¿Qué hacemos con los subsidios? 

No son pocos los analistas que recomiendan, ante su explosivo crecimiento, y el consiguiente riesgo que representan para la sustentabilidad de las cuentas públicas, la eliminación de los subsidios, particularmente al transporte y la energía (aunque no son los únicos). En efecto, según datos de la Secretaría de Hacienda, en los primeros 7 meses del año las transferencias al sector privado (léase, subsidios) se incrementaron en un 65% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el resto del gasto primario (excluyendo subsidios) lo hizo a un ritmo del 26%. Una dinámica que, de por si, no es sustentable en el tiempo. Los valores de las tarifas de los servicios públicos quedaron muy retrasados luego del movimiento de precios evidenciado desde la devaluación de 2002, aun tomando las cifras de inflación publicadas por el INDEK. En este sentido, el continuo incremento de los subsidios compromete seriamente el mantenimiento del superávit fiscal y no es claro que esta política pueda mantenerse en un contexto de moderación de la actividad económica, de la trayectoria alcista de los precios internacionales de los productos que la Argentina exporta o de la capacidad del BCRA de financiar al Tesoro vía transferencia de utilidades.

De todos modos, más allá de la factibilidad de sostenerlos o no, la conveniencia de subsidiar los servicios públicos es materia de debate. Por un lado, ciertos subsidios (e.g. transporte ferroviario) pueden generar externalidades positivas. Dados los elevados costos de capital fijo en algunas actividades, si se dejara que las tarifas fueran fijadas por el libre juego de la oferta y la demanda, probablemente se llegaría a un nivel de equilibrio muy superior al que se encuentra al alcance de los sectores más desfavorecidos de la población.

Sin embargo, pese a sus bondades, la actual política de subsidio generalizado en el AMBA (se le subsidia la energía eléctrica a Macri en Barrio Parque, a un individuo de clase media en Caballito o a un asalariado en Gonzalez Catán) presenta puntos discutibles en cuanto a equidad y transparencia, dado que se utilizan fondos públicos para subsidiar a consumidores que no lo necesitan, y a la vez, la política de asignación de fondos siempre deja espacio para la tentación de los funcionarios amigos de lo ajeno.

Desde ya, en un contexto económico “normal”, la política óptima pasaría establecer una fuerte regulación sobre los servicios públicos (dado que el consumidor no puede “votar con los pies”, porque en general es deseable que esta clase de servicios sean brindados en condiciones de monopolio u oligopolio), fijar tarifas que permitan cubrir los costos operativos, una retribución razonable al capital y un proceso de inversiones que genere mejoras continuas en el servicio, independientemente del carácter publico o privado del prestador. Adicionalmente, podría aplicarse una política de subsidios focalizados en los sectores más vulnerables de la población, que no los margine del disfrute de servicios esenciales.

La pregunta, entonces, es: ¿estamos en un contexto en el cual podríamos eliminar alegremente estos subsidios?. Lamentablemente, no es el caso.

El modelo instaurado en 2002, de TCR alto y salarios bajos en USD, generó un desfase entre los ingresos en ARS de la población y ciertos costos que se mantuvieron dolarizados. Muchos de estos analistas consideran que los precios en USD de, por ejemplo, el boleto de subte, debieran ser los mismos en la Argentina que en el resto de los países (como si  los ingresos en USD fueran los mismos!!!!!!).

Un reciente informe de Prefinex va en este sentido. En dicho trabajo se argumenta que el 40% de los subsidios va a los sectores de ingresos altos. Con semejante titulo, uno podría pensar que, ciertamente, dicho caudal de dinero es transferido a los vecinos privilegiados de Recoleta, Barrio Parque o Puerto Madero. Sin embargo, hurgando un poco entre líneas, se verifica que el nivel de ingresos que se considera para ser “rico” es de…..ARS 2000!!!.

Con un poco de sentido común, podemos pensar que, en la Argentina de hoy, ARS 2000 no representan una suma de ingresos que permita darse grandes lujos (e.g. viajes a la polinesia, cirugías plásticas para la esposa del privilegiado, cuantiosas sumas gastadas en shoppings, etc).

Realizando un sencillo ejercicio podemos estimar, quizá de forma un tanto imprecisa, el impacto que supondría, para un individuo con un ingreso de ARS 2000, la eliminación de los subsidios más representativos (energía eléctrica y transporte).

Supongamos que nuestro agente representativo realiza dos viajes en subte por día y paga una tarifa eléctrica promedio (asumimos que no utiliza trenes, aviones o cualquier otro servicio subsidiado). Haciendo algunos supuestos sobre algun tipo de agente representativo (viaja 2 veces por día en subte y tiene un gasto de energía promedio), podemos estimar un número de cómo se vería afectado. Digamos que nuestro agente “rico” que cobra ARS 2000 y es jefe de hogar, debería incrementar sus gastos, sólo en estos dos servicios, en unos ARS 165 mensuales, para eliminar el retraso que tienen las tarifas (se puede calcular analizando el IPC desde el último aumento de tarifas). No es difícil intuir que dicha cifra se incrementaría significativamente considerando la eliminación de los subsidios en el resto de los sectores alcanzados.

En un contexto inflacionario como el actual, resulta cuanto menos peligroso para la paz social generar un salto discreto en el nivel de precios (que no es inflación) de esta magnitud, que llevaría la inflación (ahora si), por los efectos de sucesivas rondas, a niveles insospechados (¿se acuerdan de un ministro allá por 1975?). Desde luego que se obtendría un poco de aire para las cuentas publicas, aunque el efecto global podría reducirse enormemente y hasta ser negativo, dada la necesidad de una tarifa social y nuevos planes de ayuda para una cantidad importante de personas que pasarían a la pobreza como consecuencia de la masiva escalada de precios, que golpearían claramente sobre la CBT.

El Gobierno acumuló distorsiones a lo largo de todos estos años, que eran inherentes al modelo que se estaba gestando (TCR alto y subsidios van necesariamente de la mano). Aun cuando es deseable eliminarlas, no es posible hacerlo en el corto plazo. La supresión gradual de los subsidios y las distorsiones en el funcionamiento del mercado sólo podrá concretarse, sin generar una guerra civil, en la medida que la economía logre ganancias de productividad, que permitan mejorar los salarios, y en un contexto de desaceleración de la tasa de inflación, para minimizar el costo de estas medidas, particularmente sobre la clase media y media-baja.