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  • martinvauthier 4:01 pm el Thursday 6 · August · 2009 Permalink | Responder
    Etiquetas: campo, , , guerra gaucha, impuestos, , , , , soja,   

    Medidas para el campo 

    Creemos que el anuncio de nuevas medidas para el campo representa un importante avance, al menos en relación a lo que uno podría esperar teniendo en cuenta la virulencia, profundidad y duración inusual del conflicto. La apertura de las expor de trigo y maiz era clave en medio de la pésima campaña actual, al menos como señal para el futuro al permitir el cobro del precio pleno. Lo mismo puede decirse de la flexibilización del encaje en la ganaderia y los incentivos a los pequeños tamberos. Es un muy buen primer paso para revertir la calamitosa política K hacia el campo.

    No debemos olvidar que pese a los discursos progre y el odio a la “oligarquía”, este Gobierno propició tanto la concentración en el sector agropecuario como la sojización del país destruyendo la rentabilidad de actividades alternativas (de mucho mayor valor agregado). No es que le viniera mal en términos fiscales, ya que de soja se exporta (y queda sujeta a retenciones) alrededor del 95% de la producción. Igualmente, los K tampoco fueron demasiado estrictos respecto a este último punto. Al aceptar  que las exportadoras registraran operaciones a fines de 2007 sin tener disponible la materia prima, tributando 27% de retención, el Gobierno generó millonarias transferencias al oligopolio exportador, que compraba la materia prima con un descuento del 35% ( la alícuota que efectivamente regía cuando debían adquirir el poroto).  De cualquier manera, la política K no sólo falló desde el punto de vista de la equidad. En términos de eficiencia, los resultados están a la vista, como reconoce el último informe de inflación del BCRA (si, el BCRA, no la SRA).

    Dados los antecedentes en la materia, no nos queda otra que ser cautelosos. Pero como la esperanza es lo último que se pierde, preferimos pensar que esta vez vamos por el buen camino. Con un poco de responsabilidad del Gobierno, manteniéndose permanentemente en la senda del diálogo y dispuesto a entender la problématica del sector sin prejuicios ideológicos, y del campo, evitando los planteos irresponsables (como la reducción a mansalva de las retenciones a la soja), creemos que el sector rural puede volver a ser la punta de lanza de la salida de la recesión, al tiempo que el alza de la producción junto a una presión tributaria razonable y acorde a la capacidad contributiva del sector puede ayudar enormemente a la solvencia del sector público en los próximos años.

    Es hora de dejar de pelearnos por una torta que se achica y generar los consensos para agrandarla y distribuirla.

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    • Villa 12:12 am el Viernes 7 · agosto · 2009 Permalink | Responder

      La torta no se achica, por lo menos si hablás del campo. Están subiendo todos los precios y los insumos (especialmente los fertilizantes) bajaron con todo. Lo que si se puede hacer es distribuir la torta, pero eso se trató de hacer con la 125 y no quisieron.
      Ahhh, y me da por las bolas que la junta de enlace quiera sacar el ONCCA, no quieren que los controlen, no quieren pagar impuestos. Se ponen a hablar de pobreza uno de los sectores con más empleo en negro, peores pagos y que votaron en contra de la jornada de 8 hs máxima. Sostenían que el peón debe laburar todo el día.
      Bueno, me refui por las ramas, pero me molesta en demasía que le den tanta importancia al campo cuando no representa el mayor sector de la argentina y además no genera casi nada de trabajo, especialmente la soja.

      • walras 11:46 pm el Jueves 20 · agosto · 2009 Permalink | Responder

        Perdón por la respuesta tardía! Ojo que si consideramos el campo como un todo, representa una porción bastante importante del PIB (no sólo la actividad primaria..tiene muchos servicios vinculados, agroindustria, maquinaria agrícola, etc). Pero más allá de eso, creo que el rol del Gobierno tiene que ser otro. En lugar de distorsionar con trabas burocráticas y hacer inviables actividades como la carne o la leche, debería incentivarse un aumento masivo de la producción. Y el rol del Estado ahí tiene que ser garantizar el abastecimiento del mercado interno (la única manera es aumentando la producción), a la vez que debe controlar que no haya empleo en negro y que el campo pague impuesto a las ganancias como corresponde.

  • martinvauthier 10:45 pm el Sunday 2 · August · 2009 Permalink | Responder
    Etiquetas: déficit, , , , impuestos, , , , sostenibilidad, ,   

    Diálogo con el campo: ¿Esta vez si? 

    La gran pregunta, por estos días, es si finalmente el Gobierno alcanzará alguna especie de acuerdo con el ruralismo que ponga fin a un conflicto que ya lleva demasiado (resalto el “demasiado”) tiempo. Vamos a tratar de aportar algo a un tema bastante discutido (acá, aquí, allá y allí, entre muchos otros)

    El tema no es menor: si bien venía de antes, la escalada que gatilló la 125 pusó fin abruptamente a los 6 años de mayor crecimiento en la historia del país.  El conflicto mezcló paros, cortes de ruta, amenazas de desabastecimiento, lamentables discursos y hasta la referencia a intenciones “destituyentes”. Finalmente, CFK envió el proyecto al Congreso y el voto no positivo pareció descomprimir el asunto. No fue así, y se entró en un largo letargo en el cual ni el Gobierno ni el campo se sacaron ventajas. En lugar de poner “de rodillas” al otro, terminaron tumbando al país.

    La cuestión retomó impulso tras la derrota oficialista del 28-J, y el Gobierno, tal vez obligado, llamó al campo al diálogo. Volvemos al título del post..¿esta vez si?

    Reconociendo que puedo pecar de ingenuo me atrevo a decir que si (al menos evité la tradicional respuesta de un economista: “y..depende..”). ¿A qué se debe mi exceso de optimismo? Tengo un par de razones:

    1. Es innegable que gran parte de la fuerza que tuvo el reclamo del campo provino del apoyo de sectores que jamás habían visto una vaca, salvo en la parrilla o el plato. Sin embargo, me parece que ese espaldarazo estuvo sostenido más que por el reclamo propio del campo (¿cuántos en el Monumento de los Españoles sabían de “mercados futuros”, “retenciones móviles”, “alícuotas marginales”?), por una sociedad que se acopló al primer sector que (reconozcámoslo) planteó un desafio en serio para un oficialismo que pareciá invulnerable. Hoy por hoy, con un Gobierno más débil, me parece que el campo no podrá contar con el apoyo incondicional de la opinión pública. Apoyar a la patria chacarera ya no es “condición necesaria” para oponerse al Gobierno.

    2. Así como la sociedad freerideo al campo, la oposición hizo lo propio. Perdida, sin rumbo, sin ideas ni propuestas y totalmente avasallada por el poder y la caja asfixiante de los K, tanto el panradicalismo como el PJ2 encontraron en el campo el sector al cual “subirse” para recuperar la iniciativa. Por ello, los apoyaron incondicionalmente. Pero, al igual que en el caso de la sociedad, las condiciones para esta banca cambiaron radicalmente.  Hoy la oposición derrotó a los K y se ve con posibilidades de llegar al poder en 2011. Por lo tanto,  y como postula el Teorema de Baglini, suena difícil que apoye cualquier propuesta que pueda generar un agujero fiscal.

    Resumiendo, con un campo cuyo apoyo se enfrió, y con un Gobierno mucho más débil, el acuerdo me parece más factible. Con un mínimo costo fiscal (poco más de $1.000 millones), se podrían eliminar las retenciones al trigo y al maíz. También se podría llegar a un acuerdo por el cual el campo garantice la provisión a precios razonables de leche y carne al mercado interno y a cambio se eliminen las restricciones a la comercialización y la exportación (acá el quid pro quo y los enforcements serían claves). El tema del yuyo es más complejo, pero si el Gobierno cede en todo lo otro y sabe comunicar a la sociedad que se generaría un problema fiscal severo en caso de eliminar las retenciones a la oleaginosa (¿$13.000 millones?), no parece difícil que el campo deba aceptar, a riesgo de quedar como intransigente y con poca voluntad de negociar.

    Es cierto que quien se quema con leche llora cuando ve una vaca, pero esta vez me parece que algo, aunque sea ALGO, tiene que salir.

     
    • Socialistas Con Pino 1:58 am el Martes 4 · agosto · 2009 Permalink | Responder

      Hola. Realmente está muy bueno este blog. Hay un argumento más para no bajar retenciones y tiene que ver con la parte de los molinos de harina, fábricas de aceites, y la cría de animales. Una baja en las retenciones subiría los costos internos de esos insumos y perjudicaría al sector que más trabajo genera dentro del complejo agroindustrial.

      De modo que ahí el gobierno tienen un aliado para intentar mantener el status quo. También es cierto que el gobierno todavía no comprendió al sujeto agrario en su conjunto ni a las partes que lo componen.
      Muchas de las alianzas sectoriales que se dieron en los últimos tiempos dentro de la Pampa Cerealera son de tipo estratégico, como la que se dió en tre FAA y SRA, son estratégicas y se mantendrán en el tiempo. Pero otras son tácticas, como las de la oposición con la dirigencia rural, y la de estos con la industria de procesamiento agrícola, éste se torna más competitivo a medida que las retenciones suben.
      Allí el gobierno tendría un aliado y un argumento para no bajar retenciones. Es evidente que a nadie van a conmover con el argumento de que “hay que salvar la kaja”.
      Los manejos arbitrarios de la ONCAA y de la Sec. de Comercio se podrian eliminar sin costos fiscales y se podría avanzar sobre el sector financiero aprovechando que los mismos ruralistas promueven esto.
      El gobierno se quedó en un diagnóstico modelo 2003. El mismo diagnóstico que les permitió acumular poder pero que ahora es obsoleto por distintos cambios que ocurrieron y porque los imponderables hacen que sea necesario un ajuste más fino de aspectos que tal vez antes no era necesario tenerlos en cuenta.
      Hay muchas contradicciones entre los distintos sectores económicos y dentro de la misma agroindustria que el gobierno podría aprovechar. Pero se sigue intenando explotar la supuesta contradicción que habría entre los pequeños y grandes productores que por el momento no da muestras de tener fisuras.
      Ni hablar de encarar los abusos de las multinacionales exportadoras.
      No sé si todas estas torpezas son por falta de visiòn (el diagnóstico) o por compromisos que habría entre el gobierno y sectores que no se animan a tocar.
      Tal vez la culpa sea el modelo de gestión: En Sta Cruz hay solo 3 empresas pesqueras, 3 petroleras, 2 medios de comunicación y una sóla cadena de supermercados, en ese contexto es fácil controlar las subas de precios de todas la provincia y tener a todos los emrpesarios y medios de comunicación contentos. Allí todo se arregla con un control centralizado y con un par de personas leales que hagan los llamados telefónicos adecuados. A nivel nacional este modelo de gestión es imposible, la cantidad de actores económicos es muy diversa y heterogénea y parece que esto el gobierno no lo entiende.

      Seguiré atento a este blog, saludos.

  • multifernandez 3:13 pm el Monday 27 · July · 2009 Permalink | Responder
    Etiquetas: , , , , , , , impuestos, , , , , , , , ,   

    Ingreso básico para menores 

    Con este post respondo al artículo de Datos Duros sobre las políticas universales.

    En primer lugar, para ver la factibilidad de estos proyectos que han sido ampliamente apoyados por Proyecto Sur, el Acuerdo Cívico y Social y hasta el narcoperonismo (en una versión más amplia), voy a tirar un par de números para hacernos una idea sobre el tema de que estamos hablando.

    Usando los datos del INDEC, ajustando la cantidad de menores de 18 de 2001 por el crecimiento poblacional de las estimaciones que publican tenemos 13.470.000 menores actualmente. La canasta básica alimentaria de junio, según el INDEC, es de 144$. Planteemos un objetivo bien modesto que es evitar la indigencia y otorguemos entonces 145$ a cada menor. Casualmente, es el mismo número que surge de multiplicar las necesidades calóricas de los menores por una CBA calculada de una manera razonable y no al estilo INDEC. En definitiva, hablamos de 25.400 millones de pesos. La cifra representa más o menos un 2,4% del PBI.

    ¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento?

    Una primera medida sería afectar los ingresos por asignaciones familiares, que representan un ~7,5% del salario en blanco y son pagadas por el empleador. No todos los ingresos por asignaciones se destinan hoy a este fin, por lo que usar estos fondos implicaría una reducción leve del resultado de la ANSES. En el año que termina en junio de 2009 esto da 11.550 millones.

    Por el lado de programas presupuestarios, la necesidad de los programas de Seguridad Alimentaria, Familias por la Inclusión Social, Pensiones no contributivas para madres de más de 7 hijos entre otros dejan de tener razón de ser en su mayor parte, por lo que sus créditos se afectan al ingreso básico y se obtiene de esa manera 6.300 millones de pesos adicionales de financiamiento.

    Gravar la renta financiera proveería de 1.000 millones de pesos adicionales al Tesoro y 700 millones a la ANSES (que compensan la caída en el resultado por la afectación de la totalidad de los ingresos por asignaciones familiares al ingreso básico). Habría otros ingresos por ganancias: el 35% de todo lo que se pague por ingreso básico a los hogares de mayor poder adquisitivo, que son unos 170 millones, más unos 500 millones adicionales por la eliminación de las exenciones en ganancias.

    La reducción del ahorro en la ANSES implica un aumento en la recaudación directa por IVA de unos 850 millones entre Tesoro y ANSES.

    Los ingresos del Tesoro por esta pequeña reforma impositiva son de 20.700 millones. El resto puede afrontarse con el resultado del gobierno, o bien afectando parte de los ingresos actuales de la ANSES por el pacto fiscal. Afectar sólo un tercio de los ingresos por el pacto fiscal a esto implicaría generar más de 8.000 millones de pesos de recursos que salen del superávit de la ANSES. Esto es altamente justificable por los argumentos de Kritz en su informe de julio, por tratarse de asumir los costos de políticas sociales que realizan hoy las provincias con mayor equidad y por los aumentos que se producirán en consecuencia en la recaudación de las provincias.

    En todo momento, téngase en cuenta, disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. El aumento en los recursos de las provincias está en el orden de los 7.000 millones de pesos, lo que es una proporción importante del déficit que se estima para este año.

    Con esto mostrarmos que no hace falta expropiar a nadie para financiar esto, aceptamos el mote de carísima que le ponen en Datos Duros y rechazamos el de abstracta por haber demostrado un esquema de financiamiento posible y razonable. Al respecto, el “culo que va a sangrar” (el nuevo financiamiento) estaría provisto en mitades más o menos iguales por el resultado de la ANSES y por quienes hoy gozan de exenciones poco justificables en el pago del impuesto a las ganancias, y juzgo más aceptable el eliminar la exención de ganancias a los que cobran intereses por la deuda pública que estafarlos con el ajuste del capital por CER cuando cobren dentro de 20 años. En próximos posts proseguiremos con la discusión sobre este asunto.

     
    • Musgrave 6:29 pm el Lunes 27 · julio · 2009 Permalink | Responder

      Segun datos oficiales del mecon, gravar la renta financiera rendiría 1000 millones por depositos, 2900 millones por titulos publicos a lo que se sumarían la renta por compra venta de acciones no estimada.
      saludos

      • multifernandez 8:13 pm el Lunes 27 · julio · 2009 Permalink | Responder

        Sí, por eso lo separé en Tesoro y ANSES. El resto va a las provincias, y también se reparte por el pacto fiscal. Pensá que Ganancias primero manda una proporción considerable de lo recaudado a las provincias, luego el pacto fiscal (actualmente ANSES pero en veremos por la situación política) y luego a la coparticipación secundaria. Lo que queda para el Tesoro no es tanto a pesar de que el MECON estima más de 4.000 millones de piso.

        Gracias por volver!

    • Charlie Boyle 3:17 am el Martes 28 · julio · 2009 Permalink | Responder

      Creo que se olvidan de los planes actualmente existentes que son de asistencia al mismo sector no nacionales

      • multifernandez 9:55 am el Martes 28 · julio · 2009 Permalink | Responder

        Hola Carlos, gracias por comentar. Si bien no entré en detalles, en el post puse disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. Esto iba por el lado que mencionás. Hoy hay políticas sociales descoordinadas al nivel provincial y hasta municipal (uno de los argumentos para designar ministro provincial de desarrollo social al ahora ex intendente de Avellaneda Baldomero Álvarez era su exitoso programa de ayudas y becas). Esto no lo podemos contar dentro del sector público nacional, pero sí es posible que el financiamiento que se desafecte de las políticas sociales subnacionales alivien parcialmente algunos gastos en el nivel nacional por transferencias para obras (p. ej. los de obras locales) u otros motivos.

    • Johnd639 11:15 am el Miércoles 30 · julio · 2014 Permalink | Responder

      I have to agree with your statement with this issue and fgfdaacecadk

  • multifernandez 11:10 pm el Wednesday 24 · September · 2008 Permalink | Responder
    Etiquetas: , , impuestos, , , , , ,   

    No te voy a decir qué ganan, pero te tiro una idea 

    Más del discurso oficial – 18 de JUNIO

    Cristina: “No he firmado decretos de necesidad y urgencia”

    La Mandataria lo destacó como “una contribución a la calidad institucional”.

    Cuesta mucho ser optimista. Esta es la peor forma del “derrame”. Antes, por lo menos, tenías planes trabajar…

    El PEN subestima los recursos en el presupuesto todos los años; este año ya va un aumento en los recursos vigentes del 26% (y hay que ver si no hay más). Más o menos a esta altura de cada año, reparten el dinero sobre el que el Congreso no debatió. Salió con DNU finalmente. La tabla indica cuánto creció el crédito de las jurisdicciones respecto de lo que se votó en el Congreso.

    35 Min. de Relac. Ext, Com. Internac. y Culto 5% Efecto jazz.
    10 Ministerio Público 7% Mejor pagáte un abogado por tu cuenta.
    71 Ministerio de CyT 9% Casi todo CONICET: ARS 107 millones.
    90 Servicio de la deuda pública 9%
    30 Ministerio del Interior 12%
    85 Ministerio de Desarrollo Social 12% ARS 940 millones. Pensiones no contributivas se llevan más de la mitad. El único programa más o menos orientado al desarrollo social (“seguridad alimentaria”) recibe 234 millones. Un monto claramente suficiente. Un auténtico dineral. Sobre todo con lo eficiente que es la actual administración.
    40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 13% Va todo a las fuerzas de seguridad.
    20 Presidencia de la Nacion 14%
    45 Ministerio de Defensa 15%
    75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social 16% ANSES: ARS 9.900 millones.
    80 Ministerio de Salud 16% ARS 530 millones, casi todo a atención de ex-combatientes.
    5 Poder Judicial de la Nacion 17% Mejor pagáte un juez por tu cuenta.
    70 Min. de Educ., Ciencia y Tecnología 24% ARS 2.250 millones: universidades (1.400) y salarios.
    1 Poder Legislativo Nacional 25%
    25 Jefatura de Gabinete de Ministros 27%
    56 Min. de Planif. Fed, Inv. Pública y Serv. 51% Casi todo subsidios: ARS 9.470 millones. Energía, trenes, colectivos, camiones, aerolíneas.
    50 Ministerio de Economia y Producción 80% Subsidios a sojeros (ONCCA), ARS 2.000 millones.
    91 Obligaciones a cargo del Tesoro 86% Casi todo subsidios: ARS 6.502 millones a AySA, ENARSA, subsidios a la energía, etc.
    Total general 25%
    Zapatazo

    Zapatazo

     
  • multifernandez 6:00 pm el Wednesday 10 · September · 2008 Permalink | Responder
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    Tendencia secular al deterioro de las instituciones II 

    Parte I

    Otras formas en que se distorsiona la transparente asignación de recursos entre la nación y las provincias viene de la mano de fondos especiales con objetivos específicos. Por ejemplo, las obras de infraestructura a ser financiadas con los recursos del fondo fiduciario del sistema de infraestructura de transporte (financiado antes con el impuesto al gasoil y hoy en partes iguales con ese impuesto y rentas generales), los subsidios a las empresas de transporte, otras transferencias para obras en los sistemas eléctricos y demás usaban los coeficientes de la ley de coparticipación (o bien esquemas similares pero con coeficientes diferentes). Todo esto empeoró considerablemente con la ronda de superpoderes nacidos de la crisis de 2001 y la vuelta de Cavallo: se crearon numerosos fondos de esta clase, que hoy representan una parte muy importante del presupuesto total. En esos casos, la decisión sobre la distribución territorial de los recursos se alejó cada vez más del ámbito de discusión parlamentario. Pasa de la ley de coparticipación a leyes comunes, de leyes comunes a decretos y resoluciones ministeriales o de secretarías y a disposiciones de entes menores. A veces los coeficientes son determinados sobre la base de alguna otra variable externa, sin que se analice la razonabilidad de que esa variable determine el criterio de financiación de las provincias. Otras medidas tomadas en función de la última crisis son los superpoderes de reasignación de partidas (artículo 37 de la ley de administración financiera), que al combinarse con la carencia total de información sobre la ejecución presupuestaria básicamente da un cheque en blanco al gobernante para hacer lo que quiera sin controles, las distintas disposiciones sectoriales (como en transportes) relativas a la emergencia económica, que por motivos “de excepción” asigna recursos sin su discusión en el congreso. Todo esto iba en contra de algunas medidas menores tendientes a ampliar los límites de los recursos del sector público nacional sujetos a discusión, mediante la inclusión de algunos fondos y organismos omitidos por las leyes de presupuesto.

    Mientras tanto, el Estado se encontró con que en las crisis era más difícil recaudar. Entonces no sólo hubo normas de emergencia para regular el gasto de forma tal que se paliaran los déficits más agudos y las situaciones sociopolíticamente más delicadas, sino que se generaron instrumentos de financiación que, al carecer jurídicamente de carácter tributario, no pertenecían a los recursos “coparticipables” (o distribuibles vía el mazacote normativo de ese conjunto de leyes). Al reducirse la proporción de recursos que el estado se veía obligado a girar automáticamente a las provincias, fueron necesarios mecanismos alternativos para transferir esos fondos. Por ejemplo, antes la porción de uno de los fondos fiduciarios destinada a financiar obras viales se distribuía entre las provincias con coeficientes fijos. Luego pasó a ser la DNV en sí misma la que desarrollaba las obras, de acuerdo a convenios con las provincias. Algunos programas presupuestarios incluyeron transferencias automáticas de montos considerables para permitir a las provincias el desarrollo de las funciones básicas. Por estos motivos, ver los números de los recursos girados a las provincias puede ser poco indicativo de lo que realmente reciben por parte del estado nacional. Esos gastos son ejecutados por las provincias, por el personal y la organización de las provincias, pero figuran como gastos en el presupuesto de la administración nacional.

    Así se configura un esquema caótico y muy complejo, inmanejable, donde se reemplaza discusión por discrecionalidad y se eleva el clientelismo del barrio a la relación nación – provincias. Cada crisis empeora la situación por el lado de los ingresos, con nuevos tributos, por el lado las asignaciones de esos ingresos, con más rigidez y criterios coyunturales y discrecionales, por casos de “gasto centralizado” como el de algunas obras o por casos de gastos ejecutados por las provincias pero imputados a la nación. Esta situación probablemente trascienda a la discusión de una ley de presupuesto o coparticipación, y requerirá de numerosos años de estudios y reformas para dar racionalidad al sistema. Y esquemas para que la calidad de las instituciones del estado no sufran (tanto) con cada crisis, sin posibilidad de que se deshaga lo hecho durante las fases de recuperación.

     
  • multifernandez 11:42 pm el Tuesday 9 · September · 2008 Permalink | Responder
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    Tendencia secular al deterioro de las instituciones I 

    Cada vez que hay una crisis surgen esquemas creativos para financiar los déficits que se generan con la caída de la recaudación. Esto es, formas de acatar pero no cumplir las normas previas (ni pasar por lentas y tal vez inviables discusiones en contextos apremiantes). Ejemplo: la ley de coparticipación vigente, de 1988, es modificada o complementada por unas 89 normas. Ella establece que el 54,66% de los recursos tributarios de la Administración Central se giren a las provincias y se repartan con proporciones fijas. Esos coeficientes son la base de los recursos que la nación gira a las provincias, y el componente individual más jugoso. Pero no es el único:  existen numerosas disposiciones adicionales que asignan específicamente recursos a provincias particulares, desdibujando el significado de los porcentajes que debería recibir cada provincia. Por ejemplo, está la ley de cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, la ley de financiamiento educativo de Kirchner – Filmus, tres ítems por el impuesto a las ganancias, tres por bienes personales, una asignación complementaria adicional de IVA, cuatro formas distintas de crear asignaciones específicas de parte de impuestos a los combustibles (naftas), otras tres por el régimen de la energía eléctrica, otra por el fondo compensador de desequilibrios, una proporción fija del monotributo (aparte de la coparticipada por rentas generales), fondos especiales, el pacto fiscal, el fondo para aportes del tesoro nacional, etc. Cada desequilibrio genera una ley, una nueva rigidez y una nueva capa de complejidad al esquema que hace difícil, si no imposible, su discusión y evaluación en términos políticos. Cada crisis deja sus marcas sobre el esquema de distribución de los ingresos de la nación (de 1988), por lo que los criterios y las razones originales se desdibujan totalmente. ¿Quién financia a qué provincias?

    La Constitución de 1994 establecía que debía sancionarse una nueva ley con coeficientes actualizados y ajustados a los criterios políticamente establecidos en la carta magna de distribución de los fondos. Nunca se sancionó otra ley de coparticipación (en parte por el estado permanente de crisis que imposibilita cualquier discusión en términos razonables sobre los recursos), y poco tiempo después de que se aprobara la constitución se crearon instrumentos complementarios para financiar déficits transitorios en las provincias. Esto va aparte del mazacote normativo que comúnmente como “coparticipación” (aunque los fondos de la coparticipación propiamente dicha en algunos casos no son ni la mitad de los que gira automáticamente la nación). Uno de esos instrumentos fue el fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que surge más o menos por la época del tequila y financia déficits transitorios en las cajas (desequilibrios corrientes) con recursos provenientes de la venta de activos (Banco Hipotecario, acciones de YPF) y que sería más tarde entre otras cosas usado para emitir los LECOPs.

    Hasta aquí vimos como se desdibuja el esquema de la “coparticipación”. Después sigo con los ingresos y el gasto.

    Sigue (más tarde) en la parte II.

     
    • walras 1:13 pm el Miércoles 10 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Que tema este de las instituciones, no? Algo interesante sería ver si vienen primero las instituciones y luego la estabilidad económico/social o viceversa (probablemente se retroalimenten y se genere un círculo virtuoso, pero el tema del huevo o la gallina habría que checkearlo). Tema para un futuro post, tal vez.
      100% de acuerdo con lo de que en la Argentina de los últimos 20 años hubiera sido milagroso alcanzar un consenso sobre la copa. No se logró con temas mucho menores, menos se iba a poder con este que hace a la esencia misma de la nación (si somos federales o unitarios, que tanto somos una u otra cosa, etc). Si consideramos que encima el 100% de las provincias tiene que estar de acuerdo para modificar la “ley” (ya ni siquiera es ley, desvirtuada como está con las innumerables “modificaciones” que comentás)……….
      En finnn, dejo picando la siguiente pregunta: ¿qué incentivo tienen un gobierno central (no sólo K ehhhhhhh) a cambiar el manejo discrecional y con criterios políticos de una tremenda caja por una ley que asigne fondos a cada provincia de manera objetiva, transparente y estable?

    • laliberal 11:46 am el Sábado 20 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Las instituciones son las que traen estabilidad economica y social.. imaginate como puede desarrollarse una sociedad si a cada minuto le cambian las reglas de juego.¿? (cualquier parecido con la realidad Arg no es una coincidencia)

      Yo estoy convencida que los gobiernos no tienen ningun incentivo para dejar de manejar la caja a su antojo. (está en la esencia misma del político) de alli la imperiosa necesidad de que exista un marco jurídico que garantice la division de poderes y limite el poder de estos déspotas.

  • multifernandez 9:00 am el Sunday 31 · August · 2008 Permalink | Responder
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    Impuesto a las ganancias 

    El impuesto a las ganancias es el impuesto que menos creció desde 2001 en términos de la presión tributaria ejercida sobre el PBI. Impuestos como el IVA, retenciones y los ingresos por seguridad social explican casi por completo el aumento de la presión tributaria en estos años en que la participación del Estado en la economía creció considerablemente.

    En un contexto complicado para conseguir el financiamiento necesario para cubrir los vencimientos de capital de la deuda, el gobierno disminuye la presión impositiva sobre el decil de personas que más ganan, con un costo fiscal de unos ARS 1.500 millones. La medida es razonable dado que la suba del mínimo no imponible es incluso menor al promedio de aumento de los salarios, pero plantea varias dudas (entre ellas, la de quiénes son representados por los sindicalistas que hacen lobby para desgravar al décil de más altos ingresos pero no para disminuir los impuestos que gravan el consumo de bienes de primera necesidad).

    La principal es la falta de debate sobre que se dejan pasar oportunidades para transformar la estructura de ingresos del Estado. Recientemente dijo JM Fanelli en una charla algo en el sentido de que si se pagó muy caro en competitividad, pobreza y desempleo por la oportunidad de realizar reformas estructurales en la Argentina de Menem, debiera al menos haberse aprovechado lo que se consiguió con tanto esfuerzo en lugar de tirarlo por la ventana. Hoy podría mitigarse parcialmente el impacto de la inflación sobre la población más vulnerable con una lenta y gradual reforma tributaria que se valiera de la inflación para ir modificando el peso de los distintos ingresos en el total de los recursos del Estado. Hoy, el impuesto a las ganancias recauda en Argentina sólo 1,6 % del PBI mientras que en los países de la OECD el promedio es de 8,8 %. Aunque debería ser una de las principales herramientas para la redistribución del ingreso, el Estado se respalda en el IVA, que es relativamente más regresivo, y otros impuestos severamente distorsivos (“al cheque”, retenciones, contribuciones sociales).

    Otras cuestiones importantes sobre las que no hubo comentarios es la distribución territorial de los alcanzados por el tributo. En términos absolutos Capital y Buenos Aires concentran 2/3 de las personas que más ganan, y aún más en términos de masa de ingresos. Esto tiene dos consecuencias: a mediano plazo, se redistribuye de Capital y Provincia a las provincias no petroleras, por el aumento del mínimo menor a los aumentos de salarios. A corto plazo, es probable que con las devoluciones por la retroactividad a enero de la baja se impulse el nivel de actividad con más fuerza en Capital y Provincia que en el resto del país, más afectado por la caída en el nivel de actividad durante la guerra gaucha. Por otro lado, ganancias no tiene en cuenta los diferentes niveles de precios en las provincias petroleras, por lo que hay un trato desigual para trabajadores con similares poderes de compra en dos provincias distintas. Esto genera presiones sindicales muy fuertes que generan innecesariamente una fuente periódica de conflictos innecesarios para el gobierno (y también tiene incidencia distributiva territorial, lo que en un impuesto directo debería ser consecuencia de lo debatido en el Congreso por los representantes de los ciudadanos en el marco de la Ley de Coparticipación).

     
    • boudu 5:21 pm el Lunes 1 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      El tema es que si bajan el IVA, los precios no bajan, con lo cual el beneficio lo tienen los de mayores ingresos.

    • multifernandez 8:36 pm el Lunes 1 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Sí o no. Hay que ver, más en esta dinámica de precios tan rápida. No estoy seguro de que a mediano-largo plazo se mantenga esa sobrerentabilidad.

    • Elemaco 9:29 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Multi:

      101% de acuerdo, y mas ahora que tambien se que lo dice josemaria…

      hace un año dije lo mismo por la blogosfera con algunos numeritos

      http://econserialcronico.blogspot.com/2007/07/con-redistribuidores-como-estos-como.html

      saludos

    • walras 10:03 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Muy buen post (más que la foto!). Considerando que la reca es una de las patas de la política fiscal, que es un instrumento a tenerse en cuenta cuando hablamos de redistribución del ingreso, el debate por la reforma tributaria no puede postergarse más. Curioso que la Presidenta, después de 5 años de gobierno K, se queje de que los pobres pagan IVA por la leche, no???. Eso si, tiene que hacerse luego de un debate público en el Congreso, teniendo en cuenta que la tributación es una facultad delegada por los ciudadanos en la persona del soberano, debe maximizarse la transparencia y deben explicitarse objetivos, impactos, etc.

    • multifernandez 10:53 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      JMF no habló en particular de ganancias, se refirió a aprovechar que ‘no hay males que por bienes no vengan’ en el contexto de la década pasada. Lo hice extensivo a uno de los pocos usos realmente útiles que se me ocurren de la inflación.

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