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  • multifernandez 3:13 pm el Monday 27 · July · 2009 Permalink | Responder
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    Ingreso básico para menores 

    Con este post respondo al artículo de Datos Duros sobre las políticas universales.

    En primer lugar, para ver la factibilidad de estos proyectos que han sido ampliamente apoyados por Proyecto Sur, el Acuerdo Cívico y Social y hasta el narcoperonismo (en una versión más amplia), voy a tirar un par de números para hacernos una idea sobre el tema de que estamos hablando.

    Usando los datos del INDEC, ajustando la cantidad de menores de 18 de 2001 por el crecimiento poblacional de las estimaciones que publican tenemos 13.470.000 menores actualmente. La canasta básica alimentaria de junio, según el INDEC, es de 144$. Planteemos un objetivo bien modesto que es evitar la indigencia y otorguemos entonces 145$ a cada menor. Casualmente, es el mismo número que surge de multiplicar las necesidades calóricas de los menores por una CBA calculada de una manera razonable y no al estilo INDEC. En definitiva, hablamos de 25.400 millones de pesos. La cifra representa más o menos un 2,4% del PBI.

    ¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento?

    Una primera medida sería afectar los ingresos por asignaciones familiares, que representan un ~7,5% del salario en blanco y son pagadas por el empleador. No todos los ingresos por asignaciones se destinan hoy a este fin, por lo que usar estos fondos implicaría una reducción leve del resultado de la ANSES. En el año que termina en junio de 2009 esto da 11.550 millones.

    Por el lado de programas presupuestarios, la necesidad de los programas de Seguridad Alimentaria, Familias por la Inclusión Social, Pensiones no contributivas para madres de más de 7 hijos entre otros dejan de tener razón de ser en su mayor parte, por lo que sus créditos se afectan al ingreso básico y se obtiene de esa manera 6.300 millones de pesos adicionales de financiamiento.

    Gravar la renta financiera proveería de 1.000 millones de pesos adicionales al Tesoro y 700 millones a la ANSES (que compensan la caída en el resultado por la afectación de la totalidad de los ingresos por asignaciones familiares al ingreso básico). Habría otros ingresos por ganancias: el 35% de todo lo que se pague por ingreso básico a los hogares de mayor poder adquisitivo, que son unos 170 millones, más unos 500 millones adicionales por la eliminación de las exenciones en ganancias.

    La reducción del ahorro en la ANSES implica un aumento en la recaudación directa por IVA de unos 850 millones entre Tesoro y ANSES.

    Los ingresos del Tesoro por esta pequeña reforma impositiva son de 20.700 millones. El resto puede afrontarse con el resultado del gobierno, o bien afectando parte de los ingresos actuales de la ANSES por el pacto fiscal. Afectar sólo un tercio de los ingresos por el pacto fiscal a esto implicaría generar más de 8.000 millones de pesos de recursos que salen del superávit de la ANSES. Esto es altamente justificable por los argumentos de Kritz en su informe de julio, por tratarse de asumir los costos de políticas sociales que realizan hoy las provincias con mayor equidad y por los aumentos que se producirán en consecuencia en la recaudación de las provincias.

    En todo momento, téngase en cuenta, disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. El aumento en los recursos de las provincias está en el orden de los 7.000 millones de pesos, lo que es una proporción importante del déficit que se estima para este año.

    Con esto mostrarmos que no hace falta expropiar a nadie para financiar esto, aceptamos el mote de carísima que le ponen en Datos Duros y rechazamos el de abstracta por haber demostrado un esquema de financiamiento posible y razonable. Al respecto, el “culo que va a sangrar” (el nuevo financiamiento) estaría provisto en mitades más o menos iguales por el resultado de la ANSES y por quienes hoy gozan de exenciones poco justificables en el pago del impuesto a las ganancias, y juzgo más aceptable el eliminar la exención de ganancias a los que cobran intereses por la deuda pública que estafarlos con el ajuste del capital por CER cuando cobren dentro de 20 años. En próximos posts proseguiremos con la discusión sobre este asunto.

     
    • Musgrave 6:29 pm el Lunes 27 · julio · 2009 Permalink | Responder

      Segun datos oficiales del mecon, gravar la renta financiera rendiría 1000 millones por depositos, 2900 millones por titulos publicos a lo que se sumarían la renta por compra venta de acciones no estimada.
      saludos

      • multifernandez 8:13 pm el Lunes 27 · julio · 2009 Permalink | Responder

        Sí, por eso lo separé en Tesoro y ANSES. El resto va a las provincias, y también se reparte por el pacto fiscal. Pensá que Ganancias primero manda una proporción considerable de lo recaudado a las provincias, luego el pacto fiscal (actualmente ANSES pero en veremos por la situación política) y luego a la coparticipación secundaria. Lo que queda para el Tesoro no es tanto a pesar de que el MECON estima más de 4.000 millones de piso.

        Gracias por volver!

    • Charlie Boyle 3:17 am el Martes 28 · julio · 2009 Permalink | Responder

      Creo que se olvidan de los planes actualmente existentes que son de asistencia al mismo sector no nacionales

      • multifernandez 9:55 am el Martes 28 · julio · 2009 Permalink | Responder

        Hola Carlos, gracias por comentar. Si bien no entré en detalles, en el post puse disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. Esto iba por el lado que mencionás. Hoy hay políticas sociales descoordinadas al nivel provincial y hasta municipal (uno de los argumentos para designar ministro provincial de desarrollo social al ahora ex intendente de Avellaneda Baldomero Álvarez era su exitoso programa de ayudas y becas). Esto no lo podemos contar dentro del sector público nacional, pero sí es posible que el financiamiento que se desafecte de las políticas sociales subnacionales alivien parcialmente algunos gastos en el nivel nacional por transferencias para obras (p. ej. los de obras locales) u otros motivos.

    • Johnd639 11:15 am el Miércoles 30 · julio · 2014 Permalink | Responder

      I have to agree with your statement with this issue and fgfdaacecadk

  • multifernandez 9:00 am el Sunday 31 · August · 2008 Permalink | Responder
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    Impuesto a las ganancias 

    El impuesto a las ganancias es el impuesto que menos creció desde 2001 en términos de la presión tributaria ejercida sobre el PBI. Impuestos como el IVA, retenciones y los ingresos por seguridad social explican casi por completo el aumento de la presión tributaria en estos años en que la participación del Estado en la economía creció considerablemente.

    En un contexto complicado para conseguir el financiamiento necesario para cubrir los vencimientos de capital de la deuda, el gobierno disminuye la presión impositiva sobre el decil de personas que más ganan, con un costo fiscal de unos ARS 1.500 millones. La medida es razonable dado que la suba del mínimo no imponible es incluso menor al promedio de aumento de los salarios, pero plantea varias dudas (entre ellas, la de quiénes son representados por los sindicalistas que hacen lobby para desgravar al décil de más altos ingresos pero no para disminuir los impuestos que gravan el consumo de bienes de primera necesidad).

    La principal es la falta de debate sobre que se dejan pasar oportunidades para transformar la estructura de ingresos del Estado. Recientemente dijo JM Fanelli en una charla algo en el sentido de que si se pagó muy caro en competitividad, pobreza y desempleo por la oportunidad de realizar reformas estructurales en la Argentina de Menem, debiera al menos haberse aprovechado lo que se consiguió con tanto esfuerzo en lugar de tirarlo por la ventana. Hoy podría mitigarse parcialmente el impacto de la inflación sobre la población más vulnerable con una lenta y gradual reforma tributaria que se valiera de la inflación para ir modificando el peso de los distintos ingresos en el total de los recursos del Estado. Hoy, el impuesto a las ganancias recauda en Argentina sólo 1,6 % del PBI mientras que en los países de la OECD el promedio es de 8,8 %. Aunque debería ser una de las principales herramientas para la redistribución del ingreso, el Estado se respalda en el IVA, que es relativamente más regresivo, y otros impuestos severamente distorsivos (“al cheque”, retenciones, contribuciones sociales).

    Otras cuestiones importantes sobre las que no hubo comentarios es la distribución territorial de los alcanzados por el tributo. En términos absolutos Capital y Buenos Aires concentran 2/3 de las personas que más ganan, y aún más en términos de masa de ingresos. Esto tiene dos consecuencias: a mediano plazo, se redistribuye de Capital y Provincia a las provincias no petroleras, por el aumento del mínimo menor a los aumentos de salarios. A corto plazo, es probable que con las devoluciones por la retroactividad a enero de la baja se impulse el nivel de actividad con más fuerza en Capital y Provincia que en el resto del país, más afectado por la caída en el nivel de actividad durante la guerra gaucha. Por otro lado, ganancias no tiene en cuenta los diferentes niveles de precios en las provincias petroleras, por lo que hay un trato desigual para trabajadores con similares poderes de compra en dos provincias distintas. Esto genera presiones sindicales muy fuertes que generan innecesariamente una fuente periódica de conflictos innecesarios para el gobierno (y también tiene incidencia distributiva territorial, lo que en un impuesto directo debería ser consecuencia de lo debatido en el Congreso por los representantes de los ciudadanos en el marco de la Ley de Coparticipación).

     
    • boudu 5:21 pm el Lunes 1 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      El tema es que si bajan el IVA, los precios no bajan, con lo cual el beneficio lo tienen los de mayores ingresos.

    • multifernandez 8:36 pm el Lunes 1 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Sí o no. Hay que ver, más en esta dinámica de precios tan rápida. No estoy seguro de que a mediano-largo plazo se mantenga esa sobrerentabilidad.

    • Elemaco 9:29 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Multi:

      101% de acuerdo, y mas ahora que tambien se que lo dice josemaria…

      hace un año dije lo mismo por la blogosfera con algunos numeritos

      http://econserialcronico.blogspot.com/2007/07/con-redistribuidores-como-estos-como.html

      saludos

    • walras 10:03 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Muy buen post (más que la foto!). Considerando que la reca es una de las patas de la política fiscal, que es un instrumento a tenerse en cuenta cuando hablamos de redistribución del ingreso, el debate por la reforma tributaria no puede postergarse más. Curioso que la Presidenta, después de 5 años de gobierno K, se queje de que los pobres pagan IVA por la leche, no???. Eso si, tiene que hacerse luego de un debate público en el Congreso, teniendo en cuenta que la tributación es una facultad delegada por los ciudadanos en la persona del soberano, debe maximizarse la transparencia y deben explicitarse objetivos, impactos, etc.

    • multifernandez 10:53 pm el Miércoles 3 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      JMF no habló en particular de ganancias, se refirió a aprovechar que ‘no hay males que por bienes no vengan’ en el contexto de la década pasada. Lo hice extensivo a uno de los pocos usos realmente útiles que se me ocurren de la inflación.

  • martinvauthier 4:03 pm el Sunday 24 · August · 2008 Permalink | Responder
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    ¿Qué hacemos con los subsidios? 

    No son pocos los analistas que recomiendan, ante su explosivo crecimiento, y el consiguiente riesgo que representan para la sustentabilidad de las cuentas públicas, la eliminación de los subsidios, particularmente al transporte y la energía (aunque no son los únicos). En efecto, según datos de la Secretaría de Hacienda, en los primeros 7 meses del año las transferencias al sector privado (léase, subsidios) se incrementaron en un 65% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el resto del gasto primario (excluyendo subsidios) lo hizo a un ritmo del 26%. Una dinámica que, de por si, no es sustentable en el tiempo. Los valores de las tarifas de los servicios públicos quedaron muy retrasados luego del movimiento de precios evidenciado desde la devaluación de 2002, aun tomando las cifras de inflación publicadas por el INDEK. En este sentido, el continuo incremento de los subsidios compromete seriamente el mantenimiento del superávit fiscal y no es claro que esta política pueda mantenerse en un contexto de moderación de la actividad económica, de la trayectoria alcista de los precios internacionales de los productos que la Argentina exporta o de la capacidad del BCRA de financiar al Tesoro vía transferencia de utilidades.

    De todos modos, más allá de la factibilidad de sostenerlos o no, la conveniencia de subsidiar los servicios públicos es materia de debate. Por un lado, ciertos subsidios (e.g. transporte ferroviario) pueden generar externalidades positivas. Dados los elevados costos de capital fijo en algunas actividades, si se dejara que las tarifas fueran fijadas por el libre juego de la oferta y la demanda, probablemente se llegaría a un nivel de equilibrio muy superior al que se encuentra al alcance de los sectores más desfavorecidos de la población.

    Sin embargo, pese a sus bondades, la actual política de subsidio generalizado en el AMBA (se le subsidia la energía eléctrica a Macri en Barrio Parque, a un individuo de clase media en Caballito o a un asalariado en Gonzalez Catán) presenta puntos discutibles en cuanto a equidad y transparencia, dado que se utilizan fondos públicos para subsidiar a consumidores que no lo necesitan, y a la vez, la política de asignación de fondos siempre deja espacio para la tentación de los funcionarios amigos de lo ajeno.

    Desde ya, en un contexto económico “normal”, la política óptima pasaría establecer una fuerte regulación sobre los servicios públicos (dado que el consumidor no puede “votar con los pies”, porque en general es deseable que esta clase de servicios sean brindados en condiciones de monopolio u oligopolio), fijar tarifas que permitan cubrir los costos operativos, una retribución razonable al capital y un proceso de inversiones que genere mejoras continuas en el servicio, independientemente del carácter publico o privado del prestador. Adicionalmente, podría aplicarse una política de subsidios focalizados en los sectores más vulnerables de la población, que no los margine del disfrute de servicios esenciales.

    La pregunta, entonces, es: ¿estamos en un contexto en el cual podríamos eliminar alegremente estos subsidios?. Lamentablemente, no es el caso.

    El modelo instaurado en 2002, de TCR alto y salarios bajos en USD, generó un desfase entre los ingresos en ARS de la población y ciertos costos que se mantuvieron dolarizados. Muchos de estos analistas consideran que los precios en USD de, por ejemplo, el boleto de subte, debieran ser los mismos en la Argentina que en el resto de los países (como si  los ingresos en USD fueran los mismos!!!!!!).

    Un reciente informe de Prefinex va en este sentido. En dicho trabajo se argumenta que el 40% de los subsidios va a los sectores de ingresos altos. Con semejante titulo, uno podría pensar que, ciertamente, dicho caudal de dinero es transferido a los vecinos privilegiados de Recoleta, Barrio Parque o Puerto Madero. Sin embargo, hurgando un poco entre líneas, se verifica que el nivel de ingresos que se considera para ser “rico” es de…..ARS 2000!!!.

    Con un poco de sentido común, podemos pensar que, en la Argentina de hoy, ARS 2000 no representan una suma de ingresos que permita darse grandes lujos (e.g. viajes a la polinesia, cirugías plásticas para la esposa del privilegiado, cuantiosas sumas gastadas en shoppings, etc).

    Realizando un sencillo ejercicio podemos estimar, quizá de forma un tanto imprecisa, el impacto que supondría, para un individuo con un ingreso de ARS 2000, la eliminación de los subsidios más representativos (energía eléctrica y transporte).

    Supongamos que nuestro agente representativo realiza dos viajes en subte por día y paga una tarifa eléctrica promedio (asumimos que no utiliza trenes, aviones o cualquier otro servicio subsidiado). Haciendo algunos supuestos sobre algun tipo de agente representativo (viaja 2 veces por día en subte y tiene un gasto de energía promedio), podemos estimar un número de cómo se vería afectado. Digamos que nuestro agente “rico” que cobra ARS 2000 y es jefe de hogar, debería incrementar sus gastos, sólo en estos dos servicios, en unos ARS 165 mensuales, para eliminar el retraso que tienen las tarifas (se puede calcular analizando el IPC desde el último aumento de tarifas). No es difícil intuir que dicha cifra se incrementaría significativamente considerando la eliminación de los subsidios en el resto de los sectores alcanzados.

    En un contexto inflacionario como el actual, resulta cuanto menos peligroso para la paz social generar un salto discreto en el nivel de precios (que no es inflación) de esta magnitud, que llevaría la inflación (ahora si), por los efectos de sucesivas rondas, a niveles insospechados (¿se acuerdan de un ministro allá por 1975?). Desde luego que se obtendría un poco de aire para las cuentas publicas, aunque el efecto global podría reducirse enormemente y hasta ser negativo, dada la necesidad de una tarifa social y nuevos planes de ayuda para una cantidad importante de personas que pasarían a la pobreza como consecuencia de la masiva escalada de precios, que golpearían claramente sobre la CBT.

    El Gobierno acumuló distorsiones a lo largo de todos estos años, que eran inherentes al modelo que se estaba gestando (TCR alto y subsidios van necesariamente de la mano). Aun cuando es deseable eliminarlas, no es posible hacerlo en el corto plazo. La supresión gradual de los subsidios y las distorsiones en el funcionamiento del mercado sólo podrá concretarse, sin generar una guerra civil, en la medida que la economía logre ganancias de productividad, que permitan mejorar los salarios, y en un contexto de desaceleración de la tasa de inflación, para minimizar el costo de estas medidas, particularmente sobre la clase media y media-baja.

     
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