Lo que diga la Carta Orgánica no pincha ni corta

Un par de ideas que tiré en un comentario en el excelente blog de gA (http://www.saberderecho.com) para tratar de entender la cuestión de fondo en toda la rosca esta de Redrado y las reservas.
1. De acuerdo con la ley 26.122, que regula el dictado de los DNU, un decreto tiene fuerza de ley hasta que el Congreso lo anule, si se da tal cosa, o la justicia lo declare inconstitucional por incumplimiento de la correcta fundamentación de la necesidad y la urgencia (u otro motivo).
2. Una ley posterior (o norma con fuerza de ley) siempre sobreescribe a una anterior, por lo que toda disposición tendiente a buscar estabilidad normativa es inefectiva. Y allí donde haya conflictos prevalecerá la norma más reciente.

Un ejemplo de esto es la Ley de Administración Financiera 24.156, que establece que ninguna ley de presupuesto podrá legislar sobre cuestiones permanentes; sin embargo, todos los años se modifica la LAF mediante artículos de las leyes de presupuesto.

Otro ejemplo más relevante al caso: véase la cantidad de modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central introducidas por decreto. Téngase en cuenta además que hubo otros casos similares al decreto de remoción de Redrado del miércoles en que por un DNU se exceptúa por única vez el cumplimiento de un artículo de una ley, que de alguna forma introduce una modificación no permanente en tal ley. Véase al respecto el escandaloso 1472/08, especialmente el artículo 16 (dicha operación… quedará exceptuada de la limitación que contempla el inciso a) del artículo 19 de la Carta Orgánica del Banco Central), pero también los artículos 7, 8 y 15.

No sería entonces un problema entonces que el decreto de remoción de Redrado se exceptúe a sí mismo de cumplir con el trámite de consultar a la comisión del Congreso a que refiere el artículo 9 de la Carta Orgánica del Central, puesto que se trata de una norma con fuerza de ley posterior a la CO. Y hay antecedentes de cosas así, como los del párrafo anterior.

3. Dada la 26.122, los efectos de las medidas administrativas de los DNU son instantáneos (remover a Redrado) y no se revierten si el Congreso rechaza el DNU.
4. Aún si la mierda llegara al ventilador y la oposición lograra llevar un DNU al Congreso, los números en el Senado son tales que es improbable que se le complique al gobierno en los términos del artículo 24 de la 26.122 que exige que ambas cámaras rechacen el decreto para que este se caiga (una cosa es 3 meses de ruralistas cortando rutas y otra el Golden atrincherado en el Central con el mismo directorio y los bancos diciéndole que se vaya). Esto vale en general para cualquier mamarracho administrativo que no tenga la llegada directa a un grupo importante de gente que tuvo la 125. (Y, si no, en general alcanzará con 1. 2. y 3. para lograr el cometido).

Entonces,

5. La 26.122 fue una gran jugada de Cristina. Al haber en los hechos aprobación tácita de los mismos y perdurar sus efectos aunque el Congreso los voltee, los DNU son una herramienta perfecta para implementar lo que se quiera y decirle alpiste a quien se queje.

6. La oposición debería buscar en la justicia al menos la nulidad del artículo 24 de la 26.122, por el cual se requiere el rechazo de ambas Cámaras para neutralizar un DNU y por el que los derechos adquiridos durante la vigencia de un decreto permanecen a salvo aunque se lo rechace luego, y del artículo 17, que es el de la aprobación tácita y el que  más choca con la CN.

El debate público no debería pasar entonces por si la Carta Orgánica dice tal o cual cosa sobre el proceso de remoción, o sobre si el DNU contradice el mandato del BCRA según su CO, ni tampoco siquiera sobre la composición de la bicameral de control (si no se rechazan los mencionados artículos antes). En lugar de ello debería irse urgentemente y por vía judicial a por los artículos 17 y 24 la 26.122, en función del espíritu de los artículos de la CN sobre los DNU, o bien, curtirse hasta que con el próximo recambio legislativo se pueda reglamentar como corresponde la facultad del PEN de dictar DNU.

7. Es inútil discutir en este contexto lo que diga tal o cual ley, en tanto no estemos discutiendo medidas o disposiciones que tengan un efecto continuado en el tiempo (ej. una alícuota) y con buenas chances de llegar a la Corte, ganar y hacer todo esto en un tiempo razonable de manera tal que no se anule todo por la consumación de los hechos.

En tal sentido, es inútil por completo hablar de la Ley de Presupuesto, la Ley de Administración Financiera, la Complementaria Permanente del Presupuesto, la Carta Orgánica del Central y todo el andamiaje legal de la administración pública.

8. Si la herramienta para atacar a los DNU por la vía judicial va a ser la flojedad de los fundamentos de la necesidad y la urgencia, entonces la oposición va a gozar de una o dos balas de plata hasta que los K logren refinar la técnica y emitir decretos que la careteen aunque sea un poco y disminuyan, amén de amenazas e incentivos a los jueces, las probabilidades de que los mismos sean neutralizados por la justicia. Se hacen entonces más importante aún que se gane una herramienta real para el control de los DNU declarando inconstitucionales los artículos 17 y 24 de la 26.122.

Comentarios sobre el avasallamiento K de la autonomía del BCRA

Los K nos siguen sorprendiendo (negativamente, obvio). Con el pedido de renuncia al presidente del Banco Central, el matrimonio gobernante volvió a demostrar su poco apego a las instituciones que rigen (o deberían regir) la vida de la República.

La independencia del Banco Central es clave para que pueda cumplir con su función principal, que es la de preservar el valor del peso. Justamente por carecer de esta independencia, en otras épocas del país, los déficit fiscales masivos se financiaban con emisión monetaria (dominancia de la política fiscal), gatillando episodios traumáticos que llevaron la inflación a extremos del orden del 20,000% anual.También se le pueden pedir objetivos vinculados al nivel de actividad y a la estabilidad, sin los cuales una moneda confiable y estable en el largo plazo sería una ilusión. Nadie desea que no exista coordinación de políticas, como la hubo en los países centrales luego del estallido de la peor crisis desde la Gran Depresión (y, por las cuales, entre otras cosas la FED duplicó la base monetaria). Pero una cosa es coordinación..y otra es imposición. El artículo 3º de la Carta Orgánica es muy claro al respecto:  ”En la formulación de la política monetaria y financiera el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional”. Desde ya que es deseable que el BCRA acompañe y complemente la política económica llevada adelante por la Administración, siempre que esta tenga objetivos claros, vaya por el buen camino y procure mejorar el bienestar de toda la población. Sin ponernos a discutir sobre la deseabilidad de utilizar reservas para garantizar el pago de la deuda (a la cual no me opongo a priori), es claro que la medida genera un grado de debate importante y no se puede pretender desde el PEN imponérsela a cualquier costo al BCRA. Justamente, por eso este último es ¡independiente!. NO se lo puede obligar a seguir un curso de acción determinado. Y, en todo caso, si se concluye que el presidente de la autoridad monetaria no está cumpliendo con las funciones que establece la Constitución, es al Congreso, que es el que delegó poderes en el BCRA, a quien corresponde llevar adelante los mecanismos legales para su remoción.

Recordemos que para autorizar la constitución del Fondo del Bicentenario, la Presidenta utilizó un DNU para modificar una ley del Congreso (la de Convertibilidad). En este sentido, no resulta extraño que Redrado hubiese dudado en llevar adelante la “orden” del Poder Ejecutivo. Aunque para los K resulte difícil de entender, una Ley goza de mayor jerarquía que un decreto, y mucho más que un decreto de necesidad y urgencia, lo cual podría poner en aprietos judiciales (en caso de que la Justicia funcionara) al presidente del Central.

Más triste aún resultan las justificaciones por parte del Gobierno para torpedear al golden boy. Aparte del chusmerío que significa que un ministro afirme que Redrado había puesto a disposición de la Presidenta su renuncia y ahora que se la “aceptan” se retracta, es grave que el señor Fernandez considere que, porque CFK fue elegida por el “pueblo” (en rigor, algo más del 41% de los votantes), puede hacer, básicamente, lo que quiera. Habría que recordarle al ministro que una democracia se basa efectivamente en la regla de la mayoría, pero respetando los derechos de las minorías y el entramado legal existente (que puede modificarse, las instituciones no son eternas, pero requiriendo un amplio acuerdo social). Y, además, como nos cansamos de repetir, que es el BCRA el que lleva adelante la política monetaria y no recibe ordenes del PEN porque es……¡independiente!.

En resumen, creemos que es una muestra más, que a esta altura ya no llama la atención, de la destrucción de las instituciones llevada a cabo por el Gobierno actual. La Argentina vuelve a caracterizarse frente al mundo por su imprevisibilidad, los cambios constantes en las reglas de juego y el nulo respeto a las leyes por parte de quienes deberían velar por ellas.

Idiotas Útiles

Con la prórroga de las facultades delegadas votada ayer en Diputados, las fuerzas que se autodenominan de “izquierda” o “centroizquierda” volvieron a darle un espaldarazo muy importante al Gobierno, en una sesión que aparecía, a priori, cuanto menos complicada para el oficialismo. La importancia de la cuestión no era trivial: se estaba votando la prórroga de 1.900 leyes sancionadas desde 1810, que incluyen atribuciones cedidas al Ejecutivo, entre las que se encuentra el Código Aduanero de 1981 (curioso que un Gobierno pro DD.HH. sustente uno de los pilares de su política en un código del Proceso) que permite fijar las alícuotas de impuestos al comercio exterior.

El Gobierno enfrentaba los votos en contra seguros del ACyS, el peronismo disidente y varios provinciales. A su vez, la bancada oficialista se encontraba seriamente mermada tras el goteo constante de legisladores luego de la derrota propinada por el voto no positivo y Rossi no podía garantizar el quórum propio. En este contexto, el foco para asegurarle un triunfo a K se puso en los de siempre: los bloques autodenominados “progres”: el SI y el ibarrismo, entre otros. Y el intento no salió nada mal. El FPV ganó la votación, con votos a favor y abstenciones (en la práctica, favorecieron a la minoría oficialista) del “progresismo” y el asunto se tratará ahora en el Senado.

Recordemos que la delegación de estas facultades no es nueva, y ya la “disfrutaron” presidentes como CSM o De la Rua. Pero nunca había adquirido tanta importancia como en el presente, principalmente por la cuestión agraria. Como mencionamos en un post reciente, más allá de lo que pensemos sobre los actores puntuales del conflicto o sobre las cuestiones de renta extraordinaria, lo cierto es que si miramos los números, la política K hacia el sector fue desastrosa. Más concentración, menos producción, menos valor agregado y más sojización. De hecho, el yuyo fue muy funcional al Gobierno al financiar la fuga de capitales de más de USD43.000 millones desde 2007 y evitar un colapso del peso. Por lo tanto, al ser un tema de tamaña relevancia, e independientemente de lo que se piense acerca del nivel de los tipos impositivos, correspondía dar el debate (y de paso avanzar en calidad institucional) en lugar de renovarle el poder de decisión al Gran Macro.

Pero volviendo un poco atrás, no es la primera vez que los “progres” le dan una mano a un Gobierno conservador, entreguista y corrupto como el actual. Recordemos las estatizaciones del sistema previsional y de Aerolíneas. El Gobierno no llegaba con los votos y, de nuevo, acudió a los muchachos del progresismo. En el primer caso, la “centroizquierda” puso como condición que se establecieran mecanismos de control de los fondos traspasados y que se garantizara la transparencia. Hoy, 9 meses después, recién se están formando estos organismos de control, claro que con mayoría oficialista. ¿Y de transparencia como andamos? Bien gracias..basta comparar: durante la vigencia del régimen mixto, la Superintendencia de AFJPs publicaba, quincenalmente, un detalle, instrumento por instrumento (a valor nominal, lo que permitía calcular fácilmente las cantidades), de las inversiones en las cuales estaban colocados los fondos de los jubilados. Ello fue hasta que el 9 de diciembre se efectivizó el traspaso de la cartera de los fondos privados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA Desde esa fecha, la ANSES publicó sólo un informe (en rigor, un power point), que expone la cartera a valor de mercado (lo cual no permite determinar las cantidades de cada instrumento), sin desagregación y sin detallar los movimientos en el período. Ciertamente, y más allá de si estamos a favor o en contra de la estatización, en transparencia retrocedimos varios escalones. En mi opinión personal, el régimen de las AFJP había fracasado y era necesario volver al sistema público. Pero esto debiera haberse hecho con el consenso que requiere una decisión que influirá por décadas sobre las generaciones presentes y futuras. En lugar de ello, el Gobierno raspó la olla progre y consiguió la votación afirmativa. Y punto. Parece que los muchachos del progresismo no se dieron cuenta de que en lugar de remediar un sistema defectuoso le estaban entregando una montaña de recursos al Gran Macro, para darle aire de cara a la campaña 2009, complicada porque el descontrol fiscal iniciado en 2006 y el cierre de los mercados de deuda no dejaban demasiado margen de acción. ¿Habrán pensado los compañeros del SI et al. que gracias a su voto el Gobierno iba a terminar financiando con dinero de los jubilados a una empresa norteamericana quebrada por los desmanejos de los financistas de Wall Street? ¿A eso se referían con la “redistribución” del ingreso?.

Con Aerolíneas no nos vamos a detener demasiado: basta decir que entre enero y julio de este año ya se fumó $1.200 millones en subsidios. Más allá de que todos llevamos a Aerolíneas en el corazón, ¿no había otros destinos más urgentes para esos $1.200 millones?. Evidentemente, para el “progresismo” que votó la ley, no.

Cabe aclarar que el problema no es que hayan votado lo que votaron. El problema es que se presenten como una alternativa opositora de centroizquierda y terminen engañando a su electorado convalidando iniciativas de un gobierno de derecha (si es que el término es pertinente para la compleja realidad del siglo XXI), que recurre a ellos cuando más los necesita y cuyo modelo parecería ser el capitalismo de amigos y prebendario en lugar de un sistema competitivo, dinámico, con reglas claras y fuerte presencia del Estado para asegurar que los beneficios lleguen a todos los argentinos.

Federalismo y transparencia

Sobre los déficits provinciales, Fernando dice en su blog que “si se quieren transferir más recursos a los gobiernos sub-nacionales, se debería explicitar un mecanismo de control de los gastos para que esta negativa conducta [procíclica] no se acentué“. El problema, lamentablemente, excede a lo exclusivamente normativo: ya hay mecanismos de control previstos en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (RFRF), que aunque limitados, serían de utilidad si se cumplieran para ver qué pasa con la situación de las provincias. Ocurre lo mismo que con el Fondo Anticíclico Fiscal: el fondo del que tanto se discutió en tiempos de Lavagna ya existe, fue creado en 1.999, y todos los años se dicta una ley suspendiéndose la aplicación.

¿Qué mecanismos de control están previstos por el RFRF pero no se aplican? Para empezar, algo bien básico: que los presupuestos provinciales sean públicos. Los presupuestos de las provincias (e información complementaria necesaria, como datos periódicos sobre la ejecución) debían publicarse en la web desde enero de 2005. Según un relevamiento de ASAP [.doc], sólo 6 de las 24 provincias publican dicha información. El MECON no ayuda, dado que los últimos datos disponibles fueron subidos recientemente y son de hace 6 trimestres. No es que no existan datos, sino que no los suben (algo relacionado y medio escandaloso es que ASAP haya publicado una bruta base de datos oficiales sobre las provincias que el MECON no facilita en su web), y en las pocas ocasiones en que eso sí pasa estamos frente a datos demasiado agregados, o presentados de forma tal que no se pueden trabajar, etc.. Estamos a un nivel de incumplimiento importante: se puede tranquilamente subir todo en PDFs imposibles de procesar y con formatos inconsistentes entre distintos años, manteniendo una ficción de transparencia sin tener que exponerse innecesariamente a que alguien efectivamente use el presupuesto para algo útil y te cuestione; esto es lo que hace el gobierno de Macri. Cumplir es muy fácil y casi libre de costos. Ahora bien, si se puede incumplir con los bajísimos requerimientos de información establecidos por ley en un distrito con el nivel de desarrollo político que tiene la Ciudad (esto es: el discurso de nueva política del PRO, el hecho de que la mayoría de los medios nacionales también sean locales (de la Ciudad) y se ocupen constantemente de lo que aquí ocurre, la disponibilidad de recursos humanos capacitados para procesar y hacer uso de esa información, la cercanía a un gobierno de signo contrario que podría estar interesado en hacer uso de sus recursos técnicos para escrachar a Macri y tantos otros factores que hacen que éste sea uno de los distritos donde más esperable sería que se desarrolle una cultura presupuestaria real), ¿qué se puede esperar y pedir de Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y tantos otros?

El panorama es complicado: no parece que sea muy probable lograr un masivo cambio de actitud en las administraciones provinciales, menos aún con un gobierno nacional que 1. es anti-estadísticas y 2. busca activamente mecanismos para incumplir normas que podrían restarle poder de negociación con las provincias. Tampoco es esperable, creo, una mejora a un plazo mayor. Debemos preguntarnos entonces si los déficits de hoy no hubieran sido mayores en otro contexto (la distribución de recursos con la Nación es la más desfavorable de la historia para las provincias), y si no sería mejor, hasta tanto se afiancen las instituciones locales de control, pensar en menos y no más descentralización, recuperando algunas de las responsabilidades transferidas a las provincias.

¿Cuánto más va a resistir la imagen de Macri?

El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, encargó un sondeo para medir su imagen en el ámbito nacional, de cara a las presidenciales de 2011. La encuesta, que obtuvo PERFIL en exclusiva, y fue realizada por Julio Aurelio (el encuestador habitual de PRO), arroja un escenario de virtual empate entre el líder de PRO y el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos.

No es desconocido que Macri es un vendehumo (además de otras cosas). Pero me llama la atención el buen trato que le depara la prensa. Por ejemplo, el sábado Perfil publicó, en una nota crítica sobre el resultado de la reforma del Consejo de la Magistratura, lo que sigue:

Sin embargo, un estudio comparativo del período post reforma (2006-2009) y del período equivalente previo (2003-2006), demuestra que el funcionamiento fue más deficiente (…).
De 719 cargos que había al cierre del año en el que se reformó el Consejo se pasó a junio de este año a 745, es decir 26 cargos más.

En comparación, durante la gestión Macri y hasta octubre de 2008 (hace 9 meses) el Consejo de la Magistratura de la Ciudad pasó de 791 empleados (último día de la gestión Telerman) a 856 empleados a octubre. Es un crecimiento de 8% en menos de un año, contra 4% en 3 años del CM de la Nación.

¿Políticas universales o focalizadas?

No podemos (intentar) responder a semejante pregunta si previamente no la inscribimos dentro del marco más amplio del debate acerca del rol del Estado en el mundo contemporaneo, incluyendo el alcance y la profundidad de su accionar.

Las políticas universales fueron moneda corriente durante la vigencia del paradigma fordista-keynesiano, apuntando básicamente a asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, facilitar el matcheo entre oferta y demanda en el mercado de trabajo y garantizar la cohesión social en un modelo de acumulación basado en la producción en serie y el consumo de masas. No es casual que el Estado tomara a su cargo la provisión de salud y educación de calidad, en tanto aseguraba beneficios sociales (e.g. asignaciones familiares o sistema provisional de reparto) organizados en torno a un mercado laboral que no presentaba  mayores tensiones. En nuestro país, más allá de los retrocesos y el caos imperante en otros ordenes, el pleno empleo, los salarios reales variables pero elevados y la cobertura social caracterizaron la sociedad que se configuró hasta finales de los años 70. La educación universal, la salud pública y la estabilidad laboral allanaron el camino para el ascenso de una clase media muy poco común en América Latina, y dieron esperanzas de ascenso social (que muchas veces se materializaban) a los sectores más postergados. La pobreza alcanzaba al 5% de los hogares en 1960 (vs. el 50% en LATAM), en tanto que el coeficiente de Gini (medida de la desigualdad en la distribución del ingreso) se ubicaba en 0.41, contra 0.57 en el Brasil de ese entonces. En estas condiciones, es claro que no había necesidad de políticas selectivas o focalizadas, ya que más allá de un núcleo duro muy pequeño de pobreza estructural, el propio Estado apuntaba, con sus más y con sus menos, a garantizar la igualdad de oportunidades como medio para la reproducción del sistema.

Con el cambio de paradigma operado a nivel mundial, cuyos efectos comenzaron a sentirse en el país hacia fines de los 70 y se profundizaron dramáticamente en los 90, la situación dio un giro de 180 grados. Tanto la pobreza como la desigualdad se dispararon, en un contexto donde la restricción presupuestaria obligaba a recortar el gasto social, y el trabajo formal, acreedor de los beneficios que aún se mantenían, abarcaba un subconjunto cada vez más pequeño de la PEA.

Esto reabrió el debate sobre la mejor manera de orientar los recursos sociales. Las políticas focalizadas van de la mano con el neoliberalismo, donde se plantea que deben optimizarse al máximo los recursos escasos destinados al área y asegurarse que los fondos lleguen a quienes se encuentran en una situación tan dramática que los necesitan desesperadamente. Asimismo, a la par de la explosión de las tensiones sociales, estas políticas buscaron convertirse en un medio de “administrar” la pobreza que crecía, evitando de esta manera caer en estados de inestabilidad política y/o social. La acción del Estado abandonó el ámbito a los derechos sociales adquiridos (e.g. garantizar un cierto nivel de educación, un esquema previsional solidario, etc) para adoptar un enfoque asistencialista. Esta focalización del gasto social en un subconjunto muy específico de la población (los más pobres) generó un caldo de cultivo inédito para las prácticas clientelares y corruptas, que consolidaron en muchos casos estructuras políticas eternas a nivel municipal y provincial. Se extendió la cultura de la dadiva, y el gasto social dejó de ser un derecho para convertirse en un favor que debe retribuirse de algún modo. Al ser tan bajo el poder de “lobby” de los beneficiarios de estas políticas selectivas, por tratarse de los estratos más postergados del tejido social, la distribución de los fondos queda fácilmente en manos de una red de burócratas y punteros políticos con poder territorial que, además de quedarse con parte de los fondos (el famoso “diezmo”), aprovechan las “rentas” que genera tener en sus manos un recurso escaso (dinero) y de esta manera condicionan los comportamientos de los receptores, obligándolos por ejemplo a acudir a actos políticos o dirigiendo el voto al caudillo de turno.

Para concluir, podemos volver a los números de multi y comprobar que una política de ingreso universal para eliminar la indigencia no reportaría costos prohibitivos. A esto no es trivial agregarle la reducción de las erogaciones que se presentan en cualquier sistema focalizado, por más honesto que sea, al intentar distinguir quiénes cumplen con las condiciones de acceso a la política y quiénes no. Finalmente, se le quitaría un combustible enorme a las prácticas clientelares que corroen la democracia. Ya no haría falta ir a ver al puntero (o manzanera) de turno ni cumplir con las condiciones de “reciprocidad” que imponen.

Desde ya que no suena muy simpático que el hijo de Macri reciba el mismo subsidio que el de doña Rosa en un asentamiento de La Matanza, pero lamentablemente ninguna política es perfecta y cualquier elección impone la necesidad de sopesar costos y beneficios. Dicha “injusticia” puede mitigarse fácilmente apelando a las múltiples herramientas que brinda el proceso presupuestario, sea incrementando la presión tributaria sobre los sectores más favorecidos o eliminando gastos que favorecen a los sectores más concentrados de la economía (como los subsidios a las exportaciones de la Barrick Gold o las enormes transferencias al oligopolio agroexportador).

Las políticas universales tienen, como se comentó más arriba, beneficios y costos. Pero quizá, entre estos últimos, se encuentre uno que aborte cualquier intento de avanzar a un esquema como el que propone multi: con las políticas universales, los aparatos electorales (de los cuales la maquinaria del PJ en el conurbano es el caso paradigmático, pero no el único) perderían una de sus tecnologías de manipulación política, económica y social de los que menos tienen.

¿Incompatibilidad de funciones? nahhhhh!

Cuando parecía que ya nada podía sorprendernos, los Kirchner se encargaron de agregarle otra página al voluminosisisisimo libro de la degradación institucional, a la vez que demuestran un instinto envidiable para detectar suculentos nichos de negocios. Resulta que ahora fundaron una consultora, cuyos objetivos son, entre otros, asesorar a sus clientes en planes de inversión. Si, escuchó (leyó, mejor dicho) bien. Una firma cuyos socios son la actual presidenta y el ex presidente le dan, a cambio de una suma de dinero, consejos acerca de como asignar sus recursos. ¿No es una propuesta muy tentadora para cualquier empresario que las personas que influyen decisivamente sobre las variables relevantes para su negocio le sugieran hacia dónde ir?. El problema, claro está, es que se genera una peligrosa fusión entre lo público y lo privado. ¿Los socios revelarán información ligada al gobierno a cambio de ARS? ¿Modificarán ciertas variables en beneficio de sus clientes? ¿Lucrarán gracias al cargo de sus dueños? ¿Posible conflicto de intereses? ¿Beneficios espurios de empresas basados en inside information? . Si tuviera una consultora que compitiera en el mismo ramo que la de los K empezaría a preocuparme. Como ciudadano que pretende un país mejor, definitivamente abandoné el optimismo.

No te voy a decir qué ganan, pero te tiro una idea

Más del discurso oficial – 18 de JUNIO

Cristina: “No he firmado decretos de necesidad y urgencia”

La Mandataria lo destacó como “una contribución a la calidad institucional”.

Cuesta mucho ser optimista. Esta es la peor forma del “derrame”. Antes, por lo menos, tenías planes trabajar…

El PEN subestima los recursos en el presupuesto todos los años; este año ya va un aumento en los recursos vigentes del 26% (y hay que ver si no hay más). Más o menos a esta altura de cada año, reparten el dinero sobre el que el Congreso no debatió. Salió con DNU finalmente. La tabla indica cuánto creció el crédito de las jurisdicciones respecto de lo que se votó en el Congreso.

35 Min. de Relac. Ext, Com. Internac. y Culto	5%	Efecto jazz.
10 Ministerio Público	7%	Mejor pagáte un abogado por tu cuenta.
71 Ministerio de CyT	9%	Casi todo CONICET: ARS 107 millones.
90 Servicio de la deuda pública	9%
30 Ministerio del Interior	12%
85 Ministerio de Desarrollo Social	12%	ARS 940 millones. Pensiones no contributivas se llevan más de la mitad. El único programa más o menos orientado al desarrollo social (“seguridad alimentaria”) recibe 234 millones. Un monto claramente suficiente. Un auténtico dineral. Sobre todo con lo eficiente que es la actual administración.
40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	13%	Va todo a las fuerzas de seguridad.
20 Presidencia de la Nacion	14%
45 Ministerio de Defensa	15%
75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social	16%	ANSES: ARS 9.900 millones.
80 Ministerio de Salud	16%	ARS 530 millones, casi todo a atención de ex-combatientes.
5 Poder Judicial de la Nacion	17%	Mejor pagáte un juez por tu cuenta.
70 Min. de Educ., Ciencia y Tecnología	24%	ARS 2.250 millones: universidades (1.400) y salarios.
1 Poder Legislativo Nacional	25%
25 Jefatura de Gabinete de Ministros	27%
56 Min. de Planif. Fed, Inv. Pública y Serv.	51%	Casi todo subsidios: ARS 9.470 millones. Energía, trenes, colectivos, camiones, aerolíneas.
50 Ministerio de Economia y Producción	80%	Subsidios a sojeros (ONCCA), ARS 2.000 millones.
91 Obligaciones a cargo del Tesoro	86%	Casi todo subsidios: ARS 6.502 millones a AySA, ENARSA, subsidios a la energía, etc.
Total general	25%

Zapatazo

Sobre tragedias y farsas

Luego del nulo impacto positivo que tuvo el anuncio, con bombos y platillos, del pago cash de la deuda al Club de París, el Gobierno decidió hacer algunos “pequeños” cambios en su idea original. Pasó, en pocos días, del anuncio rimbombante (a salón lleno y aplausos de los mismos de siempre, obviooooo) del pago de la totalidad del pasivo (USD 6.700 mill. para el Gobierno, USD 7.900 mill. para el CP), cash y sin negociación, a decidir la cancelación sólo del capital y los intereses vencidos, que no llegarían a USD 4.000 mill., además de reconsiderar los términos de la operación (que ya no sería “sin condiciones”).
En dos posts anteriores (I y II) planteamos nuestra posición respecto a este tema, y sobre la bajísima probabilidad de que se produjera alguna mejora en la pésima situación financiera actual.
Mientras no exista un sinceramiento paulatino en el INDEK, un giro en la política económica hacia un modelo de trayectoria fiscal sostenible y reducción gradual de la inflación y una significativa mejora en el entorno económico y político, no hay ninguna posibilidad de mejorar las expectativas y poder retornar al mercado de capitales. Más allá de los precios de las materias primas o del TCR competitivo, cualquier modelo de desarrollo que no enfatice la necesidad de instituciones sólidas tarde o temprano terminara en colapso, como nos muestra la historia mundial en general y la argentina, tristemente, en particular. Se puede tener crecimiento por 5 o 6 años, pero nunca desarrollo en el largo plazo. A esto se suma, claro está, el, como menos, desacertado timing del anuncio, en medio del peor panorama en los mercados mundiales en la historia reciente (de hecho, en cuanto a entidades financieras esta crisis es comparada con la del 30).
Volviendo a la coyuntura, el Gobierno reincide en su costumbre de emitir señales acerca de la imprevisibilidad y del carácter errático de sus decisiones, al volver sobre sus pasos en una cuestión que se había pretendido sería un golpe de efecto que devolvería la confianza en el país. Esta decisión, sin embargo, es razonable y evidencia al menos un mínimo de racionalidad por parte del Gobierno, dado que no tiene ningún sentido borrar de un plumazo el 15% de las reservas en un contexto de derrumbe financiero a nivel global y salida de capitales de los mercados emergentes (el dólar ya escaló 5 centavos en 3 días tanto en el segmento mayorista como en el minorista). Por otro lado, sin embargo, demuestra como se toman las decisiones en el Gobierno y el grado de imprevisibilidad absoluto de las mismas, lo cual es la antitesis de lo que debieran ser políticas de mediano y largo plazo. Cuando se abonó la deuda al FMI, se sacrificó el 34% de las reservas de ese entonces. Pero el contexto era muy distinto al presente: los mercados internacionales evidenciaban una tendencia claramente alcista, al igual que las materias primas, y a nivel local la brecha del producto en la Argentina aun daba margen para el crecimiento y el optimismo en el futuro. En este sentido, y pese a las dudas planteadas en ese momento sobre la conveniencia de la medida (en términos de costo de oportunidad), el efecto fue relativamente positivo. Distinto fue el caso del anuncio del lunes de la semana pasada. La situación actual es radicalmente distinta, y esto parece haber sido advertido, tardíamente, por el Gobierno. Una vez más, la Argentina vuelve a demostrar que cuando la historia se repite, ya no lo hace como tragedia, sino como farsa.