“Progresismo” y errores políticos

El Gobierno no para de sorprenderme. Nadie puede negar que K es un animal político y tiene una capacidad enorme para remontar situaciones adversas. Vale recordar que después de las elecciones de 2009 el tipo parecía estar muerto. Y menos de un año después, con la economía creciendo fuerte y él adoptando una postura más institucional (UNASUR) y menos confrontativa, su imagen empezó a mejorar notablemente. Hasta hace un par de semanas mi opinión es que tenía altas chances de ganar, sobre todo considerando las enormes dificultades de la oposición, que parece privilegiar los personalismos antes que la construcción de alternativas de gobierno. Le bastaba dejar que la economía siguiera su curso, sin que hiciera falta mucho. La supercosecha de soja, junto a Brasil importando productos argentinos a lo loco, una política fiscal ultraexpansiva y tasas de interés reales negativas (inflación alta) que desincentivan el ahorro e incentivan a gastar lo más rápido posible, iban a permitir que todo siguiera más o menos bien hasta las elecciones.

Pero, de repente, K se despachó con una ofensiva total contra Clarín y otras empresas, de la que salió mal parado, y demostró que siempre se embarra la cancha justo cuando está en su mejor momento. Nadie duda que, tratándose de grupos económicos muy poderosos, seguramente tengan cuestiones oscuras. Y hay que investigarlas, porque no hay democracia sin libertad de expresión. Ahora bien, hay ámbitos para eso (Justicia, Congreso, Comfer, etc). Lo terrible es que la guerra contra Clarín sea hoy la principal prioridad del Gobierno, en lugar de otros temas que le reclama la sociedad. Se gastan energías, recursos, tiempo, esfuerzos de funcionarios que cobran sueldos de nuestros impuestos en una pelea estéril de intereses (recordemos que Clarín fue amigo del Gobierno hasta 2008), en lugar de buscar soluciones a los problemas más graves que sufre la sociedad: la pobreza y exclusión, la inseguridad y la inflación (en ese orden). Realmente me pareció fuera de lugar que la Presidenta utilizará más de una hora la cadena nacional para pegarle a un grupo económico. Hubiera sido mucho más productivo escucharla hablar sobre los problemas más urgentes que sufre la sociedad, sobre cómo enfrentar la pobreza, cómo sacar a los pibes de la calle y la droga, cómo hacer que la gente pueda salir de la calle sin miedo a que la maten. También sería deseable que los funcionarios (que, de nuevo, cobran un sueldo pagado por todos nosotros) se dedicaran a pensar soluciones, en lugar de pelearse y putear con lenguaje impropio de la investidura en Twitter o vivir haciendo “recorridas” y rosca política.

Progresismo no es “darle voz a los excluidos”, “dignificar a los pobres” o pelearte contra Magnetto (un personaje nefasto, sin dudas). Progresismo es que los excluidos dejen de ser excluidos, que los pobres dejen de ser pobres y tengan la posibilidad de decidir su propio futuro, en lugar de depender eternamente de la dadiva y de las migajas del Gobierno de turno. Y, en esto, al Gobierno le está yendo muy mal. Desde 2006 la economía creció 20%, pero la cantidad de pobres, según datos del propio INDEK (corregidos por una inflación un poco más cercana a la realidad), es la misma. Cualquiera puede comprobarlo en la calle, si no cree en las estadísticas.

Algo anda mal en un modelo donde la economía crece a tasas chinas pero la pobreza no baja. Esto me recuerda a la década del 90, donde este flagelo se disparó. Sin embargo, hay una pequeña diferencia. Mientras en esa década crecía la desocupación, y eso explicaba parte del aumento de la pobreza, hoy la desocupación cae, pero la pobreza no. Esto quiere decir que se crean puestos de trabajo precarios, sin derechos, en negro y con sueldos que no permiten una vida digna, sobre todo con una inflación arriba del 20% anual.

Realmente cuesta creer que haya gente que se dice “progresista” y apoye a un Gobierno donde el crecimiento es altísimo pero va a parar a unos pocos (sojeros, sector financiero, crédito para consumo de la clase media alta, mineras, automotrices) y no llega a quienes más lo necesitan. En esto, se parece a la teoría del derrame de los 90, donde se creía que la expansión de algunos sectores se derramaría al resto de la economía. Evidentemente, eso no ocurrió durante el menemato. Y sigue sin ocurrir ahora.

¿Políticas universales o focalizadas?

No podemos (intentar) responder a semejante pregunta si previamente no la inscribimos dentro del marco más amplio del debate acerca del rol del Estado en el mundo contemporaneo, incluyendo el alcance y la profundidad de su accionar.

Las políticas universales fueron moneda corriente durante la vigencia del paradigma fordista-keynesiano, apuntando básicamente a asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, facilitar el matcheo entre oferta y demanda en el mercado de trabajo y garantizar la cohesión social en un modelo de acumulación basado en la producción en serie y el consumo de masas. No es casual que el Estado tomara a su cargo la provisión de salud y educación de calidad, en tanto aseguraba beneficios sociales (e.g. asignaciones familiares o sistema provisional de reparto) organizados en torno a un mercado laboral que no presentaba  mayores tensiones. En nuestro país, más allá de los retrocesos y el caos imperante en otros ordenes, el pleno empleo, los salarios reales variables pero elevados y la cobertura social caracterizaron la sociedad que se configuró hasta finales de los años 70. La educación universal, la salud pública y la estabilidad laboral allanaron el camino para el ascenso de una clase media muy poco común en América Latina, y dieron esperanzas de ascenso social (que muchas veces se materializaban) a los sectores más postergados. La pobreza alcanzaba al 5% de los hogares en 1960 (vs. el 50% en LATAM), en tanto que el coeficiente de Gini (medida de la desigualdad en la distribución del ingreso) se ubicaba en 0.41, contra 0.57 en el Brasil de ese entonces. En estas condiciones, es claro que no había necesidad de políticas selectivas o focalizadas, ya que más allá de un núcleo duro muy pequeño de pobreza estructural, el propio Estado apuntaba, con sus más y con sus menos, a garantizar la igualdad de oportunidades como medio para la reproducción del sistema.

Con el cambio de paradigma operado a nivel mundial, cuyos efectos comenzaron a sentirse en el país hacia fines de los 70 y se profundizaron dramáticamente en los 90, la situación dio un giro de 180 grados. Tanto la pobreza como la desigualdad se dispararon, en un contexto donde la restricción presupuestaria obligaba a recortar el gasto social, y el trabajo formal, acreedor de los beneficios que aún se mantenían, abarcaba un subconjunto cada vez más pequeño de la PEA.

Esto reabrió el debate sobre la mejor manera de orientar los recursos sociales. Las políticas focalizadas van de la mano con el neoliberalismo, donde se plantea que deben optimizarse al máximo los recursos escasos destinados al área y asegurarse que los fondos lleguen a quienes se encuentran en una situación tan dramática que los necesitan desesperadamente. Asimismo, a la par de la explosión de las tensiones sociales, estas políticas buscaron convertirse en un medio de “administrar” la pobreza que crecía, evitando de esta manera caer en estados de inestabilidad política y/o social. La acción del Estado abandonó el ámbito a los derechos sociales adquiridos (e.g. garantizar un cierto nivel de educación, un esquema previsional solidario, etc) para adoptar un enfoque asistencialista. Esta focalización del gasto social en un subconjunto muy específico de la población (los más pobres) generó un caldo de cultivo inédito para las prácticas clientelares y corruptas, que consolidaron en muchos casos estructuras políticas eternas a nivel municipal y provincial. Se extendió la cultura de la dadiva, y el gasto social dejó de ser un derecho para convertirse en un favor que debe retribuirse de algún modo. Al ser tan bajo el poder de “lobby” de los beneficiarios de estas políticas selectivas, por tratarse de los estratos más postergados del tejido social, la distribución de los fondos queda fácilmente en manos de una red de burócratas y punteros políticos con poder territorial que, además de quedarse con parte de los fondos (el famoso “diezmo”), aprovechan las “rentas” que genera tener en sus manos un recurso escaso (dinero) y de esta manera condicionan los comportamientos de los receptores, obligándolos por ejemplo a acudir a actos políticos o dirigiendo el voto al caudillo de turno.

Para concluir, podemos volver a los números de multi y comprobar que una política de ingreso universal para eliminar la indigencia no reportaría costos prohibitivos. A esto no es trivial agregarle la reducción de las erogaciones que se presentan en cualquier sistema focalizado, por más honesto que sea, al intentar distinguir quiénes cumplen con las condiciones de acceso a la política y quiénes no. Finalmente, se le quitaría un combustible enorme a las prácticas clientelares que corroen la democracia. Ya no haría falta ir a ver al puntero (o manzanera) de turno ni cumplir con las condiciones de “reciprocidad” que imponen.

Desde ya que no suena muy simpático que el hijo de Macri reciba el mismo subsidio que el de doña Rosa en un asentamiento de La Matanza, pero lamentablemente ninguna política es perfecta y cualquier elección impone la necesidad de sopesar costos y beneficios. Dicha “injusticia” puede mitigarse fácilmente apelando a las múltiples herramientas que brinda el proceso presupuestario, sea incrementando la presión tributaria sobre los sectores más favorecidos o eliminando gastos que favorecen a los sectores más concentrados de la economía (como los subsidios a las exportaciones de la Barrick Gold o las enormes transferencias al oligopolio agroexportador).

Las políticas universales tienen, como se comentó más arriba, beneficios y costos. Pero quizá, entre estos últimos, se encuentre uno que aborte cualquier intento de avanzar a un esquema como el que propone multi: con las políticas universales, los aparatos electorales (de los cuales la maquinaria del PJ en el conurbano es el caso paradigmático, pero no el único) perderían una de sus tecnologías de manipulación política, económica y social de los que menos tienen.

Ingreso básico para menores

Con este post respondo al artículo de Datos Duros sobre las políticas universales.

En primer lugar, para ver la factibilidad de estos proyectos que han sido ampliamente apoyados por Proyecto Sur, el Acuerdo Cívico y Social y hasta el narcoperonismo (en una versión más amplia), voy a tirar un par de números para hacernos una idea sobre el tema de que estamos hablando.

Usando los datos del INDEC, ajustando la cantidad de menores de 18 de 2001 por el crecimiento poblacional de las estimaciones que publican tenemos 13.470.000 menores actualmente. La canasta básica alimentaria de junio, según el INDEC, es de 144$. Planteemos un objetivo bien modesto que es evitar la indigencia y otorguemos entonces 145$ a cada menor. Casualmente, es el mismo número que surge de multiplicar las necesidades calóricas de los menores por una CBA calculada de una manera razonable y no al estilo INDEC. En definitiva, hablamos de 25.400 millones de pesos. La cifra representa más o menos un 2,4% del PBI.

¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento?

Una primera medida sería afectar los ingresos por asignaciones familiares, que representan un ~7,5% del salario en blanco y son pagadas por el empleador. No todos los ingresos por asignaciones se destinan hoy a este fin, por lo que usar estos fondos implicaría una reducción leve del resultado de la ANSES. En el año que termina en junio de 2009 esto da 11.550 millones.

Por el lado de programas presupuestarios, la necesidad de los programas de Seguridad Alimentaria, Familias por la Inclusión Social, Pensiones no contributivas para madres de más de 7 hijos entre otros dejan de tener razón de ser en su mayor parte, por lo que sus créditos se afectan al ingreso básico y se obtiene de esa manera 6.300 millones de pesos adicionales de financiamiento.

Gravar la renta financiera proveería de 1.000 millones de pesos adicionales al Tesoro y 700 millones a la ANSES (que compensan la caída en el resultado por la afectación de la totalidad de los ingresos por asignaciones familiares al ingreso básico). Habría otros ingresos por ganancias: el 35% de todo lo que se pague por ingreso básico a los hogares de mayor poder adquisitivo, que son unos 170 millones, más unos 500 millones adicionales por la eliminación de las exenciones en ganancias.

La reducción del ahorro en la ANSES implica un aumento en la recaudación directa por IVA de unos 850 millones entre Tesoro y ANSES.

Los ingresos del Tesoro por esta pequeña reforma impositiva son de 20.700 millones. El resto puede afrontarse con el resultado del gobierno, o bien afectando parte de los ingresos actuales de la ANSES por el pacto fiscal. Afectar sólo un tercio de los ingresos por el pacto fiscal a esto implicaría generar más de 8.000 millones de pesos de recursos que salen del superávit de la ANSES. Esto es altamente justificable por los argumentos de Kritz en su informe de julio, por tratarse de asumir los costos de políticas sociales que realizan hoy las provincias con mayor equidad y por los aumentos que se producirán en consecuencia en la recaudación de las provincias.

En todo momento, téngase en cuenta, disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. El aumento en los recursos de las provincias está en el orden de los 7.000 millones de pesos, lo que es una proporción importante del déficit que se estima para este año.

Con esto mostrarmos que no hace falta expropiar a nadie para financiar esto, aceptamos el mote de carísima que le ponen en Datos Duros y rechazamos el de abstracta por haber demostrado un esquema de financiamiento posible y razonable. Al respecto, el “culo que va a sangrar” (el nuevo financiamiento) estaría provisto en mitades más o menos iguales por el resultado de la ANSES y por quienes hoy gozan de exenciones poco justificables en el pago del impuesto a las ganancias, y juzgo más aceptable el eliminar la exención de ganancias a los que cobran intereses por la deuda pública que estafarlos con el ajuste del capital por CER cuando cobren dentro de 20 años. En próximos posts proseguiremos con la discusión sobre este asunto.

¿Qué ganan tomándonos el pelo así?

Datos del INDEK..

Cuesta ser optimista, ¿no?

¿Por qué se mueren los pibes?

Según una nota reciente en La Nación:

La ministra de Salud, Graciela Ocaña, reconoció que la mortalidad infantil creció durante 2007, según los resultados preliminares de las estadísticas oficiales basados en datos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

“Todo hace prever que 2007 ha tenido un incremento entonces de la mortalidad infantil”, declaró la ministra durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. Las tres provincias citadas integran el grupo de distritos más ricos del país, donde está localizado el centro industrial y agrícola-ganadero argentino.

Según indica la agencia de noticias alemana DPA, la funcionaria señaló que las causas serían el invierno duro que se sufrió en 2007 y la falta de infraestructura hospitalaria suficiente para afrontar la epidemia de enfermedades respiratorias, entre ellas la bronquiolitis.

Poca inversión en salud. “Hace falta mucha inversión”, señaló Ocaña, que lamentó el fracaso de las retenciones móviles y el aporte extra de dinero que hubiera supuesto el plan de infrastructura social.

Qué tema, ese de quejarse de la situación estando en gestión pública como si se fuera impotente.

Año a año, el gobierno subestima la tasa de crecimiento de la economía y la tasa del aumento de los precios. Así, cuando se vota la ley de presupuesto los ingresos del estado (y por ende, los gastos) son mucho menores a los que se terminan ejecutando realmente a fin de año. Este mecanismo le permitió al gobierno eludir controles parlamentarios, pues a partir aproximadamente del mes de agosto las ampliaciones del gasto (como la que están por enviar al Congreso en estos días) se hacían por DNU y la distribución de esos recursos obviados en la ley de presupuesto, por Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete. Como todos los años los recursos realmente recaudados por el gobierno terminaron siendo muy superiores a los consignados en la ley de presupuesto, es raro ver que haya partidas donde el gasto efectivo haya sido menor que el gasto votado por los legisladores.

Hay algunos ejemplos bastante dolorosos de partidas sistemáticamente subejecutadas (todos los años se gasta menos que lo votado en la ley de presupuesto, y no se corrije el error ni gastando más ni presupuestando menos). El Ministerio de Salud de Ginés González García y Graciela Ocaña, en el período 2003-2007, cuenta con una leve subejecución. Esa leve subejecución se puede abrir en una marcada sobreejecución de algunos programas, particularmente la burocracia del ministerio, y una marcada subejecución en varios programas críticos. Algunos (no todos) de los programas con los peores casos de subejecución son:

• Atención de la madre y el niño. Vigila la nutrición materno-infantil y provee leche en polvo y medicamentos, da insumos, etc.
• Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Realiza tareas de prevención, atención a enfermos y distribuye preservativos.
• Detección y tratamiento de enfermedades crónicas y conductas adictivas. Provee medicamentos oncológicos, control de tabaquismo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.
• Emergencias sanitarias.
• Contribuciones a organismos descentralizados. Acá está el Hospital Garrahan, Posadas, INCUCAI, Hospital Sommer, Instituto Malbrán, Colonia Montes de Oca y otros.

Al margen de la cuestión presupuestaria, el gasto real (“en términos de bienes”) se incrementó en algunos de esos casos, pero con tal nivel de volatilidad entre ejercicios que seguramente haya sido difícil programar un adecuado desarrollo de los programas. Respecto de lo que es el sector público, recién en 2007 algunos de esos programas dejaron de perder o mantener su participación en el total.

Éste es un caso de redistribución negativo. No sólo no se intenta revertir la situación de vulnerabilidad en que quedaron amplios sectores luego de la crisis de 2001-2002, sino que se desvían fondos de las áreas más críticas de salud hacia otros destinos por fuera del debate y control del Congreso.

Subsidios y (re)distribución del ingreso

El tema de los subsidios no termina en ver si son pro-pobres, sino en ver los costos de oportunidad, o qué tan pro-pobre es en comparación con otras medidas implementables. El tema es sensible: si tenemos un problema tan grave de distribución del ingreso después de tantos años de crecimiento y eso gracias a todas estas medidas cruzadas del gobierno, el atacar las dificultades fiscales por esta vía (sumando el golpe inflacionario que acarrearía) se vuelve realmente difícil. Por eso es que hay que ver qué tan efectivo es el gasto a la hora de solucionar los problemas de distribución. Si se gasta mucho en una forma inefectiva puede que haya espacio para aumentar el impacto de la política a la vez que se preservan las cuentas públicas.

Entonces, ¿es correcto subsidiar consumos de servicios públicos? Un informe del CEDLAS (pdf) señala un par de puntos interesantes. Primero, el nivel de gasto por hogar es relativamente constante entre los distintos quintiles, pero el gasto per cápita no. De una misma conexión tiende a haber un consumo por un número mayor de personas en hogares más pobres, por temas demográficos: más gente vive en promedio en los hogares de menores ingresos. Por lo tanto, si se da un subsidio aproximadamente igual a un hogar pobre que a uno de clase media, cada integrante de la familia de clase media recibirá más en términos absolutos que los integrantes de los hogares más pobres. Además, los subsidios al consumo no atacan el problema del acceso, dado que van dirigidos a los que ya disponen del servicio. Es decir, no ayudan a integrar a más personas a las redes de cloacas, agua corriente, o gas, con el gran impacto distributivo que tienen (no pagar fortunas astronómicas por garrafas) estos cambios y todas las externalidades positivas que generan (como incrementar el nivel de salud de la población menos favorecida). Hace años que los habitantes del GBA no ven expansiones significativas en la red de cloacas.

Por supuesto, los servicios son una parte relativamente más importante del gasto total de la persona cuanto más pobre sea, por lo que no se trata de una medida regresiva. Además, hay muchos servicios que tienen externalidades muy positivas, como señala nuestro lector (¿único?) tincho. No hay que perder de vista que el transporte público está igual de subsidiado para todos (no se daría tanta diferencia en el gasto per cápita como en el caso anterior), y que si bien un aumento de las tarifas para los usuarios de la línea D sería más soportable que para los que viajan en el San Martín entre José C. Paz y William Morris, el impacto indirecto sobre la actividad y los precios sería complicado. El tema es que habría que explorar si no hay otras medidas que, con el mismo insumo de recursos, no sean decididamente mejores. Y qué uso se hace de los recursos destinados a subsidios, porque el “subsidio al transporte automotor” esconde ENORMES transferencias al transporte de cargas, que ni por asomo califica de redistributivo. Y otras cosas: si puedo redistribuir de dos maneras equivalentes, pero una hace al desarrollo de largo plazo por impulsar la adquisición de educación o salud, es claro que se preferirá la que genere otras externalidades.

Plantear esto es fundamental. En este momento los subsidios están (razonáblemente) en los ojos de todos, pero el debate no está incluyendo estas cuestiones. En el contexto actual necesitamos medidas redistributivas como necesitamos el aire. Y sin embargo la presión social no pasa por mejorar los subsidios o transferencias, sino por cuándo se eliminan.

Ah, todo esto tiene que ver con que se barrió el problema de la distribución debajo de la alfombra por tantos años que hoy ya vemos una cordillera infranqueable de mugre en el living. Parte del problema de ser un mitómano está en cómo desdecirte. El gobierno prefiere seguir ignorando la cuestión y recurrir a medidas un poco más populistas (para la clase media) pero mucho menos efectivas. Como el INDEC, pero con onda.