¿Políticas universales o focalizadas?

No podemos (intentar) responder a semejante pregunta si previamente no la inscribimos dentro del marco más amplio del debate acerca del rol del Estado en el mundo contemporaneo, incluyendo el alcance y la profundidad de su accionar.

Las políticas universales fueron moneda corriente durante la vigencia del paradigma fordista-keynesiano, apuntando básicamente a asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, facilitar el matcheo entre oferta y demanda en el mercado de trabajo y garantizar la cohesión social en un modelo de acumulación basado en la producción en serie y el consumo de masas. No es casual que el Estado tomara a su cargo la provisión de salud y educación de calidad, en tanto aseguraba beneficios sociales (e.g. asignaciones familiares o sistema provisional de reparto) organizados en torno a un mercado laboral que no presentaba  mayores tensiones. En nuestro país, más allá de los retrocesos y el caos imperante en otros ordenes, el pleno empleo, los salarios reales variables pero elevados y la cobertura social caracterizaron la sociedad que se configuró hasta finales de los años 70. La educación universal, la salud pública y la estabilidad laboral allanaron el camino para el ascenso de una clase media muy poco común en América Latina, y dieron esperanzas de ascenso social (que muchas veces se materializaban) a los sectores más postergados. La pobreza alcanzaba al 5% de los hogares en 1960 (vs. el 50% en LATAM), en tanto que el coeficiente de Gini (medida de la desigualdad en la distribución del ingreso) se ubicaba en 0.41, contra 0.57 en el Brasil de ese entonces. En estas condiciones, es claro que no había necesidad de políticas selectivas o focalizadas, ya que más allá de un núcleo duro muy pequeño de pobreza estructural, el propio Estado apuntaba, con sus más y con sus menos, a garantizar la igualdad de oportunidades como medio para la reproducción del sistema.

Con el cambio de paradigma operado a nivel mundial, cuyos efectos comenzaron a sentirse en el país hacia fines de los 70 y se profundizaron dramáticamente en los 90, la situación dio un giro de 180 grados. Tanto la pobreza como la desigualdad se dispararon, en un contexto donde la restricción presupuestaria obligaba a recortar el gasto social, y el trabajo formal, acreedor de los beneficios que aún se mantenían, abarcaba un subconjunto cada vez más pequeño de la PEA.

Esto reabrió el debate sobre la mejor manera de orientar los recursos sociales. Las políticas focalizadas van de la mano con el neoliberalismo, donde se plantea que deben optimizarse al máximo los recursos escasos destinados al área y asegurarse que los fondos lleguen a quienes se encuentran en una situación tan dramática que los necesitan desesperadamente. Asimismo, a la par de la explosión de las tensiones sociales, estas políticas buscaron convertirse en un medio de “administrar” la pobreza que crecía, evitando de esta manera caer en estados de inestabilidad política y/o social. La acción del Estado abandonó el ámbito a los derechos sociales adquiridos (e.g. garantizar un cierto nivel de educación, un esquema previsional solidario, etc) para adoptar un enfoque asistencialista. Esta focalización del gasto social en un subconjunto muy específico de la población (los más pobres) generó un caldo de cultivo inédito para las prácticas clientelares y corruptas, que consolidaron en muchos casos estructuras políticas eternas a nivel municipal y provincial. Se extendió la cultura de la dadiva, y el gasto social dejó de ser un derecho para convertirse en un favor que debe retribuirse de algún modo. Al ser tan bajo el poder de “lobby” de los beneficiarios de estas políticas selectivas, por tratarse de los estratos más postergados del tejido social, la distribución de los fondos queda fácilmente en manos de una red de burócratas y punteros políticos con poder territorial que, además de quedarse con parte de los fondos (el famoso “diezmo”), aprovechan las “rentas” que genera tener en sus manos un recurso escaso (dinero) y de esta manera condicionan los comportamientos de los receptores, obligándolos por ejemplo a acudir a actos políticos o dirigiendo el voto al caudillo de turno.

Para concluir, podemos volver a los números de multi y comprobar que una política de ingreso universal para eliminar la indigencia no reportaría costos prohibitivos. A esto no es trivial agregarle la reducción de las erogaciones que se presentan en cualquier sistema focalizado, por más honesto que sea, al intentar distinguir quiénes cumplen con las condiciones de acceso a la política y quiénes no. Finalmente, se le quitaría un combustible enorme a las prácticas clientelares que corroen la democracia. Ya no haría falta ir a ver al puntero (o manzanera) de turno ni cumplir con las condiciones de “reciprocidad” que imponen.

Desde ya que no suena muy simpático que el hijo de Macri reciba el mismo subsidio que el de doña Rosa en un asentamiento de La Matanza, pero lamentablemente ninguna política es perfecta y cualquier elección impone la necesidad de sopesar costos y beneficios. Dicha “injusticia” puede mitigarse fácilmente apelando a las múltiples herramientas que brinda el proceso presupuestario, sea incrementando la presión tributaria sobre los sectores más favorecidos o eliminando gastos que favorecen a los sectores más concentrados de la economía (como los subsidios a las exportaciones de la Barrick Gold o las enormes transferencias al oligopolio agroexportador).

Las políticas universales tienen, como se comentó más arriba, beneficios y costos. Pero quizá, entre estos últimos, se encuentre uno que aborte cualquier intento de avanzar a un esquema como el que propone multi: con las políticas universales, los aparatos electorales (de los cuales la maquinaria del PJ en el conurbano es el caso paradigmático, pero no el único) perderían una de sus tecnologías de manipulación política, económica y social de los que menos tienen.

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