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  • martinvauthier 9:30 pm el Wednesday 29 · July · 2009 Permalink | Responder
    Etiquetas: derechos, equidad, , , , , políticas sociales, , , , ,   

    ¿Políticas universales o focalizadas? 

    No podemos (intentar) responder a semejante pregunta si previamente no la inscribimos dentro del marco más amplio del debate acerca del rol del Estado en el mundo contemporaneo, incluyendo el alcance y la profundidad de su accionar.

    Las políticas universales fueron moneda corriente durante la vigencia del paradigma fordista-keynesiano, apuntando básicamente a asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, facilitar el matcheo entre oferta y demanda en el mercado de trabajo y garantizar la cohesión social en un modelo de acumulación basado en la producción en serie y el consumo de masas. No es casual que el Estado tomara a su cargo la provisión de salud y educación de calidad, en tanto aseguraba beneficios sociales (e.g. asignaciones familiares o sistema provisional de reparto) organizados en torno a un mercado laboral que no presentaba  mayores tensiones. En nuestro país, más allá de los retrocesos y el caos imperante en otros ordenes, el pleno empleo, los salarios reales variables pero elevados y la cobertura social caracterizaron la sociedad que se configuró hasta finales de los años 70. La educación universal, la salud pública y la estabilidad laboral allanaron el camino para el ascenso de una clase media muy poco común en América Latina, y dieron esperanzas de ascenso social (que muchas veces se materializaban) a los sectores más postergados. La pobreza alcanzaba al 5% de los hogares en 1960 (vs. el 50% en LATAM), en tanto que el coeficiente de Gini (medida de la desigualdad en la distribución del ingreso) se ubicaba en 0.41, contra 0.57 en el Brasil de ese entonces. En estas condiciones, es claro que no había necesidad de políticas selectivas o focalizadas, ya que más allá de un núcleo duro muy pequeño de pobreza estructural, el propio Estado apuntaba, con sus más y con sus menos, a garantizar la igualdad de oportunidades como medio para la reproducción del sistema.

    Con el cambio de paradigma operado a nivel mundial, cuyos efectos comenzaron a sentirse en el país hacia fines de los 70 y se profundizaron dramáticamente en los 90, la situación dio un giro de 180 grados. Tanto la pobreza como la desigualdad se dispararon, en un contexto donde la restricción presupuestaria obligaba a recortar el gasto social, y el trabajo formal, acreedor de los beneficios que aún se mantenían, abarcaba un subconjunto cada vez más pequeño de la PEA.

    Esto reabrió el debate sobre la mejor manera de orientar los recursos sociales. Las políticas focalizadas van de la mano con el neoliberalismo, donde se plantea que deben optimizarse al máximo los recursos escasos destinados al área y asegurarse que los fondos lleguen a quienes se encuentran en una situación tan dramática que los necesitan desesperadamente. Asimismo, a la par de la explosión de las tensiones sociales, estas políticas buscaron convertirse en un medio de “administrar” la pobreza que crecía, evitando de esta manera caer en estados de inestabilidad política y/o social. La acción del Estado abandonó el ámbito a los derechos sociales adquiridos (e.g. garantizar un cierto nivel de educación, un esquema previsional solidario, etc) para adoptar un enfoque asistencialista. Esta focalización del gasto social en un subconjunto muy específico de la población (los más pobres) generó un caldo de cultivo inédito para las prácticas clientelares y corruptas, que consolidaron en muchos casos estructuras políticas eternas a nivel municipal y provincial. Se extendió la cultura de la dadiva, y el gasto social dejó de ser un derecho para convertirse en un favor que debe retribuirse de algún modo. Al ser tan bajo el poder de “lobby” de los beneficiarios de estas políticas selectivas, por tratarse de los estratos más postergados del tejido social, la distribución de los fondos queda fácilmente en manos de una red de burócratas y punteros políticos con poder territorial que, además de quedarse con parte de los fondos (el famoso “diezmo”), aprovechan las “rentas” que genera tener en sus manos un recurso escaso (dinero) y de esta manera condicionan los comportamientos de los receptores, obligándolos por ejemplo a acudir a actos políticos o dirigiendo el voto al caudillo de turno.

    Para concluir, podemos volver a los números de multi y comprobar que una política de ingreso universal para eliminar la indigencia no reportaría costos prohibitivos. A esto no es trivial agregarle la reducción de las erogaciones que se presentan en cualquier sistema focalizado, por más honesto que sea, al intentar distinguir quiénes cumplen con las condiciones de acceso a la política y quiénes no. Finalmente, se le quitaría un combustible enorme a las prácticas clientelares que corroen la democracia. Ya no haría falta ir a ver al puntero (o manzanera) de turno ni cumplir con las condiciones de “reciprocidad” que imponen.

    Desde ya que no suena muy simpático que el hijo de Macri reciba el mismo subsidio que el de doña Rosa en un asentamiento de La Matanza, pero lamentablemente ninguna política es perfecta y cualquier elección impone la necesidad de sopesar costos y beneficios. Dicha “injusticia” puede mitigarse fácilmente apelando a las múltiples herramientas que brinda el proceso presupuestario, sea incrementando la presión tributaria sobre los sectores más favorecidos o eliminando gastos que favorecen a los sectores más concentrados de la economía (como los subsidios a las exportaciones de la Barrick Gold o las enormes transferencias al oligopolio agroexportador).

    Las políticas universales tienen, como se comentó más arriba, beneficios y costos. Pero quizá, entre estos últimos, se encuentre uno que aborte cualquier intento de avanzar a un esquema como el que propone multi: con las políticas universales, los aparatos electorales (de los cuales la maquinaria del PJ en el conurbano es el caso paradigmático, pero no el único) perderían una de sus tecnologías de manipulación política, económica y social de los que menos tienen.

     
  • multifernandez 3:05 pm el Tuesday 28 · July · 2009 Permalink | Responder
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    Ingreso básico II 

    Datos Duros dice del ingreso básico:

    La propuesta (…) nos parece (…) regresiva: por principio de Universalidad la percibirían todos, los nietecitos bruñidos de Paolo Rocca, y los nietecitos mocosos de la Pocha del comedor de Altos de San Lorenzo.

    Para analizar la propuesta hay que ver cómo cambia en forma neta las transferencias recibidas del Estado para cada tipo de familia. No se puede decir “145$ es una miseria” o “le estás dando plata a los nietos de Paolo Rocca, ergo derrochás” sin ver el efecto neto. Es sencillo: hay que ver cuánto recibiría cada uno con la propuesta, cuánto recibe hoy, y qué porcentaje respecto de su ingreso representa.

    Por ejemplo, una familia con dos menores cuyos responsables carecen de empleo formal hoy percibe por el Plan Familias 200$, si son 5 los menores perciben por esto 335$. En el primer caso pasa a recibir 290$ (45%+) y en el segundo 725$ (116%+). Por supuesto, los incrementos son menores dado que las familias cuentan con otros ingresos, pero si los nietos de Paolo Rocca también estuvieran bajo el Plan Familias las nuevas transferencias netas como proporción de su ingreso sería menor, y posiblemente usen esos billetes para sonarse la nariz.

    Pero el Plan Familias sólo llega a 700.000 familias, y hoy las estimaciones más conservadoras hablan de que 30% de la población es pobre (y cerca del 50% de los menores). Por otro lado, las madres con 7 hijos o más que se encuentran percibiendo pensiones no contributivas hoy reciben 110$ por hijo.

    Mientras tanto, los nietos de Paolo Rocca también gozan de subsidios del estado, aunque distintos. Como ya señalaron algunos comentaristas en Datos Duros, hoy ellos gozan de unos 146$ por mes cada uno por deducciones de ganancias (las deducciones operan achicando la base imponible, saliendo el 146$ de aplicarle a ese cambio en la base imponible de 5.000$+ anuales por la eliminación de la exención la alícuota del 35%). Y las transferencias por la propuesta, netas del cobro de ganancias, son de 94$. Es decir, aumenta ligeramente la presión por este lado.

    Finalmente, hay que tener en cuenta que el promedio de hijos por hogar en el primer decil es de 2,1, mientras que en el más rico es de 0,4.

     
  • multifernandez 3:13 pm el Monday 27 · July · 2009 Permalink | Responder
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    Ingreso básico para menores 

    Con este post respondo al artículo de Datos Duros sobre las políticas universales.

    En primer lugar, para ver la factibilidad de estos proyectos que han sido ampliamente apoyados por Proyecto Sur, el Acuerdo Cívico y Social y hasta el narcoperonismo (en una versión más amplia), voy a tirar un par de números para hacernos una idea sobre el tema de que estamos hablando.

    Usando los datos del INDEC, ajustando la cantidad de menores de 18 de 2001 por el crecimiento poblacional de las estimaciones que publican tenemos 13.470.000 menores actualmente. La canasta básica alimentaria de junio, según el INDEC, es de 144$. Planteemos un objetivo bien modesto que es evitar la indigencia y otorguemos entonces 145$ a cada menor. Casualmente, es el mismo número que surge de multiplicar las necesidades calóricas de los menores por una CBA calculada de una manera razonable y no al estilo INDEC. En definitiva, hablamos de 25.400 millones de pesos. La cifra representa más o menos un 2,4% del PBI.

    ¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento?

    Una primera medida sería afectar los ingresos por asignaciones familiares, que representan un ~7,5% del salario en blanco y son pagadas por el empleador. No todos los ingresos por asignaciones se destinan hoy a este fin, por lo que usar estos fondos implicaría una reducción leve del resultado de la ANSES. En el año que termina en junio de 2009 esto da 11.550 millones.

    Por el lado de programas presupuestarios, la necesidad de los programas de Seguridad Alimentaria, Familias por la Inclusión Social, Pensiones no contributivas para madres de más de 7 hijos entre otros dejan de tener razón de ser en su mayor parte, por lo que sus créditos se afectan al ingreso básico y se obtiene de esa manera 6.300 millones de pesos adicionales de financiamiento.

    Gravar la renta financiera proveería de 1.000 millones de pesos adicionales al Tesoro y 700 millones a la ANSES (que compensan la caída en el resultado por la afectación de la totalidad de los ingresos por asignaciones familiares al ingreso básico). Habría otros ingresos por ganancias: el 35% de todo lo que se pague por ingreso básico a los hogares de mayor poder adquisitivo, que son unos 170 millones, más unos 500 millones adicionales por la eliminación de las exenciones en ganancias.

    La reducción del ahorro en la ANSES implica un aumento en la recaudación directa por IVA de unos 850 millones entre Tesoro y ANSES.

    Los ingresos del Tesoro por esta pequeña reforma impositiva son de 20.700 millones. El resto puede afrontarse con el resultado del gobierno, o bien afectando parte de los ingresos actuales de la ANSES por el pacto fiscal. Afectar sólo un tercio de los ingresos por el pacto fiscal a esto implicaría generar más de 8.000 millones de pesos de recursos que salen del superávit de la ANSES. Esto es altamente justificable por los argumentos de Kritz en su informe de julio, por tratarse de asumir los costos de políticas sociales que realizan hoy las provincias con mayor equidad y por los aumentos que se producirán en consecuencia en la recaudación de las provincias.

    En todo momento, téngase en cuenta, disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. El aumento en los recursos de las provincias está en el orden de los 7.000 millones de pesos, lo que es una proporción importante del déficit que se estima para este año.

    Con esto mostrarmos que no hace falta expropiar a nadie para financiar esto, aceptamos el mote de carísima que le ponen en Datos Duros y rechazamos el de abstracta por haber demostrado un esquema de financiamiento posible y razonable. Al respecto, el “culo que va a sangrar” (el nuevo financiamiento) estaría provisto en mitades más o menos iguales por el resultado de la ANSES y por quienes hoy gozan de exenciones poco justificables en el pago del impuesto a las ganancias, y juzgo más aceptable el eliminar la exención de ganancias a los que cobran intereses por la deuda pública que estafarlos con el ajuste del capital por CER cuando cobren dentro de 20 años. En próximos posts proseguiremos con la discusión sobre este asunto.

     
    • Musgrave 6:29 pm el Lunes 27 · julio · 2009 Permalink | Responder

      Segun datos oficiales del mecon, gravar la renta financiera rendiría 1000 millones por depositos, 2900 millones por titulos publicos a lo que se sumarían la renta por compra venta de acciones no estimada.
      saludos

      • multifernandez 8:13 pm el Lunes 27 · julio · 2009 Permalink | Responder

        Sí, por eso lo separé en Tesoro y ANSES. El resto va a las provincias, y también se reparte por el pacto fiscal. Pensá que Ganancias primero manda una proporción considerable de lo recaudado a las provincias, luego el pacto fiscal (actualmente ANSES pero en veremos por la situación política) y luego a la coparticipación secundaria. Lo que queda para el Tesoro no es tanto a pesar de que el MECON estima más de 4.000 millones de piso.

        Gracias por volver!

    • Charlie Boyle 3:17 am el Martes 28 · julio · 2009 Permalink | Responder

      Creo que se olvidan de los planes actualmente existentes que son de asistencia al mismo sector no nacionales

      • multifernandez 9:55 am el Martes 28 · julio · 2009 Permalink | Responder

        Hola Carlos, gracias por comentar. Si bien no entré en detalles, en el post puse disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. Esto iba por el lado que mencionás. Hoy hay políticas sociales descoordinadas al nivel provincial y hasta municipal (uno de los argumentos para designar ministro provincial de desarrollo social al ahora ex intendente de Avellaneda Baldomero Álvarez era su exitoso programa de ayudas y becas). Esto no lo podemos contar dentro del sector público nacional, pero sí es posible que el financiamiento que se desafecte de las políticas sociales subnacionales alivien parcialmente algunos gastos en el nivel nacional por transferencias para obras (p. ej. los de obras locales) u otros motivos.

    • Johnd639 11:15 am el Miércoles 30 · julio · 2014 Permalink | Responder

      I have to agree with your statement with this issue and fgfdaacecadk

  • multifernandez 11:10 pm el Wednesday 24 · September · 2008 Permalink | Responder
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    No te voy a decir qué ganan, pero te tiro una idea 

    Más del discurso oficial – 18 de JUNIO

    Cristina: “No he firmado decretos de necesidad y urgencia”

    La Mandataria lo destacó como “una contribución a la calidad institucional”.

    Cuesta mucho ser optimista. Esta es la peor forma del “derrame”. Antes, por lo menos, tenías planes trabajar…

    El PEN subestima los recursos en el presupuesto todos los años; este año ya va un aumento en los recursos vigentes del 26% (y hay que ver si no hay más). Más o menos a esta altura de cada año, reparten el dinero sobre el que el Congreso no debatió. Salió con DNU finalmente. La tabla indica cuánto creció el crédito de las jurisdicciones respecto de lo que se votó en el Congreso.

    35 Min. de Relac. Ext, Com. Internac. y Culto 5% Efecto jazz.
    10 Ministerio Público 7% Mejor pagáte un abogado por tu cuenta.
    71 Ministerio de CyT 9% Casi todo CONICET: ARS 107 millones.
    90 Servicio de la deuda pública 9%
    30 Ministerio del Interior 12%
    85 Ministerio de Desarrollo Social 12% ARS 940 millones. Pensiones no contributivas se llevan más de la mitad. El único programa más o menos orientado al desarrollo social (“seguridad alimentaria”) recibe 234 millones. Un monto claramente suficiente. Un auténtico dineral. Sobre todo con lo eficiente que es la actual administración.
    40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 13% Va todo a las fuerzas de seguridad.
    20 Presidencia de la Nacion 14%
    45 Ministerio de Defensa 15%
    75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social 16% ANSES: ARS 9.900 millones.
    80 Ministerio de Salud 16% ARS 530 millones, casi todo a atención de ex-combatientes.
    5 Poder Judicial de la Nacion 17% Mejor pagáte un juez por tu cuenta.
    70 Min. de Educ., Ciencia y Tecnología 24% ARS 2.250 millones: universidades (1.400) y salarios.
    1 Poder Legislativo Nacional 25%
    25 Jefatura de Gabinete de Ministros 27%
    56 Min. de Planif. Fed, Inv. Pública y Serv. 51% Casi todo subsidios: ARS 9.470 millones. Energía, trenes, colectivos, camiones, aerolíneas.
    50 Ministerio de Economia y Producción 80% Subsidios a sojeros (ONCCA), ARS 2.000 millones.
    91 Obligaciones a cargo del Tesoro 86% Casi todo subsidios: ARS 6.502 millones a AySA, ENARSA, subsidios a la energía, etc.
    Total general 25%
    Zapatazo

    Zapatazo

     
  • multifernandez 6:00 pm el Wednesday 10 · September · 2008 Permalink | Responder
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    Tendencia secular al deterioro de las instituciones II 

    Parte I

    Otras formas en que se distorsiona la transparente asignación de recursos entre la nación y las provincias viene de la mano de fondos especiales con objetivos específicos. Por ejemplo, las obras de infraestructura a ser financiadas con los recursos del fondo fiduciario del sistema de infraestructura de transporte (financiado antes con el impuesto al gasoil y hoy en partes iguales con ese impuesto y rentas generales), los subsidios a las empresas de transporte, otras transferencias para obras en los sistemas eléctricos y demás usaban los coeficientes de la ley de coparticipación (o bien esquemas similares pero con coeficientes diferentes). Todo esto empeoró considerablemente con la ronda de superpoderes nacidos de la crisis de 2001 y la vuelta de Cavallo: se crearon numerosos fondos de esta clase, que hoy representan una parte muy importante del presupuesto total. En esos casos, la decisión sobre la distribución territorial de los recursos se alejó cada vez más del ámbito de discusión parlamentario. Pasa de la ley de coparticipación a leyes comunes, de leyes comunes a decretos y resoluciones ministeriales o de secretarías y a disposiciones de entes menores. A veces los coeficientes son determinados sobre la base de alguna otra variable externa, sin que se analice la razonabilidad de que esa variable determine el criterio de financiación de las provincias. Otras medidas tomadas en función de la última crisis son los superpoderes de reasignación de partidas (artículo 37 de la ley de administración financiera), que al combinarse con la carencia total de información sobre la ejecución presupuestaria básicamente da un cheque en blanco al gobernante para hacer lo que quiera sin controles, las distintas disposiciones sectoriales (como en transportes) relativas a la emergencia económica, que por motivos “de excepción” asigna recursos sin su discusión en el congreso. Todo esto iba en contra de algunas medidas menores tendientes a ampliar los límites de los recursos del sector público nacional sujetos a discusión, mediante la inclusión de algunos fondos y organismos omitidos por las leyes de presupuesto.

    Mientras tanto, el Estado se encontró con que en las crisis era más difícil recaudar. Entonces no sólo hubo normas de emergencia para regular el gasto de forma tal que se paliaran los déficits más agudos y las situaciones sociopolíticamente más delicadas, sino que se generaron instrumentos de financiación que, al carecer jurídicamente de carácter tributario, no pertenecían a los recursos “coparticipables” (o distribuibles vía el mazacote normativo de ese conjunto de leyes). Al reducirse la proporción de recursos que el estado se veía obligado a girar automáticamente a las provincias, fueron necesarios mecanismos alternativos para transferir esos fondos. Por ejemplo, antes la porción de uno de los fondos fiduciarios destinada a financiar obras viales se distribuía entre las provincias con coeficientes fijos. Luego pasó a ser la DNV en sí misma la que desarrollaba las obras, de acuerdo a convenios con las provincias. Algunos programas presupuestarios incluyeron transferencias automáticas de montos considerables para permitir a las provincias el desarrollo de las funciones básicas. Por estos motivos, ver los números de los recursos girados a las provincias puede ser poco indicativo de lo que realmente reciben por parte del estado nacional. Esos gastos son ejecutados por las provincias, por el personal y la organización de las provincias, pero figuran como gastos en el presupuesto de la administración nacional.

    Así se configura un esquema caótico y muy complejo, inmanejable, donde se reemplaza discusión por discrecionalidad y se eleva el clientelismo del barrio a la relación nación – provincias. Cada crisis empeora la situación por el lado de los ingresos, con nuevos tributos, por el lado las asignaciones de esos ingresos, con más rigidez y criterios coyunturales y discrecionales, por casos de “gasto centralizado” como el de algunas obras o por casos de gastos ejecutados por las provincias pero imputados a la nación. Esta situación probablemente trascienda a la discusión de una ley de presupuesto o coparticipación, y requerirá de numerosos años de estudios y reformas para dar racionalidad al sistema. Y esquemas para que la calidad de las instituciones del estado no sufran (tanto) con cada crisis, sin posibilidad de que se deshaga lo hecho durante las fases de recuperación.

     
  • multifernandez 11:42 pm el Tuesday 9 · September · 2008 Permalink | Responder
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    Tendencia secular al deterioro de las instituciones I 

    Cada vez que hay una crisis surgen esquemas creativos para financiar los déficits que se generan con la caída de la recaudación. Esto es, formas de acatar pero no cumplir las normas previas (ni pasar por lentas y tal vez inviables discusiones en contextos apremiantes). Ejemplo: la ley de coparticipación vigente, de 1988, es modificada o complementada por unas 89 normas. Ella establece que el 54,66% de los recursos tributarios de la Administración Central se giren a las provincias y se repartan con proporciones fijas. Esos coeficientes son la base de los recursos que la nación gira a las provincias, y el componente individual más jugoso. Pero no es el único:  existen numerosas disposiciones adicionales que asignan específicamente recursos a provincias particulares, desdibujando el significado de los porcentajes que debería recibir cada provincia. Por ejemplo, está la ley de cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, la ley de financiamiento educativo de Kirchner – Filmus, tres ítems por el impuesto a las ganancias, tres por bienes personales, una asignación complementaria adicional de IVA, cuatro formas distintas de crear asignaciones específicas de parte de impuestos a los combustibles (naftas), otras tres por el régimen de la energía eléctrica, otra por el fondo compensador de desequilibrios, una proporción fija del monotributo (aparte de la coparticipada por rentas generales), fondos especiales, el pacto fiscal, el fondo para aportes del tesoro nacional, etc. Cada desequilibrio genera una ley, una nueva rigidez y una nueva capa de complejidad al esquema que hace difícil, si no imposible, su discusión y evaluación en términos políticos. Cada crisis deja sus marcas sobre el esquema de distribución de los ingresos de la nación (de 1988), por lo que los criterios y las razones originales se desdibujan totalmente. ¿Quién financia a qué provincias?

    La Constitución de 1994 establecía que debía sancionarse una nueva ley con coeficientes actualizados y ajustados a los criterios políticamente establecidos en la carta magna de distribución de los fondos. Nunca se sancionó otra ley de coparticipación (en parte por el estado permanente de crisis que imposibilita cualquier discusión en términos razonables sobre los recursos), y poco tiempo después de que se aprobara la constitución se crearon instrumentos complementarios para financiar déficits transitorios en las provincias. Esto va aparte del mazacote normativo que comúnmente como “coparticipación” (aunque los fondos de la coparticipación propiamente dicha en algunos casos no son ni la mitad de los que gira automáticamente la nación). Uno de esos instrumentos fue el fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que surge más o menos por la época del tequila y financia déficits transitorios en las cajas (desequilibrios corrientes) con recursos provenientes de la venta de activos (Banco Hipotecario, acciones de YPF) y que sería más tarde entre otras cosas usado para emitir los LECOPs.

    Hasta aquí vimos como se desdibuja el esquema de la “coparticipación”. Después sigo con los ingresos y el gasto.

    Sigue (más tarde) en la parte II.

     
    • walras 1:13 pm el Miércoles 10 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Que tema este de las instituciones, no? Algo interesante sería ver si vienen primero las instituciones y luego la estabilidad económico/social o viceversa (probablemente se retroalimenten y se genere un círculo virtuoso, pero el tema del huevo o la gallina habría que checkearlo). Tema para un futuro post, tal vez.
      100% de acuerdo con lo de que en la Argentina de los últimos 20 años hubiera sido milagroso alcanzar un consenso sobre la copa. No se logró con temas mucho menores, menos se iba a poder con este que hace a la esencia misma de la nación (si somos federales o unitarios, que tanto somos una u otra cosa, etc). Si consideramos que encima el 100% de las provincias tiene que estar de acuerdo para modificar la “ley” (ya ni siquiera es ley, desvirtuada como está con las innumerables “modificaciones” que comentás)……….
      En finnn, dejo picando la siguiente pregunta: ¿qué incentivo tienen un gobierno central (no sólo K ehhhhhhh) a cambiar el manejo discrecional y con criterios políticos de una tremenda caja por una ley que asigne fondos a cada provincia de manera objetiva, transparente y estable?

    • laliberal 11:46 am el Sábado 20 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Las instituciones son las que traen estabilidad economica y social.. imaginate como puede desarrollarse una sociedad si a cada minuto le cambian las reglas de juego.¿? (cualquier parecido con la realidad Arg no es una coincidencia)

      Yo estoy convencida que los gobiernos no tienen ningun incentivo para dejar de manejar la caja a su antojo. (está en la esencia misma del político) de alli la imperiosa necesidad de que exista un marco jurídico que garantice la division de poderes y limite el poder de estos déspotas.

  • multifernandez 9:00 am el Sunday 31 · August · 2008 Permalink | Responder
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    Impuesto a las ganancias 

    El impuesto a las ganancias es el impuesto que menos creció desde 2001 en términos de la presión tributaria ejercida sobre el PBI. Impuestos como el IVA, retenciones y los ingresos por seguridad social explican casi por completo el aumento de la presión tributaria en estos años en que la participación del Estado en la economía creció considerablemente.

    En un contexto complicado para conseguir el financiamiento necesario para cubrir los vencimientos de capital de la deuda, el gobierno disminuye la presión impositiva sobre el decil de personas que más ganan, con un costo fiscal de unos ARS 1.500 millones. La medida es razonable dado que la suba del mínimo no imponible es incluso menor al promedio de aumento de los salarios, pero plantea varias dudas (entre ellas, la de quiénes son representados por los sindicalistas que hacen lobby para desgravar al décil de más altos ingresos pero no para disminuir los impuestos que gravan el consumo de bienes de primera necesidad).

    La principal es la falta de debate sobre que se dejan pasar oportunidades para transformar la estructura de ingresos del Estado. Recientemente dijo JM Fanelli en una charla algo en el sentido de que si se pagó muy caro en competitividad, pobreza y desempleo por la oportunidad de realizar reformas estructurales en la Argentina de Menem, debiera al menos haberse aprovechado lo que se consiguió con tanto esfuerzo en lugar de tirarlo por la ventana. Hoy podría mitigarse parcialmente el impacto de la inflación sobre la población más vulnerable con una lenta y gradual reforma tributaria que se valiera de la inflación para ir modificando el peso de los distintos ingresos en el total de los recursos del Estado. Hoy, el impuesto a las ganancias recauda en Argentina sólo 1,6 % del PBI mientras que en los países de la OECD el promedio es de 8,8 %. Aunque debería ser una de las principales herramientas para la redistribución del ingreso, el Estado se respalda en el IVA, que es relativamente más regresivo, y otros impuestos severamente distorsivos (“al cheque”, retenciones, contribuciones sociales).

    Otras cuestiones importantes sobre las que no hubo comentarios es la distribución territorial de los alcanzados por el tributo. En términos absolutos Capital y Buenos Aires concentran 2/3 de las personas que más ganan, y aún más en términos de masa de ingresos. Esto tiene dos consecuencias: a mediano plazo, se redistribuye de Capital y Provincia a las provincias no petroleras, por el aumento del mínimo menor a los aumentos de salarios. A corto plazo, es probable que con las devoluciones por la retroactividad a enero de la baja se impulse el nivel de actividad con más fuerza en Capital y Provincia que en el resto del país, más afectado por la caída en el nivel de actividad durante la guerra gaucha. Por otro lado, ganancias no tiene en cuenta los diferentes niveles de precios en las provincias petroleras, por lo que hay un trato desigual para trabajadores con similares poderes de compra en dos provincias distintas. Esto genera presiones sindicales muy fuertes que generan innecesariamente una fuente periódica de conflictos innecesarios para el gobierno (y también tiene incidencia distributiva territorial, lo que en un impuesto directo debería ser consecuencia de lo debatido en el Congreso por los representantes de los ciudadanos en el marco de la Ley de Coparticipación).

     
    • boudu 5:21 pm el Lunes 1 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      El tema es que si bajan el IVA, los precios no bajan, con lo cual el beneficio lo tienen los de mayores ingresos.

    • multifernandez 8:36 pm el Lunes 1 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Sí o no. Hay que ver, más en esta dinámica de precios tan rápida. No estoy seguro de que a mediano-largo plazo se mantenga esa sobrerentabilidad.

    • Elemaco 9:29 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Multi:

      101% de acuerdo, y mas ahora que tambien se que lo dice josemaria…

      hace un año dije lo mismo por la blogosfera con algunos numeritos

      http://econserialcronico.blogspot.com/2007/07/con-redistribuidores-como-estos-como.html

      saludos

    • walras 10:03 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Muy buen post (más que la foto!). Considerando que la reca es una de las patas de la política fiscal, que es un instrumento a tenerse en cuenta cuando hablamos de redistribución del ingreso, el debate por la reforma tributaria no puede postergarse más. Curioso que la Presidenta, después de 5 años de gobierno K, se queje de que los pobres pagan IVA por la leche, no???. Eso si, tiene que hacerse luego de un debate público en el Congreso, teniendo en cuenta que la tributación es una facultad delegada por los ciudadanos en la persona del soberano, debe maximizarse la transparencia y deben explicitarse objetivos, impactos, etc.

    • multifernandez 10:53 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      JMF no habló en particular de ganancias, se refirió a aprovechar que ‘no hay males que por bienes no vengan’ en el contexto de la década pasada. Lo hice extensivo a uno de los pocos usos realmente útiles que se me ocurren de la inflación.

  • martinvauthier 4:03 pm el Sunday 24 · August · 2008 Permalink | Responder
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    ¿Qué hacemos con los subsidios? 

    No son pocos los analistas que recomiendan, ante su explosivo crecimiento, y el consiguiente riesgo que representan para la sustentabilidad de las cuentas públicas, la eliminación de los subsidios, particularmente al transporte y la energía (aunque no son los únicos). En efecto, según datos de la Secretaría de Hacienda, en los primeros 7 meses del año las transferencias al sector privado (léase, subsidios) se incrementaron en un 65% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el resto del gasto primario (excluyendo subsidios) lo hizo a un ritmo del 26%. Una dinámica que, de por si, no es sustentable en el tiempo. Los valores de las tarifas de los servicios públicos quedaron muy retrasados luego del movimiento de precios evidenciado desde la devaluación de 2002, aun tomando las cifras de inflación publicadas por el INDEK. En este sentido, el continuo incremento de los subsidios compromete seriamente el mantenimiento del superávit fiscal y no es claro que esta política pueda mantenerse en un contexto de moderación de la actividad económica, de la trayectoria alcista de los precios internacionales de los productos que la Argentina exporta o de la capacidad del BCRA de financiar al Tesoro vía transferencia de utilidades.

    De todos modos, más allá de la factibilidad de sostenerlos o no, la conveniencia de subsidiar los servicios públicos es materia de debate. Por un lado, ciertos subsidios (e.g. transporte ferroviario) pueden generar externalidades positivas. Dados los elevados costos de capital fijo en algunas actividades, si se dejara que las tarifas fueran fijadas por el libre juego de la oferta y la demanda, probablemente se llegaría a un nivel de equilibrio muy superior al que se encuentra al alcance de los sectores más desfavorecidos de la población.

    Sin embargo, pese a sus bondades, la actual política de subsidio generalizado en el AMBA (se le subsidia la energía eléctrica a Macri en Barrio Parque, a un individuo de clase media en Caballito o a un asalariado en Gonzalez Catán) presenta puntos discutibles en cuanto a equidad y transparencia, dado que se utilizan fondos públicos para subsidiar a consumidores que no lo necesitan, y a la vez, la política de asignación de fondos siempre deja espacio para la tentación de los funcionarios amigos de lo ajeno.

    Desde ya, en un contexto económico “normal”, la política óptima pasaría establecer una fuerte regulación sobre los servicios públicos (dado que el consumidor no puede “votar con los pies”, porque en general es deseable que esta clase de servicios sean brindados en condiciones de monopolio u oligopolio), fijar tarifas que permitan cubrir los costos operativos, una retribución razonable al capital y un proceso de inversiones que genere mejoras continuas en el servicio, independientemente del carácter publico o privado del prestador. Adicionalmente, podría aplicarse una política de subsidios focalizados en los sectores más vulnerables de la población, que no los margine del disfrute de servicios esenciales.

    La pregunta, entonces, es: ¿estamos en un contexto en el cual podríamos eliminar alegremente estos subsidios?. Lamentablemente, no es el caso.

    El modelo instaurado en 2002, de TCR alto y salarios bajos en USD, generó un desfase entre los ingresos en ARS de la población y ciertos costos que se mantuvieron dolarizados. Muchos de estos analistas consideran que los precios en USD de, por ejemplo, el boleto de subte, debieran ser los mismos en la Argentina que en el resto de los países (como si  los ingresos en USD fueran los mismos!!!!!!).

    Un reciente informe de Prefinex va en este sentido. En dicho trabajo se argumenta que el 40% de los subsidios va a los sectores de ingresos altos. Con semejante titulo, uno podría pensar que, ciertamente, dicho caudal de dinero es transferido a los vecinos privilegiados de Recoleta, Barrio Parque o Puerto Madero. Sin embargo, hurgando un poco entre líneas, se verifica que el nivel de ingresos que se considera para ser “rico” es de…..ARS 2000!!!.

    Con un poco de sentido común, podemos pensar que, en la Argentina de hoy, ARS 2000 no representan una suma de ingresos que permita darse grandes lujos (e.g. viajes a la polinesia, cirugías plásticas para la esposa del privilegiado, cuantiosas sumas gastadas en shoppings, etc).

    Realizando un sencillo ejercicio podemos estimar, quizá de forma un tanto imprecisa, el impacto que supondría, para un individuo con un ingreso de ARS 2000, la eliminación de los subsidios más representativos (energía eléctrica y transporte).

    Supongamos que nuestro agente representativo realiza dos viajes en subte por día y paga una tarifa eléctrica promedio (asumimos que no utiliza trenes, aviones o cualquier otro servicio subsidiado). Haciendo algunos supuestos sobre algun tipo de agente representativo (viaja 2 veces por día en subte y tiene un gasto de energía promedio), podemos estimar un número de cómo se vería afectado. Digamos que nuestro agente “rico” que cobra ARS 2000 y es jefe de hogar, debería incrementar sus gastos, sólo en estos dos servicios, en unos ARS 165 mensuales, para eliminar el retraso que tienen las tarifas (se puede calcular analizando el IPC desde el último aumento de tarifas). No es difícil intuir que dicha cifra se incrementaría significativamente considerando la eliminación de los subsidios en el resto de los sectores alcanzados.

    En un contexto inflacionario como el actual, resulta cuanto menos peligroso para la paz social generar un salto discreto en el nivel de precios (que no es inflación) de esta magnitud, que llevaría la inflación (ahora si), por los efectos de sucesivas rondas, a niveles insospechados (¿se acuerdan de un ministro allá por 1975?). Desde luego que se obtendría un poco de aire para las cuentas publicas, aunque el efecto global podría reducirse enormemente y hasta ser negativo, dada la necesidad de una tarifa social y nuevos planes de ayuda para una cantidad importante de personas que pasarían a la pobreza como consecuencia de la masiva escalada de precios, que golpearían claramente sobre la CBT.

    El Gobierno acumuló distorsiones a lo largo de todos estos años, que eran inherentes al modelo que se estaba gestando (TCR alto y subsidios van necesariamente de la mano). Aun cuando es deseable eliminarlas, no es posible hacerlo en el corto plazo. La supresión gradual de los subsidios y las distorsiones en el funcionamiento del mercado sólo podrá concretarse, sin generar una guerra civil, en la medida que la economía logre ganancias de productividad, que permitan mejorar los salarios, y en un contexto de desaceleración de la tasa de inflación, para minimizar el costo de estas medidas, particularmente sobre la clase media y media-baja.

     
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