Tras el colapso de la Convertibilidad, la Argentina experimentó un notable proceso de crecimiento que se extendió hasta el cuarto trimestre de 2008, acumulando una expansión de casi 70%. Dicha trayectoria se sustentó, principalmente, en un fuerte salto inicial del tipo de cambio real (180% entre diciembre de 2001 y junio de 2002), lo cual generó un cambio de precios relativos que incentivó la contratación masiva de mano de obra, en una economía que presentaba una enorme capacidad ociosa de su stock de capital (47% en los 6 meses posteriores al estallido) y donde 1 de cada 4 argentinos en condición (y con voluntad) de trabajar estaba desocupado. Esta salida, en nuestra opinión, fue acertada. El país se encontraba ante una situación social dramática, y la prioridad no eran salarios altos que permitieran viajar a Miami, sino combatir el desempleo y bajar los alarmantes índices de pobreza que se habían alcanzado (57% tras la devaluación). El plan Jefas y Jefes de Hogar, con sus modestos $150, contribuyó a paliar la incidencia de la indigencia en buena parte de la población, pero por si solo no hubiera hecho la diferencia.

En los años subsiguientes, la economía mostró un gran dinamismo, la expansión continuó a tasas chinas y para el segundo trimestre de 2005 ya se habían recuperado los niveles de producción de 1998. A su vez, el famoso “contexto internacional”, a diferencia de otras épocas, ayudó: la economía global registró un fuerte crecimiento, sostenida por la enorme liquidez de los mercados internacionales impulsada por el accionar de la Fed, que hacia fines de 2000 inició un ciclo de relajamiento monetario que culminó a mediados de 2004 (el target de la tasa overnight cayó de 6,5% a 1% en el período).  La mayor demanda de productos locales proveniente de la expansión global se vio potenciada por el salto en los precios de las materias primas que, según el BCRA, en el período 2002/2008 se ubicaron 44% por encima del promedio de 1996/2001. El salto en el valor de las exportaciones permitió, pese a la recuperación de las importaciones, la acumulación de un saldo favorable de más de USD90.000 millones, que impulsó, hasta 2007, un crecimiento significativo de los agregados monetarios reales vis a vis una suba record en el nivel de reservas internacionales. La liquidez en el mercado local facilitó la realización de transacciones, en una economía que había atravesado, en 2001, un proceso de desmonetización que concluyó en una brutal recesión y que intentó ser suavizada con la aparición de las (tristemente) celebres cuasimonedas. La emisión monetaria resultante de la compra de divisas por parte del BCRA fue parcialmente esterilizada vía colocación de Lebacs y Nobacs, lo que, junto a la aún importante capacidad ociosa y a la política fiscal contractiva implementada desde el Tesoro, hasta 2006 evitó que la inflación se disparara en línea con la presión de la demanda agregada.

El proceso virtuoso de crecimiento alto, inflación y tasas bajas, desendeudamiento y acumulación de reservas vio sus primeras luces amarillas hacia fines de 2005, tras el contundente triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de mitad de mandato. El Gobierno leyó dicho triunfo como un cheque en blanco para la profundización del modelo, a partir de lo cual errores de política económica se combinaron con un marcado deterioro institucional para llevar al “modelo productivo” a su agotamiento hacia principios de 2008. El avance sobre las instituciones en los últimos años se materializó con medidas como, entre otras, la reforma del Consejo de la Magistratura, la asunción implícita de K como Ministró de Economía, la intervención del Indek, el Congreso “testimonial”, la alianza con Chavez y, más recientemente, la desprolija estatización del sistema previsional.

Esta destrucción, por momentos gradual y por momentos abrupta, de la calidad institucional tuvo efectos tanto directos como indirectos. Entre los primeros, la literatura consigna que al perder los agentes la confianza en los elementos constitutivos del sistema que ordena el comportamiento de los individuos (reglas formales, normas informales y los correspondientes enforcements), entre los que se incluyen los derechos de propiedad y la estabilidad en las reglas de juego, aumenta el costo de las transacciones y, por lo tanto, desalienta su realización afectando, en última instancia, el nivel de actividad. En la Argentina, el deterioro del clima de negocios gatilló una masiva fuga de capitales desde 2007 (USD43.000 millones), que se potenció por la peor crisis mundial desde la Gran Depresión. De esta manera, el ahorro interno, en lugar de destinarse a financiar la acumulación de capital local, se dirigió a solventar (lo digo un poco en broma y un poco en serio) el paquete de estímulo de Obama. Por otro lado, también hubo efectos indirectos, principalmente los que inducieron a groseros errores de política por el debilitamiento de los mecanismos institucionales de diseño de los cursos de acción a seguir. Al desaparecer el Ministerio de Economía, y ser reemplazado por K, Moreno et al., los necesarios ajustes para garantizar la sustentabilidad del crecimiento se volvieron inviables. Los superpoderes hicieron que el Presupuesto perdiera razón de ser, con lo que el manejo de los recursos públicos alcanzó un nivel de discrecionalidad astronómica. La política fiscal inició un sendero de descontrol, con un salto exponencial y permanente del gasto público que se financió con recursos que eran cuantiosos, pero temporarios. La moratoria previsional, las transferencias al sector privado y los gastos de capital hicieron saltar al gasto en 4 puntos del producto, incremento que se financió con los traspasos de recursos del régimen previsional privado al público (primero opcional, luego obligatorio) y la recaudación record por retenciones. La política fiscal tomó un sesgo fuertemente expansivo, dado que pese al superávit, el aumento del gasto se financió no con un aumento de la presión tributaria sobre los residentes, sino con precios extraordinarios de materias primas, que pagaban los importadores de dichos productos, y con flujos previsionales existentes que sólo se redireccionaban. Esto, junto al desincentivo a varios sectores por la política oficial intervencionista, la inflación “importada” y los precios atrasados por el tipo de cambio real que se mantenía en niveles elevados, ocasionó la aceleración de la inflación que fue uno de los factores que minó los cimientos del modelo.

Volvamos ahora al título del post. La política cambiaria favoreció la recuperación, pero sólo pudo sostenerse en el corto plazo, al no estar acompañada por un salto cualitativo en las instituciones que ordenan nuestro comportamiento (que no son sólo seguridad jurídica o confianza en el Gobierno, sino que incluyen también el capital social que logramos construir como nación). Al hacerse visibles los límites del modelo (primero inflación, luego pobreza y más tarde recesión), su capacidad para continuar mejorando los indicadores económicos y sociales se demostró insuficiente ante un marcado deterioro  en las expectativas, motivado por la arbitrariedad de las políticas públicas, la destrucción de los mecanismos de control gubernamentales, los cambios permanentes en las reglas y la incertidumbre sobre el rumbo futuro de la Administración. Pese a que se sostuvo el tipo de cambio real alto (de hecho, hoy se encuentra 120% por encima de diciembre de 2001), la economía se ralentizó aún antes del conflicto con el campo, entró en recesión con dicho episodio y recibió el golpe de gracia tras la caída de Lehman. Si bien es cierto que las regulaciones financieras previas y los superávits acumulados permitieron que la Argentina no colapsara pese a sufrir la mayor salida de capitales de su historia y encontrarse, a la vez, privada de los mercados voluntarios de deuda, un mejor clima institucional seguramente hubiera canalizado una parte no menor del ahorro interno hacia la inversión y hubiera suavizado el proceso de pérdida de liquidez que se observó en la economía desde el año pasado.

En nuestra opinión, el modelo productivo empezó bien. Pero el tipo de cambio, pese a ser uno de los precios más relevantes en una economía, no lo puede todo. Brasil, con todas sus contradicciones, lo entendío: fue generando un clima estable y previsible de negocios, en conjunción con políticas macro anti inflacionarias, micro pro productivas (con el BNDES como gran actor) y sociales orientadas a derrotar el terrible flagelo de la pobreza. Las instituciones jugaron un papel clave: la menor incertidumbre generó una afluencia de capitales (entraron USD23.000 millones en lo que va de 2009, mientras que de Argentina salieron casi USD13.000 millones), que junto a la estabilidad en la demanda de dinero, dejaron margen de acción para avanzar en una política monetaria/fiscal contracíclica, vía baja de tasas y aumento real del crédito, impulsado por la banca pública. Todo, claro, sin necesidad de sostener en niveles artificialmente depreciados al tipo de cambio y manteniendo una política de flotación libre. Nada de ello ocurre en nuestro país, donde si bien no hay riesgo de crisis financiera, los margenes de acción son acotados. La única manera de ubicarnos en un sendero de desarrollo de largo plazo es con instituciones sólidas, una macro estable y previsible, y políticas micro bien diseñadas para fomentar la competitividad no precio. Mientras sigamos privilegiando como mecanismo de desarrollo al tipo de cambio por sobre las instituciones, cada ciclo de crecimiento terminará en nuevas frustraciones, fracasos y promesas rotas.

Según el Indek, entre los años 2002 y 2008 dejaron de existir unas 60.000 explotaciones agropecuarias. Mayor concentración en la explotación de la tierra: este es el resultado del modelo productivo, redistribucionista, progre, nacional y popular de los K. ¿Sorprendente? No parece. La política sistemática de destrozar la rentabilidad de las actividades que requieren mayor inversión por unidad de producto (y por lo tanto mayor PREVISIBILIDAD y ESTABILIDAD en las reglas de juego), como la ganadería, la lechería y, en menor medida, cultivos como el trigo o el maíz, vía retenciones astronómicas sin tener en cuenta las realidades particulares o medidas soviéticas y terriblemente perjudiciales en el largo plazo, como el cierre de exportaciones, termina inevitablemente en esto. En un entorno hostil para todos los agentes por igual, los que tienen mayor capacidad financiera son los que resisten (y se benefician, comprando tierras a precio vil). El kirchnerismo aplicó una brutal presión tributaria a TODOS los productores, dejando libertad casi absoluta para los sectores más concentrados, como los oligopolios oleaginoso/harinero y exportador, que recibieron transferencias millonarias a costa de los chacareros y del Estado.

Además del cierre de establecimientos, la producción sojera alcanzó un record en términos de participación dentro de la producción total de granos y derivados, todo lo contrario a lo que los K no se cansan de repetir en sus diskursos ajenos a la realidad.. Y no es difícil entender por qué favorecen tanto a la soja. Al fin y al cabo, más del 90% de la producción del “yuyo” se exporta, ingresando dólares (que financian la fuga de capitales record generada por la propia desconfianza en el Gobierno) y contribuyendo a la caja fiscal vía retenciones. En 2008, de los US$40.000 millones que se exportaron en concepto de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario, US$16.500 millones provinieron de la soja. En 2009, sequía y 1 año más de intervención morenista mediante, la relevancia de la soja es aún más crítica: de US$27.000 millones que se exportarán por PP y MOA, casi la mitad provendrán de la soja (US$13.500 millones). Y con un estimado para 2010 de $35.000 millones de ingresos por derechos de exportación, la soja representará el 98% de lo recaudado por retenciones provenientes del campo. Muy lejos de lo que podrían aportar la lechería o la ganadería en el corto plazo, pese a su enorme valor agregado y su capacidad de desarrollo en el mediano plazo con una política seria y consistente.

Cuando tenemos esto en mente, deja de ser curioso que el modelo productivo, redistribucionista, progre, nacional y popular propicie la concentración de la tierra y nos arrastre al monocultivo. El mundo pide proteínas rojas, de alto valor agregado..y nosotros nos especializamos en proteínas verdes, que nos salvan las papas en el día a día para disciplinar gobernadores o financiar la fuga de capitales, para que China, Uruguay o Brasil las utilicen como insumos para productos elaborados. Si esto es el modelo, roguemos que nunca se “profundice”.

Realmente me cuesta mucho entender cómo hay gente que todavía cree que este Gobierno es “progresista”. No basta la inflación, que perjudica enormemente a los que menos tienen (los ricos siempre tienen opciones de inversión para cubrirse) y ha generado en los últimos años un aumento de los índices de pobreza e indigencia vis a vis un deterioro marcado en la distribución del ingreso, revirtiéndose los avances de 2002/2006. Tampoco parecen suficientes las imágenes escandalosas de pibes sin futuro drogándose o PERSONAS revolviendo la basura para no pasar un día entero sin comer, con un Estado ausente ante semejante tragedia humana.  Esto podría entenderse (ni siquiera, pero permítanme la comparación) en un país subsahariano azotado por enfermedades, guerras y sequias extremas. Pero que esto pase en un país con un Estado Nacional cuya recaudación alcanzará este año, como mínimo, a $305.000 millones, implica que algo en la escala de valores nos está funcionando mal.

Podría ocurrir que todo esto fuera una cuestión de mera incompetencia, con un Gobierno sin capacidad de gestión y abrumado por la realidad. Pero lo verdaderamente indignante (además) es el comportamiento privado de quienes nos gobiernan. Las escandalosas exhibiciones de riqueza de funcionarios como Jaime, los negocios permanentes para los amigos del poder a costa del hambre de millones de argentinos, el Ministro de Economía comprando, a costa nuestra, equipos para convertir el Mecon en un gimnasio, e infinidad de verguenzas similares..¿Cómo pueden tener estómago para semejantes cosas en un país con una realidad social tan terrible? ¿Y que haya ingenuos (por no escribir otro adjetivo) que sigan defendiendo a este Gobierno como “nacional y popular”?

Lo último que me indignó fue el tema de los viajes del matrimonio K, o K solo para viajar al exterior, o Cristina y Florencia para ir a votar (¿a alguien que vive en el Impenetrable o en el medio de la puna le llegará algún avión que los pase a buscar para ejercer su derecho al sufragio?), o Florencia sola con amigos (!!!). Nadie pide que la Presidenta o el primer caballero viajen en un avión de línea como cualquier ciudadano (aunque, en un país donde el 35% de la población es pobre no sería un mal gesto, ¿no?), pero al menos que se limiten a utilizar los medios públicos (o privados, aunque, como ningún particular va a pagar viajes K sin recibir nada a cambio, en última instancia también los gastos correspondientes corren a cuenta nuestra) para cuestiones esenciales, como actos institucionales. Ya no nos llama la atención porque nos hemos acostumbrado, pero es ESCANDALOSO que la Presidenta decida descansar todos los fines de semana en El Calafate gastando miles de dólares ida y vuelta cuando después se dice que no hay plata para aumentar los planes sociales o para evitar que los hospitales se caigan a pedazos. Me parece que sería hora de que nos “des-acostumbráramos” de observar estos abusos insultantes tan pasivamente y nos empezáramos a indignar un poco más.

Más allá del conocido perfil ideológico del matutino donde se publica, coincidimos en líneas generales con la esencia de este artículo. El campo argentino experimentó una verdadera revolución, que comenzó allá por los 70 y tuvo una notable explosión en los 90, con nuevas tecnologías (siembra directa, transgénicos, fertilizantes, etc) y nuevos modos de organización que convirtieron al agro argentino en uno de los más competitivos del mundo.

El sector hoy por hoy es muy distinto al que describían en su momento los primeros teóricos de la industrialización sustitutiva (entre los que incluimos al genial Raul Prebisch). En aquel entonces, el modelo era de una agricultura extensiva dominada por grandes propietarios, con bajísima innovación tecnológica y muy reducidos spillovers sobre el resto de la economía. Los salarios eran mínimos, al igual que la capacidad exportadora, y la Argentina sufrió durante décadas de cuellos de botella en el sector externo, que comenzaban con escasez de divisas y culminaban en agotamiento de reservas y devaluación para restaurar el equilibrio del balance de pagos (ciclos de stop & go).

La situación comenzó a cambiar primero de la mano del Estado en los 60/70, con la acción invalorable del INTA y de los técnicos que diseñaban la política para el sector (créditos blandos, acceso a maquinaria agrícola, etc), pero el salto radical ocurrió en los 90: la introducción de innovaciones (sobre todo la siembra directa) y un nuevo modelo de negocios llevaron a un aumento exponencial en el área sembrada y en las toneladas cosechadas por habitante (estas últimas pasaron de 1.2 promedio en la primera mitad de 1990 a casi 2.5 en 2008). Lo acaecido en estos años definió una nueva estructuralidad, donde el agro hizo un enorme aporte en términos de divisas (USD24.000 millones en 2008), hecho que permitió sortear sin mayores problemas la fuga de capitales más feroz de la historia reciente (USD43.000 millones desde 2007, superior en términos absolutos a la de la crisis de 2001/2002).

Como bien señala Huergo, resulta falaz argumentar que el agro es una parte pequeña de la economía nacional. Los encadenamientos río arriba (insumos, entendidos en sentido amplio) que genera son enormes: maquinaria agrícola, industria siderúrgica, servicios financieros, consultoría especializada, fertilizantes (e industria química en general), desarrollo de biotecnología, demanda de transporte, etc. Además, el campo da vida a muchos pueblos y ciudades del interior, explicando una parte no menor de la circulación monetaria en dichos núcleos. Prueba de ello es el notable parate que se observa desde el año pasado en el interior del país, realidad que a muchos de los que vivimos en la ciudad muchas veces nos cuesta vislumbrar.

Ciertamente, no se pide un libre mercado absoluto, y el Estado desde ya debería apropiarse de parte del excedente (preferentemente vía impuesto a las ganancias) para redistribuirlo en beneficio del conjunto de la población mediante, por ejemplo, mejor educación, mejor salud y, por qué no, del desarrollo de una política industrial (entendiendo por “industria” al conjunto de los sectores económicos y no sólo a la industria manufacturera) que privilegie a los sectores más dinámicos para insertarnos con inteligencia en el modelo global. Esto sólo puede hacerse con una política consensuada, que incluya a todos los actores y plantee una visión de largo plazo, con reglas claras y estables, donde dejemos de oscilar entre el fundamentalismo de mercado con un estado bobo al servicio de “la oligarquía” o situaciones inaceptables de inconsistencia dinámica donde se aumenta masivamente la presión tributaria luego de que los agentes ejecutaran una inversión que planearon en base a otro conjunto de instituciones.

Creemos, en resumen, que el campo (y todo lo que lleva asociado) representa una enorme oportunidad para la Argentina. Si sabemos aprovecharla, podría significar dejar atrás décadas de frustraciones, fracasos y estancamiento, para comenzar a transitar, por fin, el largo y arduo camino al desarrollo.

Muchos recordaremos las explicaciones que esgrimían (y aún esgrimen) desde el Gobierno K para justificar la inacción del Estado ante el caos en que se ha convertido, desde hace varios años, el espacio público. Bloqueo de calles y avenidas por parte de piqueteros y sindicalistas (y a veces hasta por eventos organizados por los propios gobiernos!!), cortes de rutas por parte de productores agropecuarios o vecinos, “trabajadores” del subte o del tren que impiden el servicio por espurias internas gremiales: TODO vale para protestar. Más allá de la justicia (o no) de los reclamos, es evidente que estos métodos siempre perjudican al que no tiene nada que ver y generan una sensación de descontrol (sin contar el enorme impacto económico por pérdidas de productividad) que atenta contra el desarrollo del país. Ahora bien, el Gobierno siempre justificó la inacción para no “criminalizar la protesta social”. Es claro que no pedimos eso, contrario a la esencia de cualquier Estado democrático. Simplemente, que quien tiene que expresar un reclamo lo haga libremente sin perjudicar al resto de la sociedad. Claro que con diálogo y persuasión podría evitarse llegar a consecuencias indeseadas. Se me ocurre un ejemplo: si un grupo está cortando una calle y generando un caos de tránsito, la autoridad debería intentar persuadirlos de que depusieran su actitud y prosiguieran con su reclamo sin afectar los derechos de otros (siempre, claro, con el enforcement creible de que las fuerzas de seguridad actuarán en última instancia, por supuesto dentro de la ley). Así de simple. Y sería muy positivo que el Gobierno se comprometiera a estudiar el reclamo e intentar, en la medida de lo posible, dar una solución al grupo afectado. Con la política actual, nadie se beneficia. El Gobierno hace oídos sordos a los reclamos, pero permite el caós. El grupo que protesta no obtiene respuestas y, encima, la sociedad toda se perjudica.

Sin embargo, una cuestión no menor es la verdadera motivación que tiene el Gobierno para no aplicar la ley. ¿Será para no “criminalizar” la protesta social, como dice?. No parece. Si así fuera, el Gobierno sería consecuente y jamás reprimiría una manifestación. Pero veamos lo que ocurre en el pago chico, donde los K no tienen demasiados tapujos en mantener con mano de hierro el poder (pese a que el 28- J el pueblo les dijo NO):

Santa Cruz: salvaje represión a desocupados y hablan de “desaparecidos“

Alrededor de 60 personas, entre las que había niños y mujeres embarazadas, cortaban la Ruta 3 en reclamo de fuentes de trabajo y de subsidios. La Infantería los desalojó violentamente y detienen manifestantes sin orden judicial. “Tenemos una veintena de compañeros desaparecidos. No nos dan respuestas en las comisarías”, denunciaron.

¿Será que los K no quieren aparecer reprimiendo en lugares de alta visibilidad (como la Capital o las rutas de la región pampeana) para no “comerse” una tapa desfavorable de Clarín o La Nación? En Santa Cruz no sólo reprimen rápidamente ante cualquier manifestación, sin preocuparse por “criminalizar” la protesta social, sino que ni siquiera se aplican las garantías constitucionales que son condición necesaria de un Estado de Derecho. En esto también, la Argentina K es un país de extremos: o el Estado desaparece y el espacio público es un caos, o la policía reprime salvajemente sin garantizar la integridad física y los derechos legales de los manifestantes.

(Con esta intro el post debiera versar sobre el tren bala o el fútbol, pero son temas muy tratados así que voy a ver de qué otra manera justifico la inclusión en el post de esta genialidad):

Uno de los motivos para que modificaciones al presupuesto de importancia pasen por el Congreso es que ello permite descubrir potenciales problemas de diseño o políticos que afecten sus posibilidades de implementación (¡ja!). De cualquier forma, el uso de los superpoderes para crear programas sin pasar por el Congreso quita una instancia más de evaluación de los mismos que debería recuperarse, lo que con el proyecto actual de autolimitación no se lograría (tal como se reflejó en los medios, el proyecto actual no impone límites superiores a los actuales -nulos- al Gobierno).

Un ejemplo al respecto es el del Plan de Protección Ciudadana © Massita, cuyos costos hoy son comparables a los que tendría el tema del fútbol o de la emergencia agropecuaria.

Durante este año varias veces se usó a los superpoderes para incrementar subsidios al sector privado (creo que unos ARS 1.150 M). Una de las pocas veces en que hubo reasignaciones para desarrollar algo desde el sector público fueron los ARS 620 M que se le sumaron desde la sanción de la ley a la Jefatura de Gabinete para que esta lo gire a municipios para implementar el Plan, el cual en una primera etapa gira alrededor de llenar de cámaras de seguridad los espacios públicos. La instrumentación del Plan tuvo varios problemas formales desde el lado presupuestrio, que en forma resumida son que no se identificó a los municipios receptores, que las transferencias en gran medida están marcadas como destinadas a financiar gastos corrientes y no inversión en cámaras de seguridad y patrulleros (como se anunció), que se balcanizan las compras y la política de seguridad al nivel de municipios (con la pérdida de coordinación, poder de compra, transparencia y demás que implica), entre tantas otras cosas. Bueno, resulta que encima de todo parece que las cámaras de seguridad son bastante inefectivas para prevenir el crimen:

Only one crime was solved by each 1,000 CCTV cameras in London last year, a report into the city’s [London] surveillance network has claimed.

Podría ser un tema de rendimientos decrecientes (1 M de cámaras es mucho), pero en general se me ocurre que, más en el conurbano, había usos más interesantes para ese dinero, como comprar balas o chalecos para los policías, cosa de que pongan huevo cuando se requiere. En varias ocasiones, las reasignaciones de partidas (a favor del Plan, los subsidios por ONCCA y demás) se hicieron en detrimento de los créditos asignados a las fuerzas del Ministerio de Justicia y Seguridad, con una reducción hasta ahora de más de ARS 200 M; ello implica un empeoramiento considerable en el retorno social del gasto y las condiciones de trabajo de los agentes de seguridad. Igual, tengo que reconocerle a Aníbal Fernández coherencia en su accionar: si el problema de la gente es la sensación de inseguridad, la solución que eligieron va por el mismo lado:

A Home Office spokeswoman said CCTVs “help communities feel safer”.

La señora Presidenta nos sigue sorprendiendo con sus frases… cómo decirlo… ¿poco felices? Primero fueron los “fusilamientos” mediáticos, luego los goles “secuestrados”. And now…

Otra vez se compara con Dorrego

Cristina Kirchner volvió a apelar a la figura del prócer para trazar un paralelo por los presuntos ataques que recibe el Gobierno. “Le ponía precios máximos al pan y la carne, por eso lo fusilaron”, dijo en González Catán.

(!!!) Coincido con multi..¿cómo es posible que ningún seguidor K reaccione cuando CFK pronuncia semejantes barbaridades?

Los muchachos de Carta Abierta no dejan de sorprendernos. Es conocido su apoyo a un Gobierno conservador que mediante la inflación y las políticas pro grupos concentrados (minería, oligopolio sojero exportador, bancos, petróleo, etc) revirtió desde 2007 los avances logrados en materia de distribución del ingreso (lamentablemente, como el INDEK ya no publica datos no sabemos dónde estamos parados). Pero continuamente estos “progresistas”  se salen con algo nuevo. Me pareció muy fuerte cuando leí la siguiente nota en Perfil (de la cual transcribo sólo una parte):

Carta Abierta: “A nosotros la pobreza no nos escandaliza”

“A diferencia de lo que ha circulado últimamente, a nosotros la pobreza no nos escandaliza. La carta seis dice que la pobreza nos atañe, y desde luego que nos atañe”, aseguró a Perfil.com el sociólogo Ricardo Girotti, integrante de Carta Abierta.

“No somos mujeres y hombres del escándalo, nuestras conciencias no son saltimbanquis de la alarma. Al contrario: los hechos graves como el de la pobreza de amplios sectores de la población nos atañen. La pobreza atañe al fondo último de nuestros compromisos, la idea de igualdad, nuestras antiguas y recientes militancias. Nos compete, nos atraviesa. Por eso podemos decir: no nos escandaliza. El escándalo es gesto espectacular y ademán avieso. El rostro de los pobres se vuelve superficie de inscripción de llamados evangélicos, sacralidades disponibles, obsceno plano televisivo y objeto de malversación política. Nos atañen tanto las vidas dañadas por la miseria como su circulación en un imaginario que las despoja de creación, potencia y libertad”, dice, puntualmente, el texto al que hace referencia Girotti.

El filósofo Ricardo Forster habló con Perfil.com y apuntó contra la Iglesia por, como dice el texto, la “escandalización” a partir de la pobreza. “Me parece que ya es una tradición milenaria de la iglesia hablar de la pobreza. Pero también, a veces, olvida sus propios textos cuando en sus comienzos no solo hablaba del escándalo de la pobreza sino que hablaba de la injusticia, la desigualdad y la acumulación de la riqueza en muy pocas manos”, explicó el filósofo.

Parece que para estos intelectuales es más importante aclarar el significado de la palabra “escandalizar” que empezar a encarar en serio la problemática de la pobreza, que se disparó desde 2007 en gran parte como consecuencia de las políticas erradas del Gobierno al que apoyan. Es hora de menos izquierdismo de café y más compromiso con el destino del país y, sobre todo, de los más necesitados.

Estoy un poco indignado por la increíble frase de Cristina Fernández,

“Te secuestran los goles hasta el domingo, como te secuestran las imágenes y las palabras, como secuestraron a 30 mil argentinos. No quiero más una sociedad de secuestros, quiero una sociedad cada día más libre”.

pero, sobre todas las cosas, por la falta de reacción de los blogs y más en general los seguidores de los K, a quienes esto (cree uno) afecta especialmente. Cuando vi esto pensé “hasta no perder TODOS sus aliados no paran”, pero, aparentemente, subestimé la disposición de la gente a prostituirse y dejarse engañar por nada. Y pasé del enojo a la tristeza al leer estas palabras de Carlotto:

“Me pongo en el lugar de esa mujer [Cristina Kirchner] que fue perseguida durante la dictadura y entiendo que diga que también fueron cautivos los goles”.

¡Perseguida! ¿Es por convicción, por las viviendas que construyen…? Realmente no entiendo. Celebran la mayor muestra de populismo de la historia reciente (Perón al menos hacía populismo con cosas útiles, aumentaba el patrimonio de la nación y distribuía…), la apoteosis de la demagogia con alusiones tan insultantes que dudosamente Guillermo Moreno, Aníbal Fernández o los editores de la Revista Barcelona pudieran alcanzar en acidez sin grandes esfuerzos. Binner tenía razón con lo del Síndrome de Estocolmo.

En un post previo comentábamos la estrategia de manejo de pasivos de la administración K entre los años 2003 y 2008, concluyendo que el resultado, en un contexto de equilibrio parcial (esto es, sin considerar potenciales efectos sobre otros mercados o variables), había sido una significativa mejora en la solvencia del sector público. Ahora bien, la pregunta es si esta dirección que tomó la política continuó durante lo que va de 2009 y, en caso afirmativo, si es sostenible en el tiempo. Vamos por partes..

Dado que durante 2009 no se revirtió el aislamiento financiero de la Argentina, y, encima, la recaudación se estancó en términos reales vis a vis gastos que crecieron más de 12% en los primeros 6 meses del año, el Tesoro debió apelar más que nunca a los excedentes financieros en otras áreas del sector público. La política de vivir con lo nuestro, entonces, no sólo no se modificó, sino que se profundizó.

La deuda “held by the public” se redujo en el primer trimestre del año en unos USD8.700 millones en relación a diciembre de 2008, y el ratio de dicha deuda al producto cayó de 31,1% a 28,7%. La reducción se explica principalmente por la devaluación del peso (el dólar aumento 7,5% en el período), lo que impacta sobre el valor en dólares de la deuda nominada en moneda local (45% del stock total). Asimismo, la pérdida de valor del euro contra la divisa norteamericana también aportó lo suyo (redujo la deuda total en USD800 millones). Otros factores que influyeron son la manipulación de los datos sobre la inflación real para el ajuste de la deuda indexada (la subestimación fue de aproximadamente 2,5 p.p. en el período, lo que implica un “ahorro” en el aumento del stock de USD1.300 millones), el canje de préstamos garantizados (quita de 2% nominal) y, obviamente, la amortización de los títulos que pagaron capital en el período (sobre todo Bocones). Por supuesto, la reducción fue posible porque el 100% de los pagos del período se efectuó  con fondos propios. Es evidente que si se hubieran refinanciado los vencimientos en el mercado, algo imposible para el país tras la colocación del bono bolivariano –aka Boden 2015- con un rendimiento del 15% en 2008, el stock de deuda held by the public hubiera caído en menor cuantía.

En resumen, el Estado nacional debía en marzo, a acreedores distintos a si mismo, unos USD95.000 millones. En los meses que transcurrieron desde entonces es esperable que dicho número haya caído todavía más, dado que la devaluación del peso y la subestimación del CER prosiguieron, y además el acceso a los mercados de deuda siguió vedado. Considerando que los mercados no ayudaron, que el Tesoro tuvo un déficit financiero de $1.200 millones entre abril y junio (aún considerando el aporte de $3.000 millones por parte de Redrado vía emisión monetaria) y que en agosto se canceló el cupón del Boden 2012 por USD2.250 millones.. ¿Cómo se financió el Estado en el período?. En primer lugar, recurrió al Banco Nación, que le habilitó un financiamiento de $7.300 millones. También emitió Bonar 2016 por $12.500 millones, de los cuales se programaron $8.450 millones para que suscribiera directamente la ANSES y $4.050 millones quedaron sin destino específico (aunque es bastante probable que también terminen en manos del organismo previsional) y Bonar 2014 (el bono del canje de los PGs) por $1.354 millones, también colocados a los jubilados. Además, el Gobierno extendió casi al límite el uso de adelantos transitorios del BCRA para cancelar deuda, hasta alcanzar un stock de $19.380 millones ($8.250 millones de nuevo financiamiento desde marzo). Finalmente, siguió raspando la olla del resto de los organismos colocando nuevas Letes ($180 millones a Lotería y al FFRE y USD200 millones a la propia ANSES).

El panorama hacia adelante no luce mayormente complicado, si el Gobierno encara las medidas necesarias para volver a los mercados de capitales. Tiempo no le falta: el programa financiero 2009 ya está cerrado y sobra plata para el año que viene. Con vencimientos por poco más de USD4.000 millones (neto de deuda intra sector público) y de USD9.000 millones en 2010, los recursos remanentes aparecen como suficientes para aguantar al menos hasta el primer trimestre de 2010, y quizá hasta mitad de año, incluso permaneciendo en autarquía como hasta ahora. Aún le quedan $3.800 millones del BNA, $5.850 millones de Bonar 16 listos para colocarlos a la ANSES, depósitos en el BCRA por USD300 millones y más de $5.000 millones de adelantos transitorios potenciales. Y a no olvidar que siempre existe un tipo de cambio que le permite al BCRA obtener los recursos que se necesiten vía señoreaje (i.e. impuesto inflacionario).

Las cuentas cierran. Claro que, como en todo, se aplica la ley de los rendimientos decrecientes: cada peso que se le quita a algún organismo público es un peso que no va a algún otro fin específico (como mejorar las prestaciones del sistema previsional), y cuanto más se usa (y abusa) de la política de vivir con lo nuestro, más se perturban los equilibrios en otros mercados. Por ejemplo, la ANSES podría necesitar cancelar depósitos a plazo fijo en bancos, con lo que ello significa en el país con la demanda de dinero más volátil de América Latina, o vender acciones para conseguir cash para suscribir los Bonar 2016. El BNA se vería limitado de continuar extendiendo las líneas de financiamiento al sector privado si el Estado le demanda cada vez más (i.e. crowding out). Y el uso masivo de la maquinita por parte de Redrado, en un contexto recesivo y caracterizado por la incertidumbre, exacerbaría la fuga de capitales y desataría una inflación furiosa. Sin embargo, como aclaramos al principio, la idea no era discutir estas cuestiones de impactos en otros ámbitos, que exceden el espacio de un post.

En síntesis, la deuda siguió cayendo y todavía queda algo de margen para seguir con esta política. Sin embargo, no es una trayectoria sostenible en el tiempo y, además, tiene sus costos. Por ello, esperemos realmente que el Gobierno avance en los puntos necesarios para volver a emitir deuda a tasas no usurarias: mejora del frente fiscal, que no implica un ajuste nominal, sino simplemente adecuar el crecimiento de los gastos al de los ingresos, normalización del INDEK, arreglo con el Club de París y los holdouts, mejora generalizada de la confianza y la previsibilidad, y, de yapa, algún que otro canje de deuda (¿indexada?) para despejar vencimientos de corto. Si hoy quisiéramos colocar un bono largo en dólares pagaríamos algo así como 14%, y dado que la curva de rendimientos está invertida, tendríamos que convalidar un rendimiento de 20% para que nos prestaran hasta 2015. Nadie pide que coloquemos títulos al 6% a 25 años como Brasil, Uruguay o Chile, pero un 10% suena razonable. De lograrlo o no dependerá buena parte de la situación en la que llegará el país a las elecciones de 2011.