Medidas para el campo

Creemos que el anuncio de nuevas medidas para el campo representa un importante avance, al menos en relación a lo que uno podría esperar teniendo en cuenta la virulencia, profundidad y duración inusual del conflicto. La apertura de las expor de trigo y maiz era clave en medio de la pésima campaña actual, al menos como señal para el futuro al permitir el cobro del precio pleno. Lo mismo puede decirse de la flexibilización del encaje en la ganaderia y los incentivos a los pequeños tamberos. Es un muy buen primer paso para revertir la calamitosa política K hacia el campo.

No debemos olvidar que pese a los discursos progre y el odio a la “oligarquía”, este Gobierno propició tanto la concentración en el sector agropecuario como la sojización del país destruyendo la rentabilidad de actividades alternativas (de mucho mayor valor agregado). No es que le viniera mal en términos fiscales, ya que de soja se exporta (y queda sujeta a retenciones) alrededor del 95% de la producción. Igualmente, los K tampoco fueron demasiado estrictos respecto a este último punto. Al aceptar  que las exportadoras registraran operaciones a fines de 2007 sin tener disponible la materia prima, tributando 27% de retención, el Gobierno generó millonarias transferencias al oligopolio exportador, que compraba la materia prima con un descuento del 35% ( la alícuota que efectivamente regía cuando debían adquirir el poroto).  De cualquier manera, la política K no sólo falló desde el punto de vista de la equidad. En términos de eficiencia, los resultados están a la vista, como reconoce el último informe de inflación del BCRA (si, el BCRA, no la SRA).

Dados los antecedentes en la materia, no nos queda otra que ser cautelosos. Pero como la esperanza es lo último que se pierde, preferimos pensar que esta vez vamos por el buen camino. Con un poco de responsabilidad del Gobierno, manteniéndose permanentemente en la senda del diálogo y dispuesto a entender la problématica del sector sin prejuicios ideológicos, y del campo, evitando los planteos irresponsables (como la reducción a mansalva de las retenciones a la soja), creemos que el sector rural puede volver a ser la punta de lanza de la salida de la recesión, al tiempo que el alza de la producción junto a una presión tributaria razonable y acorde a la capacidad contributiva del sector puede ayudar enormemente a la solvencia del sector público en los próximos años.

Es hora de dejar de pelearnos por una torta que se achica y generar los consensos para agrandarla y distribuirla.

¿Políticas universales o focalizadas?

No podemos (intentar) responder a semejante pregunta si previamente no la inscribimos dentro del marco más amplio del debate acerca del rol del Estado en el mundo contemporaneo, incluyendo el alcance y la profundidad de su accionar.

Las políticas universales fueron moneda corriente durante la vigencia del paradigma fordista-keynesiano, apuntando básicamente a asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, facilitar el matcheo entre oferta y demanda en el mercado de trabajo y garantizar la cohesión social en un modelo de acumulación basado en la producción en serie y el consumo de masas. No es casual que el Estado tomara a su cargo la provisión de salud y educación de calidad, en tanto aseguraba beneficios sociales (e.g. asignaciones familiares o sistema provisional de reparto) organizados en torno a un mercado laboral que no presentaba  mayores tensiones. En nuestro país, más allá de los retrocesos y el caos imperante en otros ordenes, el pleno empleo, los salarios reales variables pero elevados y la cobertura social caracterizaron la sociedad que se configuró hasta finales de los años 70. La educación universal, la salud pública y la estabilidad laboral allanaron el camino para el ascenso de una clase media muy poco común en América Latina, y dieron esperanzas de ascenso social (que muchas veces se materializaban) a los sectores más postergados. La pobreza alcanzaba al 5% de los hogares en 1960 (vs. el 50% en LATAM), en tanto que el coeficiente de Gini (medida de la desigualdad en la distribución del ingreso) se ubicaba en 0.41, contra 0.57 en el Brasil de ese entonces. En estas condiciones, es claro que no había necesidad de políticas selectivas o focalizadas, ya que más allá de un núcleo duro muy pequeño de pobreza estructural, el propio Estado apuntaba, con sus más y con sus menos, a garantizar la igualdad de oportunidades como medio para la reproducción del sistema.

Con el cambio de paradigma operado a nivel mundial, cuyos efectos comenzaron a sentirse en el país hacia fines de los 70 y se profundizaron dramáticamente en los 90, la situación dio un giro de 180 grados. Tanto la pobreza como la desigualdad se dispararon, en un contexto donde la restricción presupuestaria obligaba a recortar el gasto social, y el trabajo formal, acreedor de los beneficios que aún se mantenían, abarcaba un subconjunto cada vez más pequeño de la PEA.

Esto reabrió el debate sobre la mejor manera de orientar los recursos sociales. Las políticas focalizadas van de la mano con el neoliberalismo, donde se plantea que deben optimizarse al máximo los recursos escasos destinados al área y asegurarse que los fondos lleguen a quienes se encuentran en una situación tan dramática que los necesitan desesperadamente. Asimismo, a la par de la explosión de las tensiones sociales, estas políticas buscaron convertirse en un medio de “administrar” la pobreza que crecía, evitando de esta manera caer en estados de inestabilidad política y/o social. La acción del Estado abandonó el ámbito a los derechos sociales adquiridos (e.g. garantizar un cierto nivel de educación, un esquema previsional solidario, etc) para adoptar un enfoque asistencialista. Esta focalización del gasto social en un subconjunto muy específico de la población (los más pobres) generó un caldo de cultivo inédito para las prácticas clientelares y corruptas, que consolidaron en muchos casos estructuras políticas eternas a nivel municipal y provincial. Se extendió la cultura de la dadiva, y el gasto social dejó de ser un derecho para convertirse en un favor que debe retribuirse de algún modo. Al ser tan bajo el poder de “lobby” de los beneficiarios de estas políticas selectivas, por tratarse de los estratos más postergados del tejido social, la distribución de los fondos queda fácilmente en manos de una red de burócratas y punteros políticos con poder territorial que, además de quedarse con parte de los fondos (el famoso “diezmo”), aprovechan las “rentas” que genera tener en sus manos un recurso escaso (dinero) y de esta manera condicionan los comportamientos de los receptores, obligándolos por ejemplo a acudir a actos políticos o dirigiendo el voto al caudillo de turno.

Para concluir, podemos volver a los números de multi y comprobar que una política de ingreso universal para eliminar la indigencia no reportaría costos prohibitivos. A esto no es trivial agregarle la reducción de las erogaciones que se presentan en cualquier sistema focalizado, por más honesto que sea, al intentar distinguir quiénes cumplen con las condiciones de acceso a la política y quiénes no. Finalmente, se le quitaría un combustible enorme a las prácticas clientelares que corroen la democracia. Ya no haría falta ir a ver al puntero (o manzanera) de turno ni cumplir con las condiciones de “reciprocidad” que imponen.

Desde ya que no suena muy simpático que el hijo de Macri reciba el mismo subsidio que el de doña Rosa en un asentamiento de La Matanza, pero lamentablemente ninguna política es perfecta y cualquier elección impone la necesidad de sopesar costos y beneficios. Dicha “injusticia” puede mitigarse fácilmente apelando a las múltiples herramientas que brinda el proceso presupuestario, sea incrementando la presión tributaria sobre los sectores más favorecidos o eliminando gastos que favorecen a los sectores más concentrados de la economía (como los subsidios a las exportaciones de la Barrick Gold o las enormes transferencias al oligopolio agroexportador).

Las políticas universales tienen, como se comentó más arriba, beneficios y costos. Pero quizá, entre estos últimos, se encuentre uno que aborte cualquier intento de avanzar a un esquema como el que propone multi: con las políticas universales, los aparatos electorales (de los cuales la maquinaria del PJ en el conurbano es el caso paradigmático, pero no el único) perderían una de sus tecnologías de manipulación política, económica y social de los que menos tienen.

Ingreso básico II

Datos Duros dice del ingreso básico:

La propuesta (…) nos parece (…) regresiva: por principio de Universalidad la percibirían todos, los nietecitos bruñidos de Paolo Rocca, y los nietecitos mocosos de la Pocha del comedor de Altos de San Lorenzo.

Para analizar la propuesta hay que ver cómo cambia en forma neta las transferencias recibidas del Estado para cada tipo de familia. No se puede decir “145$ es una miseria” o “le estás dando plata a los nietos de Paolo Rocca, ergo derrochás” sin ver el efecto neto. Es sencillo: hay que ver cuánto recibiría cada uno con la propuesta, cuánto recibe hoy, y qué porcentaje respecto de su ingreso representa.

Por ejemplo, una familia con dos menores cuyos responsables carecen de empleo formal hoy percibe por el Plan Familias 200$, si son 5 los menores perciben por esto 335$. En el primer caso pasa a recibir 290$ (45%+) y en el segundo 725$ (116%+). Por supuesto, los incrementos son menores dado que las familias cuentan con otros ingresos, pero si los nietos de Paolo Rocca también estuvieran bajo el Plan Familias las nuevas transferencias netas como proporción de su ingreso sería menor, y posiblemente usen esos billetes para sonarse la nariz.

Pero el Plan Familias sólo llega a 700.000 familias, y hoy las estimaciones más conservadoras hablan de que 30% de la población es pobre (y cerca del 50% de los menores). Por otro lado, las madres con 7 hijos o más que se encuentran percibiendo pensiones no contributivas hoy reciben 110$ por hijo.

Mientras tanto, los nietos de Paolo Rocca también gozan de subsidios del estado, aunque distintos. Como ya señalaron algunos comentaristas en Datos Duros, hoy ellos gozan de unos 146$ por mes cada uno por deducciones de ganancias (las deducciones operan achicando la base imponible, saliendo el 146$ de aplicarle a ese cambio en la base imponible de 5.000$+ anuales por la eliminación de la exención la alícuota del 35%). Y las transferencias por la propuesta, netas del cobro de ganancias, son de 94$. Es decir, aumenta ligeramente la presión por este lado.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el promedio de hijos por hogar en el primer decil es de 2,1, mientras que en el más rico es de 0,4.

Tren bala al colapso

Luego de 5 años de gobierno progre, nacional, popular e industrialista, el sistema ferroviario se encuentra colapsado, en peores condiciones aun que a finales de la década del 90. Funcionarios de este Gobierno suelen atribuirle la responsabilidad a los concesionarios privados y a los gobiernos que les abrieron la puerta (esa rara costumbre argentina de culpar al que estuvo antes). En parte, esto es cierto. La manera en que se confeccionaron los contratos de concesión y el escaso control estatal sobre los operadores derivó en una monumental destrucción del patrimonio de estas empresas, la pérdida de miles de km. de vías y una notable degradación de los servicios. Esto ocasionó la eliminación de miles de puestos de trabajo, la condena a la desaparición de innumerables pueblos que dependían del ferrocarril, el colapso de la red vial y un tremendo salto en los costos de los fletes para transportar la producción (es muchísimo más económico movilizar 1 tn. del producto X en tren que hacerlo en camión). Hasta aquí, le damos la razón al Gobierno. Pero un Gobierno, más que para buscar culpables, fue elegido para buscar soluciones. De este modo, en 2003, con el fin del “neoliberalismo”, las cosas debieron haber cambiado y el Estado, ante el calamitoso panorama, debiera haber retomado la iniciativa, revisando los contratos de concesión y recurriendo a la Justicia en caso de incumplimientos. En el caso de los contratos que eventualmente hubieran caído, el Estado podría haber retomado la prestación de los servicios o concesionarlos nuevamente (esta vez si, exigiendo inversiones y ejerciendo la regulación que corresponde). ¿Qué se hizo desde entonces? NADA. Continuó el deterioro de los servicios, con la diferencia de que el Estado comenzó a poner cada vez más recursos (que salen del IVA sobre la leche, como le gusta decir a la Presidenta), mientras se practicaba un capitalismo de amigos, que continuó liquidando el patrimonio ferroviario (e.g. Taselli). Otra vez, el Estado bobo. Pone la plata, no controla y las ganancias quedan para los privados. El Gobierno, asesorado por quién sabe quien, tiene una particular visión sobre este punto. Supone que la destrucción de los ferrocarriles fue llevada a cabo por empresarios “malos”, sin compromiso de país. Lo que no parece entender es que los agentes no se mueven en el contexto económico por ser buenos o malos, sino que lo hacen de acuerdo a los incentivos que tienen en una u otra dirección. En un contexto donde la incertidumbre sobre el futuro tiende a infinito (Argentina, el pais más volátil del mundo en los últimos 30 años, queda contenida en esta definición) los agentes tienen como objetivo maximizar su beneficio en el corto plazo (con crisis recurrentes, todos buscan ganar hoy y lo que pase mañana es irrelevante). Si a esto le sumamos el nulo control estatal, se entiende la razón por la cual el stock de capital que, aunque con corrupción e ineficiencia en el medio, había logrado construir el Estado con el esfuerzo de todos los argentinos a lo largo de varias décadas fue liquidado en beneficio exclusivo de privados. Bueno, no sólo privados. Aunque el cometa Halley pasó cerca de nuestro planeta por última vez en 1986, otros (u otras) cometas anduvieron dando vueltas por la Argentina. Pero eeeen fin, ¿No sería hora de empezar a generar estos incentivos? Con la mal llamada “política estatista” K, lo único que hicimos en estos 5 años fue volver al Estado bobo, con privados exprimiendo fondos y capital público (con la salvedad de que ahora el Estado es más bobo todavía que en los innombrables 90′s, ya que no sólo no controla y lo desguasan como en ese entonces, sino que encima pone plata!).
Considerando el deplorable estado del sistema y la ausencia de políticas públicas en un sector clave para la competitividad de la producción nacional, ¿no habrá otras prioridades por encima del tren bala?