Etiquetado: superpoderes Mostrar/Ocultar Comentarios | Atajos de teclado

  • multifernandez 3:52 pm el Saturday 9 · January · 2010 Permalink | Responder
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    Lo que diga la Carta Orgánica no pincha ni corta 

    Un par de ideas que tiré en un comentario en el excelente blog de gA (http://www.saberderecho.com) para tratar de entender la cuestión de fondo en toda la rosca esta de Redrado y las reservas.
    1. De acuerdo con la ley 26.122, que regula el dictado de los DNU, un decreto tiene fuerza de ley hasta que el Congreso lo anule, si se da tal cosa, o la justicia lo declare inconstitucional por incumplimiento de la correcta fundamentación de la necesidad y la urgencia (u otro motivo).
    2. Una ley posterior (o norma con fuerza de ley) siempre sobreescribe a una anterior, por lo que toda disposición tendiente a buscar estabilidad normativa es inefectiva. Y allí donde haya conflictos prevalecerá la norma más reciente.

    Un ejemplo de esto es la Ley de Administración Financiera 24.156, que establece que ninguna ley de presupuesto podrá legislar sobre cuestiones permanentes; sin embargo, todos los años se modifica la LAF mediante artículos de las leyes de presupuesto.

    Otro ejemplo más relevante al caso: véase la cantidad de modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central introducidas por decreto. Téngase en cuenta además que hubo otros casos similares al decreto de remoción de Redrado del miércoles en que por un DNU se exceptúa por única vez el cumplimiento de un artículo de una ley, que de alguna forma introduce una modificación no permanente en tal ley. Véase al respecto el escandaloso 1472/08, especialmente el artículo 16 (dicha operación… quedará exceptuada de la limitación que contempla el inciso a) del artículo 19 de la Carta Orgánica del Banco Central), pero también los artículos 7, 8 y 15.

    No sería entonces un problema entonces que el decreto de remoción de Redrado se exceptúe a sí mismo de cumplir con el trámite de consultar a la comisión del Congreso a que refiere el artículo 9 de la Carta Orgánica del Central, puesto que se trata de una norma con fuerza de ley posterior a la CO. Y hay antecedentes de cosas así, como los del párrafo anterior.

    3. Dada la 26.122, los efectos de las medidas administrativas de los DNU son instantáneos (remover a Redrado) y no se revierten si el Congreso rechaza el DNU.
    4. Aún si la mierda llegara al ventilador y la oposición lograra llevar un DNU al Congreso, los números en el Senado son tales que es improbable que se le complique al gobierno en los términos del artículo 24 de la 26.122 que exige que ambas cámaras rechacen el decreto para que este se caiga (una cosa es 3 meses de ruralistas cortando rutas y otra el Golden atrincherado en el Central con el mismo directorio y los bancos diciéndole que se vaya). Esto vale en general para cualquier mamarracho administrativo que no tenga la llegada directa a un grupo importante de gente que tuvo la 125. (Y, si no, en general alcanzará con 1. 2. y 3. para lograr el cometido).

    Entonces,

    5. La 26.122 fue una gran jugada de Cristina. Al haber en los hechos aprobación tácita de los mismos y perdurar sus efectos aunque el Congreso los voltee, los DNU son una herramienta perfecta para implementar lo que se quiera y decirle alpiste a quien se queje.

    6. La oposición debería buscar en la justicia al menos la nulidad del artículo 24 de la 26.122, por el cual se requiere el rechazo de ambas Cámaras para neutralizar un DNU y por el que los derechos adquiridos durante la vigencia de un decreto permanecen a salvo aunque se lo rechace luego, y del artículo 17, que es el de la aprobación tácita y el que  más choca con la CN.

    El debate público no debería pasar entonces por si la Carta Orgánica dice tal o cual cosa sobre el proceso de remoción, o sobre si el DNU contradice el mandato del BCRA según su CO, ni tampoco siquiera sobre la composición de la bicameral de control (si no se rechazan los mencionados artículos antes). En lugar de ello debería irse urgentemente y por vía judicial a por los artículos 17 y 24 la 26.122, en función del espíritu de los artículos de la CN sobre los DNU, o bien, curtirse hasta que con el próximo recambio legislativo se pueda reglamentar como corresponde la facultad del PEN de dictar DNU.

    7. Es inútil discutir en este contexto lo que diga tal o cual ley, en tanto no estemos discutiendo medidas o disposiciones que tengan un efecto continuado en el tiempo (ej. una alícuota) y con buenas chances de llegar a la Corte, ganar y hacer todo esto en un tiempo razonable de manera tal que no se anule todo por la consumación de los hechos.

    En tal sentido, es inútil por completo hablar de la Ley de Presupuesto, la Ley de Administración Financiera, la Complementaria Permanente del Presupuesto, la Carta Orgánica del Central y todo el andamiaje legal de la administración pública.

    8. Si la herramienta para atacar a los DNU por la vía judicial va a ser la flojedad de los fundamentos de la necesidad y la urgencia, entonces la oposición va a gozar de una o dos balas de plata hasta que los K logren refinar la técnica y emitir decretos que la careteen aunque sea un poco y disminuyan, amén de amenazas e incentivos a los jueces, las probabilidades de que los mismos sean neutralizados por la justicia. Se hacen entonces más importante aún que se gane una herramienta real para el control de los DNU declarando inconstitucionales los artículos 17 y 24 de la 26.122.

     
    • walras 3:58 pm el Sábado 9 · enero · 2010 Permalink | Responder

      Excelente post. La ley 26.122 es peligrosísima en manos de cualquier Gobierno (y ni que hablar en el caso de los K). Es una clara contradicción con el principio de división de poderes y debería irse inmediatamente por la modificación de los artículos citados.
      Mientras tanto, sigue la novela..no se sabe cómo va a terminar, pero es claro que, en el mejor de los casos, va a quedar como un papelón que confirma la pésima imagen que tenemos como país. Y explica por qué estamos como estamos pese a tener recursos naturales, una estructura industrial importante para un país en desarrollo y un nivel de capital humano, pese a todo, no menor.
      De cualquier modo, gracias al Dios Soja y a la inexistencia de desequilibrios macro insalvables, podemos estar tranquilos que, pase lo que pase, es muy difícil volver a tener otro 2001.

  • multifernandez 11:10 pm el Wednesday 24 · September · 2008 Permalink | Responder
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    No te voy a decir qué ganan, pero te tiro una idea 

    Más del discurso oficial – 18 de JUNIO

    Cristina: “No he firmado decretos de necesidad y urgencia”

    La Mandataria lo destacó como “una contribución a la calidad institucional”.

    Cuesta mucho ser optimista. Esta es la peor forma del “derrame”. Antes, por lo menos, tenías planes trabajar…

    El PEN subestima los recursos en el presupuesto todos los años; este año ya va un aumento en los recursos vigentes del 26% (y hay que ver si no hay más). Más o menos a esta altura de cada año, reparten el dinero sobre el que el Congreso no debatió. Salió con DNU finalmente. La tabla indica cuánto creció el crédito de las jurisdicciones respecto de lo que se votó en el Congreso.

    35 Min. de Relac. Ext, Com. Internac. y Culto 5% Efecto jazz.
    10 Ministerio Público 7% Mejor pagáte un abogado por tu cuenta.
    71 Ministerio de CyT 9% Casi todo CONICET: ARS 107 millones.
    90 Servicio de la deuda pública 9%
    30 Ministerio del Interior 12%
    85 Ministerio de Desarrollo Social 12% ARS 940 millones. Pensiones no contributivas se llevan más de la mitad. El único programa más o menos orientado al desarrollo social (“seguridad alimentaria”) recibe 234 millones. Un monto claramente suficiente. Un auténtico dineral. Sobre todo con lo eficiente que es la actual administración.
    40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 13% Va todo a las fuerzas de seguridad.
    20 Presidencia de la Nacion 14%
    45 Ministerio de Defensa 15%
    75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social 16% ANSES: ARS 9.900 millones.
    80 Ministerio de Salud 16% ARS 530 millones, casi todo a atención de ex-combatientes.
    5 Poder Judicial de la Nacion 17% Mejor pagáte un juez por tu cuenta.
    70 Min. de Educ., Ciencia y Tecnología 24% ARS 2.250 millones: universidades (1.400) y salarios.
    1 Poder Legislativo Nacional 25%
    25 Jefatura de Gabinete de Ministros 27%
    56 Min. de Planif. Fed, Inv. Pública y Serv. 51% Casi todo subsidios: ARS 9.470 millones. Energía, trenes, colectivos, camiones, aerolíneas.
    50 Ministerio de Economia y Producción 80% Subsidios a sojeros (ONCCA), ARS 2.000 millones.
    91 Obligaciones a cargo del Tesoro 86% Casi todo subsidios: ARS 6.502 millones a AySA, ENARSA, subsidios a la energía, etc.
    Total general 25%
    Zapatazo

    Zapatazo

     
  • multifernandez 10:15 pm el Wednesday 17 · September · 2008 Permalink | Responder
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    ¿Carta orgánica? ¡Andá, cipayo del FMI! 

    Hoy salió en el Boletín Oficial el DNU 1472 con una ampliación del gasto total del 25% sobre el crédito aprobado por el Congreso. El año pasado fué de 31%, por lo que es esperable que haya otra ronda más. ¿Quién se lleva el dinero en esta ampliación, de acuerdo a las mayores variaciones porcentuales? La ONCCA, con la mayor ampliación proporcional (ARS 1.900, subsidios a sojeros) y Planificación: ARS 4.400  a subsidios eléctricos (CAMMESA), ARS 1.300 a AySA, ARS 1.200 a vialidad, ARS 1.100 a aerolíneas, ARS 1.100 a subsidios a colectivos y ARS 800 a subsidios a trenes. ¿Quienes no van a comer postre (sus créditos crecen MUY por debajo de la media)? Ciencia y tecnología (ARS 85), salud (ARS 540), desarrollo social (ARS 330 sin pensiones, acá está la distribución de comida para desnutridos), poder judicial (ARS 250) entre otros.

    Esto no es lo único en el DNU. Son las economías de escala, estúpido! ¿Para qué hacer otro decreto con el pago al Club de París si con este alcanza?

    Art. 16. — Exceptúase del diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nº 26.337, al pago dispuesto en los términos del artículo 6º de la Ley Nº 23.928 por el Decreto Nº 1394 de fecha 2 de septiembre de 2008.

    Esta parte dice: se paga al Club de París usando las reservas de libre disponibilidad. Nuevamente se comete el mismo error que en el DNU pasado, ya que el artículo citado (es un artículo de la ley de convertibilidad modificado por decreto en 2005) dice “Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales.“.

    El Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera emitirá un título público negociable por hasta la suma correspondiente a la aplicación dispuesta por el artículo 2º del citado decreto, en las condiciones que defina, para su adquisición por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, que podrá contabilizarlo a su valor técnico.

    Dicha operación, encuadrada en los términos del artículo 44 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) quedará exceptuada de la limitación que contempla el inciso a) del artículo 19 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA aprobada por Ley Nº 24.144. (…)

    ¿Un decreto del PEN puede exceptuar al PEN de cumplir con una ley? ¿Eh? ¿Y qué dice ese artículo 19.a, para que merezca la atención de Manolito?

    Manolito

    Manolito

    ARTICULO 19: Queda prohibido al banco:
    a) Conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades, excepto lo prescripto en el artículo 20;

     
    • Elemaco 9:44 am el Jueves 18 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Multi: No soy abogado ni mucho menos, pero sospecho que si, que un DNU puede modificar una Ley.

    • walras 9:31 pm el Viernes 19 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Acá me parece que el problema no es si “se puede” o “no se puede”. Lo grotesco es que se hizo. Más allá de si es legal o no (like Ele desconozco las sutilezas del mundo de las leyes) el hecho en si es gravísimo para un pais que necesita urgente volver a ser una República y construir un stock de credibilidad para poder pensar en un “desarrollo” a largo plazo (por oposición a “crecimiento” en corto). Para que no me tilden de ortodoxo o vendepatria, abro el paráguas y aclaro que la seguridad jurídica y el respeto a las leyes que pido NO ES lo q hubo aca en los 90, que fue un vía libre para el saqueo de los bienes del Estado (como lo sigue siendo con el modelo K). Lo que se necesita es seriedad y apego a la ley en beneficio del conjunto de la sociedad y un proyecto de país.
      Volviendo al tema, el Gobierno K no tiene ningún tapujo en pisar una LEY del CONGRESO (el Congreso, por si el Gobierno no lo sabe, es uno de los tres poderes del Estado, al igual que el Ejecutivo) con un DECRETO!. Y no es cualquier ley..es la que fija la carta orgánica de un ente AUTARQUICO (si, aunque parezca mentira, el BCRA es INDEPENDIENTE). Avisenle a CFK que Sector Público Financiero y Sector Público No Financiero no son lo mismo..
      ¿Instituciones? bien gracias………

    • laliberal 11:33 am el Sábado 20 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      NO! no se puede!!! NUNCA UNA NORMA DE JERARQUIA INFERIOR PUEDE MODIFICAR UNA DE JERARQUÍA SUPERIOR. Pero acá hasta con una resolución de la AFIP pasan por arriba los derechos que la misma Constitución Nacional protege. Ese es el problema, pisotean las instituciones y sin reglas de juego claras ningún pais puede progresar y menos sentirse libre y republicano.

  • multifernandez 6:00 pm el Wednesday 10 · September · 2008 Permalink | Responder
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    Tendencia secular al deterioro de las instituciones II 

    Parte I

    Otras formas en que se distorsiona la transparente asignación de recursos entre la nación y las provincias viene de la mano de fondos especiales con objetivos específicos. Por ejemplo, las obras de infraestructura a ser financiadas con los recursos del fondo fiduciario del sistema de infraestructura de transporte (financiado antes con el impuesto al gasoil y hoy en partes iguales con ese impuesto y rentas generales), los subsidios a las empresas de transporte, otras transferencias para obras en los sistemas eléctricos y demás usaban los coeficientes de la ley de coparticipación (o bien esquemas similares pero con coeficientes diferentes). Todo esto empeoró considerablemente con la ronda de superpoderes nacidos de la crisis de 2001 y la vuelta de Cavallo: se crearon numerosos fondos de esta clase, que hoy representan una parte muy importante del presupuesto total. En esos casos, la decisión sobre la distribución territorial de los recursos se alejó cada vez más del ámbito de discusión parlamentario. Pasa de la ley de coparticipación a leyes comunes, de leyes comunes a decretos y resoluciones ministeriales o de secretarías y a disposiciones de entes menores. A veces los coeficientes son determinados sobre la base de alguna otra variable externa, sin que se analice la razonabilidad de que esa variable determine el criterio de financiación de las provincias. Otras medidas tomadas en función de la última crisis son los superpoderes de reasignación de partidas (artículo 37 de la ley de administración financiera), que al combinarse con la carencia total de información sobre la ejecución presupuestaria básicamente da un cheque en blanco al gobernante para hacer lo que quiera sin controles, las distintas disposiciones sectoriales (como en transportes) relativas a la emergencia económica, que por motivos “de excepción” asigna recursos sin su discusión en el congreso. Todo esto iba en contra de algunas medidas menores tendientes a ampliar los límites de los recursos del sector público nacional sujetos a discusión, mediante la inclusión de algunos fondos y organismos omitidos por las leyes de presupuesto.

    Mientras tanto, el Estado se encontró con que en las crisis era más difícil recaudar. Entonces no sólo hubo normas de emergencia para regular el gasto de forma tal que se paliaran los déficits más agudos y las situaciones sociopolíticamente más delicadas, sino que se generaron instrumentos de financiación que, al carecer jurídicamente de carácter tributario, no pertenecían a los recursos “coparticipables” (o distribuibles vía el mazacote normativo de ese conjunto de leyes). Al reducirse la proporción de recursos que el estado se veía obligado a girar automáticamente a las provincias, fueron necesarios mecanismos alternativos para transferir esos fondos. Por ejemplo, antes la porción de uno de los fondos fiduciarios destinada a financiar obras viales se distribuía entre las provincias con coeficientes fijos. Luego pasó a ser la DNV en sí misma la que desarrollaba las obras, de acuerdo a convenios con las provincias. Algunos programas presupuestarios incluyeron transferencias automáticas de montos considerables para permitir a las provincias el desarrollo de las funciones básicas. Por estos motivos, ver los números de los recursos girados a las provincias puede ser poco indicativo de lo que realmente reciben por parte del estado nacional. Esos gastos son ejecutados por las provincias, por el personal y la organización de las provincias, pero figuran como gastos en el presupuesto de la administración nacional.

    Así se configura un esquema caótico y muy complejo, inmanejable, donde se reemplaza discusión por discrecionalidad y se eleva el clientelismo del barrio a la relación nación – provincias. Cada crisis empeora la situación por el lado de los ingresos, con nuevos tributos, por el lado las asignaciones de esos ingresos, con más rigidez y criterios coyunturales y discrecionales, por casos de “gasto centralizado” como el de algunas obras o por casos de gastos ejecutados por las provincias pero imputados a la nación. Esta situación probablemente trascienda a la discusión de una ley de presupuesto o coparticipación, y requerirá de numerosos años de estudios y reformas para dar racionalidad al sistema. Y esquemas para que la calidad de las instituciones del estado no sufran (tanto) con cada crisis, sin posibilidad de que se deshaga lo hecho durante las fases de recuperación.

     
  • multifernandez 11:42 pm el Tuesday 9 · September · 2008 Permalink | Responder
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    Tendencia secular al deterioro de las instituciones I 

    Cada vez que hay una crisis surgen esquemas creativos para financiar los déficits que se generan con la caída de la recaudación. Esto es, formas de acatar pero no cumplir las normas previas (ni pasar por lentas y tal vez inviables discusiones en contextos apremiantes). Ejemplo: la ley de coparticipación vigente, de 1988, es modificada o complementada por unas 89 normas. Ella establece que el 54,66% de los recursos tributarios de la Administración Central se giren a las provincias y se repartan con proporciones fijas. Esos coeficientes son la base de los recursos que la nación gira a las provincias, y el componente individual más jugoso. Pero no es el único:  existen numerosas disposiciones adicionales que asignan específicamente recursos a provincias particulares, desdibujando el significado de los porcentajes que debería recibir cada provincia. Por ejemplo, está la ley de cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, la ley de financiamiento educativo de Kirchner – Filmus, tres ítems por el impuesto a las ganancias, tres por bienes personales, una asignación complementaria adicional de IVA, cuatro formas distintas de crear asignaciones específicas de parte de impuestos a los combustibles (naftas), otras tres por el régimen de la energía eléctrica, otra por el fondo compensador de desequilibrios, una proporción fija del monotributo (aparte de la coparticipada por rentas generales), fondos especiales, el pacto fiscal, el fondo para aportes del tesoro nacional, etc. Cada desequilibrio genera una ley, una nueva rigidez y una nueva capa de complejidad al esquema que hace difícil, si no imposible, su discusión y evaluación en términos políticos. Cada crisis deja sus marcas sobre el esquema de distribución de los ingresos de la nación (de 1988), por lo que los criterios y las razones originales se desdibujan totalmente. ¿Quién financia a qué provincias?

    La Constitución de 1994 establecía que debía sancionarse una nueva ley con coeficientes actualizados y ajustados a los criterios políticamente establecidos en la carta magna de distribución de los fondos. Nunca se sancionó otra ley de coparticipación (en parte por el estado permanente de crisis que imposibilita cualquier discusión en términos razonables sobre los recursos), y poco tiempo después de que se aprobara la constitución se crearon instrumentos complementarios para financiar déficits transitorios en las provincias. Esto va aparte del mazacote normativo que comúnmente como “coparticipación” (aunque los fondos de la coparticipación propiamente dicha en algunos casos no son ni la mitad de los que gira automáticamente la nación). Uno de esos instrumentos fue el fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que surge más o menos por la época del tequila y financia déficits transitorios en las cajas (desequilibrios corrientes) con recursos provenientes de la venta de activos (Banco Hipotecario, acciones de YPF) y que sería más tarde entre otras cosas usado para emitir los LECOPs.

    Hasta aquí vimos como se desdibuja el esquema de la “coparticipación”. Después sigo con los ingresos y el gasto.

    Sigue (más tarde) en la parte II.

     
    • walras 1:13 pm el Miércoles 10 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Que tema este de las instituciones, no? Algo interesante sería ver si vienen primero las instituciones y luego la estabilidad económico/social o viceversa (probablemente se retroalimenten y se genere un círculo virtuoso, pero el tema del huevo o la gallina habría que checkearlo). Tema para un futuro post, tal vez.
      100% de acuerdo con lo de que en la Argentina de los últimos 20 años hubiera sido milagroso alcanzar un consenso sobre la copa. No se logró con temas mucho menores, menos se iba a poder con este que hace a la esencia misma de la nación (si somos federales o unitarios, que tanto somos una u otra cosa, etc). Si consideramos que encima el 100% de las provincias tiene que estar de acuerdo para modificar la “ley” (ya ni siquiera es ley, desvirtuada como está con las innumerables “modificaciones” que comentás)……….
      En finnn, dejo picando la siguiente pregunta: ¿qué incentivo tienen un gobierno central (no sólo K ehhhhhhh) a cambiar el manejo discrecional y con criterios políticos de una tremenda caja por una ley que asigne fondos a cada provincia de manera objetiva, transparente y estable?

    • laliberal 11:46 am el Sábado 20 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Las instituciones son las que traen estabilidad economica y social.. imaginate como puede desarrollarse una sociedad si a cada minuto le cambian las reglas de juego.¿? (cualquier parecido con la realidad Arg no es una coincidencia)

      Yo estoy convencida que los gobiernos no tienen ningun incentivo para dejar de manejar la caja a su antojo. (está en la esencia misma del político) de alli la imperiosa necesidad de que exista un marco jurídico que garantice la division de poderes y limite el poder de estos déspotas.

  • multifernandez 1:45 pm el Tuesday 26 · August · 2008 Permalink | Responder
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    ¿Por qué se mueren los pibes? 

    Según una nota reciente en La Nación:

    La ministra de Salud, Graciela Ocaña, reconoció que la mortalidad infantil creció durante 2007, según los resultados preliminares de las estadísticas oficiales basados en datos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

    “Todo hace prever que 2007 ha tenido un incremento entonces de la mortalidad infantil”, declaró la ministra durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. Las tres provincias citadas integran el grupo de distritos más ricos del país, donde está localizado el centro industrial y agrícola-ganadero argentino.

    Según indica la agencia de noticias alemana DPA, la funcionaria señaló que las causas serían el invierno duro que se sufrió en 2007 y la falta de infraestructura hospitalaria suficiente para afrontar la epidemia de enfermedades respiratorias, entre ellas la bronquiolitis.

    Poca inversión en salud. “Hace falta mucha inversión”, señaló Ocaña, que lamentó el fracaso de las retenciones móviles y el aporte extra de dinero que hubiera supuesto el plan de infrastructura social.

    Qué tema, ese de quejarse de la situación estando en gestión pública como si se fuera impotente.

    Año a año, el gobierno subestima la tasa de crecimiento de la economía y la tasa del aumento de los precios. Así, cuando se vota la ley de presupuesto los ingresos del estado (y por ende, los gastos) son mucho menores a los que se terminan ejecutando realmente a fin de año. Este mecanismo le permitió al gobierno eludir controles parlamentarios, pues a partir aproximadamente del mes de agosto las ampliaciones del gasto (como la que están por enviar al Congreso en estos días) se hacían por DNU y la distribución de esos recursos obviados en la ley de presupuesto, por Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete. Como todos los años los recursos realmente recaudados por el gobierno terminaron siendo muy superiores a los consignados en la ley de presupuesto, es raro ver que haya partidas donde el gasto efectivo haya sido menor que el gasto votado por los legisladores.

    Hay algunos ejemplos bastante dolorosos de partidas sistemáticamente subejecutadas (todos los años se gasta menos que lo votado en la ley de presupuesto, y no se corrije el error ni gastando más ni presupuestando menos). El Ministerio de Salud de Ginés González García y Graciela Ocaña, en el período 2003-2007, cuenta con una leve subejecución. Esa leve subejecución se puede abrir en una marcada sobreejecución de algunos programas, particularmente la burocracia del ministerio, y una marcada subejecución en varios programas críticos. Algunos (no todos) de los programas con los peores casos de subejecución son:

    • Atención de la madre y el niño. Vigila la nutrición materno-infantil y provee leche en polvo y medicamentos, da insumos, etc.
    • Lucha contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual. Realiza tareas de prevención, atención a enfermos y distribuye preservativos.
    • Detección y tratamiento de enfermedades crónicas y conductas adictivas. Provee medicamentos oncológicos, control de tabaquismo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc.
    • Emergencias sanitarias.
    • Contribuciones a organismos descentralizados. Acá está el Hospital Garrahan, Posadas, INCUCAI, Hospital Sommer, Instituto Malbrán, Colonia Montes de Oca y otros.

    Al margen de la cuestión presupuestaria, el gasto real (“en términos de bienes”) se incrementó en algunos de esos casos, pero con tal nivel de volatilidad entre ejercicios que seguramente haya sido difícil programar un adecuado desarrollo de los programas. Respecto de lo que es el sector público, recién en 2007 algunos de esos programas dejaron de perder o mantener su participación en el total.

    Éste es un caso de redistribución negativo. No sólo no se intenta revertir la situación de vulnerabilidad en que quedaron amplios sectores luego de la crisis de 2001-2002, sino que se desvían fondos de las áreas más críticas de salud hacia otros destinos por fuera del debate y control del Congreso.

     
    • Bruno 1:57 pm el Martes 26 · agosto · 2008 Permalink | Responder

      Muy buen post. Muy útil para contrastar con el discurso oficialista.
      Al mismo tiempo, muestra lo débil de del debate político y de los análisis periodísticos o pseudosociológicos.
      Muy buen laburo, así como el de la saga de los subsidios.
      Sigan así.

    • Coki 1:59 pm el Martes 26 · agosto · 2008 Permalink | Responder

      Muy biena entrada.
      Creo que la base del problema es el desinterés por ocuparse realmente de los problemas que tienen a cargo.
      Me impacta que sean capaces de hacerlo en áreas tan directamente relacionadas con la vida y muerte de las personas.
      Dentro de la corrupción (que aborrezco), una cosa es robar unos (miles de millones de) pesos para un tren bala y otra es sacarle a gente que sin los programas muere.

      Coki

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