El tipo de cambio le ganó a las instituciones

Tras el colapso de la Convertibilidad, la Argentina experimentó un notable proceso de crecimiento que se extendió hasta el cuarto trimestre de 2008, acumulando una expansión de casi 70%. Dicha trayectoria se sustentó, principalmente, en un fuerte salto inicial del tipo de cambio real (180% entre diciembre de 2001 y junio de 2002), lo cual generó un cambio de precios relativos que incentivó la contratación masiva de mano de obra, en una economía que presentaba una enorme capacidad ociosa de su stock de capital (47% en los 6 meses posteriores al estallido) y donde 1 de cada 4 argentinos en condición (y con voluntad) de trabajar estaba desocupado. Esta salida, en nuestra opinión, fue acertada. El país se encontraba ante una situación social dramática, y la prioridad no eran salarios altos que permitieran viajar a Miami, sino combatir el desempleo y bajar los alarmantes índices de pobreza que se habían alcanzado (57% tras la devaluación). El plan Jefas y Jefes de Hogar, con sus modestos $150, contribuyó a paliar la incidencia de la indigencia en buena parte de la población, pero por si solo no hubiera hecho la diferencia.

En los años subsiguientes, la economía mostró un gran dinamismo, la expansión continuó a tasas chinas y para el segundo trimestre de 2005 ya se habían recuperado los niveles de producción de 1998. A su vez, el famoso “contexto internacional”, a diferencia de otras épocas, ayudó: la economía global registró un fuerte crecimiento, sostenida por la enorme liquidez de los mercados internacionales impulsada por el accionar de la Fed, que hacia fines de 2000 inició un ciclo de relajamiento monetario que culminó a mediados de 2004 (el target de la tasa overnight cayó de 6,5% a 1% en el período).  La mayor demanda de productos locales proveniente de la expansión global se vio potenciada por el salto en los precios de las materias primas que, según el BCRA, en el período 2002/2008 se ubicaron 44% por encima del promedio de 1996/2001. El salto en el valor de las exportaciones permitió, pese a la recuperación de las importaciones, la acumulación de un saldo favorable de más de USD90.000 millones, que impulsó, hasta 2007, un crecimiento significativo de los agregados monetarios reales vis a vis una suba record en el nivel de reservas internacionales. La liquidez en el mercado local facilitó la realización de transacciones, en una economía que había atravesado, en 2001, un proceso de desmonetización que concluyó en una brutal recesión y que intentó ser suavizada con la aparición de las (tristemente) celebres cuasimonedas. La emisión monetaria resultante de la compra de divisas por parte del BCRA fue parcialmente esterilizada vía colocación de Lebacs y Nobacs, lo que, junto a la aún importante capacidad ociosa y a la política fiscal contractiva implementada desde el Tesoro, hasta 2006 evitó que la inflación se disparara en línea con la presión de la demanda agregada.

El proceso virtuoso de crecimiento alto, inflación y tasas bajas, desendeudamiento y acumulación de reservas vio sus primeras luces amarillas hacia fines de 2005, tras el contundente triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de mitad de mandato. El Gobierno leyó dicho triunfo como un cheque en blanco para la profundización del modelo, a partir de lo cual errores de política económica se combinaron con un marcado deterioro institucional para llevar al “modelo productivo” a su agotamiento hacia principios de 2008. El avance sobre las instituciones en los últimos años se materializó con medidas como, entre otras, la reforma del Consejo de la Magistratura, la asunción implícita de K como Ministró de Economía, la intervención del Indek, el Congreso “testimonial”, la alianza con Chavez y, más recientemente, la desprolija estatización del sistema previsional.

Esta destrucción, por momentos gradual y por momentos abrupta, de la calidad institucional tuvo efectos tanto directos como indirectos. Entre los primeros, la literatura consigna que al perder los agentes la confianza en los elementos constitutivos del sistema que ordena el comportamiento de los individuos (reglas formales, normas informales y los correspondientes enforcements), entre los que se incluyen los derechos de propiedad y la estabilidad en las reglas de juego, aumenta el costo de las transacciones y, por lo tanto, desalienta su realización afectando, en última instancia, el nivel de actividad. En la Argentina, el deterioro del clima de negocios gatilló una masiva fuga de capitales desde 2007 (USD43.000 millones), que se potenció por la peor crisis mundial desde la Gran Depresión. De esta manera, el ahorro interno, en lugar de destinarse a financiar la acumulación de capital local, se dirigió a solventar (lo digo un poco en broma y un poco en serio) el paquete de estímulo de Obama. Por otro lado, también hubo efectos indirectos, principalmente los que inducieron a groseros errores de política por el debilitamiento de los mecanismos institucionales de diseño de los cursos de acción a seguir. Al desaparecer el Ministerio de Economía, y ser reemplazado por K, Moreno et al., los necesarios ajustes para garantizar la sustentabilidad del crecimiento se volvieron inviables. Los superpoderes hicieron que el Presupuesto perdiera razón de ser, con lo que el manejo de los recursos públicos alcanzó un nivel de discrecionalidad astronómica. La política fiscal inició un sendero de descontrol, con un salto exponencial y permanente del gasto público que se financió con recursos que eran cuantiosos, pero temporarios. La moratoria previsional, las transferencias al sector privado y los gastos de capital hicieron saltar al gasto en 4 puntos del producto, incremento que se financió con los traspasos de recursos del régimen previsional privado al público (primero opcional, luego obligatorio) y la recaudación record por retenciones. La política fiscal tomó un sesgo fuertemente expansivo, dado que pese al superávit, el aumento del gasto se financió no con un aumento de la presión tributaria sobre los residentes, sino con precios extraordinarios de materias primas, que pagaban los importadores de dichos productos, y con flujos previsionales existentes que sólo se redireccionaban. Esto, junto al desincentivo a varios sectores por la política oficial intervencionista, la inflación “importada” y los precios atrasados por el tipo de cambio real que se mantenía en niveles elevados, ocasionó la aceleración de la inflación que fue uno de los factores que minó los cimientos del modelo.

Volvamos ahora al título del post. La política cambiaria favoreció la recuperación, pero sólo pudo sostenerse en el corto plazo, al no estar acompañada por un salto cualitativo en las instituciones que ordenan nuestro comportamiento (que no son sólo seguridad jurídica o confianza en el Gobierno, sino que incluyen también el capital social que logramos construir como nación). Al hacerse visibles los límites del modelo (primero inflación, luego pobreza y más tarde recesión), su capacidad para continuar mejorando los indicadores económicos y sociales se demostró insuficiente ante un marcado deterioro  en las expectativas, motivado por la arbitrariedad de las políticas públicas, la destrucción de los mecanismos de control gubernamentales, los cambios permanentes en las reglas y la incertidumbre sobre el rumbo futuro de la Administración. Pese a que se sostuvo el tipo de cambio real alto (de hecho, hoy se encuentra 120% por encima de diciembre de 2001), la economía se ralentizó aún antes del conflicto con el campo, entró en recesión con dicho episodio y recibió el golpe de gracia tras la caída de Lehman. Si bien es cierto que las regulaciones financieras previas y los superávits acumulados permitieron que la Argentina no colapsara pese a sufrir la mayor salida de capitales de su historia y encontrarse, a la vez, privada de los mercados voluntarios de deuda, un mejor clima institucional seguramente hubiera canalizado una parte no menor del ahorro interno hacia la inversión y hubiera suavizado el proceso de pérdida de liquidez que se observó en la economía desde el año pasado.

En nuestra opinión, el modelo productivo empezó bien. Pero el tipo de cambio, pese a ser uno de los precios más relevantes en una economía, no lo puede todo. Brasil, con todas sus contradicciones, lo entendío: fue generando un clima estable y previsible de negocios, en conjunción con políticas macro anti inflacionarias, micro pro productivas (con el BNDES como gran actor) y sociales orientadas a derrotar el terrible flagelo de la pobreza. Las instituciones jugaron un papel clave: la menor incertidumbre generó una afluencia de capitales (entraron USD23.000 millones en lo que va de 2009, mientras que de Argentina salieron casi USD13.000 millones), que junto a la estabilidad en la demanda de dinero, dejaron margen de acción para avanzar en una política monetaria/fiscal contracíclica, vía baja de tasas y aumento real del crédito, impulsado por la banca pública. Todo, claro, sin necesidad de sostener en niveles artificialmente depreciados al tipo de cambio y manteniendo una política de flotación libre. Nada de ello ocurre en nuestro país, donde si bien no hay riesgo de crisis financiera, los margenes de acción son acotados. La única manera de ubicarnos en un sendero de desarrollo de largo plazo es con instituciones sólidas, una macro estable y previsible, y políticas micro bien diseñadas para fomentar la competitividad no precio. Mientras sigamos privilegiando como mecanismo de desarrollo al tipo de cambio por sobre las instituciones, cada ciclo de crecimiento terminará en nuevas frustraciones, fracasos y promesas rotas.

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