Federalismo y transparencia

Sobre los déficits provinciales, Fernando dice en su blog que “si se quieren transferir más recursos a los gobiernos sub-nacionales, se debería explicitar un mecanismo de control de los gastos para que esta negativa conducta [procíclica] no se acentué“. El problema, lamentablemente, excede a lo exclusivamente normativo: ya hay mecanismos de control previstos en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (RFRF), que aunque limitados, serían de utilidad si se cumplieran para ver qué pasa con la situación de las provincias. Ocurre lo mismo que con el Fondo Anticíclico Fiscal: el fondo del que tanto se discutió en tiempos de Lavagna ya existe, fue creado en 1.999, y todos los años se dicta una ley suspendiéndose la aplicación.

¿Qué mecanismos de control están previstos por el RFRF pero no se aplican? Para empezar, algo bien básico: que los presupuestos provinciales sean públicos. Los presupuestos de las provincias (e información complementaria necesaria, como datos periódicos sobre la ejecución) debían publicarse en la web desde enero de 2005. Según un relevamiento de ASAP [.doc], sólo 6 de las 24 provincias publican dicha información. El MECON no ayuda, dado que los últimos datos disponibles fueron subidos recientemente y son de hace 6 trimestres. No es que no existan datos, sino que no los suben (algo relacionado y medio escandaloso es que ASAP haya publicado una bruta base de datos oficiales sobre las provincias que el MECON no facilita en su web), y en las pocas ocasiones en que eso sí pasa estamos frente a datos demasiado agregados, o presentados de forma tal que no se pueden trabajar, etc.. Estamos a un nivel de incumplimiento importante: se puede tranquilamente subir todo en PDFs imposibles de procesar y con formatos inconsistentes entre distintos años, manteniendo una ficción de transparencia sin tener que exponerse innecesariamente a que alguien efectivamente use el presupuesto para algo útil y te cuestione; esto es lo que hace el gobierno de Macri. Cumplir es muy fácil y casi libre de costos. Ahora bien, si se puede incumplir con los bajísimos requerimientos de información establecidos por ley en un distrito con el nivel de desarrollo político que tiene la Ciudad (esto es: el discurso de nueva política del PRO, el hecho de que la mayoría de los medios nacionales también sean locales (de la Ciudad) y se ocupen constantemente de lo que aquí ocurre, la disponibilidad de recursos humanos capacitados para procesar y hacer uso de esa información, la cercanía a un gobierno de signo contrario que podría estar interesado en hacer uso de sus recursos técnicos para escrachar a Macri y tantos otros factores que hacen que éste sea uno de los distritos donde más esperable sería que se desarrolle una cultura presupuestaria real), ¿qué se puede esperar y pedir de Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y tantos otros?

El panorama es complicado: no parece que sea muy probable lograr un masivo cambio de actitud en las administraciones provinciales, menos aún con un gobierno nacional que 1. es anti-estadísticas y 2. busca activamente mecanismos para incumplir normas que podrían restarle poder de negociación con las provincias. Tampoco es esperable, creo, una mejora a un plazo mayor. Debemos preguntarnos entonces si los déficits de hoy no hubieran sido mayores en otro contexto (la distribución de recursos con la Nación es la más desfavorable de la historia para las provincias), y si no sería mejor, hasta tanto se afiancen las instituciones locales de control, pensar en menos y no más descentralización, recuperando algunas de las responsabilidades transferidas a las provincias.

Diálogo con el campo: ¿Esta vez si?

La gran pregunta, por estos días, es si finalmente el Gobierno alcanzará alguna especie de acuerdo con el ruralismo que ponga fin a un conflicto que ya lleva demasiado (resalto el “demasiado”) tiempo. Vamos a tratar de aportar algo a un tema bastante discutido (acá, aquí, allá y allí, entre muchos otros)

El tema no es menor: si bien venía de antes, la escalada que gatilló la 125 pusó fin abruptamente a los 6 años de mayor crecimiento en la historia del país.  El conflicto mezcló paros, cortes de ruta, amenazas de desabastecimiento, lamentables discursos y hasta la referencia a intenciones “destituyentes”. Finalmente, CFK envió el proyecto al Congreso y el voto no positivo pareció descomprimir el asunto. No fue así, y se entró en un largo letargo en el cual ni el Gobierno ni el campo se sacaron ventajas. En lugar de poner “de rodillas” al otro, terminaron tumbando al país.

La cuestión retomó impulso tras la derrota oficialista del 28-J, y el Gobierno, tal vez obligado, llamó al campo al diálogo. Volvemos al título del post..¿esta vez si?

Reconociendo que puedo pecar de ingenuo me atrevo a decir que si (al menos evité la tradicional respuesta de un economista: “y..depende..”). ¿A qué se debe mi exceso de optimismo? Tengo un par de razones:

1. Es innegable que gran parte de la fuerza que tuvo el reclamo del campo provino del apoyo de sectores que jamás habían visto una vaca, salvo en la parrilla o el plato. Sin embargo, me parece que ese espaldarazo estuvo sostenido más que por el reclamo propio del campo (¿cuántos en el Monumento de los Españoles sabían de “mercados futuros”, “retenciones móviles”, “alícuotas marginales”?), por una sociedad que estaba harta de los estilos del Gobierno y se acopló al primer sector que (reconozcámoslo) planteó un desafio en serio para un oficialismo que pareciá invulnerable. Hoy por hoy, con un Gobierno mucho más débil, me parece que el campo no podrá contar con el apoyo incondicional de la opinión pública. Ya no es necesario subirse al reclamo chacarero para expresar el descontento con un Gobierno tremendamente desacreditado. Apoyar a la patria chacarera ya no es “condición necesaria” para oponerse al Gobierno.

2. Así como la sociedad freerideo al campo, la oposición hizo lo propio. Perdida, sin rumbo, sin ideas ni propuestas y totalmente avasallada por el poder y la caja asfixiante de los K, tanto el panradicalismo como el PJ2 encontraron en el campo el sector al cual “subirse” para recuperar la iniciativa. Por ello, los apoyaron incondicionalmente. Pero, al igual que en el caso de la sociedad, las condiciones para esta banca cambiaron radicalmente.  Hoy la oposición derrotó a los K y se ve con posibilidades de llegar al poder en 2011. Por lo tanto,  y como postula el Teorema de Baglini, suena difícil que apoye cualquier propuesta que pueda generar un agujero fiscal.

Resumiendo, con un campo cuyo apoyo se enfrió, y con un Gobierno mucho más débil, el acuerdo me parece más factible. Con un mínimo costo fiscal (poco más de $1.000 millones), se podrían eliminar las retenciones al trigo y al maíz. También se podría llegar a un acuerdo por el cual el campo garantice la provisión a precios razonables de leche y carne al mercado interno y a cambio se eliminen las restricciones a la comercialización y la exportación (acá el quid pro quo y los enforcements serían claves). El tema del yuyo es más complejo, pero si el Gobierno cede en todo lo otro y sabe comunicar a la sociedad que se generaría un problema fiscal severo en caso de eliminar las retenciones a la oleaginosa (¿$13.000 millones?), no parece difícil que el campo deba aceptar, a riesgo de quedar como intransigente y con poca voluntad de negociar.

Es cierto que quien se quema con leche llora cuando ve una vaca, pero esta vez me parece que algo, aunque sea ALGO, tiene que salir.

Tendencia secular al deterioro de las instituciones II

Parte I

Otras formas en que se distorsiona la transparente asignación de recursos entre la nación y las provincias viene de la mano de fondos especiales con objetivos específicos. Por ejemplo, las obras de infraestructura a ser financiadas con los recursos del fondo fiduciario del sistema de infraestructura de transporte (financiado antes con el impuesto al gasoil y hoy en partes iguales con ese impuesto y rentas generales), los subsidios a las empresas de transporte, otras transferencias para obras en los sistemas eléctricos y demás usaban los coeficientes de la ley de coparticipación (o bien esquemas similares pero con coeficientes diferentes). Todo esto empeoró considerablemente con la ronda de superpoderes nacidos de la crisis de 2001 y la vuelta de Cavallo: se crearon numerosos fondos de esta clase, que hoy representan una parte muy importante del presupuesto total. En esos casos, la decisión sobre la distribución territorial de los recursos se alejó cada vez más del ámbito de discusión parlamentario. Pasa de la ley de coparticipación a leyes comunes, de leyes comunes a decretos y resoluciones ministeriales o de secretarías y a disposiciones de entes menores. A veces los coeficientes son determinados sobre la base de alguna otra variable externa, sin que se analice la razonabilidad de que esa variable determine el criterio de financiación de las provincias. Otras medidas tomadas en función de la última crisis son los superpoderes de reasignación de partidas (artículo 37 de la ley de administración financiera), que al combinarse con la carencia total de información sobre la ejecución presupuestaria básicamente da un cheque en blanco al gobernante para hacer lo que quiera sin controles, las distintas disposiciones sectoriales (como en transportes) relativas a la emergencia económica, que por motivos “de excepción” asigna recursos sin su discusión en el congreso. Todo esto iba en contra de algunas medidas menores tendientes a ampliar los límites de los recursos del sector público nacional sujetos a discusión, mediante la inclusión de algunos fondos y organismos omitidos por las leyes de presupuesto.

Mientras tanto, el Estado se encontró con que en las crisis era más difícil recaudar. Entonces no sólo hubo normas de emergencia para regular el gasto de forma tal que se paliaran los déficits más agudos y las situaciones sociopolíticamente más delicadas, sino que se generaron instrumentos de financiación que, al carecer jurídicamente de carácter tributario, no pertenecían a los recursos “coparticipables” (o distribuibles vía el mazacote normativo de ese conjunto de leyes). Al reducirse la proporción de recursos que el estado se veía obligado a girar automáticamente a las provincias, fueron necesarios mecanismos alternativos para transferir esos fondos. Por ejemplo, antes la porción de uno de los fondos fiduciarios destinada a financiar obras viales se distribuía entre las provincias con coeficientes fijos. Luego pasó a ser la DNV en sí misma la que desarrollaba las obras, de acuerdo a convenios con las provincias. Algunos programas presupuestarios incluyeron transferencias automáticas de montos considerables para permitir a las provincias el desarrollo de las funciones básicas. Por estos motivos, ver los números de los recursos girados a las provincias puede ser poco indicativo de lo que realmente reciben por parte del estado nacional. Esos gastos son ejecutados por las provincias, por el personal y la organización de las provincias, pero figuran como gastos en el presupuesto de la administración nacional.

Así se configura un esquema caótico y muy complejo, inmanejable, donde se reemplaza discusión por discrecionalidad y se eleva el clientelismo del barrio a la relación nación – provincias. Cada crisis empeora la situación por el lado de los ingresos, con nuevos tributos, por el lado las asignaciones de esos ingresos, con más rigidez y criterios coyunturales y discrecionales, por casos de “gasto centralizado” como el de algunas obras o por casos de gastos ejecutados por las provincias pero imputados a la nación. Esta situación probablemente trascienda a la discusión de una ley de presupuesto o coparticipación, y requerirá de numerosos años de estudios y reformas para dar racionalidad al sistema. Y esquemas para que la calidad de las instituciones del estado no sufran (tanto) con cada crisis, sin posibilidad de que se deshaga lo hecho durante las fases de recuperación.

Tendencia secular al deterioro de las instituciones I

Cada vez que hay una crisis surgen esquemas creativos para financiar los déficits que se generan con la caída de la recaudación. Esto es, formas de acatar pero no cumplir las normas previas (ni pasar por lentas y tal vez inviables discusiones en contextos apremiantes). Ejemplo: la ley de coparticipación vigente, de 1988, es modificada o complementada por unas 89 normas. Ella establece que el 54,66% de los recursos tributarios de la Administración Central se giren a las provincias y se repartan con proporciones fijas. Esos coeficientes son la base de los recursos que la nación gira a las provincias, y el componente individual más jugoso. Pero no es el único:  existen numerosas disposiciones adicionales que asignan específicamente recursos a provincias particulares, desdibujando el significado de los porcentajes que debería recibir cada provincia. Por ejemplo, está la ley de cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, la ley de financiamiento educativo de Kirchner – Filmus, tres ítems por el impuesto a las ganancias, tres por bienes personales, una asignación complementaria adicional de IVA, cuatro formas distintas de crear asignaciones específicas de parte de impuestos a los combustibles (naftas), otras tres por el régimen de la energía eléctrica, otra por el fondo compensador de desequilibrios, una proporción fija del monotributo (aparte de la coparticipada por rentas generales), fondos especiales, el pacto fiscal, el fondo para aportes del tesoro nacional, etc. Cada desequilibrio genera una ley, una nueva rigidez y una nueva capa de complejidad al esquema que hace difícil, si no imposible, su discusión y evaluación en términos políticos. Cada crisis deja sus marcas sobre el esquema de distribución de los ingresos de la nación (de 1988), por lo que los criterios y las razones originales se desdibujan totalmente. ¿Quién financia a qué provincias?

La Constitución de 1994 establecía que debía sancionarse una nueva ley con coeficientes actualizados y ajustados a los criterios políticamente establecidos en la carta magna de distribución de los fondos. Nunca se sancionó otra ley de coparticipación (en parte por el estado permanente de crisis que imposibilita cualquier discusión en términos razonables sobre los recursos), y poco tiempo después de que se aprobara la constitución se crearon instrumentos complementarios para financiar déficits transitorios en las provincias. Esto va aparte del mazacote normativo que comúnmente como “coparticipación” (aunque los fondos de la coparticipación propiamente dicha en algunos casos no son ni la mitad de los que gira automáticamente la nación). Uno de esos instrumentos fue el fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que surge más o menos por la época del tequila y financia déficits transitorios en las cajas (desequilibrios corrientes) con recursos provenientes de la venta de activos (Banco Hipotecario, acciones de YPF) y que sería más tarde entre otras cosas usado para emitir los LECOPs.

Hasta aquí vimos como se desdibuja el esquema de la “coparticipación”. Después sigo con los ingresos y el gasto.

Sigue (más tarde) en la parte II.

Día de la industria

Me comentaban la siguiente anécdota: un grupo de empresarios textiles tiene problemas para acceder a ciertas cadenas de distribución debido a la falta de controles de calidad, la nula confiabilidad en su cumplimiento con los pedidos y en parte también los costos. Esto a pesar de tener capital moderno y suficiente, etc. Entonces se acercan al INTI a pedir ayuda. Estas empresas están aparentemente desprovistas por completo de capital humano, y necesitan resolver sus problemas de producción. Entonces el INTI les pide que llenen un cuestionario para hacerse una idea de los recursos de las empresas. Temerosas de una denuncia ante la AFIP, ninguna empresa la contesta.

Pero hay que ganar en competitividad. Nos comen los de afuera. ¿Qué hacer? Hagamos que el BNA de créditos a tasas reales (exageradamente) negativas, facilitemos la aplicación de medidas proteccionistas antidumping (probablemente razonables) y tomemos crédito en Brasil para exportar. Simultáneamente, se paguemos una deuda de 6.700 millones de dólares que no baja el costo del financiamiento ni da mayor credibilidad a esta administración (y posiblemente genere alguna devaluación del peso en un contexto de tipo de cambio real multilateral sostenidamente alto). (De color: la presidenta anuncia que se paga esa deuda sin negociación de ningún tipo de plazos, intereses o inspección de la legitimidad de la deuda, según ella contraída en un 45% por la anti-industria dictadura del 76, ¡en el día de la industria!). Ninguna medida apuntando realmente a lo que hace que una industria sea competitiva y viable a nivel internacional.

Bueno, pero este gobierno está a muerte con la producción, ¿no? Esto lo que hace es fortalecer un paquete de medidas ya existente tendiente a solucionar los problemas de competitividad no-precio de las empresas de nuestro país…

No parece. El presupuesto 2008 del INTI es de 26 millones de pesos. El presupuesto del programa de fomento de la pequeña y mediana empresa es de unos 285 millones de pesos, compuestos por 70 millones provenientes del tesoro (de los que se usan 50 para pagar impuestos) y 215 millones de créditos, usados en su mayoría para subsidiar tasas. Existe un programa de capacitación, instrumentado como… crédito fiscal que reintegra el costo de la capacitación.

Todo el tiempo da vueltas el tema del empresario argentino que no hace más que reclamar subsidios sin hacer un real esfuerzo por competir. Pero el estado tampoco genera oportunidades diferentes. ¿La culpa es del chancho o de quién le da de comer?

Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias es el impuesto que menos creció desde 2001 en términos de la presión tributaria ejercida sobre el PBI. Impuestos como el IVA, retenciones y los ingresos por seguridad social explican casi por completo el aumento de la presión tributaria en estos años en que la participación del Estado en la economía creció considerablemente.

En un contexto complicado para conseguir el financiamiento necesario para cubrir los vencimientos de capital de la deuda, el gobierno disminuye la presión impositiva sobre el decil de personas que más ganan, con un costo fiscal de unos ARS 1.500 millones. La medida es razonable dado que la suba del mínimo no imponible es incluso menor al promedio de aumento de los salarios, pero plantea varias dudas (entre ellas, la de quiénes son representados por los sindicalistas que hacen lobby para desgravar al décil de más altos ingresos pero no para disminuir los impuestos que gravan el consumo de bienes de primera necesidad).

La principal es la falta de debate sobre que se dejan pasar oportunidades para transformar la estructura de ingresos del Estado. Recientemente dijo JM Fanelli en una charla algo en el sentido de que si se pagó muy caro en competitividad, pobreza y desempleo por la oportunidad de realizar reformas estructurales en la Argentina de Menem, debiera al menos haberse aprovechado lo que se consiguió con tanto esfuerzo en lugar de tirarlo por la ventana. Hoy podría mitigarse parcialmente el impacto de la inflación sobre la población más vulnerable con una lenta y gradual reforma tributaria que se valiera de la inflación para ir modificando el peso de los distintos ingresos en el total de los recursos del Estado. Hoy, el impuesto a las ganancias recauda en Argentina sólo 1,6 % del PBI mientras que en los países de la OECD el promedio es de 8,8 %. Aunque debería ser una de las principales herramientas para la redistribución del ingreso, el Estado se respalda en el IVA, que es relativamente más regresivo, y otros impuestos severamente distorsivos (“al cheque”, retenciones, contribuciones sociales).

Otras cuestiones importantes sobre las que no hubo comentarios es la distribución territorial de los alcanzados por el tributo. En términos absolutos Capital y Buenos Aires concentran 2/3 de las personas que más ganan, y aún más en términos de masa de ingresos. Esto tiene dos consecuencias: a mediano plazo, se redistribuye de Capital y Provincia a las provincias no petroleras, por el aumento del mínimo menor a los aumentos de salarios. A corto plazo, es probable que con las devoluciones por la retroactividad a enero de la baja se impulse el nivel de actividad con más fuerza en Capital y Provincia que en el resto del país, más afectado por la caída en el nivel de actividad durante la guerra gaucha. Por otro lado, ganancias no tiene en cuenta los diferentes niveles de precios en las provincias petroleras, por lo que hay un trato desigual para trabajadores con similares poderes de compra en dos provincias distintas. Esto genera presiones sindicales muy fuertes que generan innecesariamente una fuente periódica de conflictos innecesarios para el gobierno (y también tiene incidencia distributiva territorial, lo que en un impuesto directo debería ser consecuencia de lo debatido en el Congreso por los representantes de los ciudadanos en el marco de la Ley de Coparticipación).

¿Por qué se mueren los pibes?

Según una nota reciente en La Nación:

La ministra de Salud, Graciela Ocaña, reconoció que la mortalidad infantil creció durante 2007, según los resultados preliminares de las estadísticas oficiales basados en datos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

“Todo hace prever que 2007 ha tenido un incremento entonces de la mortalidad infantil”, declaró la ministra durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. Las tres provincias citadas integran el grupo de distritos más ricos del país, donde está localizado el centro industrial y agrícola-ganadero argentino.

Según indica la agencia de noticias alemana DPA, la funcionaria señaló que las causas serían el invierno duro que se sufrió en 2007 y la falta de infraestructura hospitalaria suficiente para afrontar la epidemia de enfermedades respiratorias, entre ellas la bronquiolitis.

Poca inversión en salud. “Hace falta mucha inversión”, señaló Ocaña, que lamentó el fracaso de las retenciones móviles y el aporte extra de dinero que hubiera supuesto el plan de infrastructura social.

Qué tema, ese de quejarse de la situación estando en gestión pública como si se fuera impotente.

Año a año, el gobierno subestima la tasa de crecimiento de la economía y la tasa del aumento de los precios. Así, cuando se vota la ley de presupuesto los ingresos del estado (y por ende, los gastos) son mucho menores a los que se terminan ejecutando realmente a fin de año. Este mecanismo le permitió al gobierno eludir controles parlamentarios, pues a partir aproximadamente del mes de agosto las ampliaciones del gasto (como la que están por enviar al Congreso en estos días) se hacían por DNU y la distribución de esos recursos obviados en la ley de presupuesto, por Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete. Como todos los años los recursos realmente recaudados por el gobierno terminaron siendo muy superiores a los consignados en la ley de presupuesto, es raro ver que haya partidas donde el gasto efectivo haya sido menor que el gasto votado por los legisladores.

Hay algunos ejemplos bastante dolorosos de partidas sistemáticamente subejecutadas (todos los años se gasta menos que lo votado en la ley de presupuesto, y no se corrije el error ni gastando más ni presupuestando menos). El Ministerio de Salud de Ginés González García y Graciela Ocaña, en el período 2003-2007, cuenta con una leve subejecución. Esa leve subejecución se puede abrir en una marcada sobreejecución de algunos programas, particularmente la burocracia del ministerio, y una marcada subejecución en varios programas críticos. Algunos (no todos) de los programas con los peores casos de subejecución son:

• Atención de la madre y el niño. Vigila la nutrición materno-infantil y provee leche en polvo y medicamentos, da insumos, etc.
• Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Realiza tareas de prevención, atención a enfermos y distribuye preservativos.
• Detección y tratamiento de enfermedades crónicas y conductas adictivas. Provee medicamentos oncológicos, control de tabaquismo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.
• Emergencias sanitarias.
• Contribuciones a organismos descentralizados. Acá está el Hospital Garrahan, Posadas, INCUCAI, Hospital Sommer, Instituto Malbrán, Colonia Montes de Oca y otros.

Al margen de la cuestión presupuestaria, el gasto real (“en términos de bienes”) se incrementó en algunos de esos casos, pero con tal nivel de volatilidad entre ejercicios que seguramente haya sido difícil programar un adecuado desarrollo de los programas. Respecto de lo que es el sector público, recién en 2007 algunos de esos programas dejaron de perder o mantener su participación en el total.

Éste es un caso de redistribución negativo. No sólo no se intenta revertir la situación de vulnerabilidad en que quedaron amplios sectores luego de la crisis de 2001-2002, sino que se desvían fondos de las áreas más críticas de salud hacia otros destinos por fuera del debate y control del Congreso.

No todos los subsidios subsidian

Cuando los medios hablan de subsidios suelen omitir una parte considerable de los mismos, dado que no sólo el Estado paga a través de la caja única sino que también cuenta con cajas paralelas, los fondos fiduciarios. Estos fondos se financian con impuestos asignados especialmente y también con rentas generales. En general, no tienen mucho control ya que, como sucede con todas estadísticas con esta administración, los números son difíciles o imposibles de conseguir, difíciles de trabajar, poco confiables, etc. Pero a grandes rasgos algunos fondos publican información. Uno de los más controvertidos, el FFSIT que da subsidios al transporte (aparte de los que figuran en el presupuesto) publica algo de información en la web del organismo que lo controla, la UCOFIN. Es interesante ver algunas de las categorías de gastos de este fondo. Haciendo click en la imagen para verla más grande…

Algunos de los subsidios pagados por el FFSIT según UCOFIN

…podrán observar que lo azul es lo que más creció en participación con el tiempo, y que lo verde (obras viales) de hecho cayó con el tiempo. La figura muestra los subsidios dados a trenes, transporte de cargas y obras viales: no incluye las aplicaciones de sus fondos a RCC, ni el impuesto del 0,80% al gasoil, ni el resto de las compensaciones al transporte de pasajeros que son bastante mayores a las de la figura.

Lo que permite la figura es contrastar la posición política del gobierno respecto de los subsidios. Como se ve, se hoy da más subsidios al transporte de cargas que a los ferrocarriles. Los subsidios a los FF.CC. son en parte entendibles: con la pésima política de distribución del ingreso de esta administración, es difícil que se puedan sincerar las tarifas llevan el boleto a ARS 4 sin que quiebre el país. Pero, ¿por qué se subsidia al transporte de cargas?

Por supuesto, todo esto se realiza con un nivel de transparencia nulo, al no haber siguiera un control de la presentación por parte de los que cobran los subsidios de la documentación prevista por las normas, excepto por las matrículas habilitantes. ¿Y eso? Resulta que para cobrar el subsidio hace falta tener esa matrícula en regla, que es un trámite (arancelado) que se hace en la obra social de Moyano.

Por último, un comentario final… Los subsidios al transporte de cargas dieron un saltito importante durante 2008. ¿Cómo se entiende?  Es la Banelco…