¿Cuánto más va a resistir la imagen de Macri?

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, encargó un sondeo para medir su imagen en el ámbito nacional, de cara a las presidenciales de 2011. La encuesta, que obtuvo PERFIL en exclusiva, y fue realizada por Julio Aurelio (el encuestador habitual de PRO), arroja un escenario de virtual empate entre el líder de PRO y el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.

No es desconocido que Macri es un vendehumo (además de otras cosas). Pero me llama la atención el buen trato que le depara la prensa. Por ejemplo, el sábado Perfil publicó, en una nota crítica sobre el resultado de la reforma del Consejo de la Magistratura, lo que sigue:

Sin embargo, un estudio comparativo del período post reforma (2006-2009) y del período equivalente previo (2003-2006), demuestra que el funcionamiento fue más deficiente (…).
De 719 cargos que había al cierre del año en el que se reformó el Consejo se pasó a junio de este año a 745, es decir 26 cargos más.

En comparación, durante la gestión Macri y hasta octubre de 2008 (hace 9 meses) el Consejo de la Magistratura de la Ciudad pasó de 791 empleados (último día de la gestión Telerman) a 856 empleados a octubre. Es un crecimiento de 8% en menos de un año, contra 4% en 3 años del CM de la Nación.

¿Incompatibilidad de funciones? nahhhhh!

Cuando parecía que ya nada podía sorprendernos, los Kirchner se encargaron de agregarle otra página al voluminosisisisimo libro de la degradación institucional, a la vez que demuestran un instinto envidiable para detectar suculentos nichos de negocios. Resulta que ahora fundaron una consultora, cuyos objetivos son, entre otros, asesorar a sus clientes en planes de inversión. Si, escuchó (leyó, mejor dicho) bien. Una firma cuyos socios son la actual presidenta y el ex presidente le dan, a cambio de una suma de dinero, consejos acerca de como asignar sus recursos. ¿No es una propuesta muy tentadora para cualquier empresario que las personas que influyen decisivamente sobre las variables relevantes para su negocio le sugieran hacia dónde ir?. El problema, claro está, es que se genera una peligrosa fusión entre lo público y lo privado. ¿Los socios revelarán información ligada al gobierno a cambio de ARS? ¿Modificarán ciertas variables en beneficio de sus clientes? ¿Lucrarán gracias al cargo de sus dueños? ¿Posible conflicto de intereses? ¿Beneficios espurios de empresas basados en inside information? . Si tuviera una consultora que compitiera en el mismo ramo que la de los K empezaría a preocuparme. Como ciudadano que pretende un país mejor, definitivamente abandoné el optimismo.

No te voy a decir qué ganan, pero te tiro una idea

Más del discurso oficial – 18 de JUNIO

Cristina: “No he firmado decretos de necesidad y urgencia”

La Mandataria lo destacó como “una contribución a la calidad institucional”.

Cuesta mucho ser optimista. Esta es la peor forma del “derrame”. Antes, por lo menos, tenías planes trabajar…

El PEN subestima los recursos en el presupuesto todos los años; este año ya va un aumento en los recursos vigentes del 26% (y hay que ver si no hay más). Más o menos a esta altura de cada año, reparten el dinero sobre el que el Congreso no debatió. Salió con DNU finalmente. La tabla indica cuánto creció el crédito de las jurisdicciones respecto de lo que se votó en el Congreso.

35 Min. de Relac. Ext, Com. Internac. y Culto	5%	Efecto jazz.
10 Ministerio Público	7%	Mejor pagáte un abogado por tu cuenta.
71 Ministerio de CyT	9%	Casi todo CONICET: ARS 107 millones.
90 Servicio de la deuda pública	9%
30 Ministerio del Interior	12%
85 Ministerio de Desarrollo Social	12%	ARS 940 millones. Pensiones no contributivas se llevan más de la mitad. El único programa más o menos orientado al desarrollo social (“seguridad alimentaria”) recibe 234 millones. Un monto claramente suficiente. Un auténtico dineral. Sobre todo con lo eficiente que es la actual administración.
40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	13%	Va todo a las fuerzas de seguridad.
20 Presidencia de la Nacion	14%
45 Ministerio de Defensa	15%
75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social	16%	ANSES: ARS 9.900 millones.
80 Ministerio de Salud	16%	ARS 530 millones, casi todo a atención de ex-combatientes.
5 Poder Judicial de la Nacion	17%	Mejor pagáte un juez por tu cuenta.
70 Min. de Educ., Ciencia y Tecnología	24%	ARS 2.250 millones: universidades (1.400) y salarios.
1 Poder Legislativo Nacional	25%
25 Jefatura de Gabinete de Ministros	27%
56 Min. de Planif. Fed, Inv. Pública y Serv.	51%	Casi todo subsidios: ARS 9.470 millones. Energía, trenes, colectivos, camiones, aerolíneas.
50 Ministerio de Economia y Producción	80%	Subsidios a sojeros (ONCCA), ARS 2.000 millones.
91 Obligaciones a cargo del Tesoro	86%	Casi todo subsidios: ARS 6.502 millones a AySA, ENARSA, subsidios a la energía, etc.
Total general	25%

Zapatazo

¿Carta orgánica? ¡Andá, cipayo del FMI!

Hoy salió en el Boletín Oficial el DNU 1472 con una ampliación del gasto total del 25% sobre el crédito aprobado por el Congreso. El año pasado fué de 31%, por lo que es esperable que haya otra ronda más. ¿Quién se lleva el dinero en esta ampliación, de acuerdo a las mayores variaciones porcentuales? La ONCCA, con la mayor ampliación proporcional (ARS 1.900, subsidios a sojeros) y Planificación: ARS 4.400  a subsidios eléctricos (CAMMESA), ARS 1.300 a AySA, ARS 1.200 a vialidad, ARS 1.100 a aerolíneas, ARS 1.100 a subsidios a colectivos y ARS 800 a subsidios a trenes. ¿Quienes no van a comer postre (sus créditos crecen MUY por debajo de la media)? Ciencia y tecnología (ARS 85), salud (ARS 540), desarrollo social (ARS 330 sin pensiones, acá está la distribución de comida para desnutridos), poder judicial (ARS 250) entre otros.

Esto no es lo único en el DNU. Son las economías de escala, estúpido! ¿Para qué hacer otro decreto con el pago al Club de París si con este alcanza?

Art. 16. — Exceptúase del diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nº 26.337, al pago dispuesto en los términos del artículo 6º de la Ley Nº 23.928 por el Decreto Nº 1394 de fecha 2 de septiembre de 2008.

Esta parte dice: se paga al Club de París usando las reservas de libre disponibilidad. Nuevamente se comete el mismo error que en el DNU pasado, ya que el artículo citado (es un artículo de la ley de convertibilidad modificado por decreto en 2005) dice “Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales.“.

El Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera emitirá un título público negociable por hasta la suma correspondiente a la aplicación dispuesta por el artículo 2º del citado decreto, en las condiciones que defina, para su adquisición por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, que podrá contabilizarlo a su valor técnico.

Dicha operación, encuadrada en los términos del artículo 44 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) quedará exceptuada de la limitación que contempla el inciso a) del artículo 19 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA aprobada por Ley Nº 24.144. (…)

¿Un decreto del PEN puede exceptuar al PEN de cumplir con una ley? ¿Eh? ¿Y qué dice ese artículo 19.a, para que merezca la atención de Manolito?

Manolito

ARTICULO 19: Queda prohibido al banco:
a) Conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades, excepto lo prescripto en el artículo 20;

Tendencia secular al deterioro de las instituciones II

Parte I

Otras formas en que se distorsiona la transparente asignación de recursos entre la nación y las provincias viene de la mano de fondos especiales con objetivos específicos. Por ejemplo, las obras de infraestructura a ser financiadas con los recursos del fondo fiduciario del sistema de infraestructura de transporte (financiado antes con el impuesto al gasoil y hoy en partes iguales con ese impuesto y rentas generales), los subsidios a las empresas de transporte, otras transferencias para obras en los sistemas eléctricos y demás usaban los coeficientes de la ley de coparticipación (o bien esquemas similares pero con coeficientes diferentes). Todo esto empeoró considerablemente con la ronda de superpoderes nacidos de la crisis de 2001 y la vuelta de Cavallo: se crearon numerosos fondos de esta clase, que hoy representan una parte muy importante del presupuesto total. En esos casos, la decisión sobre la distribución territorial de los recursos se alejó cada vez más del ámbito de discusión parlamentario. Pasa de la ley de coparticipación a leyes comunes, de leyes comunes a decretos y resoluciones ministeriales o de secretarías y a disposiciones de entes menores. A veces los coeficientes son determinados sobre la base de alguna otra variable externa, sin que se analice la razonabilidad de que esa variable determine el criterio de financiación de las provincias. Otras medidas tomadas en función de la última crisis son los superpoderes de reasignación de partidas (artículo 37 de la ley de administración financiera), que al combinarse con la carencia total de información sobre la ejecución presupuestaria básicamente da un cheque en blanco al gobernante para hacer lo que quiera sin controles, las distintas disposiciones sectoriales (como en transportes) relativas a la emergencia económica, que por motivos “de excepción” asigna recursos sin su discusión en el congreso. Todo esto iba en contra de algunas medidas menores tendientes a ampliar los límites de los recursos del sector público nacional sujetos a discusión, mediante la inclusión de algunos fondos y organismos omitidos por las leyes de presupuesto.

Mientras tanto, el Estado se encontró con que en las crisis era más difícil recaudar. Entonces no sólo hubo normas de emergencia para regular el gasto de forma tal que se paliaran los déficits más agudos y las situaciones sociopolíticamente más delicadas, sino que se generaron instrumentos de financiación que, al carecer jurídicamente de carácter tributario, no pertenecían a los recursos “coparticipables” (o distribuibles vía el mazacote normativo de ese conjunto de leyes). Al reducirse la proporción de recursos que el estado se veía obligado a girar automáticamente a las provincias, fueron necesarios mecanismos alternativos para transferir esos fondos. Por ejemplo, antes la porción de uno de los fondos fiduciarios destinada a financiar obras viales se distribuía entre las provincias con coeficientes fijos. Luego pasó a ser la DNV en sí misma la que desarrollaba las obras, de acuerdo a convenios con las provincias. Algunos programas presupuestarios incluyeron transferencias automáticas de montos considerables para permitir a las provincias el desarrollo de las funciones básicas. Por estos motivos, ver los números de los recursos girados a las provincias puede ser poco indicativo de lo que realmente reciben por parte del estado nacional. Esos gastos son ejecutados por las provincias, por el personal y la organización de las provincias, pero figuran como gastos en el presupuesto de la administración nacional.

Así se configura un esquema caótico y muy complejo, inmanejable, donde se reemplaza discusión por discrecionalidad y se eleva el clientelismo del barrio a la relación nación – provincias. Cada crisis empeora la situación por el lado de los ingresos, con nuevos tributos, por el lado las asignaciones de esos ingresos, con más rigidez y criterios coyunturales y discrecionales, por casos de “gasto centralizado” como el de algunas obras o por casos de gastos ejecutados por las provincias pero imputados a la nación. Esta situación probablemente trascienda a la discusión de una ley de presupuesto o coparticipación, y requerirá de numerosos años de estudios y reformas para dar racionalidad al sistema. Y esquemas para que la calidad de las instituciones del estado no sufran (tanto) con cada crisis, sin posibilidad de que se deshaga lo hecho durante las fases de recuperación.

Tendencia secular al deterioro de las instituciones I

Cada vez que hay una crisis surgen esquemas creativos para financiar los déficits que se generan con la caída de la recaudación. Esto es, formas de acatar pero no cumplir las normas previas (ni pasar por lentas y tal vez inviables discusiones en contextos apremiantes). Ejemplo: la ley de coparticipación vigente, de 1988, es modificada o complementada por unas 89 normas. Ella establece que el 54,66% de los recursos tributarios de la Administración Central se giren a las provincias y se repartan con proporciones fijas. Esos coeficientes son la base de los recursos que la nación gira a las provincias, y el componente individual más jugoso. Pero no es el único:  existen numerosas disposiciones adicionales que asignan específicamente recursos a provincias particulares, desdibujando el significado de los porcentajes que debería recibir cada provincia. Por ejemplo, está la ley de cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, la ley de financiamiento educativo de Kirchner – Filmus, tres ítems por el impuesto a las ganancias, tres por bienes personales, una asignación complementaria adicional de IVA, cuatro formas distintas de crear asignaciones específicas de parte de impuestos a los combustibles (naftas), otras tres por el régimen de la energía eléctrica, otra por el fondo compensador de desequilibrios, una proporción fija del monotributo (aparte de la coparticipada por rentas generales), fondos especiales, el pacto fiscal, el fondo para aportes del tesoro nacional, etc. Cada desequilibrio genera una ley, una nueva rigidez y una nueva capa de complejidad al esquema que hace difícil, si no imposible, su discusión y evaluación en términos políticos. Cada crisis deja sus marcas sobre el esquema de distribución de los ingresos de la nación (de 1988), por lo que los criterios y las razones originales se desdibujan totalmente. ¿Quién financia a qué provincias?

La Constitución de 1994 establecía que debía sancionarse una nueva ley con coeficientes actualizados y ajustados a los criterios políticamente establecidos en la carta magna de distribución de los fondos. Nunca se sancionó otra ley de coparticipación (en parte por el estado permanente de crisis que imposibilita cualquier discusión en términos razonables sobre los recursos), y poco tiempo después de que se aprobara la constitución se crearon instrumentos complementarios para financiar déficits transitorios en las provincias. Esto va aparte del mazacote normativo que comúnmente como “coparticipación” (aunque los fondos de la coparticipación propiamente dicha en algunos casos no son ni la mitad de los que gira automáticamente la nación). Uno de esos instrumentos fue el fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que surge más o menos por la época del tequila y financia déficits transitorios en las cajas (desequilibrios corrientes) con recursos provenientes de la venta de activos (Banco Hipotecario, acciones de YPF) y que sería más tarde entre otras cosas usado para emitir los LECOPs.

Hasta aquí vimos como se desdibuja el esquema de la “coparticipación”. Después sigo con los ingresos y el gasto.

Sigue (más tarde) en la parte II.

Tren bala al colapso

Luego de 5 años de gobierno progre, nacional, popular e industrialista, el sistema ferroviario se encuentra colapsado, en peores condiciones aun que a finales de la década del 90. Funcionarios de este Gobierno suelen atribuirle la responsabilidad a los concesionarios privados y a los gobiernos que les abrieron la puerta (esa rara costumbre argentina de culpar al que estuvo antes). En parte, esto es cierto. La manera en que se confeccionaron los contratos de concesión y el escaso control estatal sobre los operadores derivó en una monumental destrucción del patrimonio de estas empresas, la pérdida de miles de km. de vías y una notable degradación de los servicios. Esto ocasionó la eliminación de miles de puestos de trabajo, la condena a la desaparición de innumerables pueblos que dependían del ferrocarril, el colapso de la red vial y un tremendo salto en los costos de los fletes para transportar la producción (es muchísimo más económico movilizar 1 tn. del producto X en tren que hacerlo en camión). Hasta aquí, le damos la razón al Gobierno. Pero un Gobierno, más que para buscar culpables, fue elegido para buscar soluciones. De este modo, en 2003, con el fin del “neoliberalismo”, las cosas debieron haber cambiado y el Estado, ante el calamitoso panorama, debiera haber retomado la iniciativa, revisando los contratos de concesión y recurriendo a la Justicia en caso de incumplimientos. En el caso de los contratos que eventualmente hubieran caído, el Estado podría haber retomado la prestación de los servicios o concesionarlos nuevamente (esta vez si, exigiendo inversiones y ejerciendo la regulación que corresponde). ¿Qué se hizo desde entonces? NADA. Continuó el deterioro de los servicios, con la diferencia de que el Estado comenzó a poner cada vez más recursos (que salen del IVA sobre la leche, como le gusta decir a la Presidenta), mientras se practicaba un capitalismo de amigos, que continuó liquidando el patrimonio ferroviario (e.g. Taselli). Otra vez, el Estado bobo. Pone la plata, no controla y las ganancias quedan para los privados. El Gobierno, asesorado por quién sabe quien, tiene una particular visión sobre este punto. Supone que la destrucción de los ferrocarriles fue llevada a cabo por empresarios “malos”, sin compromiso de país. Lo que no parece entender es que los agentes no se mueven en el contexto económico por ser buenos o malos, sino que lo hacen de acuerdo a los incentivos que tienen en una u otra dirección. En un contexto donde la incertidumbre sobre el futuro tiende a infinito (Argentina, el pais más volátil del mundo en los últimos 30 años, queda contenida en esta definición) los agentes tienen como objetivo maximizar su beneficio en el corto plazo (con crisis recurrentes, todos buscan ganar hoy y lo que pase mañana es irrelevante). Si a esto le sumamos el nulo control estatal, se entiende la razón por la cual el stock de capital que, aunque con corrupción e ineficiencia en el medio, había logrado construir el Estado con el esfuerzo de todos los argentinos a lo largo de varias décadas fue liquidado en beneficio exclusivo de privados. Bueno, no sólo privados. Aunque el cometa Halley pasó cerca de nuestro planeta por última vez en 1986, otros (u otras) cometas anduvieron dando vueltas por la Argentina. Pero eeeen fin, ¿No sería hora de empezar a generar estos incentivos? Con la mal llamada “política estatista” K, lo único que hicimos en estos 5 años fue volver al Estado bobo, con privados exprimiendo fondos y capital público (con la salvedad de que ahora el Estado es más bobo todavía que en los innombrables 90′s, ya que no sólo no controla y lo desguasan como en ese entonces, sino que encima pone plata!).
Considerando el deplorable estado del sistema y la ausencia de políticas públicas en un sector clave para la competitividad de la producción nacional, ¿no habrá otras prioridades por encima del tren bala?