto.

Sigue (más tarde) en la parte II.