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  • multifernandez 3:52 pm el Saturday 9 · January · 2010 Permalink | Responder
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    Lo que diga la Carta Orgánica no pincha ni corta 

    Un par de ideas que tiré en un comentario en el excelente blog de gA (http://www.saberderecho.com) para tratar de entender la cuestión de fondo en toda la rosca esta de Redrado y las reservas.
    1. De acuerdo con la ley 26.122, que regula el dictado de los DNU, un decreto tiene fuerza de ley hasta que el Congreso lo anule, si se da tal cosa, o la justicia lo declare inconstitucional por incumplimiento de la correcta fundamentación de la necesidad y la urgencia (u otro motivo).
    2. Una ley posterior (o norma con fuerza de ley) siempre sobreescribe a una anterior, por lo que toda disposición tendiente a buscar estabilidad normativa es inefectiva. Y allí donde haya conflictos prevalecerá la norma más reciente.

    Un ejemplo de esto es la Ley de Administración Financiera 24.156, que establece que ninguna ley de presupuesto podrá legislar sobre cuestiones permanentes; sin embargo, todos los años se modifica la LAF mediante artículos de las leyes de presupuesto.

    Otro ejemplo más relevante al caso: véase la cantidad de modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central introducidas por decreto. Téngase en cuenta además que hubo otros casos similares al decreto de remoción de Redrado del miércoles en que por un DNU se exceptúa por única vez el cumplimiento de un artículo de una ley, que de alguna forma introduce una modificación no permanente en tal ley. Véase al respecto el escandaloso 1472/08, especialmente el artículo 16 (dicha operación… quedará exceptuada de la limitación que contempla el inciso a) del artículo 19 de la Carta Orgánica del Banco Central), pero también los artículos 7, 8 y 15.

    No sería entonces un problema entonces que el decreto de remoción de Redrado se exceptúe a sí mismo de cumplir con el trámite de consultar a la comisión del Congreso a que refiere el artículo 9 de la Carta Orgánica del Central, puesto que se trata de una norma con fuerza de ley posterior a la CO. Y hay antecedentes de cosas así, como los del párrafo anterior.

    3. Dada la 26.122, los efectos de las medidas administrativas de los DNU son instantáneos (remover a Redrado) y no se revierten si el Congreso rechaza el DNU.
    4. Aún si la mierda llegara al ventilador y la oposición lograra llevar un DNU al Congreso, los números en el Senado son tales que es improbable que se le complique al gobierno en los términos del artículo 24 de la 26.122 que exige que ambas cámaras rechacen el decreto para que este se caiga (una cosa es 3 meses de ruralistas cortando rutas y otra el Golden atrincherado en el Central con el mismo directorio y los bancos diciéndole que se vaya). Esto vale en general para cualquier mamarracho administrativo que no tenga la llegada directa a un grupo importante de gente que tuvo la 125. (Y, si no, en general alcanzará con 1. 2. y 3. para lograr el cometido).

    Entonces,

    5. La 26.122 fue una gran jugada de Cristina. Al haber en los hechos aprobación tácita de los mismos y perdurar sus efectos aunque el Congreso los voltee, los DNU son una herramienta perfecta para implementar lo que se quiera y decirle alpiste a quien se queje.

    6. La oposición debería buscar en la justicia al menos la nulidad del artículo 24 de la 26.122, por el cual se requiere el rechazo de ambas Cámaras para neutralizar un DNU y por el que los derechos adquiridos durante la vigencia de un decreto permanecen a salvo aunque se lo rechace luego, y del artículo 17, que es el de la aprobación tácita y el que  más choca con la CN.

    El debate público no debería pasar entonces por si la Carta Orgánica dice tal o cual cosa sobre el proceso de remoción, o sobre si el DNU contradice el mandato del BCRA según su CO, ni tampoco siquiera sobre la composición de la bicameral de control (si no se rechazan los mencionados artículos antes). En lugar de ello debería irse urgentemente y por vía judicial a por los artículos 17 y 24 la 26.122, en función del espíritu de los artículos de la CN sobre los DNU, o bien, curtirse hasta que con el próximo recambio legislativo se pueda reglamentar como corresponde la facultad del PEN de dictar DNU.

    7. Es inútil discutir en este contexto lo que diga tal o cual ley, en tanto no estemos discutiendo medidas o disposiciones que tengan un efecto continuado en el tiempo (ej. una alícuota) y con buenas chances de llegar a la Corte, ganar y hacer todo esto en un tiempo razonable de manera tal que no se anule todo por la consumación de los hechos.

    En tal sentido, es inútil por completo hablar de la Ley de Presupuesto, la Ley de Administración Financiera, la Complementaria Permanente del Presupuesto, la Carta Orgánica del Central y todo el andamiaje legal de la administración pública.

    8. Si la herramienta para atacar a los DNU por la vía judicial va a ser la flojedad de los fundamentos de la necesidad y la urgencia, entonces la oposición va a gozar de una o dos balas de plata hasta que los K logren refinar la técnica y emitir decretos que la careteen aunque sea un poco y disminuyan, amén de amenazas e incentivos a los jueces, las probabilidades de que los mismos sean neutralizados por la justicia. Se hacen entonces más importante aún que se gane una herramienta real para el control de los DNU declarando inconstitucionales los artículos 17 y 24 de la 26.122.

     
    • walras 3:58 pm el Sábado 9 · enero · 2010 Permalink | Responder

      Excelente post. La ley 26.122 es peligrosísima en manos de cualquier Gobierno (y ni que hablar en el caso de los K). Es una clara contradicción con el principio de división de poderes y debería irse inmediatamente por la modificación de los artículos citados.
      Mientras tanto, sigue la novela..no se sabe cómo va a terminar, pero es claro que, en el mejor de los casos, va a quedar como un papelón que confirma la pésima imagen que tenemos como país. Y explica por qué estamos como estamos pese a tener recursos naturales, una estructura industrial importante para un país en desarrollo y un nivel de capital humano, pese a todo, no menor.
      De cualquier modo, gracias al Dios Soja y a la inexistencia de desequilibrios macro insalvables, podemos estar tranquilos que, pase lo que pase, es muy difícil volver a tener otro 2001.

  • martinvauthier 2:36 pm el Thursday 20 · August · 2009 Permalink | Responder
    Etiquetas: deuda pública, finanzas públicas, K   

    ¿K estadísta? La deuda pública en el período 2009/2010 

    En un post previo comentábamos la estrategia de manejo de pasivos de la administración K entre los años 2003 y 2008, concluyendo que el resultado, en un contexto de equilibrio parcial (esto es, sin considerar potenciales efectos sobre otros mercados o variables), había sido una significativa mejora en la solvencia del sector público. Ahora bien, la pregunta es si esta dirección que tomó la política continuó durante lo que va de 2009 y, en caso afirmativo, si es sostenible en el tiempo. Vamos por partes..

    Dado que durante 2009 no se revirtió el aislamiento financiero de la Argentina, y, encima, la recaudación se estancó en términos reales vis a vis gastos que crecieron más de 12% en los primeros 6 meses del año, el Tesoro debió apelar más que nunca a los excedentes financieros en otras áreas del sector público. La política de vivir con lo nuestro, entonces, no sólo no se modificó, sino que se profundizó.

    La deuda “held by the public” se redujo en el primer trimestre del año en unos USD8.700 millones en relación a diciembre de 2008, y el ratio de dicha deuda al producto cayó de 31,1% a 28,7%. La reducción se explica principalmente por la devaluación del peso (el dólar aumento 7,5% en el período), lo que impacta sobre el valor en dólares de la deuda nominada en moneda local (45% del stock total). Asimismo, la pérdida de valor del euro contra la divisa norteamericana también aportó lo suyo (redujo la deuda total en USD800 millones). Otros factores que influyeron son la manipulación de los datos sobre la inflación real para el ajuste de la deuda indexada (la subestimación fue de aproximadamente 2,5 p.p. en el período, lo que implica un “ahorro” en el aumento del stock de USD1.300 millones), el canje de préstamos garantizados (quita de 2% nominal) y, obviamente, la amortización de los títulos que pagaron capital en el período (sobre todo Bocones). Por supuesto, la reducción fue posible porque el 100% de los pagos del período se efectuó  con fondos propios. Es evidente que si se hubieran refinanciado los vencimientos en el mercado, algo imposible para el país tras la colocación del bono bolivariano –aka Boden 2015- con un rendimiento del 15% en 2008, el stock de deuda held by the public hubiera caído en menor cuantía.

    En resumen, el Estado nacional debía en marzo, a acreedores distintos a si mismo, unos USD95.000 millones. En los meses que transcurrieron desde entonces es esperable que dicho número haya caído todavía más, dado que la devaluación del peso y la subestimación del CER prosiguieron, y además el acceso a los mercados de deuda siguió vedado. Considerando que los mercados no ayudaron, que el Tesoro tuvo un déficit financiero de $1.200 millones entre abril y junio (aún considerando el aporte de $3.000 millones por parte de Redrado vía emisión monetaria) y que en agosto se canceló el cupón del Boden 2012 por USD2.250 millones.. ¿Cómo se financió el Estado en el período?. En primer lugar, recurrió al Banco Nación, que le habilitó un financiamiento de $7.300 millones. También emitió Bonar 2016 por $12.500 millones, de los cuales se programaron $8.450 millones para que suscribiera directamente la ANSES y $4.050 millones quedaron sin destino específico (aunque es bastante probable que también terminen en manos del organismo previsional) y Bonar 2014 (el bono del canje de los PGs) por $1.354 millones, también colocados a los jubilados. Además, el Gobierno extendió casi al límite el uso de adelantos transitorios del BCRA para cancelar deuda, hasta alcanzar un stock de $19.380 millones ($8.250 millones de nuevo financiamiento desde marzo). Finalmente, siguió raspando la olla del resto de los organismos colocando nuevas Letes ($180 millones a Lotería y al FFRE y USD200 millones a la propia ANSES).

    El panorama hacia adelante no luce mayormente complicado, si el Gobierno encara las medidas necesarias para volver a los mercados de capitales. Tiempo no le falta: el programa financiero 2009 ya está cerrado y sobra plata para el año que viene. Con vencimientos por poco más de USD4.000 millones (neto de deuda intra sector público) y de USD9.000 millones en 2010, los recursos remanentes aparecen como suficientes para aguantar al menos hasta el primer trimestre de 2010, y quizá hasta mitad de año, incluso permaneciendo en autarquía como hasta ahora. Aún le quedan $3.800 millones del BNA, $5.850 millones de Bonar 16 listos para colocarlos a la ANSES, depósitos en el BCRA por USD300 millones y más de $5.000 millones de adelantos transitorios potenciales. Y a no olvidar que siempre existe un tipo de cambio que le permite al BCRA obtener los recursos que se necesiten vía señoreaje (i.e. impuesto inflacionario).

    Las cuentas cierran. Claro que, como en todo, se aplica la ley de los rendimientos decrecientes: cada peso que se le quita a algún organismo público es un peso que no va a algún otro fin específico (como mejorar las prestaciones del sistema previsional), y cuanto más se usa (y abusa) de la política de vivir con lo nuestro, más se perturban los equilibrios en otros mercados. Por ejemplo, la ANSES podría necesitar cancelar depósitos a plazo fijo en bancos, con lo que ello significa en el país con la demanda de dinero más volátil de América Latina, o vender acciones para conseguir cash para suscribir los Bonar 2016. El BNA se vería limitado de continuar extendiendo las líneas de financiamiento al sector privado si el Estado le demanda cada vez más (i.e. crowding out). Y el uso masivo de la maquinita por parte de Redrado, en un contexto recesivo y caracterizado por la incertidumbre, exacerbaría la fuga de capitales y desataría una inflación furiosa. Sin embargo, como aclaramos al principio, la idea no era discutir estas cuestiones de impactos en otros ámbitos, que exceden el espacio de un post.

    En síntesis, la deuda siguió cayendo y todavía queda algo de margen para seguir con esta política. Sin embargo, no es una trayectoria sostenible en el tiempo y, además, tiene sus costos. Por ello, esperemos realmente que el Gobierno avance en los puntos necesarios para volver a emitir deuda a tasas no usurarias: mejora del frente fiscal, que no implica un ajuste nominal, sino simplemente adecuar el crecimiento de los gastos al de los ingresos, normalización del INDEK, arreglo con el Club de París y los holdouts, mejora generalizada de la confianza y la previsibilidad, y, de yapa, algún que otro canje de deuda (¿indexada?) para despejar vencimientos de corto. Si hoy quisiéramos colocar un bono largo en dólares pagaríamos algo así como 14%, y dado que la curva de rendimientos está invertida, tendríamos que convalidar un rendimiento de 20% para que nos prestaran hasta 2015. Nadie pide que coloquemos títulos al 6% a 25 años como Brasil, Uruguay o Chile, pero un 10% suena razonable. De lograrlo o no dependerá buena parte de la situación en la que llegará el país a las elecciones de 2011.

     
  • multifernandez 11:55 pm el Monday 10 · August · 2009 Permalink | Responder
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    Federalismo y transparencia 

    Sobre los déficits provinciales, Fernando dice en su blog que “si se quieren transferir más recursos a los gobiernos sub-nacionales, se debería explicitar un mecanismo de control de los gastos para que esta negativa conducta [procíclica] no se acentué“. El problema, lamentablemente, excede a lo exclusivamente normativo: ya hay mecanismos de control previstos en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (RFRF), que aunque limitados, serían de utilidad si se cumplieran para ver qué pasa con la situación de las provincias. Ocurre lo mismo que con el Fondo Anticíclico Fiscal: el fondo del que tanto se discutió en tiempos de Lavagna ya existe, fue creado en 1.999, y todos los años se dicta una ley suspendiéndose la aplicación.

    ¿Qué mecanismos de control están previstos por el RFRF pero no se aplican? Para empezar, algo bien básico: que los presupuestos provinciales sean públicos. Los presupuestos de las provincias (e información complementaria necesaria, como datos periódicos sobre la ejecución) debían publicarse en la web desde enero de 2005. Según un relevamiento de ASAP [.doc], sólo 6 de las 24 provincias publican dicha información. El MECON no ayuda, dado que los últimos datos disponibles fueron subidos recientemente y son de hace 6 trimestres. No es que no existan datos, sino que no los suben (algo relacionado y medio escandaloso es que ASAP haya publicado una bruta base de datos oficiales sobre las provincias que el MECON no facilita en su web), y en las pocas ocasiones en que eso sí pasa estamos frente a datos demasiado agregados, o presentados de forma tal que no se pueden trabajar, etc.. Estamos a un nivel de incumplimiento importante: se puede tranquilamente subir todo en PDFs imposibles de procesar y con formatos inconsistentes entre distintos años, manteniendo una ficción de transparencia sin tener que exponerse innecesariamente a que alguien efectivamente use el presupuesto para algo útil y te cuestione; esto es lo que hace el gobierno de Macri. Cumplir es muy fácil y casi libre de costos. Ahora bien, si se puede incumplir con los bajísimos requerimientos de información establecidos por ley en un distrito con el nivel de desarrollo político que tiene la Ciudad (esto es: el discurso de nueva política del PRO, el hecho de que la mayoría de los medios nacionales también sean locales (de la Ciudad) y se ocupen constantemente de lo que aquí ocurre, la disponibilidad de recursos humanos capacitados para procesar y hacer uso de esa información, la cercanía a un gobierno de signo contrario que podría estar interesado en hacer uso de sus recursos técnicos para escrachar a Macri y tantos otros factores que hacen que éste sea uno de los distritos donde más esperable sería que se desarrolle una cultura presupuestaria real), ¿qué se puede esperar y pedir de Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y tantos otros?

    El panorama es complicado: no parece que sea muy probable lograr un masivo cambio de actitud en las administraciones provinciales, menos aún con un gobierno nacional que 1. es anti-estadísticas y 2. busca activamente mecanismos para incumplir normas que podrían restarle poder de negociación con las provincias. Tampoco es esperable, creo, una mejora a un plazo mayor. Debemos preguntarnos entonces si los déficits de hoy no hubieran sido mayores en otro contexto (la distribución de recursos con la Nación es la más desfavorable de la historia para las provincias), y si no sería mejor, hasta tanto se afiancen las instituciones locales de control, pensar en menos y no más descentralización, recuperando algunas de las responsabilidades transferidas a las provincias.

     
  • martinvauthier 10:45 pm el Sunday 2 · August · 2009 Permalink | Responder
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    Diálogo con el campo: ¿Esta vez si? 

    La gran pregunta, por estos días, es si finalmente el Gobierno alcanzará alguna especie de acuerdo con el ruralismo que ponga fin a un conflicto que ya lleva demasiado (resalto el “demasiado”) tiempo. Vamos a tratar de aportar algo a un tema bastante discutido (acá, aquí, allá y allí, entre muchos otros)

    El tema no es menor: si bien venía de antes, la escalada que gatilló la 125 pusó fin abruptamente a los 6 años de mayor crecimiento en la historia del país.  El conflicto mezcló paros, cortes de ruta, amenazas de desabastecimiento, lamentables discursos y hasta la referencia a intenciones “destituyentes”. Finalmente, CFK envió el proyecto al Congreso y el voto no positivo pareció descomprimir el asunto. No fue así, y se entró en un largo letargo en el cual ni el Gobierno ni el campo se sacaron ventajas. En lugar de poner “de rodillas” al otro, terminaron tumbando al país.

    La cuestión retomó impulso tras la derrota oficialista del 28-J, y el Gobierno, tal vez obligado, llamó al campo al diálogo. Volvemos al título del post..¿esta vez si?

    Reconociendo que puedo pecar de ingenuo me atrevo a decir que si (al menos evité la tradicional respuesta de un economista: “y..depende..”). ¿A qué se debe mi exceso de optimismo? Tengo un par de razones:

    1. Es innegable que gran parte de la fuerza que tuvo el reclamo del campo provino del apoyo de sectores que jamás habían visto una vaca, salvo en la parrilla o el plato. Sin embargo, me parece que ese espaldarazo estuvo sostenido más que por el reclamo propio del campo (¿cuántos en el Monumento de los Españoles sabían de “mercados futuros”, “retenciones móviles”, “alícuotas marginales”?), por una sociedad que se acopló al primer sector que (reconozcámoslo) planteó un desafio en serio para un oficialismo que pareciá invulnerable. Hoy por hoy, con un Gobierno más débil, me parece que el campo no podrá contar con el apoyo incondicional de la opinión pública. Apoyar a la patria chacarera ya no es “condición necesaria” para oponerse al Gobierno.

    2. Así como la sociedad freerideo al campo, la oposición hizo lo propio. Perdida, sin rumbo, sin ideas ni propuestas y totalmente avasallada por el poder y la caja asfixiante de los K, tanto el panradicalismo como el PJ2 encontraron en el campo el sector al cual “subirse” para recuperar la iniciativa. Por ello, los apoyaron incondicionalmente. Pero, al igual que en el caso de la sociedad, las condiciones para esta banca cambiaron radicalmente.  Hoy la oposición derrotó a los K y se ve con posibilidades de llegar al poder en 2011. Por lo tanto,  y como postula el Teorema de Baglini, suena difícil que apoye cualquier propuesta que pueda generar un agujero fiscal.

    Resumiendo, con un campo cuyo apoyo se enfrió, y con un Gobierno mucho más débil, el acuerdo me parece más factible. Con un mínimo costo fiscal (poco más de $1.000 millones), se podrían eliminar las retenciones al trigo y al maíz. También se podría llegar a un acuerdo por el cual el campo garantice la provisión a precios razonables de leche y carne al mercado interno y a cambio se eliminen las restricciones a la comercialización y la exportación (acá el quid pro quo y los enforcements serían claves). El tema del yuyo es más complejo, pero si el Gobierno cede en todo lo otro y sabe comunicar a la sociedad que se generaría un problema fiscal severo en caso de eliminar las retenciones a la oleaginosa (¿$13.000 millones?), no parece difícil que el campo deba aceptar, a riesgo de quedar como intransigente y con poca voluntad de negociar.

    Es cierto que quien se quema con leche llora cuando ve una vaca, pero esta vez me parece que algo, aunque sea ALGO, tiene que salir.

     
    • Socialistas Con Pino 1:58 am el Martes 4 · agosto · 2009 Permalink | Responder

      Hola. Realmente está muy bueno este blog. Hay un argumento más para no bajar retenciones y tiene que ver con la parte de los molinos de harina, fábricas de aceites, y la cría de animales. Una baja en las retenciones subiría los costos internos de esos insumos y perjudicaría al sector que más trabajo genera dentro del complejo agroindustrial.

      De modo que ahí el gobierno tienen un aliado para intentar mantener el status quo. También es cierto que el gobierno todavía no comprendió al sujeto agrario en su conjunto ni a las partes que lo componen.
      Muchas de las alianzas sectoriales que se dieron en los últimos tiempos dentro de la Pampa Cerealera son de tipo estratégico, como la que se dió en tre FAA y SRA, son estratégicas y se mantendrán en el tiempo. Pero otras son tácticas, como las de la oposición con la dirigencia rural, y la de estos con la industria de procesamiento agrícola, éste se torna más competitivo a medida que las retenciones suben.
      Allí el gobierno tendría un aliado y un argumento para no bajar retenciones. Es evidente que a nadie van a conmover con el argumento de que “hay que salvar la kaja”.
      Los manejos arbitrarios de la ONCAA y de la Sec. de Comercio se podrian eliminar sin costos fiscales y se podría avanzar sobre el sector financiero aprovechando que los mismos ruralistas promueven esto.
      El gobierno se quedó en un diagnóstico modelo 2003. El mismo diagnóstico que les permitió acumular poder pero que ahora es obsoleto por distintos cambios que ocurrieron y porque los imponderables hacen que sea necesario un ajuste más fino de aspectos que tal vez antes no era necesario tenerlos en cuenta.
      Hay muchas contradicciones entre los distintos sectores económicos y dentro de la misma agroindustria que el gobierno podría aprovechar. Pero se sigue intenando explotar la supuesta contradicción que habría entre los pequeños y grandes productores que por el momento no da muestras de tener fisuras.
      Ni hablar de encarar los abusos de las multinacionales exportadoras.
      No sé si todas estas torpezas son por falta de visiòn (el diagnóstico) o por compromisos que habría entre el gobierno y sectores que no se animan a tocar.
      Tal vez la culpa sea el modelo de gestión: En Sta Cruz hay solo 3 empresas pesqueras, 3 petroleras, 2 medios de comunicación y una sóla cadena de supermercados, en ese contexto es fácil controlar las subas de precios de todas la provincia y tener a todos los emrpesarios y medios de comunicación contentos. Allí todo se arregla con un control centralizado y con un par de personas leales que hagan los llamados telefónicos adecuados. A nivel nacional este modelo de gestión es imposible, la cantidad de actores económicos es muy diversa y heterogénea y parece que esto el gobierno no lo entiende.

      Seguiré atento a este blog, saludos.

  • martinvauthier 9:30 pm el Friday 31 · July · 2009 Permalink | Responder
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    ¿K estadísta? La deuda pública en el período (2002)2003/2008 

    Si existe un rasgo común a los políticos en todas partes del mundo es su comportamiento tendiente a maximizar la permanencia en los puestos de poder. Evidentemente, no es un aspecto necesariamente negativo, así como tampoco lo es per se que cada individuo busque su felicidad y la de su familia o que las firmas maximicen beneficios en un mundo competitivo. Sin embargo, en el caso de los políticos, los medios por los cuales se busca alcanzar dicha meta no suelen reconciliarse del todo con los intereses del conjunto de la sociedad a la cual se supone que representan. En general, los gobiernos suelen preferir las medidas que reportan beneficios en el corto plazo y cuyos costos no se materializan sino hasta que el grupo gobernante se encuentra lejos (a veces muy lejos) de la Administración. Inmediatamente nos viene a la mente el tema del endeudamiento. Es esperable, por lo que mencionamos, que cualquier gobierno busque obtener la mayor cantidad de recursos posible, para aflojar la restricción presupuestaria presente y de este modo avanzar en una agenda que reporte beneficios políticos inmediatos, en tanto el costo de dicha deuda se distribuya en los años venideros.

    Ahora bien, dejando de lado la teoría y volviendo al barro de nuestra coyuntura político/económica, lo sorprendente es que, en materia de deuda pública, el Gobierno K parecería situarse en una trayectoria opuesta a la del grueso de la clase política tradicional, al ubicar al país en un sendero de inédito desendeudamiento, internalizando costos presentes y dejando un panorama muy despejado (al menos en esta materia, claro está) al gobierno que asuma en 2011. Si no me creen, vayamos a los números..

    La deuda pública, excluyendo acreencias intra sector público, alcanzó un pico de 137% del PIB en 2002 (casi USD138.000 millones), efecto de la brusca reducción del producto en dólares tras la devaluación vis a vis una deuda que había crecido ininterrumpidamente en las décadas previas y que se encontraba nominada casi exclusivamente en moneda extranjera (97% hacia diciembre de 2002). Posteriormente, dicha proporción se fue reduciendo año a año, hasta llegar al 31% de fines de 2008 (poco más de USD103.000 millones). ¿Cómo fue esto posible? Hubo varios factores. Entre ellos:

    Superavits Gemelos (“vivir con lo nuestro”). El modelo “productivo” implementado a partir de (2002)2003 implicó un esfuerzo fiscal sin precedentes en la historia argentina. Con la licuación del gasto público luego de la devaluación de 2002 primero, y el salto en los precios nominales de las materias primas después, el sector público no financiero acumuló entre 2002 y 2008 un superávit primario de casi $130.000 millones, que permitió pagar intereses por $75.000 millones y dejar un saldo financiero para reducir pasivos de casi $55.000 millones. Si bien no todo fue superávit del Tesoro, el Gobierno se apropió del excedente de los organismos descentralizados mediante letras (USD4.090 millones a fines de 2008).

    Con un superávit de cuenta corriente (base MULC) de USD67.000 millones entre 2003 y 2008, la cuestión de transformar pesos en dólares para pagar deuda no resulto problemática. Asimismo, descontando el resto de los rubros del balance cambiario, como la formación de activos externos del sector privado, las reservas internacionales se incrementaron USD34.000 millones, aun considerando el pago al FMI en 2006.

    Canje. El canje de 2005 implicó una reducción del valor residual de la deuda de más de USD67.000 millones, mediante la entrega de bonos Par, Discount y Cuasipar a cambio de los viejos bonos en default (Brady, Globales, Bontes, etc). Esta operación, sin entrar en detalle sobre la sustentabilidad de largo plazo (tema de otro post), fue por lejos la que más contribuyo a la licuación del ratio deuda/PIB, que cayó casi 44 p.p.

    FMI, go home!. En enero de 2006, la sola cancelación de la totalidad del pasivo con el FMI por USD9.530 millones redujo la deuda neta de obligaciones intra sector público (“held by the public”) en 5% del PIB de ese entonces. En dicha operación, se le colocó una letra intransferible al BCRA, con lo que, en la práctica, el Tesoro pasó a deberle ese dinero a la entidad monetaria en lugar de al FMI. Redrado, claro está, es un acreedor mucho más paciente que el diabólico Fondo.

    Estatización de AFJPs. El traspaso de casi USD25.000 millones (a valor residual actualizado) en títulos públicos en manos de las ex administradoras al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES redujo el stock de deuda held by the public en poco más de 7 puntos del producto.

    Efecto INDEK. La Historia seguramente juzgará la contribución de Patota Moreno al desendeudamiento argentino. Por ahora, limitémonos a mencionar que la manipulación del CER generó, suponiendo una subestimación de la inflación acumulada de 25 puntos entre 2007 y 2008, un “ahorro” de aproximadamente $49.000 millones. El grueso fue el “ahorro” en términos de capitalización del stock de deuda, que se incrementó en $44.000 millones menos que si se hubiera informado una inflación más cercana a la realidad. El resto, es ahorro de flujos (intereses y amortizaciones) en el período. Aquí surge una paradoja que, a mi juicio, no resulta fácil de entender: ¿Resultó “rentable” para un Gobierno (habitualmente acusado de “rifar el futuro”) el tremendo costo político y económico (cierre definitivo de los mercados de deuda) de manipular el INDEK para reducir un stock que, en su mayor parte, empezaría a amortizarse recién a partir de 2024? La seguimos en la segunda parte. Pasemos al último punto..

    Efecto Golden Boy. Además del pago al FMI, el BCRA realizó otros aportes para reducir el stock de deuda. Al cerrarse (para la Argentina) los mercados voluntarios en 2008, el BCRA extendió al máximo el otorgamiento de adelantos transitorios, que alcanzaron el año pasado a USD7.700 millones. Por otra parte, ante la estrepitosa caída de los precios de los títulos locales, tanto por causas externas (colapso de Lehman) como idiosincráticas (estatización de AFJPs), el banco de bancos avanzó en una agresiva política de compra de bonos, para apuntalar su precio. Así, la deuda “held by the public” cayó otros USD2.000 millones.

    Por supuesto, como siempre en economía, no hay almuerzo gratis. Simplemente la idea es dar un pantallazo de la extraordinaria mejora en la solvencia del sector público en estos años, sin detenernos en los costos (institucionales, económicos y sociales) que tuvo esta estrategia adoptada por la Administración. Más adelante charlamos sobre cómo sigue la historia en 2009 y qué podemos esperar en materia de financiamiento para los próximos meses.

     
    • Tincho 1:58 am el Domingo 2 · agosto · 2009 Permalink | Responder

      Uh! volvieron! Hubieran avisado.
      Mañana les comento. Saludos

    • Villa 3:02 pm el Domingo 2 · agosto · 2009 Permalink | Responder

      Tengo realmente curiosidad de cual fue el último gobierno con superavit fiscal durante 5 o 6 años seguidos, en el que también aumentó muchísimo el gasto público.

    • walras 6:34 pm el Domingo 2 · agosto · 2009 Permalink | Responder

      Es cierto. Hay que reconocer que hasta 2006 la política presupuestaria del Gobierno fue bastante consistente. El inconveniente me parece que arrancó en 2007, cuando explotó el gasto (subsidios y moratoria previsional mediante), muy por arriba de la evolución de los ingresos, que también explotaron, pero por factores que no se iban a mantener en el tiempo. Principalmente, el aumento de los precios de las commodities: valores que si bien no fueron record histórico en términos reales, si se ubicaron bien por encima del promedio de la serie. El problema es que el gasto suele ser inflexible a la baja en términos nominales, y cuando la expansión de los ingresos se moderó (a partir de 2008), el superávit se fue licuando hasta llegar al déficit (primario, del Tesoro y financiero, del SPNF) actual. No está mal tener déficit en este momento. Al fin y al cabo, hay una crisis y está bien que el Estado compense la caída del gasto privado. El problema es que no tenemos acceso al crédito (no digo el FMI, pero al menos los mercados voluntarios) y no podemos, simultáneamente, expandir el gasto y pagar la deuda. Por esto se estatizaron los fondos de las AFJP (ojo, sin juzgar si estaba bien o mal ese sistema o no). El problema es que los stocks se fueron consumiendo y cada vez hay menos margen para seguir ampliando el déficit financiero. Pero bueno, eso será tema de próximos posts.

    • Tincho 7:59 pm el Lunes 3 · agosto · 2009 Permalink | Responder

      Claro, a partir de 2007 el descontrol es claro. Pero que el gobierno no tenga vencimientos porque algunos se consolidan no quiere decir que esten mas tranquilos per se. Ademas, la deuda provisional no se contabiliza. Y otro tema, por mas que los vencimientos sean menores para el que ingresa también es probable que cargue con la herencia del viejo gobierno en cuanto a posibilidades de acceso al financiamiento externo.

      Saludos

      • walras 8:46 pm el Lunes 3 · agosto · 2009 Permalink | Responder

        Si claro, estamos de acuerdo. Por una cuestión de espacio quedaron varios puntos sin tocar. Pero es evidente que si lo mirás en un contexto de equilibrio general no es claro que esta estrategia haya tenido beneficios o costos para la sociedad en su conjunto (e.g. lo de desendeudarte con el FMI cuando era el prestamista que menor tasa te cobraba). Pasándole deuda a la ANSES no la estás tachando, sino que en todo caso estás asumiendo compromisos con los futuros jubilados (aunque, basándonos en la historia argentina, no sería raro algún que otro tipo de “licuación” en el mediano plazo). Idem con el BCRA..esos bonos no desaparecieron, sino que están respaldando al peso.
        También es verdad que este Gobierno nos bajó del mundo en muchos sentidos. Pero considerando que los fundamentals no son nada malos (de hecho, muchos mejores que otros países a los cuales el mercado si les presta, como los de Europa del Este), me parece que con un par de medidas (arreglo con los holdouts y el Club de París, normalización del INDEK) el acceso al crédito podría recuperarse bastante rápido. En el próximo post vamos a tratar de sacar algo de eso.

  • multifernandez 9:00 am el Sunday 31 · August · 2008 Permalink | Responder
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    Impuesto a las ganancias 

    El impuesto a las ganancias es el impuesto que menos creció desde 2001 en términos de la presión tributaria ejercida sobre el PBI. Impuestos como el IVA, retenciones y los ingresos por seguridad social explican casi por completo el aumento de la presión tributaria en estos años en que la participación del Estado en la economía creció considerablemente.

    En un contexto complicado para conseguir el financiamiento necesario para cubrir los vencimientos de capital de la deuda, el gobierno disminuye la presión impositiva sobre el decil de personas que más ganan, con un costo fiscal de unos ARS 1.500 millones. La medida es razonable dado que la suba del mínimo no imponible es incluso menor al promedio de aumento de los salarios, pero plantea varias dudas (entre ellas, la de quiénes son representados por los sindicalistas que hacen lobby para desgravar al décil de más altos ingresos pero no para disminuir los impuestos que gravan el consumo de bienes de primera necesidad).

    La principal es la falta de debate sobre que se dejan pasar oportunidades para transformar la estructura de ingresos del Estado. Recientemente dijo JM Fanelli en una charla algo en el sentido de que si se pagó muy caro en competitividad, pobreza y desempleo por la oportunidad de realizar reformas estructurales en la Argentina de Menem, debiera al menos haberse aprovechado lo que se consiguió con tanto esfuerzo en lugar de tirarlo por la ventana. Hoy podría mitigarse parcialmente el impacto de la inflación sobre la población más vulnerable con una lenta y gradual reforma tributaria que se valiera de la inflación para ir modificando el peso de los distintos ingresos en el total de los recursos del Estado. Hoy, el impuesto a las ganancias recauda en Argentina sólo 1,6 % del PBI mientras que en los países de la OECD el promedio es de 8,8 %. Aunque debería ser una de las principales herramientas para la redistribución del ingreso, el Estado se respalda en el IVA, que es relativamente más regresivo, y otros impuestos severamente distorsivos (“al cheque”, retenciones, contribuciones sociales).

    Otras cuestiones importantes sobre las que no hubo comentarios es la distribución territorial de los alcanzados por el tributo. En términos absolutos Capital y Buenos Aires concentran 2/3 de las personas que más ganan, y aún más en términos de masa de ingresos. Esto tiene dos consecuencias: a mediano plazo, se redistribuye de Capital y Provincia a las provincias no petroleras, por el aumento del mínimo menor a los aumentos de salarios. A corto plazo, es probable que con las devoluciones por la retroactividad a enero de la baja se impulse el nivel de actividad con más fuerza en Capital y Provincia que en el resto del país, más afectado por la caída en el nivel de actividad durante la guerra gaucha. Por otro lado, ganancias no tiene en cuenta los diferentes niveles de precios en las provincias petroleras, por lo que hay un trato desigual para trabajadores con similares poderes de compra en dos provincias distintas. Esto genera presiones sindicales muy fuertes que generan innecesariamente una fuente periódica de conflictos innecesarios para el gobierno (y también tiene incidencia distributiva territorial, lo que en un impuesto directo debería ser consecuencia de lo debatido en el Congreso por los representantes de los ciudadanos en el marco de la Ley de Coparticipación).

     
    • boudu 5:21 pm el Lunes 1 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      El tema es que si bajan el IVA, los precios no bajan, con lo cual el beneficio lo tienen los de mayores ingresos.

    • multifernandez 8:36 pm el Lunes 1 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Sí o no. Hay que ver, más en esta dinámica de precios tan rápida. No estoy seguro de que a mediano-largo plazo se mantenga esa sobrerentabilidad.

    • Elemaco 9:29 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Multi:

      101% de acuerdo, y mas ahora que tambien se que lo dice josemaria…

      hace un año dije lo mismo por la blogosfera con algunos numeritos

      http://econserialcronico.blogspot.com/2007/07/con-redistribuidores-como-estos-como.html

      saludos

    • walras 10:03 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Muy buen post (más que la foto!). Considerando que la reca es una de las patas de la política fiscal, que es un instrumento a tenerse en cuenta cuando hablamos de redistribución del ingreso, el debate por la reforma tributaria no puede postergarse más. Curioso que la Presidenta, después de 5 años de gobierno K, se queje de que los pobres pagan IVA por la leche, no???. Eso si, tiene que hacerse luego de un debate público en el Congreso, teniendo en cuenta que la tributación es una facultad delegada por los ciudadanos en la persona del soberano, debe maximizarse la transparencia y deben explicitarse objetivos, impactos, etc.

    • multifernandez 10:53 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      JMF no habló en particular de ganancias, se refirió a aprovechar que ‘no hay males que por bienes no vengan’ en el contexto de la década pasada. Lo hice extensivo a uno de los pocos usos realmente útiles que se me ocurren de la inflación.

  • martinvauthier 12:20 pm el Wednesday 27 · August · 2008 Permalink | Responder
    Etiquetas: , , finanzas públicas, ,   

    Coyuntura no negativa, ¿panorama no positivo? 

    La situación por la cual atraviesa la economía argentina no es, ciertamente, de las mejores. El conflicto con el campo va quedando atrás, pero la avalancha de USD de los exportadores aun no llega, y la actividad no retoma el impulso que mostraba hasta el primer trimestre del año (de por si menor al exhibido el año pasado). La inflación, luego de un breve respiro por el frenazo de la demanda, vuelve a acelerarse, y la incertidumbre, ya no pasajera, comienza a comprometer seriamente (si ya no lo hizo) decisiones de consumo e inversión. La actitud del wait and see, “desensillar hasta que aclare” en criollo, se generaliza entre los agentes. La debilidad estructural de los superávit gemelos, sumados a la destrucción del INDEK y al clima enrarecido que se respira para el mediano plazo, genera en los mercados financieros un clima de desconfianza que, a primera vista, no se corresponde con los todavía sólidos fundamentals de la economía. Pero, ¿qué tan sólidos son?

    En el corto plazo, no hay probabilidades de default. Mas allá de lo que digan los rumores y los agoreros de siempre (los mismos que, desde 2002, mantienen el discurso de “el año que viene explota todo”), el Palacio de Hacienda tiene cerrado el programa financiero de 2008. Cierto es que esto último se logró raspando la olla en el sector público (con la “ayudita” del BCRA, colocándole bonos a la ANSES, la AFIP y la lotería nacional, entre otros, y los bonos adquiridos por nuestro ¿amigo? bolivariano), pero se logró.

    Entonces, las dudas aparecen en el horizonte de mediano/corto plazo, es decir, 2009.

    El año que viene, las necesidades financieras ascenderían a casi USD 21.000 mill., unos USD 5.000 mill. más que este año. Con un superávit fiscal razonable, quedarían por cubrirse USD 13.000 mill. Si a esto le detraemos los roll over que se lograrían con organismos internacionales, las colocaciones a  inversores institucionales (AFJPs, principalmente), el canje de parte de los prestamos garantizados, el “truco” de cumplir con la cláusula de recompra de deuda incluida en el canje de 2005 adquiriendo bonos en manos de organismos estatales (con lo que ningún dólar escapa del sector público) y la utilización de depósitos públicos en el Banco Nación, el gap a financiar ascendería a poco más de USD 5.000 mill. Claro está que dicha cifra podría ser mayor o menor dependiendo de la evolución futura de los supuestos planteados. Por ejemplo, un punto que suele estar en la mira es la trayectoria del excedente primario. Con retenciones a las exportaciones que superan en monto al superávit fiscal, una desaceleración de este tributo sería un golpe difícil de absorber para las cuentas públicas. La luz amarilla se enciende al comprobarse que las exportaciones crecen principalmente por efecto precio, dado que las cantidades exportadas se expandieron un magro 3% en los primeros 7 meses del año. Para transformar la luz amarilla en naranja, se advierte que en las últimas semanas las commodities sufrieron un importante bajón (del 15% en poco más de un mes, según el índice elaborado por Reuters), que las llevó a los niveles que mostraban hace 3 meses, aunque aun son elevados en términos históricos. Sin embargo, ante un escenario desfavorable para los términos del intercambio, es probable que el gobierno reaccione moderando el gasto. En este punto debemos enfatizar la inutilidad de análisis del tipo “si los precios fueran los de 2001 no tendríamos superávit”, dado que en ese caso el gasto primario probablemente no hubiera alcanzado el nivel de hoy día, y quizá el Kirchnerismo no sería Kirchnerismo, al igual que con los precios actuales probablemente el Delarruismo no hubiese sido Delarruismo.

    Otro elemento a tener en cuenta es la posibilidad de que se repitan las transferencias de utilidades del BCRA al Tesoro, que este año se estiman en ARS 5.000 mill. En 2007 el banco de bancos registró una ganancia (superávit cuasifiscal) del orden de los ARS 7.700 mill. Esta cifra se obtuvo, principalmente, por el efecto de la devaluación que el peso registro en el año, lo que permitió hacer crecer (en ARS) el valor de los activos en USD que posee la entidad que conduce Martín Redrado, registrándose una ganancia por “diferencias netas de cotización” de ARS 6.150 mill.

    En este sentido, y dada la apreciación nominal que acumula la moneda nacional en los últimos meses (de un 5% respecto a los máximos alcanzados hace unos meses), es difícil que el BCRA vuelva a obtener suculentas ganancias cambiarias, al nivel de las registradas en años anteriores. Incluso, no es imposible que se registraran pérdidas en este renglón. De todas maneras, podría compensar parcialmente este bajón vía mayores intereses cobrados por el stock de títulos públicos en su poder (que se disparó en las semanas previas por la estrategia del Gobierno de intentar sostener el precio de los bonos, sobre todo los de la parte corta y media), y menores pagos por la emisión de LEBACs y NOBACs (recompró una cantidad importante como mecanismo para inyectar liquidez a la economía en los peores momentos del conflicto con el campo), aunque seguramente deberá abonar más en concepto de intereses por los préstamos recibidos del BIS (para disimular en parte la caída de las reservas), y recibirá menos por la cancelación casi total del stock de redescuentos remanentes, herencia de la crisis de 2002.

    Entonces, el Gobierno probablemente no pueda recostarse en el BCRA con tanta seguridad como lo hizo este año. Tampoco podrá seguir colocando fondos masivamente en organismos del sector público, simplemente porque esos caudales no son ilimitados.

    Salir al mercado para refinanciar USD 5.000 mill, en una situación “normal”, no luce problemático. De hecho, si el gobierno tuviera acceso más o menos fluido al mercado, ese número no representaría ningún inconveniente. Al no ser este el caso (¿dónde estaría la parte interesante sino?), podemos intentar ejercitarnos un poco en el arte de la futurología.

    En el contexto presente, y según los supuestos que hagamos, se abre un abanico de sucesos factibles para el año venidero. En el primer escenario (el más improbable), el Gobierno recupera inmediatamente la confianza de los mercados, vía recomposición total del INDEK (tanto hacia delante como hacia atrás), negociación exitosa con el Club de París y medidas que demuestren un cambio en la política (no solo en la “política” económica), cerrando sin mayores dolores de cabeza la brecha de financiamiento. En el segundo, el Gobierno emite algunas señales tímidas, más por necesidad que por convicción. Así, moviendo (quizá no “removiendo) algunos funcionarios, operando acertadamente sobre la emergencia (e.g. el programa de recompra de bonos instrumentado hace un par de semanas) y dando algunas señales de buena voluntad (bajando el nivel de confrontación, por ejemplo) podría refinanciar en el mercado local buena parte de ese monto, pero a un costo importante y sin despejar las dudas sobre el futuro. En un último escenario estilizado, y que podríamos llamar el de “Una tormenta perfecta” o “La suma de todos los miedos”, el Gobierno mantiene su política actual, no cambia funcionarios ni políticas, no recupera la credibilidad de las instituciones y K continua manejando los piolines de la economía. En este caso, sería imposible refinanciar siquiera una pequeña parte de los vencimientos. Una solución posible pasaría por pedirle ayuda, una vez más, al bolivariano, aunque su suerte esta tremendamente atada a la evolución de los precios del oro negro, que cayeron alrededor de un 20% en las últimas semanas. También podría recurrirse, como pide un ex ministro, a las RR.II. del BCRA, aunque, como mencionáramos en un post anterior, eso comprometería seriamente el respaldo del peso (si, como somos una economía pequeña y volátil lamentablemente necesitamos reservas en moneda dura para defender el valor de nuestra moneda) y la fortaleza del ente monetario como prestamista de última instancia y garante de la estabilidad del sistema. Finalmente, tenemos la tan conocida alternativa del default. Pero dicha posibilidad sólo puede darse en la medida en que el Gobierno decida encaminarse hacia un suicidio político, y de ningún modo, más allá de las irracionalidades múltiples de esta administración, existe un 30% de probabilidades de default.

    Sin embargo, el fantasma del default puede pasar rápidamente de ser un estado de la naturaleza improbable a una certeza. Que esto ocurra dependerá de que tanto los Kirchner sigan el consejo de ese gran estudioso del arte de lo posible: “Ocurre en este caso como con los que tienen la tuberculosis, de quienes dicen los médicos que al principio la enfermedad es fácil de curar pero difícil de descubrir, pero si ni se descubre ni se le pone remedio, con el tiempo se convierte en fácilmente reconocible y difícilmente curable”.

     
    • trucha 3:23 pm el Miércoles 27 · agosto · 2008 Permalink | Responder

      Muy bueno

    • Bruno 2:11 pm el Jueves 28 · agosto · 2008 Permalink | Responder

      Muy bueno el post.
      Se me ocurre que la época en que “la enfermedad es fácil de curar, pero difícl de descubrir” pasó hace por lo menos 2 años…
      Al mismo tiempo, me da la impresión de que nada más lejano de los K que Maquiavelo. Si la pareja al poder tuviera algún rasgo mínimo de pragmatismo -característica central de un político- no estaríamos en esta situación.

      Saludos.

    • Tincho 1:42 pm el Viernes 29 · agosto · 2008 Permalink | Responder

      Buen post.

      Coincido en que default este año no va a haber, el problema es el año que viene y los demas años, creo que el mercado si tiene motivos para preocuparse y los extremistas alguna chance (pequeña claro). La cotización de los bonos viene de capa caída desde antes del conflicto agropecuario y para mi esta movida de las calificadoras, a pesar de que el mercado sobrerracciona, tiene sentido.

      Ojala que los K hagan lo necesario para que el mercado les preste y solucionen el tema inflacionario porque de corregir el mercado via recesion puede afectar mucho el superavit primario.

      Saludos

    • Roco 4:27 pm el Viernes 29 · agosto · 2008 Permalink | Responder

      Me parece que a la luz de los últimos acontecimientos, el escenario 1 tiene una chance del 0%, el dos tiene posibilidades del 50%, por lo tanto el riesgo de default es del 45% por lo menos. Pues aun en el caso de darse el escenario 2 no garantiza el acceso al dinero necesario.

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