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  • multifernandez 3:52 pm el Saturday 9 · January · 2010 Permalink | Responder
    Etiquetas: Autonomía, , , , , , , , , ,   

    Lo que diga la Carta Orgánica no pincha ni corta 

    Un par de ideas que tiré en un comentario en el excelente blog de gA (http://www.saberderecho.com) para tratar de entender la cuestión de fondo en toda la rosca esta de Redrado y las reservas.
    1. De acuerdo con la ley 26.122, que regula el dictado de los DNU, un decreto tiene fuerza de ley hasta que el Congreso lo anule, si se da tal cosa, o la justicia lo declare inconstitucional por incumplimiento de la correcta fundamentación de la necesidad y la urgencia (u otro motivo).
    2. Una ley posterior (o norma con fuerza de ley) siempre sobreescribe a una anterior, por lo que toda disposición tendiente a buscar estabilidad normativa es inefectiva. Y allí donde haya conflictos prevalecerá la norma más reciente.

    Un ejemplo de esto es la Ley de Administración Financiera 24.156, que establece que ninguna ley de presupuesto podrá legislar sobre cuestiones permanentes; sin embargo, todos los años se modifica la LAF mediante artículos de las leyes de presupuesto.

    Otro ejemplo más relevante al caso: véase la cantidad de modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central introducidas por decreto. Téngase en cuenta además que hubo otros casos similares al decreto de remoción de Redrado del miércoles en que por un DNU se exceptúa por única vez el cumplimiento de un artículo de una ley, que de alguna forma introduce una modificación no permanente en tal ley. Véase al respecto el escandaloso 1472/08, especialmente el artículo 16 (dicha operación… quedará exceptuada de la limitación que contempla el inciso a) del artículo 19 de la Carta Orgánica del Banco Central), pero también los artículos 7, 8 y 15.

    No sería entonces un problema entonces que el decreto de remoción de Redrado se exceptúe a sí mismo de cumplir con el trámite de consultar a la comisión del Congreso a que refiere el artículo 9 de la Carta Orgánica del Central, puesto que se trata de una norma con fuerza de ley posterior a la CO. Y hay antecedentes de cosas así, como los del párrafo anterior.

    3. Dada la 26.122, los efectos de las medidas administrativas de los DNU son instantáneos (remover a Redrado) y no se revierten si el Congreso rechaza el DNU.
    4. Aún si la mierda llegara al ventilador y la oposición lograra llevar un DNU al Congreso, los números en el Senado son tales que es improbable que se le complique al gobierno en los términos del artículo 24 de la 26.122 que exige que ambas cámaras rechacen el decreto para que este se caiga (una cosa es 3 meses de ruralistas cortando rutas y otra el Golden atrincherado en el Central con el mismo directorio y los bancos diciéndole que se vaya). Esto vale en general para cualquier mamarracho administrativo que no tenga la llegada directa a un grupo importante de gente que tuvo la 125. (Y, si no, en general alcanzará con 1. 2. y 3. para lograr el cometido).

    Entonces,

    5. La 26.122 fue una gran jugada de Cristina. Al haber en los hechos aprobación tácita de los mismos y perdurar sus efectos aunque el Congreso los voltee, los DNU son una herramienta perfecta para implementar lo que se quiera y decirle alpiste a quien se queje.

    6. La oposición debería buscar en la justicia al menos la nulidad del artículo 24 de la 26.122, por el cual se requiere el rechazo de ambas Cámaras para neutralizar un DNU y por el que los derechos adquiridos durante la vigencia de un decreto permanecen a salvo aunque se lo rechace luego, y del artículo 17, que es el de la aprobación tácita y el que  más choca con la CN.

    El debate público no debería pasar entonces por si la Carta Orgánica dice tal o cual cosa sobre el proceso de remoción, o sobre si el DNU contradice el mandato del BCRA según su CO, ni tampoco siquiera sobre la composición de la bicameral de control (si no se rechazan los mencionados artículos antes). En lugar de ello debería irse urgentemente y por vía judicial a por los artículos 17 y 24 la 26.122, en función del espíritu de los artículos de la CN sobre los DNU, o bien, curtirse hasta que con el próximo recambio legislativo se pueda reglamentar como corresponde la facultad del PEN de dictar DNU.

    7. Es inútil discutir en este contexto lo que diga tal o cual ley, en tanto no estemos discutiendo medidas o disposiciones que tengan un efecto continuado en el tiempo (ej. una alícuota) y con buenas chances de llegar a la Corte, ganar y hacer todo esto en un tiempo razonable de manera tal que no se anule todo por la consumación de los hechos.

    En tal sentido, es inútil por completo hablar de la Ley de Presupuesto, la Ley de Administración Financiera, la Complementaria Permanente del Presupuesto, la Carta Orgánica del Central y todo el andamiaje legal de la administración pública.

    8. Si la herramienta para atacar a los DNU por la vía judicial va a ser la flojedad de los fundamentos de la necesidad y la urgencia, entonces la oposición va a gozar de una o dos balas de plata hasta que los K logren refinar la técnica y emitir decretos que la careteen aunque sea un poco y disminuyan, amén de amenazas e incentivos a los jueces, las probabilidades de que los mismos sean neutralizados por la justicia. Se hacen entonces más importante aún que se gane una herramienta real para el control de los DNU declarando inconstitucionales los artículos 17 y 24 de la 26.122.

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    • walras 3:58 pm el Sábado 9 · enero · 2010 Permalink | Responder

      Excelente post. La ley 26.122 es peligrosísima en manos de cualquier Gobierno (y ni que hablar en el caso de los K). Es una clara contradicción con el principio de división de poderes y debería irse inmediatamente por la modificación de los artículos citados.
      Mientras tanto, sigue la novela..no se sabe cómo va a terminar, pero es claro que, en el mejor de los casos, va a quedar como un papelón que confirma la pésima imagen que tenemos como país. Y explica por qué estamos como estamos pese a tener recursos naturales, una estructura industrial importante para un país en desarrollo y un nivel de capital humano, pese a todo, no menor.
      De cualquier modo, gracias al Dios Soja y a la inexistencia de desequilibrios macro insalvables, podemos estar tranquilos que, pase lo que pase, es muy difícil volver a tener otro 2001.

  • multifernandez 11:55 pm el Monday 10 · August · 2009 Permalink | Responder
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    Federalismo y transparencia 

    Sobre los déficits provinciales, Fernando dice en su blog que “si se quieren transferir más recursos a los gobiernos sub-nacionales, se debería explicitar un mecanismo de control de los gastos para que esta negativa conducta [procíclica] no se acentué“. El problema, lamentablemente, excede a lo exclusivamente normativo: ya hay mecanismos de control previstos en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (RFRF), que aunque limitados, serían de utilidad si se cumplieran para ver qué pasa con la situación de las provincias. Ocurre lo mismo que con el Fondo Anticíclico Fiscal: el fondo del que tanto se discutió en tiempos de Lavagna ya existe, fue creado en 1.999, y todos los años se dicta una ley suspendiéndose la aplicación.

    ¿Qué mecanismos de control están previstos por el RFRF pero no se aplican? Para empezar, algo bien básico: que los presupuestos provinciales sean públicos. Los presupuestos de las provincias (e información complementaria necesaria, como datos periódicos sobre la ejecución) debían publicarse en la web desde enero de 2005. Según un relevamiento de ASAP [.doc], sólo 6 de las 24 provincias publican dicha información. El MECON no ayuda, dado que los últimos datos disponibles fueron subidos recientemente y son de hace 6 trimestres. No es que no existan datos, sino que no los suben (algo relacionado y medio escandaloso es que ASAP haya publicado una bruta base de datos oficiales sobre las provincias que el MECON no facilita en su web), y en las pocas ocasiones en que eso sí pasa estamos frente a datos demasiado agregados, o presentados de forma tal que no se pueden trabajar, etc.. Estamos a un nivel de incumplimiento importante: se puede tranquilamente subir todo en PDFs imposibles de procesar y con formatos inconsistentes entre distintos años, manteniendo una ficción de transparencia sin tener que exponerse innecesariamente a que alguien efectivamente use el presupuesto para algo útil y te cuestione; esto es lo que hace el gobierno de Macri. Cumplir es muy fácil y casi libre de costos. Ahora bien, si se puede incumplir con los bajísimos requerimientos de información establecidos por ley en un distrito con el nivel de desarrollo político que tiene la Ciudad (esto es: el discurso de nueva política del PRO, el hecho de que la mayoría de los medios nacionales también sean locales (de la Ciudad) y se ocupen constantemente de lo que aquí ocurre, la disponibilidad de recursos humanos capacitados para procesar y hacer uso de esa información, la cercanía a un gobierno de signo contrario que podría estar interesado en hacer uso de sus recursos técnicos para escrachar a Macri y tantos otros factores que hacen que éste sea uno de los distritos donde más esperable sería que se desarrolle una cultura presupuestaria real), ¿qué se puede esperar y pedir de Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y tantos otros?

    El panorama es complicado: no parece que sea muy probable lograr un masivo cambio de actitud en las administraciones provinciales, menos aún con un gobierno nacional que 1. es anti-estadísticas y 2. busca activamente mecanismos para incumplir normas que podrían restarle poder de negociación con las provincias. Tampoco es esperable, creo, una mejora a un plazo mayor. Debemos preguntarnos entonces si los déficits de hoy no hubieran sido mayores en otro contexto (la distribución de recursos con la Nación es la más desfavorable de la historia para las provincias), y si no sería mejor, hasta tanto se afiancen las instituciones locales de control, pensar en menos y no más descentralización, recuperando algunas de las responsabilidades transferidas a las provincias.

     
  • multifernandez 3:13 pm el Monday 27 · July · 2009 Permalink | Responder
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    Ingreso básico para menores 

    Con este post respondo al artículo de Datos Duros sobre las políticas universales.

    En primer lugar, para ver la factibilidad de estos proyectos que han sido ampliamente apoyados por Proyecto Sur, el Acuerdo Cívico y Social y hasta el narcoperonismo (en una versión más amplia), voy a tirar un par de números para hacernos una idea sobre el tema de que estamos hablando.

    Usando los datos del INDEC, ajustando la cantidad de menores de 18 de 2001 por el crecimiento poblacional de las estimaciones que publican tenemos 13.470.000 menores actualmente. La canasta básica alimentaria de junio, según el INDEC, es de 144$. Planteemos un objetivo bien modesto que es evitar la indigencia y otorguemos entonces 145$ a cada menor. Casualmente, es el mismo número que surge de multiplicar las necesidades calóricas de los menores por una CBA calculada de una manera razonable y no al estilo INDEC. En definitiva, hablamos de 25.400 millones de pesos. La cifra representa más o menos un 2,4% del PBI.

    ¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento?

    Una primera medida sería afectar los ingresos por asignaciones familiares, que representan un ~7,5% del salario en blanco y son pagadas por el empleador. No todos los ingresos por asignaciones se destinan hoy a este fin, por lo que usar estos fondos implicaría una reducción leve del resultado de la ANSES. En el año que termina en junio de 2009 esto da 11.550 millones.

    Por el lado de programas presupuestarios, la necesidad de los programas de Seguridad Alimentaria, Familias por la Inclusión Social, Pensiones no contributivas para madres de más de 7 hijos entre otros dejan de tener razón de ser en su mayor parte, por lo que sus créditos se afectan al ingreso básico y se obtiene de esa manera 6.300 millones de pesos adicionales de financiamiento.

    Gravar la renta financiera proveería de 1.000 millones de pesos adicionales al Tesoro y 700 millones a la ANSES (que compensan la caída en el resultado por la afectación de la totalidad de los ingresos por asignaciones familiares al ingreso básico). Habría otros ingresos por ganancias: el 35% de todo lo que se pague por ingreso básico a los hogares de mayor poder adquisitivo, que son unos 170 millones, más unos 500 millones adicionales por la eliminación de las exenciones en ganancias.

    La reducción del ahorro en la ANSES implica un aumento en la recaudación directa por IVA de unos 850 millones entre Tesoro y ANSES.

    Los ingresos del Tesoro por esta pequeña reforma impositiva son de 20.700 millones. El resto puede afrontarse con el resultado del gobierno, o bien afectando parte de los ingresos actuales de la ANSES por el pacto fiscal. Afectar sólo un tercio de los ingresos por el pacto fiscal a esto implicaría generar más de 8.000 millones de pesos de recursos que salen del superávit de la ANSES. Esto es altamente justificable por los argumentos de Kritz en su informe de julio, por tratarse de asumir los costos de políticas sociales que realizan hoy las provincias con mayor equidad y por los aumentos que se producirán en consecuencia en la recaudación de las provincias.

    En todo momento, téngase en cuenta, disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. El aumento en los recursos de las provincias está en el orden de los 7.000 millones de pesos, lo que es una proporción importante del déficit que se estima para este año.

    Con esto mostrarmos que no hace falta expropiar a nadie para financiar esto, aceptamos el mote de carísima que le ponen en Datos Duros y rechazamos el de abstracta por haber demostrado un esquema de financiamiento posible y razonable. Al respecto, el “culo que va a sangrar” (el nuevo financiamiento) estaría provisto en mitades más o menos iguales por el resultado de la ANSES y por quienes hoy gozan de exenciones poco justificables en el pago del impuesto a las ganancias, y juzgo más aceptable el eliminar la exención de ganancias a los que cobran intereses por la deuda pública que estafarlos con el ajuste del capital por CER cuando cobren dentro de 20 años. En próximos posts proseguiremos con la discusión sobre este asunto.

     
    • Musgrave 6:29 pm el Lunes 27 · julio · 2009 Permalink | Responder

      Segun datos oficiales del mecon, gravar la renta financiera rendiría 1000 millones por depositos, 2900 millones por titulos publicos a lo que se sumarían la renta por compra venta de acciones no estimada.
      saludos

      • multifernandez 8:13 pm el Lunes 27 · julio · 2009 Permalink | Responder

        Sí, por eso lo separé en Tesoro y ANSES. El resto va a las provincias, y también se reparte por el pacto fiscal. Pensá que Ganancias primero manda una proporción considerable de lo recaudado a las provincias, luego el pacto fiscal (actualmente ANSES pero en veremos por la situación política) y luego a la coparticipación secundaria. Lo que queda para el Tesoro no es tanto a pesar de que el MECON estima más de 4.000 millones de piso.

        Gracias por volver!

    • Charlie Boyle 3:17 am el Martes 28 · julio · 2009 Permalink | Responder

      Creo que se olvidan de los planes actualmente existentes que son de asistencia al mismo sector no nacionales

      • multifernandez 9:55 am el Martes 28 · julio · 2009 Permalink | Responder

        Hola Carlos, gracias por comentar. Si bien no entré en detalles, en el post puse disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. Esto iba por el lado que mencionás. Hoy hay políticas sociales descoordinadas al nivel provincial y hasta municipal (uno de los argumentos para designar ministro provincial de desarrollo social al ahora ex intendente de Avellaneda Baldomero Álvarez era su exitoso programa de ayudas y becas). Esto no lo podemos contar dentro del sector público nacional, pero sí es posible que el financiamiento que se desafecte de las políticas sociales subnacionales alivien parcialmente algunos gastos en el nivel nacional por transferencias para obras (p. ej. los de obras locales) u otros motivos.

    • Johnd639 11:15 am el Miércoles 30 · julio · 2014 Permalink | Responder

      I have to agree with your statement with this issue and fgfdaacecadk

  • martinvauthier 10:42 pm el Thursday 4 · September · 2008 Permalink | Responder
    Etiquetas: Autonomía, , , ,   

    Club de París: ¿y ahora..? 

    Luego del (saludable) debate acerca de la conveniencia o no del pago cash con reservas al CP, podríamos intentar repasar algunas implicancias de dicho anuncio, con la comodidad de que, transcurridos dos días hábiles del anuncio, tenemos algunos datos sobre las primeras reacciones de los agentes involucrados (dos días, claro está, no pueden marcar tendencia, pero nos dan una somera idea del impacto de la noticia).
    ¿Qué pasó, entonces?
    Lejos de un shock de confianza, tanto el dólar como los bonos y las acciones tuvieron comportamientos marcadamente negativos.
    La divisa norteamericana pegó un “saltito” de dos centavos en el segmento mayorista, aunque fue rápidamente controlado por el BCRA. Esto ocurrió en parte por las dudas vinculadas a la trayectoria futura del TCR, que pierde competitividad aceleradamente (lo que impulsaría una corrección al alza), sumado a que en algún momento el Central saldrá a recomponer reservas, presionando sobre la demanda.
    En el caso del MERVAL, el anuncio cayó en un mal momento global y, los “beneficios”, si es que los hubo, se diluyeron ante el pésimo desempeño que tuvieron las compañías vinculadas al sector petrolero (o proveedoras de insumos), que tienen un peso enorme en la composición del índice.
    El caso de los bonos es más ilustrativo. En la jornada de ayer perdieron un 2% de su valor en promedio, mientras que hoy se registraron bajas particularmente importantes en el caso del Discount en ARS (-3.1%) y el Bogar 2018 (-2.2%). ¿Cómo? ¿no era que a partir de la cancelación de la deuda con el CP íbamos a demostrar voluntad de pago y eso iba a despejar un poco el horizonte? ¿Cómo es posible que los mercados no se hayan dado por enterados? Bueno, si, el mercado se dio por enterado. Los funcionarios de los países integrantes del Club salieron a aplaudir la decisión (obvio, cómo no vas a aplaudir cuando te pagan en cash una deuda???), aunque dejaron en claro que la deuda es de USD 7.900 mill. (los USD 6.700 que anuncio Cristina serían el capital y los intereses vencidos a la fecha). Pero en los centros financieros, todo siguió igual. O aun peor. Circularon varios informes que conjeturan que está decisión se hizo para evitar auditorias mas que para mostrar un compromiso real de pago. Intencionados o no, dichos informes son muy tenidos en cuenta por quienes toman las decisiones. Por otro lado, la decisión se tomó a puertas cerradas sin consultar a Redrado, con lo cual quedó en claro que no existe la autonomía del BCRA y que el verdadero dueño de las reservas es el Tesoro. Esto último tiene una implicancia no menor. Desde la concreción del canje, los holdouts vienen intentando cobrarse su deuda por varias vías. Una de ellas, las RRII del BCRA. El Gobierno siempre argumentó que dichas reservas no pertenecían al sector público no financiero, sino al BCRA y, como en teoría el ente monetario es autónomo, no podía disponer libremente de ellas. Con el anuncio del miércoles, queda en claro que, de facto, el Tesoro puede disponer como desee de dichas reservas, parte de las cuales se denomina, por exceder el respaldo de la BM, de “libre disponibilidad”. Nombre curioso si las reservas son del Central, ¿no?. Esta delicia para los abogados de los fondos buitres se ve avalada, además, por un error grosero en la redacción del decreto (Zannini, hello!). Allí se consigna que el pago se realizará con “reservas del BCRA”, en lugar de aclarar que el Tesoro se las “comprará” mediante una letra. Así, se confirma que el Tesoro puede disponer discrecionalmente, en el tiempo y la forma que le plazca, de las reservas del Central. El decreto puede enmendarse, pero queda el antecedente y puede usarse como elemento en un juicio.
    Otra perlita, que en un país con un mínimo respeto a las leyes generaría un escándalo: las reservas de libre disponibilidad son una figura legal que se creó luego del pago al fondo y su uso queda restringido al pago de deuda a organismos internacionales (BID, BM, CAF). El CP no es un organismo internacional, sino algo así como un conjunto de países que discuten “informalmente” cuestiones relacionadas a deudas comunes. Sin embargo, dado que vivimos en Argentina, es poco probable que esta traba jurídica genere algún ruido.
    Ah, y dado que hay dudas sobre el financiamiento del año que viene (justificadas o no, lo planteamos en otro post), no parece ser la mejor opción pagar deuda que era posible refinanciar, y cuya regularización sólo abre la puerta a préstamos corporativos (siii, tren bala incluido!!). No genera acceso inmediato a los mercados voluntarios y se utilizan reservas que, en última instancia, pueden servir como una garantía (al menos en los papeles) de cierre de las necesidades de financiamiento del año que viene.
    Finalmente, ¿qué tendría que pasar para recuperar la confianza entonces? Dejar de manipular las cifras de inflación, y que de a poco converjan al valor real. Para atrás no podés sincerar porque estarías avalando un default de facto, lo que dejaría las puertas abiertas a infinidad de juicios. En el caso de los holdouts, debería evitarse reabrir el canje, o tendría que hacerse en condiciones mucho peores que en el primer canje. En su mayoría son fondos cuyo negocio es litigar, y que en su momento no dudaron en timbear al 13% en dólares en un país que se venía a pique (a mayor riesgo mayor tasa, ¿o no lo sabían?).
    Por otro lado, el Gobierno debiera despejar las dudas sobre la trayectoria fiscal, con un gasto creciendo a un ritmo más cercano al del PIB nominal (no se pide un ajuste, sólo una moderación). Y tiene que atacar, de una vez por todas, el tema de la infla (nuestro amigo Elemaco, por ejemplo, propone un plan de estabilización). La reacción final y los efectos que traerá en el mediano plazo está decisión aun son inciertos. Pero podemos aventurar que si el Gobierno no da un giro copernicano en su política, el supuesto efecto positivo de esta decisión se diluirá rápidamente. Los costos quedarán. Y todo seguirá igual. O peor.

     
    • Ulrich 1:52 pm el Viernes 5 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Bueno, ha cubierto usted el tema legal de este bendito pago! Hay fiesta para los abogados de los holdouts. Especialmente porque les vamos a estar mandando avioncitos estatales listos para embargar! Bueno, no los aviones porque son alquilados, pero la caja que generen, o los pagos que tenga que hacer AA a las terminales van a enfrentar embargos judiciales a mansalva.

    • walras 10:08 pm el Viernes 5 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Ulrich, como usted bien dice, les hicimos un tremendo regalo. Y fijese lo que es la política de desendeudamiento. Pagamos cash una deuda que podía refinanciarse al 6%. Claro que algo ahorramos de intereses, pero si consideramos que, al mismo tiempo, dejamos de percibir los intereses por las reservas (el año pasado el rendimiento fue de alrededor del 7%, más de lo que nos cobraría el Club de París!).
      Volviendo al tema AA.. el Gobierno festeja la cancelación de una deuda, pero al mismo tiempo asume un pasivo privado/extranjero de USD 900 mill. , a lo cual hay que sumarle el déficit operativo de la empresa en los próximos meses, y una importante inversión si se la quiere hacer rentable (hoy está vaciada, y para colmo de males el negocio de la aeronavegación pasa por un pésimo momento a nivel mundial. ¿Desendeudamiento o endeudamiento? ¿en qué quedamos?

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