Ingreso básico para menores

Con este post respondo al artículo de Datos Duros sobre las políticas universales.

En primer lugar, para ver la factibilidad de estos proyectos que han sido ampliamente apoyados por Proyecto Sur, el Acuerdo Cívico y Social y hasta el narcoperonismo (en una versión más amplia), voy a tirar un par de números para hacernos una idea sobre el tema de que estamos hablando.

Usando los datos del INDEC, ajustando la cantidad de menores de 18 de 2001 por el crecimiento poblacional de las estimaciones que publican tenemos 13.470.000 menores actualmente. La canasta básica alimentaria de junio, según el INDEC, es de 144$. Planteemos un objetivo bien modesto que es evitar la indigencia y otorguemos entonces 145$ a cada menor. Casualmente, es el mismo número que surge de multiplicar las necesidades calóricas de los menores por una CBA calculada de una manera razonable y no al estilo INDEC. En definitiva, hablamos de 25.400 millones de pesos. La cifra representa más o menos un 2,4% del PBI.

¿Cuáles serían las fuentes de financiamiento?

Una primera medida sería afectar los ingresos por asignaciones familiares, que representan un ~7,5% del salario en blanco y son pagadas por el empleador. No todos los ingresos por asignaciones se destinan hoy a este fin, por lo que usar estos fondos implicaría una reducción leve del resultado de la ANSES. En el año que termina en junio de 2009 esto da 11.550 millones.

Por el lado de programas presupuestarios, la necesidad de los programas de Seguridad Alimentaria, Familias por la Inclusión Social, Pensiones no contributivas para madres de más de 7 hijos entre otros dejan de tener razón de ser en su mayor parte, por lo que sus créditos se afectan al ingreso básico y se obtiene de esa manera 6.300 millones de pesos adicionales de financiamiento.

Gravar la renta financiera proveería de 1.000 millones de pesos adicionales al Tesoro y 700 millones a la ANSES (que compensan la caída en el resultado por la afectación de la totalidad de los ingresos por asignaciones familiares al ingreso básico). Habría otros ingresos por ganancias: el 35% de todo lo que se pague por ingreso básico a los hogares de mayor poder adquisitivo, que son unos 170 millones, más unos 500 millones adicionales por la eliminación de las exenciones en ganancias.

La reducción del ahorro en la ANSES implica un aumento en la recaudación directa por IVA de unos 850 millones entre Tesoro y ANSES.

Los ingresos del Tesoro por esta pequeña reforma impositiva son de 20.700 millones. El resto puede afrontarse con el resultado del gobierno, o bien afectando parte de los ingresos actuales de la ANSES por el pacto fiscal. Afectar sólo un tercio de los ingresos por el pacto fiscal a esto implicaría generar más de 8.000 millones de pesos de recursos que salen del superávit de la ANSES. Esto es altamente justificable por los argumentos de Kritz en su informe de julio, por tratarse de asumir los costos de políticas sociales que realizan hoy las provincias con mayor equidad y por los aumentos que se producirán en consecuencia en la recaudación de las provincias.

En todo momento, téngase en cuenta, disminuyen los gastos de los gobiernos provinciales y se incrementan sus ingresos, por lo que esto afecta positivamente tanto el resultado de las provincias como la composición de sus gastos. El aumento en los recursos de las provincias está en el orden de los 7.000 millones de pesos, lo que es una proporción importante del déficit que se estima para este año.

Con esto mostrarmos que no hace falta expropiar a nadie para financiar esto, aceptamos el mote de carísima que le ponen en Datos Duros y rechazamos el de abstracta por haber demostrado un esquema de financiamiento posible y razonable. Al respecto, el «culo que va a sangrar» (el nuevo financiamiento) estaría provisto en mitades más o menos iguales por el resultado de la ANSES y por quienes hoy gozan de exenciones poco justificables en el pago del impuesto a las ganancias, y juzgo más aceptable el eliminar la exención de ganancias a los que cobran intereses por la deuda pública que estafarlos con el ajuste del capital por CER cuando cobren dentro de 20 años. En próximos posts proseguiremos con la discusión sobre este asunto.

Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias es el impuesto que menos creció desde 2001 en términos de la presión tributaria ejercida sobre el PBI. Impuestos como el IVA, retenciones y los ingresos por seguridad social explican casi por completo el aumento de la presión tributaria en estos años en que la participación del Estado en la economía creció considerablemente.

En un contexto complicado para conseguir el financiamiento necesario para cubrir los vencimientos de capital de la deuda, el gobierno disminuye la presión impositiva sobre el decil de personas que más ganan, con un costo fiscal de unos ARS 1.500 millones. La medida es razonable dado que la suba del mínimo no imponible es incluso menor al promedio de aumento de los salarios, pero plantea varias dudas (entre ellas, la de quiénes son representados por los sindicalistas que hacen lobby para desgravar al décil de más altos ingresos pero no para disminuir los impuestos que gravan el consumo de bienes de primera necesidad).

La principal es la falta de debate sobre que se dejan pasar oportunidades para transformar la estructura de ingresos del Estado. Recientemente dijo JM Fanelli en una charla algo en el sentido de que si se pagó muy caro en competitividad, pobreza y desempleo por la oportunidad de realizar reformas estructurales en la Argentina de Menem, debiera al menos haberse aprovechado lo que se consiguió con tanto esfuerzo en lugar de tirarlo por la ventana. Hoy podría mitigarse parcialmente el impacto de la inflación sobre la población más vulnerable con una lenta y gradual reforma tributaria que se valiera de la inflación para ir modificando el peso de los distintos ingresos en el total de los recursos del Estado. Hoy, el impuesto a las ganancias recauda en Argentina sólo 1,6 % del PBI mientras que en los países de la OECD el promedio es de 8,8 %. Aunque debería ser una de las principales herramientas para la redistribución del ingreso, el Estado se respalda en el IVA, que es relativamente más regresivo, y otros impuestos severamente distorsivos («al cheque», retenciones, contribuciones sociales).

Otras cuestiones importantes sobre las que no hubo comentarios es la distribución territorial de los alcanzados por el tributo. En términos absolutos Capital y Buenos Aires concentran 2/3 de las personas que más ganan, y aún más en términos de masa de ingresos. Esto tiene dos consecuencias: a mediano plazo, se redistribuye de Capital y Provincia a las provincias no petroleras, por el aumento del mínimo menor a los aumentos de salarios. A corto plazo, es probable que con las devoluciones por la retroactividad a enero de la baja se impulse el nivel de actividad con más fuerza en Capital y Provincia que en el resto del país, más afectado por la caída en el nivel de actividad durante la guerra gaucha. Por otro lado, ganancias no tiene en cuenta los diferentes niveles de precios en las provincias petroleras, por lo que hay un trato desigual para trabajadores con similares poderes de compra en dos provincias distintas. Esto genera presiones sindicales muy fuertes que generan innecesariamente una fuente periódica de conflictos innecesarios para el gobierno (y también tiene incidencia distributiva territorial, lo que en un impuesto directo debería ser consecuencia de lo debatido en el Congreso por los representantes de los ciudadanos en el marco de la Ley de Coparticipación).