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  • multifernandez 11:55 pm el Monday 10 · August · 2009 Permalink | Responder
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    Federalismo y transparencia 

    Sobre los déficits provinciales, Fernando dice en su blog que “si se quieren transferir más recursos a los gobiernos sub-nacionales, se debería explicitar un mecanismo de control de los gastos para que esta negativa conducta [procíclica] no se acentué“. El problema, lamentablemente, excede a lo exclusivamente normativo: ya hay mecanismos de control previstos en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (RFRF), que aunque limitados, serían de utilidad si se cumplieran para ver qué pasa con la situación de las provincias. Ocurre lo mismo que con el Fondo Anticíclico Fiscal: el fondo del que tanto se discutió en tiempos de Lavagna ya existe, fue creado en 1.999, y todos los años se dicta una ley suspendiéndose la aplicación.

    ¿Qué mecanismos de control están previstos por el RFRF pero no se aplican? Para empezar, algo bien básico: que los presupuestos provinciales sean públicos. Los presupuestos de las provincias (e información complementaria necesaria, como datos periódicos sobre la ejecución) debían publicarse en la web desde enero de 2005. Según un relevamiento de ASAP [.doc], sólo 6 de las 24 provincias publican dicha información. El MECON no ayuda, dado que los últimos datos disponibles fueron subidos recientemente y son de hace 6 trimestres. No es que no existan datos, sino que no los suben (algo relacionado y medio escandaloso es que ASAP haya publicado una bruta base de datos oficiales sobre las provincias que el MECON no facilita en su web), y en las pocas ocasiones en que eso sí pasa estamos frente a datos demasiado agregados, o presentados de forma tal que no se pueden trabajar, etc.. Estamos a un nivel de incumplimiento importante: se puede tranquilamente subir todo en PDFs imposibles de procesar y con formatos inconsistentes entre distintos años, manteniendo una ficción de transparencia sin tener que exponerse innecesariamente a que alguien efectivamente use el presupuesto para algo útil y te cuestione; esto es lo que hace el gobierno de Macri. Cumplir es muy fácil y casi libre de costos. Ahora bien, si se puede incumplir con los bajísimos requerimientos de información establecidos por ley en un distrito con el nivel de desarrollo político que tiene la Ciudad (esto es: el discurso de nueva política del PRO, el hecho de que la mayoría de los medios nacionales también sean locales (de la Ciudad) y se ocupen constantemente de lo que aquí ocurre, la disponibilidad de recursos humanos capacitados para procesar y hacer uso de esa información, la cercanía a un gobierno de signo contrario que podría estar interesado en hacer uso de sus recursos técnicos para escrachar a Macri y tantos otros factores que hacen que éste sea uno de los distritos donde más esperable sería que se desarrolle una cultura presupuestaria real), ¿qué se puede esperar y pedir de Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y tantos otros?

    El panorama es complicado: no parece que sea muy probable lograr un masivo cambio de actitud en las administraciones provinciales, menos aún con un gobierno nacional que 1. es anti-estadísticas y 2. busca activamente mecanismos para incumplir normas que podrían restarle poder de negociación con las provincias. Tampoco es esperable, creo, una mejora a un plazo mayor. Debemos preguntarnos entonces si los déficits de hoy no hubieran sido mayores en otro contexto (la distribución de recursos con la Nación es la más desfavorable de la historia para las provincias), y si no sería mejor, hasta tanto se afiancen las instituciones locales de control, pensar en menos y no más descentralización, recuperando algunas de las responsabilidades transferidas a las provincias.

     
  • martinvauthier 9:30 pm el Wednesday 29 · July · 2009 Permalink | Responder
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    ¿Políticas universales o focalizadas? 

    No podemos (intentar) responder a semejante pregunta si previamente no la inscribimos dentro del marco más amplio del debate acerca del rol del Estado en el mundo contemporaneo, incluyendo el alcance y la profundidad de su accionar.

    Las políticas universales fueron moneda corriente durante la vigencia del paradigma fordista-keynesiano, apuntando básicamente a asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo, facilitar el matcheo entre oferta y demanda en el mercado de trabajo y garantizar la cohesión social en un modelo de acumulación basado en la producción en serie y el consumo de masas. No es casual que el Estado tomara a su cargo la provisión de salud y educación de calidad, en tanto aseguraba beneficios sociales (e.g. asignaciones familiares o sistema provisional de reparto) organizados en torno a un mercado laboral que no presentaba  mayores tensiones. En nuestro país, más allá de los retrocesos y el caos imperante en otros ordenes, el pleno empleo, los salarios reales variables pero elevados y la cobertura social caracterizaron la sociedad que se configuró hasta finales de los años 70. La educación universal, la salud pública y la estabilidad laboral allanaron el camino para el ascenso de una clase media muy poco común en América Latina, y dieron esperanzas de ascenso social (que muchas veces se materializaban) a los sectores más postergados. La pobreza alcanzaba al 5% de los hogares en 1960 (vs. el 50% en LATAM), en tanto que el coeficiente de Gini (medida de la desigualdad en la distribución del ingreso) se ubicaba en 0.41, contra 0.57 en el Brasil de ese entonces. En estas condiciones, es claro que no había necesidad de políticas selectivas o focalizadas, ya que más allá de un núcleo duro muy pequeño de pobreza estructural, el propio Estado apuntaba, con sus más y con sus menos, a garantizar la igualdad de oportunidades como medio para la reproducción del sistema.

    Con el cambio de paradigma operado a nivel mundial, cuyos efectos comenzaron a sentirse en el país hacia fines de los 70 y se profundizaron dramáticamente en los 90, la situación dio un giro de 180 grados. Tanto la pobreza como la desigualdad se dispararon, en un contexto donde la restricción presupuestaria obligaba a recortar el gasto social, y el trabajo formal, acreedor de los beneficios que aún se mantenían, abarcaba un subconjunto cada vez más pequeño de la PEA.

    Esto reabrió el debate sobre la mejor manera de orientar los recursos sociales. Las políticas focalizadas van de la mano con el neoliberalismo, donde se plantea que deben optimizarse al máximo los recursos escasos destinados al área y asegurarse que los fondos lleguen a quienes se encuentran en una situación tan dramática que los necesitan desesperadamente. Asimismo, a la par de la explosión de las tensiones sociales, estas políticas buscaron convertirse en un medio de “administrar” la pobreza que crecía, evitando de esta manera caer en estados de inestabilidad política y/o social. La acción del Estado abandonó el ámbito a los derechos sociales adquiridos (e.g. garantizar un cierto nivel de educación, un esquema previsional solidario, etc) para adoptar un enfoque asistencialista. Esta focalización del gasto social en un subconjunto muy específico de la población (los más pobres) generó un caldo de cultivo inédito para las prácticas clientelares y corruptas, que consolidaron en muchos casos estructuras políticas eternas a nivel municipal y provincial. Se extendió la cultura de la dadiva, y el gasto social dejó de ser un derecho para convertirse en un favor que debe retribuirse de algún modo. Al ser tan bajo el poder de “lobby” de los beneficiarios de estas políticas selectivas, por tratarse de los estratos más postergados del tejido social, la distribución de los fondos queda fácilmente en manos de una red de burócratas y punteros políticos con poder territorial que, además de quedarse con parte de los fondos (el famoso “diezmo”), aprovechan las “rentas” que genera tener en sus manos un recurso escaso (dinero) y de esta manera condicionan los comportamientos de los receptores, obligándolos por ejemplo a acudir a actos políticos o dirigiendo el voto al caudillo de turno.

    Para concluir, podemos volver a los números de multi y comprobar que una política de ingreso universal para eliminar la indigencia no reportaría costos prohibitivos. A esto no es trivial agregarle la reducción de las erogaciones que se presentan en cualquier sistema focalizado, por más honesto que sea, al intentar distinguir quiénes cumplen con las condiciones de acceso a la política y quiénes no. Finalmente, se le quitaría un combustible enorme a las prácticas clientelares que corroen la democracia. Ya no haría falta ir a ver al puntero (o manzanera) de turno ni cumplir con las condiciones de “reciprocidad” que imponen.

    Desde ya que no suena muy simpático que el hijo de Macri reciba el mismo subsidio que el de doña Rosa en un asentamiento de La Matanza, pero lamentablemente ninguna política es perfecta y cualquier elección impone la necesidad de sopesar costos y beneficios. Dicha “injusticia” puede mitigarse fácilmente apelando a las múltiples herramientas que brinda el proceso presupuestario, sea incrementando la presión tributaria sobre los sectores más favorecidos o eliminando gastos que favorecen a los sectores más concentrados de la economía (como los subsidios a las exportaciones de la Barrick Gold o las enormes transferencias al oligopolio agroexportador).

    Las políticas universales tienen, como se comentó más arriba, beneficios y costos. Pero quizá, entre estos últimos, se encuentre uno que aborte cualquier intento de avanzar a un esquema como el que propone multi: con las políticas universales, los aparatos electorales (de los cuales la maquinaria del PJ en el conurbano es el caso paradigmático, pero no el único) perderían una de sus tecnologías de manipulación política, económica y social de los que menos tienen.

     
  • multifernandez 3:05 pm el Tuesday 28 · July · 2009 Permalink | Responder
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    Ingreso básico II 

    Datos Duros dice del ingreso básico:

    La propuesta (…) nos parece (…) regresiva: por principio de Universalidad la percibirían todos, los nietecitos bruñidos de Paolo Rocca, y los nietecitos mocosos de la Pocha del comedor de Altos de San Lorenzo.

    Para analizar la propuesta hay que ver cómo cambia en forma neta las transferencias recibidas del Estado para cada tipo de familia. No se puede decir “145$ es una miseria” o “le estás dando plata a los nietos de Paolo Rocca, ergo derrochás” sin ver el efecto neto. Es sencillo: hay que ver cuánto recibiría cada uno con la propuesta, cuánto recibe hoy, y qué porcentaje respecto de su ingreso representa.

    Por ejemplo, una familia con dos menores cuyos responsables carecen de empleo formal hoy percibe por el Plan Familias 200$, si son 5 los menores perciben por esto 335$. En el primer caso pasa a recibir 290$ (45%+) y en el segundo 725$ (116%+). Por supuesto, los incrementos son menores dado que las familias cuentan con otros ingresos, pero si los nietos de Paolo Rocca también estuvieran bajo el Plan Familias las nuevas transferencias netas como proporción de su ingreso sería menor, y posiblemente usen esos billetes para sonarse la nariz.

    Pero el Plan Familias sólo llega a 700.000 familias, y hoy las estimaciones más conservadoras hablan de que 30% de la población es pobre (y cerca del 50% de los menores). Por otro lado, las madres con 7 hijos o más que se encuentran percibiendo pensiones no contributivas hoy reciben 110$ por hijo.

    Mientras tanto, los nietos de Paolo Rocca también gozan de subsidios del estado, aunque distintos. Como ya señalaron algunos comentaristas en Datos Duros, hoy ellos gozan de unos 146$ por mes cada uno por deducciones de ganancias (las deducciones operan achicando la base imponible, saliendo el 146$ de aplicarle a ese cambio en la base imponible de 5.000$+ anuales por la eliminación de la exención la alícuota del 35%). Y las transferencias por la propuesta, netas del cobro de ganancias, son de 94$. Es decir, aumenta ligeramente la presión por este lado.

    Finalmente, hay que tener en cuenta que el promedio de hijos por hogar en el primer decil es de 2,1, mientras que en el más rico es de 0,4.

     
  • multifernandez 11:10 pm el Wednesday 24 · September · 2008 Permalink | Responder
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    No te voy a decir qué ganan, pero te tiro una idea 

    Más del discurso oficial – 18 de JUNIO

    Cristina: “No he firmado decretos de necesidad y urgencia”

    La Mandataria lo destacó como “una contribución a la calidad institucional”.

    Cuesta mucho ser optimista. Esta es la peor forma del “derrame”. Antes, por lo menos, tenías planes trabajar…

    El PEN subestima los recursos en el presupuesto todos los años; este año ya va un aumento en los recursos vigentes del 26% (y hay que ver si no hay más). Más o menos a esta altura de cada año, reparten el dinero sobre el que el Congreso no debatió. Salió con DNU finalmente. La tabla indica cuánto creció el crédito de las jurisdicciones respecto de lo que se votó en el Congreso.

    35 Min. de Relac. Ext, Com. Internac. y Culto 5% Efecto jazz.
    10 Ministerio Público 7% Mejor pagáte un abogado por tu cuenta.
    71 Ministerio de CyT 9% Casi todo CONICET: ARS 107 millones.
    90 Servicio de la deuda pública 9%
    30 Ministerio del Interior 12%
    85 Ministerio de Desarrollo Social 12% ARS 940 millones. Pensiones no contributivas se llevan más de la mitad. El único programa más o menos orientado al desarrollo social (“seguridad alimentaria”) recibe 234 millones. Un monto claramente suficiente. Un auténtico dineral. Sobre todo con lo eficiente que es la actual administración.
    40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 13% Va todo a las fuerzas de seguridad.
    20 Presidencia de la Nacion 14%
    45 Ministerio de Defensa 15%
    75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social 16% ANSES: ARS 9.900 millones.
    80 Ministerio de Salud 16% ARS 530 millones, casi todo a atención de ex-combatientes.
    5 Poder Judicial de la Nacion 17% Mejor pagáte un juez por tu cuenta.
    70 Min. de Educ., Ciencia y Tecnología 24% ARS 2.250 millones: universidades (1.400) y salarios.
    1 Poder Legislativo Nacional 25%
    25 Jefatura de Gabinete de Ministros 27%
    56 Min. de Planif. Fed, Inv. Pública y Serv. 51% Casi todo subsidios: ARS 9.470 millones. Energía, trenes, colectivos, camiones, aerolíneas.
    50 Ministerio de Economia y Producción 80% Subsidios a sojeros (ONCCA), ARS 2.000 millones.
    91 Obligaciones a cargo del Tesoro 86% Casi todo subsidios: ARS 6.502 millones a AySA, ENARSA, subsidios a la energía, etc.
    Total general 25%
    Zapatazo

    Zapatazo

     
  • multifernandez 10:15 pm el Wednesday 17 · September · 2008 Permalink | Responder
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    ¿Carta orgánica? ¡Andá, cipayo del FMI! 

    Hoy salió en el Boletín Oficial el DNU 1472 con una ampliación del gasto total del 25% sobre el crédito aprobado por el Congreso. El año pasado fué de 31%, por lo que es esperable que haya otra ronda más. ¿Quién se lleva el dinero en esta ampliación, de acuerdo a las mayores variaciones porcentuales? La ONCCA, con la mayor ampliación proporcional (ARS 1.900, subsidios a sojeros) y Planificación: ARS 4.400  a subsidios eléctricos (CAMMESA), ARS 1.300 a AySA, ARS 1.200 a vialidad, ARS 1.100 a aerolíneas, ARS 1.100 a subsidios a colectivos y ARS 800 a subsidios a trenes. ¿Quienes no van a comer postre (sus créditos crecen MUY por debajo de la media)? Ciencia y tecnología (ARS 85), salud (ARS 540), desarrollo social (ARS 330 sin pensiones, acá está la distribución de comida para desnutridos), poder judicial (ARS 250) entre otros.

    Esto no es lo único en el DNU. Son las economías de escala, estúpido! ¿Para qué hacer otro decreto con el pago al Club de París si con este alcanza?

    Art. 16. — Exceptúase del diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nº 26.337, al pago dispuesto en los términos del artículo 6º de la Ley Nº 23.928 por el Decreto Nº 1394 de fecha 2 de septiembre de 2008.

    Esta parte dice: se paga al Club de París usando las reservas de libre disponibilidad. Nuevamente se comete el mismo error que en el DNU pasado, ya que el artículo citado (es un artículo de la ley de convertibilidad modificado por decreto en 2005) dice “Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales.“.

    El Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera emitirá un título público negociable por hasta la suma correspondiente a la aplicación dispuesta por el artículo 2º del citado decreto, en las condiciones que defina, para su adquisición por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, que podrá contabilizarlo a su valor técnico.

    Dicha operación, encuadrada en los términos del artículo 44 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) quedará exceptuada de la limitación que contempla el inciso a) del artículo 19 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA aprobada por Ley Nº 24.144. (…)

    ¿Un decreto del PEN puede exceptuar al PEN de cumplir con una ley? ¿Eh? ¿Y qué dice ese artículo 19.a, para que merezca la atención de Manolito?

    Manolito

    Manolito

    ARTICULO 19: Queda prohibido al banco:
    a) Conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades, excepto lo prescripto en el artículo 20;

     
    • Elemaco 9:44 am el Jueves 18 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Multi: No soy abogado ni mucho menos, pero sospecho que si, que un DNU puede modificar una Ley.

    • walras 9:31 pm el Viernes 19 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Acá me parece que el problema no es si “se puede” o “no se puede”. Lo grotesco es que se hizo. Más allá de si es legal o no (like Ele desconozco las sutilezas del mundo de las leyes) el hecho en si es gravísimo para un pais que necesita urgente volver a ser una República y construir un stock de credibilidad para poder pensar en un “desarrollo” a largo plazo (por oposición a “crecimiento” en corto). Para que no me tilden de ortodoxo o vendepatria, abro el paráguas y aclaro que la seguridad jurídica y el respeto a las leyes que pido NO ES lo q hubo aca en los 90, que fue un vía libre para el saqueo de los bienes del Estado (como lo sigue siendo con el modelo K). Lo que se necesita es seriedad y apego a la ley en beneficio del conjunto de la sociedad y un proyecto de país.
      Volviendo al tema, el Gobierno K no tiene ningún tapujo en pisar una LEY del CONGRESO (el Congreso, por si el Gobierno no lo sabe, es uno de los tres poderes del Estado, al igual que el Ejecutivo) con un DECRETO!. Y no es cualquier ley..es la que fija la carta orgánica de un ente AUTARQUICO (si, aunque parezca mentira, el BCRA es INDEPENDIENTE). Avisenle a CFK que Sector Público Financiero y Sector Público No Financiero no son lo mismo..
      ¿Instituciones? bien gracias………

    • laliberal 11:33 am el Sábado 20 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      NO! no se puede!!! NUNCA UNA NORMA DE JERARQUIA INFERIOR PUEDE MODIFICAR UNA DE JERARQUÍA SUPERIOR. Pero acá hasta con una resolución de la AFIP pasan por arriba los derechos que la misma Constitución Nacional protege. Ese es el problema, pisotean las instituciones y sin reglas de juego claras ningún pais puede progresar y menos sentirse libre y republicano.

  • multifernandez 6:00 pm el Wednesday 10 · September · 2008 Permalink | Responder
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    Tendencia secular al deterioro de las instituciones II 

    Parte I

    Otras formas en que se distorsiona la transparente asignación de recursos entre la nación y las provincias viene de la mano de fondos especiales con objetivos específicos. Por ejemplo, las obras de infraestructura a ser financiadas con los recursos del fondo fiduciario del sistema de infraestructura de transporte (financiado antes con el impuesto al gasoil y hoy en partes iguales con ese impuesto y rentas generales), los subsidios a las empresas de transporte, otras transferencias para obras en los sistemas eléctricos y demás usaban los coeficientes de la ley de coparticipación (o bien esquemas similares pero con coeficientes diferentes). Todo esto empeoró considerablemente con la ronda de superpoderes nacidos de la crisis de 2001 y la vuelta de Cavallo: se crearon numerosos fondos de esta clase, que hoy representan una parte muy importante del presupuesto total. En esos casos, la decisión sobre la distribución territorial de los recursos se alejó cada vez más del ámbito de discusión parlamentario. Pasa de la ley de coparticipación a leyes comunes, de leyes comunes a decretos y resoluciones ministeriales o de secretarías y a disposiciones de entes menores. A veces los coeficientes son determinados sobre la base de alguna otra variable externa, sin que se analice la razonabilidad de que esa variable determine el criterio de financiación de las provincias. Otras medidas tomadas en función de la última crisis son los superpoderes de reasignación de partidas (artículo 37 de la ley de administración financiera), que al combinarse con la carencia total de información sobre la ejecución presupuestaria básicamente da un cheque en blanco al gobernante para hacer lo que quiera sin controles, las distintas disposiciones sectoriales (como en transportes) relativas a la emergencia económica, que por motivos “de excepción” asigna recursos sin su discusión en el congreso. Todo esto iba en contra de algunas medidas menores tendientes a ampliar los límites de los recursos del sector público nacional sujetos a discusión, mediante la inclusión de algunos fondos y organismos omitidos por las leyes de presupuesto.

    Mientras tanto, el Estado se encontró con que en las crisis era más difícil recaudar. Entonces no sólo hubo normas de emergencia para regular el gasto de forma tal que se paliaran los déficits más agudos y las situaciones sociopolíticamente más delicadas, sino que se generaron instrumentos de financiación que, al carecer jurídicamente de carácter tributario, no pertenecían a los recursos “coparticipables” (o distribuibles vía el mazacote normativo de ese conjunto de leyes). Al reducirse la proporción de recursos que el estado se veía obligado a girar automáticamente a las provincias, fueron necesarios mecanismos alternativos para transferir esos fondos. Por ejemplo, antes la porción de uno de los fondos fiduciarios destinada a financiar obras viales se distribuía entre las provincias con coeficientes fijos. Luego pasó a ser la DNV en sí misma la que desarrollaba las obras, de acuerdo a convenios con las provincias. Algunos programas presupuestarios incluyeron transferencias automáticas de montos considerables para permitir a las provincias el desarrollo de las funciones básicas. Por estos motivos, ver los números de los recursos girados a las provincias puede ser poco indicativo de lo que realmente reciben por parte del estado nacional. Esos gastos son ejecutados por las provincias, por el personal y la organización de las provincias, pero figuran como gastos en el presupuesto de la administración nacional.

    Así se configura un esquema caótico y muy complejo, inmanejable, donde se reemplaza discusión por discrecionalidad y se eleva el clientelismo del barrio a la relación nación – provincias. Cada crisis empeora la situación por el lado de los ingresos, con nuevos tributos, por el lado las asignaciones de esos ingresos, con más rigidez y criterios coyunturales y discrecionales, por casos de “gasto centralizado” como el de algunas obras o por casos de gastos ejecutados por las provincias pero imputados a la nación. Esta situación probablemente trascienda a la discusión de una ley de presupuesto o coparticipación, y requerirá de numerosos años de estudios y reformas para dar racionalidad al sistema. Y esquemas para que la calidad de las instituciones del estado no sufran (tanto) con cada crisis, sin posibilidad de que se deshaga lo hecho durante las fases de recuperación.

     
  • multifernandez 11:42 pm el Tuesday 9 · September · 2008 Permalink | Responder
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    Tendencia secular al deterioro de las instituciones I 

    Cada vez que hay una crisis surgen esquemas creativos para financiar los déficits que se generan con la caída de la recaudación. Esto es, formas de acatar pero no cumplir las normas previas (ni pasar por lentas y tal vez inviables discusiones en contextos apremiantes). Ejemplo: la ley de coparticipación vigente, de 1988, es modificada o complementada por unas 89 normas. Ella establece que el 54,66% de los recursos tributarios de la Administración Central se giren a las provincias y se repartan con proporciones fijas. Esos coeficientes son la base de los recursos que la nación gira a las provincias, y el componente individual más jugoso. Pero no es el único:  existen numerosas disposiciones adicionales que asignan específicamente recursos a provincias particulares, desdibujando el significado de los porcentajes que debería recibir cada provincia. Por ejemplo, está la ley de cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, la ley de financiamiento educativo de Kirchner – Filmus, tres ítems por el impuesto a las ganancias, tres por bienes personales, una asignación complementaria adicional de IVA, cuatro formas distintas de crear asignaciones específicas de parte de impuestos a los combustibles (naftas), otras tres por el régimen de la energía eléctrica, otra por el fondo compensador de desequilibrios, una proporción fija del monotributo (aparte de la coparticipada por rentas generales), fondos especiales, el pacto fiscal, el fondo para aportes del tesoro nacional, etc. Cada desequilibrio genera una ley, una nueva rigidez y una nueva capa de complejidad al esquema que hace difícil, si no imposible, su discusión y evaluación en términos políticos. Cada crisis deja sus marcas sobre el esquema de distribución de los ingresos de la nación (de 1988), por lo que los criterios y las razones originales se desdibujan totalmente. ¿Quién financia a qué provincias?

    La Constitución de 1994 establecía que debía sancionarse una nueva ley con coeficientes actualizados y ajustados a los criterios políticamente establecidos en la carta magna de distribución de los fondos. Nunca se sancionó otra ley de coparticipación (en parte por el estado permanente de crisis que imposibilita cualquier discusión en términos razonables sobre los recursos), y poco tiempo después de que se aprobara la constitución se crearon instrumentos complementarios para financiar déficits transitorios en las provincias. Esto va aparte del mazacote normativo que comúnmente como “coparticipación” (aunque los fondos de la coparticipación propiamente dicha en algunos casos no son ni la mitad de los que gira automáticamente la nación). Uno de esos instrumentos fue el fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que surge más o menos por la época del tequila y financia déficits transitorios en las cajas (desequilibrios corrientes) con recursos provenientes de la venta de activos (Banco Hipotecario, acciones de YPF) y que sería más tarde entre otras cosas usado para emitir los LECOPs.

    Hasta aquí vimos como se desdibuja el esquema de la “coparticipación”. Después sigo con los ingresos y el gasto.

    Sigue (más tarde) en la parte II.

     
    • walras 1:13 pm el Miércoles 10 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Que tema este de las instituciones, no? Algo interesante sería ver si vienen primero las instituciones y luego la estabilidad económico/social o viceversa (probablemente se retroalimenten y se genere un círculo virtuoso, pero el tema del huevo o la gallina habría que checkearlo). Tema para un futuro post, tal vez.
      100% de acuerdo con lo de que en la Argentina de los últimos 20 años hubiera sido milagroso alcanzar un consenso sobre la copa. No se logró con temas mucho menores, menos se iba a poder con este que hace a la esencia misma de la nación (si somos federales o unitarios, que tanto somos una u otra cosa, etc). Si consideramos que encima el 100% de las provincias tiene que estar de acuerdo para modificar la “ley” (ya ni siquiera es ley, desvirtuada como está con las innumerables “modificaciones” que comentás)……….
      En finnn, dejo picando la siguiente pregunta: ¿qué incentivo tienen un gobierno central (no sólo K ehhhhhhh) a cambiar el manejo discrecional y con criterios políticos de una tremenda caja por una ley que asigne fondos a cada provincia de manera objetiva, transparente y estable?

    • laliberal 11:46 am el Sábado 20 · septiembre · 2008 Permalink | Responder

      Las instituciones son las que traen estabilidad economica y social.. imaginate como puede desarrollarse una sociedad si a cada minuto le cambian las reglas de juego.¿? (cualquier parecido con la realidad Arg no es una coincidencia)

      Yo estoy convencida que los gobiernos no tienen ningun incentivo para dejar de manejar la caja a su antojo. (está en la esencia misma del político) de alli la imperiosa necesidad de que exista un marco jurídico que garantice la division de poderes y limite el poder de estos déspotas.

  • multifernandez 9:12 am el Monday 1 · September · 2008 Permalink | Responder
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    Highlander y el SRC (Sistema del Re-Curro) 

    En el año 1991, el líder del gremio de empleados de comercio Armando Cavalieri (¡hoy también al frente de empleados de comercio!) firma con las cámaras del sector un acuerdo bajo el convenio colectivo de trabajo que deriva, hoy, en la estafa fenomenal que nos ocupa. Los acuerdos de ese tipo son obligatorios, por lo que lo dispuesto pasa a ser de cumplimiento obligatorio para todas las empresas y empleados del sector, una vez que es aprobado por el Ministerio de Trabajo.

    El acuerdo viene así. Se establece un Sistema de Retiro Complementario (hoy llamado Seguro de Retiro Colectivo) por el que las empresas deben aportar 3,5 % del salario del empleado a una aseguradora a ser determinada por la Federación de Empleados de Comercio. La aseguradora elegida es La Estrella S. A., compañía sobre cuyo pasado no tengo por el momento mucha información, pero que aparentemente era parte del grupo BNL y fue vendida, cuando se fueron, al HSBC – New York Life. Faltando años para las AFJP, podía llegar a tener algún sentido establecer este sistema complementario. Pero hoy…

    El tema es este. De los fondos aportados por el 3,5 % que tiene que girar el patrón todos los meses (que de no existir disminuiría los costos laborales y aumentaría el salario del sector), sólo puede reclamarse antes del retiro un 42 % (hay una quita del 8 % no mencionada por ningún lado). Dije fondos aportados, no acumulados. Esas cuentas no ajustan por inflación si se intenta rescatarlas, y pagan una rentabilidad total del 4 % (no anual. total. multiplican la suma de todo lo aportado por 1,04 y eso es lo que te pagan. no hay interés que acumule o componga nada.). Existe un ajuste para los que cobran la mensualidad (aparentemente, los rescates por lo aportado durante la convertibilidad se pagan pesificados 1 a 1), de ritmo más lento que los precios. Pero para cobrar la mensualidad tenés que, entre otras cosas, tener 20 años en el gremio, retirarte trabajando en el gremio y resolver la hipótesis de Riemann:

    Riemann

    Riemann

    No encontré datos de los afiliados al gremio, pero usando información de 2007 (no es que sea un vago, pero los muchachos no eran muy precisos aún antes de la época de Moreno) sobre la cantidad de empleados en comercio (lo que sea que eso signifique) y el salario promedio nos da que el 3,5 % de la masa salarial es 64 millones de pesos por mes (a precios de algún momento de 2007. de nuevo, no es mi culpa). Probablemente sea menos. Igual, ¡ufff!

    Cuando quise preguntar por tan notorio empome, los empleados de La Estrella se pusieron bastante molestos (¿síndrome de Estocolmo?) y no me dieron ningún dato útil, ni siquiera una liquidación como la gente de lo aportado. Sí me dijeron que hablara con el sindicato, que tiene una oficina dentro mismo de La Estrella. El representante sindical, con suficiente ceborrea en los hombros y la solapa de su excesivamente grande y gastado traje como para encerar la pista de baile de Tinelli, tampoco fue de gran ayuda.

    ¿Qué pasará con los fondos aportados de quienes ni los rescatan ni solicitan la prestación vitalicia? ¿Habrá más gremios con seguros similares? ¿Cuántos sectores de la actividad que no tienen absolutamente nada que ver con el comercio estarán gravemente perjudicados en su competitividad por negocios como estos?

    ¿Quién te cobrará más por representarte? ¿Un político o un sindicalista?

    (atención: los Jaimes y los empleados de tesorería de un hospital que cobran por apurar los cheques no entran dentro de los políticos que te representan)

     
  • multifernandez 4:47 pm el Wednesday 20 · August · 2008 Permalink | Responder
    Etiquetas: , , , transparencia   

    No todos los subsidios subsidian 

    Cuando los medios hablan de subsidios suelen omitir una parte considerable de los mismos, dado que no sólo el Estado paga a través de la caja única sino que también cuenta con cajas paralelas, los fondos fiduciarios. Estos fondos se financian con impuestos asignados especialmente y también con rentas generales. En general, no tienen mucho control ya que, como sucede con todas estadísticas con esta administración, los números son difíciles o imposibles de conseguir, difíciles de trabajar, poco confiables, etc. Pero a grandes rasgos algunos fondos publican información. Uno de los más controvertidos, el FFSIT que da subsidios al transporte (aparte de los que figuran en el presupuesto) publica algo de información en la web del organismo que lo controla, la UCOFIN. Es interesante ver algunas de las categorías de gastos de este fondo. Haciendo click en la imagen para verla más grande…
    Subsidios pagados por el FFSIT según UCOFIN

    Algunos de los subsidios pagados por el FFSIT según UCOFIN

    …podrán observar que lo azul es lo que más creció en participación con el tiempo, y que lo verde (obras viales) de hecho cayó con el tiempo. La figura muestra los subsidios dados a trenes, transporte de cargas y obras viales: no incluye las aplicaciones de sus fondos a RCC, ni el impuesto del 0,80% al gasoil, ni el resto de las compensaciones al transporte de pasajeros que son bastante mayores a las de la figura.

    Lo que permite la figura es contrastar la posición política del gobierno respecto de los subsidios. Como se ve, se hoy da más subsidios al transporte de cargas que a los ferrocarriles. Los subsidios a los FF.CC. son en parte entendibles: con la pésima política de distribución del ingreso de esta administración, es difícil que se puedan sincerar las tarifas llevan el boleto a ARS 4 sin que quiebre el país. Pero, ¿por qué se subsidia al transporte de cargas?

    Por supuesto, todo esto se realiza con un nivel de transparencia nulo, al no haber siguiera un control de la presentación por parte de los que cobran los subsidios de la documentación prevista por las normas, excepto por las matrículas habilitantes. ¿Y eso? Resulta que para cobrar el subsidio hace falta tener esa matrícula en regla, que es un trámite (arancelado) que se hace en la obra social de Moyano.

    Por último, un comentario final… Los subsidios al transporte de cargas dieron un saltito importante durante 2008. ¿Cómo se entiende?  Es la Banelco

     
    • Tincho 11:55 pm el Miércoles 20 · agosto · 2008 Permalink | Responder

      Discretion vs Rules le dicen, jeje. Que cosa esta gente, hace lo que se le antoja, no rinde cuentas a nadie y cuando alguno le hace frente es un golpista, traidor, gorila, etc.

      Y eso que no estan los datos para Camesa que segun algunos es donde esta la bomba de tiempo porque la suba de tarifas de hace unas semanas fue solo para las distribuidoras.

      Por ultimo, hay motivos para subsidiar al tansporte publico, entre ellos las externalidades que genera. Aunque hay mucho por hacer en nuesto sistema vial.

      Saludos

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