Nota sobre la inseguridad

La inseguridad es, sin dudas, uno de los problemas más acuciantes para la sociedad argentina en la actualidad, y afecta a todos los estratos sociales. Se trata de un problema real, más allá de que es cierto que los medios tienen la capacidad tanto para “suavizar” la percepción social como para “potenciarla”. Así como Clarín, cuando tenía afinidad con el Gobierno, prácticamente no mencionaba el problema, y lo reducía a un par de delitos semanales en la sección policiales, a partir de 2008 (post conflicto con el campo), las noticias sobre crímenes y muertes comenzaron a inundar las tapas del Gran Diario Argentino.

El problema real es mucho más complejo. No es cierto que no existía antes de 2008, y tampoco es cierto que hoy no se puede salir a la calle porque es inminente que a uno lo fusilen. Los problemas en general no explotan, sino que crecen o decrecen gradualmente. Y esto es lo que, en mi opinión, ocurre con la inseguridad. Tampoco importa si es “mayor” o “menor” que hace unos años (como tanto se discute), sino que “es”.

El país vivió tres décadas de degradación social, con un fuerte aumento de la desigualdad y la pobreza extrema. Esto descompuso el tejido social, antes caracterizado por los derechos y la seguridad social universal, aunque el problema del crimen recién comenzó a notarse con mayor severidad en la segunda mitad de los 2000, cuando la primera generación que nunca vio laburar a sus padres pasó los 10 o 15 años. Es claro que en un país donde la igualdad de oportunidades y el ascenso social desaparecieron, los valores comunitarios se deterioraron, la cultura del trabajo se debilitó y millones de pibes fueron empujados a la pobreza absoluta, la inseguridad iba a aumentar, así como aumentó la violencia en todo el conjunto de la sociedad (basta ver el caos permanente de transito, las peleas en los subtes y colectivos, la violencia en las telenovelas, etc).

Sin embargo, para poder resolver un problema es preciso hacer un diagnostico lo más completo posible, evitando parcialidades o preconceptos ideológicos que nos impidan llegar al fondo de la cuestión.

Con esto me refiero, por un lado, a la ingenuidad de parte del progresismo, que ve a tipos que les disparan a embarazadas o golpean a viejos indefensos como a pobres victimas de una sociedad injusta. Esta visión, aun cuando pueda ser entendible que alguien que no tuvo oportunidades caiga en el delito, no considera que siempre hay alguna capacidad para decidir, y cae en un determinismo social muy ingenuo. Ante una misma situación, personas con similar background pueden actuar muy distinto. La visión de que la pobreza incita al delito, y que es “entendible” que alguien que no tuvo oportunidades mate a otra persona para robarle $20, es un insulto a la inmensa mayoría de desfavorecidos que busca ganarse el mango dignamente, despertándose a las 3 am, viajando como animales 4 horas por día, cartoneando (revolviendo la basura, por si no queda claro), haciendo changas o rebuscándoselas vendiendo algo (esto lo dijo la Presidenta en un excelente discurso: http://www.elpaisdehoy.com.ar/nota/3003). Muchas veces, estos laburantes son discriminados, maltratados por la policía, simplemente por su “pinta” o su color de piel. Esto hay que corregirlo, hay que generar un gran cambio en la sociedad, terminar con la discriminación y darle oportunidades de progreso a todos los que lo buscan. Considerando todo esto, es muy peligroso querer justificar el delito o resignarse a él, sólo porque la sociedad no dio oportunidades. A muchísimos no se las dio, muchísimos pasaron por situaciones tremendas, y sin embargo ahí están, peleándola, muchas veces contra la corriente. Se puede entender que alguien robe para comer, pero no que mate a palos a un viejo para robarle su miserable jubilación. El conflicto social seguramente exacerba el delito, y puede permitir entender algunos robos o hurtos, pero no puede usarse para justificar situaciones indescriptibles que sobrepasan cualquier límite. Con ese argumento, a una persona que le mataron a un ser querido para robarle dos mangos debería tener vía libre para matar a los responsables (¿qué peor para un ser humano que le maten un hijo?). Como afortunadamente vivimos en una sociedad de derecho, hay que dejar a la Justicia actuar, y no podemos permitir la justicia por mano propia bajo ningún concepto. Nada la justifica, como así tampoco nada justifica dispararle a un bebé para robar.

También hay que considerar que el delito afecta justamente a los más pobres. No es lo mismo viajar en taxi de Recoleta a Puerto Madero que esperar un bondi 45 minutos a las 4 am en Gonzalez Catán para ir a laburar. Tampoco es lo mismo vivir en Isidro Casanova en una villa que vivir protegido en una mansión de San Isidro con seguridad privada. Esto es algo que parte del progresismo tiene que entender. Un delincuente no es Robin Hood. En general, es alguien que le está robando a otro pobre, o a lo sumo a alguien de clase media, que se gana la vida con mucho esfuerzo. Los ricos están muy bien protegidos de la inseguridad.

Por otro lado, también es muy peligrosa e ingenua la visión de la “mano dura”. La mano dura nunca resolvió nada en ningún lado. Querer solucionar todo con palos es atacar las consecuencias y no las causas, con el riesgo adicional de generar situaciones al margen de la ley y violaciones a los derechos humanos. Además, sería muy peligroso darles más poder a las fuerzas de seguridad, sin una reforma profunda que garantice el control civil de las policías federal y provinciales, que evite los excesos y que asegure el respeto absoluto a la ley, el debido proceso y el derecho a la defensa de todo detenido. En resumen, uno puede reprimir mucho, pero mientras existan las causas que lo generan, el delito va a seguir en aumento. Y, en general, la van a pagar los que no tienen nada que ver.

Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? En mi opinión, hay que atacarlo por varios frentes:

1.Reformar a las fuerzas de seguridad, rescatando a los buenos elementos y eliminando a los malos, e ir a fondo contra las redes de crimen organizado. El narcotráfico es un ejemplo. Muchas veces se castiga a un pibe que se fuma un porro, pero no se va contra los que lucran con eso. Se trata de negocios millonarios, que pueden corromper a cualquier estructura del Estado, y utilizan como mano de obra a los desfavorecidos. En lugar del trabajo y el esfuerzo, les ofrecen vicios a cambio de delinquir y proteger sus negocios, degradando los valores sociales. También hay que reformar las cárceles. En lugar de ser inhumanas universidades del delito, tienen que ser lugares de reinserción para dar a los detenidos una segunda oportunidad.

2.Atacar la pobreza y la desigualdad. Garantizar un piso mínimo y digno para todos, que asegure comida, vivienda, salud y educación, y elimine situaciones de desamparo. En este sentido, fue muy buena la implementación de la Asignación Universal por Hijo, aunque debería aumentarse y extenderse a todos. También hay que sacar a los pibes urgente de la calle, hacerse cargo de ellos en lugar de dejarlos tirados en el piso aspirando pegamento, siendo un peligro para ellos y para la sociedad, y mostrarles que existe un mundo distinto al de la droga y el delito.

3.Incrementar el presupuesto para prevención. Si bien más policías por si solo no soluciona nada, es claro que hoy por hoy faltan policías en la calle. Al menos para dar una percepción de que no hay zonas liberadas, y de que hay a dónde recurrir si uno sufre un delito. Crear corredores seguros e incrementar los patrullajes nocturnos (hoy por hoy, hasta caminar por avenidas de noche es circular por una tierra de nadie).

4.Que la Justicia cumpla su parte. No puede ser que la Policía detenga a un delincuente y la Justicia lo libere al instante. Hay infinidad de casos de asesinos que mataron a horas o días de haber sido detenidos y liberados por otros delitos. Esto se tiene que terminar. También la vergüenza de que las cárceles estén llenas de detenidos sin condenas. Hay que agilizar los procesos y asegurar el derecho a defensa, no lavarse las manos y liberar a delincuentes o mandarlos en cana sin sentencia. Esa es una de las peores violaciones a los DD.HH. Desde ya, esto no se logra sólo optimizando los recursos disponibles, sino asignando más presupuesto allá donde se lo requiera. Las causas son complejas, y las soluciones no lo son menos. Es una problemática que requiere un plan serio, con medidas de corto, mediano y largo plazo.

Ojala estemos a la altura de enfrentarla, ya que un mayor deterioro en la situación puede conducir a una fragmentación social aun mayor, que desemboque en más violencia y en falsas (y peligrosas) «soluciones» de derecha.

Reflexión sobre la crisis del Parque Indoamericano

Afortunadamente, se llegó a un principio de solución en la dramática situación social que comenzó con la toma del Parque Indoamericano. Si bien tardía, y con 3 (¿o 4?) muertos detrás, es un gran avance que Macri y el Gobierno Nacional hayan dejado por un segundo la rosca política de lado y se hayan reunido, aun con sus discrepancias, para buscar una forma de resolver el conflicto.

Aunque no es bueno buscar culpables (esto pasó los primeros días de la toma, con las consecuencias que conocemos), sino más bien soluciones, me gustaría dar mi opinión sobre la responsabilidad que le cupo a cada nivel de Gobierno, y mi visión sobre el conflicto. Desde ya, es sólo un punto de vista más, y está totalmente abierto al debate y las críticas, pero escuché tantos comentarios profundamente ideologizados (desde el fascista e ingenuo “rajemos a palos a todos estos vagos” al irresponsable y no menos ingenuo “viviendas para todos en el parque”). Vamos por partes. Primero las responsabilidades:

Gobierno Porteño

1. Una profunda incapacidad para entender los conflictos sociales. De acá que se haya buscado la represión de entrada, sin sentarse a analizar y a buscar soluciones duraderas y sustentables.
2. Una xenofobia alarmante y muy pero muy preocupante. Macri, basado en encuestas, giró aun más a la derecha y fue con el típico discurso contra los inmigrantes. Pero los datos lo desmienten. La inmigración no explotó (al contrario, seguramente era mayor en la época del 1 a 1), y además la tasa de actividad (% de gente trabajando o buscando trabajo) es mayor entre los inmigrantes bolivianos y paraguayos que entre los argentinos. Tampoco es cierto que “no pagan impuestos”, como muchos creen para excluirlos de la provisión de servicios sociales básicos. Cuando un boliviano compra pan, está pagando Ingresos Brutos para la Ciudad e IVA para la Nación, a la vez que está incrementando la facturación, las ganancias y la demanda de mano de obra del comercio (aumentando la reca de impuestos como Ganancias, Monotributo y las cargas de la seguridad social, incrementando el consumo y dando trabajo). En resumen, debe haber chorros y vagos como hay argentinos chorros y vagos, pero son más, en porcentaje, los inmigrantes que quieren trabajar que los argentinos que quieren trabajar, a la vez que contribuyen con su actividad al desarrollo del país. Si queremos «justicia», a los inmigrantes hay que darles lo mismo que a los argentinos.
3. Una ineptitud absoluta para utilizar los fondos de los que ya se dispone. Macri siempre hizo énfasis en la gestión, pero no llegó a ejecutar ni el 20% de los fondos que la Legislatura le autorizó para viviendas en 2010. Tiene razón cuando dice que la Ciudad no le puede resolver los problemas a todo el país, pero si no cumple su parte, no tiene derecho a reclamar.
4. Una especulación política miserable. De entrada se buscó tirarle el fardo al Gobierno Nacional, como si el Gobierno Porteño tuviera cero responsabilidad en esto. Y ni hablar del apadrinamiento de mafias y punteros políticos, que son los que realmente lucran con quienes lo necesitan.

Gobierno Nacional

1. La continuación de una política económica y social que no resuelve los dramas estructurales del país. El país creció como nunca desde 2003 (parte suerte, pero también gran parte mérito de K), pero la pobreza sigue afectando a 1 de cada 3 personas. Basta salir a la calle, y ni hablar de recorrer el sur de la ciudad, el Conurbano o las ciudades del interior para darse cuenta que el país del INDEK, de explosión del consumo y 3% de indigencia, es una gran mentira. El conflicto social ocurre en un país donde las mineras, las cerealeras, las automotrices y los bancos tienen ganancias record. Mientras no se avance hacia un modelo inclusivo e integrador en serio, no hay solución para el déficit habitacional, la pobreza o la inseguridad. El Gobierno Nacional no puede desentenderse de esto.
2. Esconderse detrás del discurso progre para lograr rédito político, pero en los hechos hacer lo contrario. Además de lo dicho en el punto 1, aprovecharse de la estupidez de Macri para diferenciarse de la “xenofobia”, pero en la práctica no hacer nada para que los inmigrantes se sumen a la sociedad. No es menos xenófobo tener una ley migratoria laxa, pero a la vez no darles herramientas a los inmigrantes para que se integren y puedan gozar plenamente de sus derechos. Esto los condena a apilarse en villas, a laburar en negro y a ser explotados por mafias y narcos.
3. Tirarle el fardo 100% a Macri, cuando es claro que la problemática de miseria y crisis habitacional en la Ciudad se inscribe dentro de una complejísima realidad social que incluye al Conurbano y al modelo de país, que lleva décadas. Si tanta gente quiere concentrarse en la Ciudad, o cerca de ella, es porque en el Conurbano y el interior no hay posibilidades de trabajo ni de progreso social. Y si hay gente del Conurbano que busca ir a los hospitales o las escuelas de la ciudad, es porque la calidad de las mismas en el Conurbano, mayormente gobernado por el kirchnerismo, deja mucho que desear.
4. La misma especulación política pequeña y miserable de Macri. Con la salvedad que el Gobierno controla las fuerzas federales y todavía es responsable de la seguridad en la Ciudad. El intento de desgastar a Macri liberando la zona causó muertos y heridos, y puso en riesgo la vida de quienes estaban dentro y quienes estaban fuera del Parque. No había que mandar a la Federal, a Gendarmería o a Prefectura a reprimir, sino a proteger a todos los que estaban ahí. Cuando el Estado desaparece, rige la ley del más fuerte, su lugar lo ocupan mafias y narcos, y los perjudicados son los más vulnerables. Todo es discutible (planes de vivienda, ley migratoria, Macri, Cristina), menos la obligación del Estado de hacerse presente para proteger a TODOS los ciudadanos.

Además de ver quién es responsable, y en qué grado, es importante tratar de entender el conflicto, sin caer en ingenuidades ni prejuicios ideológicos (del tipo “pobrecitos los pobres”, “son todos vagos”, “cerremos las fronteras” o “como odio a Macri, le tiró todo el fardo a él”). La realidad es muy compleja, e intentar reducirla a uno o dos hechos estilizados es muy grave. Si los conflictos no se entienden, si no se diagnostican correctamente, encontrar una solución duradera y beneficiosa para todos es imposible.

Es claro que en este tema de las tomas el problema de fondo es la situación de marginalidad y pobreza que sufre gran parte de la población, agravadas por un Estado Nacional, Provincial y Porteño ausente. Sin embargo, no hay que olvidarse de las mafias, muchas veces bancadas desde la política, que explotan a esta gente y los utilizan para beneficios. En la toma hubo de todo. Una inmensa mayoría de gente necesitada, desesperada, pero engañada y muchas veces movida por punteros y mafias. En el parque se mezclaba gente que quería su pedacito de tierra, barras que defendían su negocio, mafias que no querían perder el enorme negocio inmobiliario que se da en las villas (alquilando casillas infrahumanas a familias por $1.000 mensuales) y miserables que loteaban terrenos del parque para luego vendérselos por $500 o $600 a gente desesperada. Ni hablar de lo complejo que es el conflicto, que una de las primeras denuncias por ocupación la hicieron las progresistas Madres de Plaza de Mayo, pidiendo la presencia de la fascista Policía Metropolitana para impedir la toma de su predio por gente desamparada.

Pero de nuevo, el problema de fondo es la marginalidad. Una persona con trabajo digno, acceso a la educación y a la salud, y una vivienda humana, difícilmente pueda caer en las garras de la mafia.

Si bien corresponde a todas las instancias involucradas arribar a una solución, es imprescindible el diálogo, sin exclusiones, sin miserias políticas y sin privilegiar intereses personales o partidarios. En mi opinión, en cualquier solución deberían tenerse en cuenta los siguientes puntos:

1. Trabajar fuerte para incorporar a la sociedad a los excluidos, dando documentos (sin los cuales no pueden acceder a planes como la Asignación Universal por Hijo) y haciendo que el Estado llegue a las zonas más postergadas. Urbanizar las villas, poner escuelas, comisarías, luminarias, centros de salud, abrir calles, etc. Que no sean barrios de segunda, sino barrios como cualquier otro. Esto es relativamente rápido, pero requiere mucha decisión política. Por ejemplo, no se entiende por qué Macri invierte en las plazas de Recoleta o en el Rosedal, pero deja convertido en un baldío al Parque Indoamericano.
2. Cambiar el modelo de país, hacia uno más inclusivo y con igualdad de oportunidades. Si bien esto lleva tiempo, algún día hay que empezar. Nunca se va a bajar la pobreza con casi 25% de inflación, que se intenta negar desde las estadísticas oficiales. Basta de pibes perdidos por la droga en las calles, basta de gente durmiendo a la intemperie, basta de desidia del Estado. Esto implica también un desarrollo más federal, dando oportunidades en el interior para que la población no siga concentrándose en el AMBA.
3. Hacer cumplir las leyes. El primer paso es reducir el conflicto social, con diálogo y oportunidades. Pero esto no puede hacernos olvidar que hay cosas inaceptables, como la toma de espacios públicos y el avasallamiento de la ley. Un país no puede vivir permanentemente en conflicto, con tomas, cortes de calles, paros, etc. Y no porque uno sea amante del orden o de la paz de los cementerios, sino porque son situaciones que elevan la incertidumbre, el caos, la violencia, reducen la productividad e impactan en la generación de riqueza, empobreciéndonos a todos. Es cierto, cuando la gente está desesperada hace cualquier cosa, con lo cual hay que lograr que la gente no esté desesperada. Luego, hay que respetar la ley y punto. No puede ser que siempre se busquen excusas para no cumplirla.
4. En este caso puntual, avanzar en un plan de viviendas en serio, financiados por la Nación, las provincias y los municipios, para terminar con el déficit habitacional. Desde ya, esto no implica regalarle la casa a nadie. La entrega de viviendas debe ir acompañada de un plan de pagos, acorde a la capacidad de cada familia en situación de vulnerabilidad. Si hoy le pagan $1.000 por mes a un mafioso por el alquiler de una casilla de chapa miserable, que le paguen $500 por mes al Estado para ser dueños de una vivienda digna. Sin regalar, pero con un plan de pagos plurianual, cuotas pequeñas y una tasa de interés subsidiada (que puede ser 0%).

En resumen, es un conflicto solucionable, y mucho más complejo que el simple «Macri facho» o «bancar vagos». Pero requiere un debate abierto y democrático sobre medidas de corto, mediano y largo plazo. Mientras el Gobierno Nacional y Macri privilegiaron la rosca, hubo muertos, heridos, caos, proliferación de tomas y negocios mafiosos. Cuando se juntaron y dialogaron como debe ocurrir, el panorama cambió. Volvió la seguridad a la zona, y surgió la promesa de una solución. Ojala los muertos no hayan sido en vano, las promesas esta vez se cumplan y todos nosotros estemos a la altura de las circunstancias para construir un país mejor.

 

El legado de Nestor

Nestor Kirchner fue un hombre que despertó pasiones, amores y odios entre los argentinos. No fue un héroe que salvó al país, ni tampoco un villano que lo destruyó. Fue un hombre que tuvo aciertos y cometió errores, que la historia se encargará de juzgar y balancear, pero que hizo de la política su vida y que difícilmente pueda ser olvidado.

En estos momentos, y pasado el período de respetuoso silencio, es importante intentar reflexionar sobre algunos aspectos positivos y negativos que conforman el legado de Kirchner, tratando de evitar el fanatismo, que tan común se ha hecho entre sus partidarios y sus detractores. Sólo así podremos quedarnos con lo bueno que nos dejó, e intentar corregir lo que consideremos que hay que corregir.

Los aspectos positivos de la gestión K fueron muchos, e intentar obviarlos sería, aparte de una negación de la realidad, un acto de deshonestidad intelectual. No puede dejar de destacarse el nombramiento de una nueva (e independiente) Corte Suprema, después de la vergüenza menemista. Tampoco la recuperación del rol central de la política y la militancia, luego de una década del 90 en la que el país parecía tener que resignarse al modelo global impuesto por los países centrales, y desde EE.UU. se anunciaba el “fin de la historia”. Muchos jóvenes que jamás se habían interesado por la política lo hicieron bajo su Gobierno, y eso es muy positivo. Y ni hablar de volver a discutir los crímenes de la década del 70, luego de varios gobiernos que quisieron acallar el tema, aunque la parcialidad extrema del Gobierno y un uso político posterior conspiraron contra un proceso que podría haber unido a los argentinos a superar una etapa terrible de la historia. En el aspecto de la gestión macroeconómica, resulta difícil no considerar al gobierno de Nestor como uno de los mejores de la historia, con el período de crecimiento más largo e intenso en décadas. Mantuvo los pilares de la gestión Duhalde, privilegió la continuidad y no cayó en la tentación de otros gobiernos de destruir lo que había hecho su antecesor (esto, lamentablemente, si ocurriría a partir de 2007). Si bien el mundo lo ayudó como a ningún otro (precios de las materias primas en niveles históricos), lo cierto es que mantuvo los superávits gemelos y fue generando un importante desendeudamiento, que se prolongó durante la gestión de Cristina. Más allá de los costos que seguramente tuvo, lo cierto es que hoy la Argentina muestra niveles de endeudamiento con el sector privado y externo inéditos en tres décadas, y el problema de la deuda parecería ir quedando atrás. El manejo macro, a su vez, permitió dejar un enorme margen al país para afrontar las crisis externas y el conflicto con el campo, sin sufrir un colapso como tantas veces le ocurrió al país. También se canceló la deuda con el FMI, y nos evitamos tener que seguir con las recetas que tanto mal le hicieron a la Argentina. No puede olvidarse tampoco la estatización de las AFJP, que si bien fue criticable por sus métodos y sus fines (financiar el gasto político del Gobierno), permitió recuperar para el Estado importantes flujos y stocks de recursos, que habían quedado a merced de un fenomenal negocio financiero de un puñado de empresas y habían generado un enorme agujero fiscal al sector público desde mediados de los 90. También es destacable la nueva ley de educación, más allá de los problemas de implementación, reemplazando a la nefasta Ley Federal de Educación de los tiempos de Menem. Es muy importante también la Asignación por Hijo, aunque lamentablemente fue implementada muy tardiamente, con un ingreso muy bajo y sin ser todavía universal. Sin embargo, pese a los problemas y a que el kirchnerismo terminó implementándola en gran parte para evitarse que la oposición la aprobara en el Congreso, fue una enorme mejora respecto a la situación previa. Finalmente, mencionamos la Ley de Medios, que si bien tiene problemas y, sin control, podría ser usada por el Gobierno para incrementar su presencia en los medios, claramente es superior a la ley previa, que cede en bandeja el negocio a las corporaciones mediáticas (ver la televisión argentina inundada por Tinelli las 24hs del día realmente hace muy difícil no querer un cambio).

Entre los aspectos negativos, los más graves se vinculan con el deterioro de la situación social, la inflación y la inseguridad (en mi opinión, en ese orden). La inflación es un flagelo que afecta mucho más intensamente a los sectores de bajos recursos, dado que gastan gran parte de sus ingresos en alimentos (los productos que más aumentaron) y no tienen la posibilidad de protegerse contra la inflación, como si tienen la clase media o los ricos con inversiones financieras, inmuebles o ajustando sus ingresos en línea con la inflación (empresarios, trabajadores en blanco). Es cierto que a veces puede preferirse una inflación superior a la internacional si el resultado es más crecimiento, pero la Argentina llegó a un punto de inflación persistente por encima del 20% (2009, un año de recesión, tuvo un piso de inflación de 15%), que diluye los frutos del crecimiento. Por ejemplo, Brasil creció mucho menos que la Argentina en estos últimos años, y sin embargo logró hacer caer dramáticamente la pobreza. Nuestro país creció más, pero la inflación mantuvo la pobreza en los niveles de 2007. Si no se la ataca, será imposible mejorar la situación del 25%/30% de la población que se encuentra en situación de pobreza, por más crecimiento o planes sociales que se implementen. La inseguridad también está vinculada a la situación social. Si bien el determinismo social no existe, y la enorme mayoría de los individuos en situaciones dramáticas de pobreza y exclusión la pelea dignamente día a día, es claro que la conformación de un núcleo estructural de pobreza a partir del colapso de la Argentina a partir de 1975, profundizado en los 90 y visto en toda su magnitud en 2001/2002, generó una destrucción de valores y códigos sociales. El resultado inevitable era un aumento gradual de la inseguridad (no explosivo, como muestran algunos medios de comunicación), no por un aumento de la pobreza, sino por una destrucción de pautas de comportamiento y pérdida de cultura del trabajo, con chicos al margen del sistema que nunca tuvieron la referencia de ver trabajar a sus padres. La droga sólo empeoró esto, y hace que, si bien se discute si hay más delitos en promedio en el país, los que hay sean más violentos. Mientras no se encare la dramática situación social y se saque a los chicos de la calle para darles un futuro digno e igualdad de oportunidades, no hay forma de que esto mejore. El Gobierno permanentemente negó el problema, como si fuera una sensación. Y si bien la causa estructural (situación social) sólo puede mejorarse gradualmente, hay otras políticas para implementar, como una depuración de las fuerzas de seguridad, aumentos de presupuesto para la Justicia y confección de planes de prevención del delito junto a provincias y municipios. No hay que olvidar que la inseguridad, aunque suene paradójico, afecta más a los pobres. Es mucho más probable que le roben a un pibe que tiene que caminar 15 cuadras y esperar 30 min a la noche un colectivo en San Justo para ir a visitar a un amigo en Jose C. Paz que a un rico que se toma un taxi entre Recoleta y Puerto Madero para ir a cenar. De nuevo, la inseguridad no es culpa exclusiva de este Gobierno. Tiene sus raices en políticas que se remontan a décadas atrás, pero negar el problema mientras esté empeora si fue responsabilidad del Gobierno, al igual que destruir el sistema estadístico nacional para ocultar la inflación. Tampoco importa si hay más o menos, como suelen rebatir los que no lo consideran un problema alarmante. La realidad es que existe, independientemente de la estadística, y negarlo es algo de una gravedad extrema. Por otro lado, y aunque destacamos la recuperación de la política, también debe criticarse el fanatismo que el estilo de conducción impuso. Es muy triste ver los niveles de confrontación, y que a cualquiera que piense distinto se lo considere un enemigo o un conspirador. El debate es la esencia de la política y la democracia, y debe incentivarse, no acallarse utilizando falacias ad hominem, porque termina perdiéndose lo realmente importante, que son los argumentos.

Estos fueron algunos de los que, en mi opinión, fueron los aciertos y los errores de Nestor. Seguramente quedan muchos otros (de ambos) que por una cuestión de espacio no incluí. Como dije al principio, sería muy interesante que se planteara un debate sobre el legado de Kirchner. Que esta situación sirva para que los argentinos reflexionemos, dejemos de lado la confrontación estéril y construyamos juntos el país. Siempre va a haber diferencias, y es saludable que así sea, pero tenemos que aprender a canalizar los conflictos por otras vías, que no le generen costos al país y traben su desarrollo. Sólo así honraremos la memoria de Nestor, y su muerte no habrá sido en vano.

82% móvil, minería y rentabilidad extraordinaria

La Presidenta vetó finalmente el proyecto del 82% móvil y la actualización de las jubilaciones congeladas entre 2002 y 2006, medidas ambas de una innegable justicia y equidad para garantizar una vejez digna a millones de personas que trabajaron por el país. El argumento fue que la medida hubiera supuesto la quiebra del Estado, una vuelta al déficit fiscal, inflación por una disparada del consumo, etc. Como se ve, argumentos calcados de lo que diría un neoliberal ortodoxo, más que un progresista que busca una distribución del ingreso más equitativa.

Como mencionamos en posts anteriores, la plata está. La cuestión es qué intereses se busca tocar (o proteger) y qué se privilegia. Va una propuesta más para conseguir una partecita de los $40.000 millones que Boudou dice que costaría la medida:

Retenciones a la minería, como al resto de los productos primarios. Recordemos que uno de los argumentos del progre Kirchner para ponerle retenciones móviles (que llegaban a superar el 45%) a los productores agropecuarios durante 2008 fue la «rentabilidad extraordinaria». Y tenía razón. Las fuerzas especulativas en los mercados mundiales habían llevado la soja a casi USD600 en julio de 2008, un aumento de casi 200% respecto a 2002 y 70% respecto a mediados de 2007. No hay duda que se trataba de una rentabilidad extraordinaria, que iba a durar poco, y era bueno aprovecharla para inversión social o para armar un ahorro para épocas de vacas flacas.

Sin embargo, parecería que para los K es distinto si la rentabilidad extraordinaria la obtienen los productores agropecuarios que si la obtienen las grandes multinacionales mineras. El precio del oro hoy está en un récord nominal histórico, en torno a USD1.350 la onza, registrando un aumento de más de 330% en relación a 2002. Y, sin embargo, no se escuchó a ningún funcionario K rasgándose las vestiduras como hicieron en 2008 contra la «oligarquía», los «grupos de tareas», etc, intentando subirle retenciones a la minería (hoy, si mal no recuerdo, pagan sólo 5%). -Nota al pie: durante el conflicto con el campo, el Gobierno arremetió con furia contra los productores, como si todos fueran Biolcattis y culpables del atraso del país, pero nada hizo contra los que se quedan con el grueso de la torta agroexportadora: las cerealeras extranjeras, como Cargill, Bunge, Dreyfus, etc.-

¿De cuánta guita hablamos en el caso de la minería? Las expo mineras, según la Secretaría de Mineria, fueron US$2.851 millones en 2009, de las cuales el oro explicó US$1.023 millones. Para este año, suponiendo un aumento promedio del precio del oro de 30% (conservador, ya que sólo estaríamos manteniendo el incremento hasta septiembre, cuando en octubre siguió subiendo) y del 5% en cantidades, las expo de oro sumarían US$1.400 millones. El resto de las expo mineras supongamos que suben 15% en valor (también conservador, ya que todos los minerales subieron fuerte de precio). Esto daría un total de expo mineras para 2010 de US$3.500 millones. Para 2011, año donde impactaría de lleno el 82% votado por el Congreso, supongamos un muy conservador aumento de 10% en el total de expo (todas las minas no están operando a full todavía). Ergo, con estos supuestos, tendríamos un total de expo mineras de US$3.850 millones, de las cuales US$1.550 millones serían oro.

Si el Gobierno estuviera tan preocupado por la rentabilidad extraordinaria de algunos sectores y por la distribución del ingreso, buscaría medios para quedarse con parte de esta mayor renta, tal como hizo en 2008 con los productores agropecuarios. Una propuesta podría ser subir 30 puntos las retenciones a las expo de oro (dejándolas en igual porcentaje que lo que tributa la soja hoy)  y 20 puntos al resto de la minería. En 2011, con un tipo de cambio promedio de $4.10 (el que el Gobierno proyectó en el Presupuesto 2011), obtendríamos una recaudación por exportaciones mineras adicional de, como mínimo, $4.600 millones. También podríamos eliminar las exenciones de ganancias de las que gozan las mineras (no se entiende por qué un camionero que cobra $6.000 tiene que pagar Ganancias y no las mineras extranjeras que gozan de ganancias increíbles). Según el Presupuesto 2011, eliminar las exenciones de que disfrutan las mineras aportaría $500 millones (número claramente subestimado, dado que se calcula en base a las ganancias que informan las mineras y no a las reales). En resumen, el Estado podría quedarse fácilmente con $5.100 millones de renta extraordinaria minera, sin romper nada, simplemente equiparando a la actividad con otra de exportación de productos primarios, como la soja. Y ni hablar que, con todo lo perjudicial y poco deseable que es la soja, es infinitamente mejor para el país que la Minería. El dinero va en general a productores locales, parte de los cuales son «oligarcas», pero al menos gastan y consumen en el país. Ok, cada tanto irán a Miami o París y harán algún depósito en Suiza, pero son los menos. Y, aún así, cuando Biolcatti va a cenar a Recoleta o Puerto Madero deja plata en el país, ya que el restaurant «cheto» al que va paga impuestos, paga sueldos a los mozos y deja ganancias a los propietarios. No ocurre así con los propietarios de las mineras, que son todos extranjeros. Adicionalmente, los sojeros deben liquidar el 100% de las exportaciones en el país, mientras que la minería, inexplicablemente, puede dejar el 100% de los dólares de las exportaciones en el país. Como si fuera poco, las mineras exportan oro crudo sin procesar, mientras que parte de la soja, al menos, sale como aceite, harina, pellets o biocombustibles. Bajo valor agregado, si, pero al menos es algo. Y ni hablar del daño al ambiente..el cianuro de la minería a cielo abierto y el consumo de agua de napas subterráneas hacen aparecer al muy tóxico glifosato como una boludez. Finalmente, no se entiende que las mineras estén exentas del impuesto al cheque, cuando todos los que utilizan este medio de pago deben pagar este tributo altamente distorsivo.

En conclusión, parece que el Gobierno sólo se preocupa por algunas rentabilidades extraordinarias y no por otras. Sólo es «progre» en algunos casos, y en otros es fiel defensor de intereses extranjeros que depredan casi gratis los recursos del país a costa de las futuras generaciones de argentinos. A los productores del campo llegó a llamarlos «grupos de tareas», mientras la Presidenta se reunía y tomaba champagne con Peter Munk en Canadá, el oscuro presidente de la Barrick.

Con muy poco esfuerzo, sin expropiar inversiones, sin afectar a ningún pobre, obtuvimos $5.100 millones para pagar la dignidad de los jubilados, que para el progresista K es «imposible». El resto podemos sacarlo del aumento esperado en la recaudación de ANSES para el año que viene, de Aerolíneas, de un recorte en los subsidios a la energía de los ricos, entre otros.

Habría que avisarle a la «progresista» y «popular» Cristina que desfinanciar al Estado es regalarle plata a compañías extranjeras que obtienen ganancias millonarias sin dejar nada al país, no pagarles a los viejos lo que se merecen.

Aporte al debate sobre el Fondo del Bicentenario

El debate sobre el Fondo del Bicentenario tuvo la virtud de desempolvar la discusión sobre el rol de las reservas internacionales. ¿Vale la pena seguir acumulándolas? ¿Conviene dejarlas como «respaldo» de los pasivos? ¿o es preferible buscarles algún uso alternativo? en este último caso, ¿las usamos para pagar deuda? ¿o para financiar un fondo de desarrollo?.

Antes que nada, vale una nota al pie para la polémica. Más allá de que el Gobierno publicite que su política es la de «acumular reservas» (vía cuenta corriente), lo cierto es que paises que siguieron políticas «ortodoxas» (inflation targeting, flotación de la moneda, reconstitución de la credibilidad) acumularon más reservas que la Argentina. Mientras nosotros elevamos las reservas un 360% desde 2002, el ortodoxo Brasil las expandió 530%. Claro que la mayor parte del ingreso correspondió a la cuenta capital y financiera, que acá fue fuertemente deficitaria a partir de 2007, gracias a la habilidad de los K para convencer a los argentinos de que no es recomendable apostar al peso ni al ahorro interno.

Por otro lado, obviando la discusión sobre «pros» y «cons» económicos de la acumulación de reservas, vamos a un sencillo cálculo del costo financiero de acumular reservas. Teniendo en cuenta el stock promedio por año entre 2003 y 2008, los intereses recibidos sobre las mismas y los egresos asociados al flujo negativo por Lebacs y Nobacs (utilizadas para esterilizar pesos excedentes), y tomando en cuenta el costo promedio asumido por el Estado por la deuda en dólares (muy bajo, nunca superior al 5% anual, dado el bajo cupón que devenga el stock en moneda extranjera), ese número da un acumulado de USD9.100 millones entre 2003 y 2008. No parece mucho, y de hecho no lo es. Además, el ejercicio lo armamos considerando la totalidad del stock de reservas, algo que resulta irreal (en ninguna situación hipotética se contempla quedarnos con cero reservas para pagar deuda). Pero desde ya es un costo que debería tenerse en cuenta en cualquier análisis costo-beneficio de la política de acumular reservas vía un tipo de cambio real depreciado.

Sin embargo, dado el bajísimo cupón de la deuda actual en dólares, si el mismo ejercicio lo hacemos en el margen, la situación cambia. Los USD6.500 millones del FB le reportan al BCRA unos USD65 millones anuales, mientras que salir a colocar deuda al 9,5% (suponiendo que el canje sale y el panorama internacional se despeja) implicaría nuevas erogaciones por USD615 millones. En total, el «ahorro» financiero anual alcanzaría a USD550 millones. Con ese dinero alcanza, más o menos, para duplicar anualmente el Fondo de Incentivo Docente, para crear otro Ministerio de Ciencia y Tecnología o para aumentar 66% el presupuesto del Ministerio de Salud. Nada despreciable, ¿no?.

Cabe destacar que este simple ejercicio parte de varios supuestos (respecto al armado de la tasa ponderada de la deuda en dólares, a la utilización de reservas «promedio», etc). Asimismo, no tiene en cuenta otros costos y beneficios de mantener la política. Intuitivamente, es claro que en los primeros años post Convertibilidad el modelo funcionó. Y muy bien. Altísimo crecimiento, rápido cierre de la brecha del producto, baja inflación y fuerte recuperación de los indicadores sociales. Pero hacia 2005/2006 empezaron a aparecer tensiones, que estallaron en 2007. Las distorsiones de precios relativos empezaron a afectar el equilibrio entre la oferta y la demanda, mientras que los intentos por parte del Gobierno de moderarlas generaron un agujero fiscal que obligó a buscar una caja tras otra para financiarlos. Y ni hablar de la brutal salida de capitales, que llegó a USD45.000 millones entre 2007 y 2009. En resumen, los rendimientos decrecientes del modelo comenzaron a hacerse visibles.

Tampoco nos referimos al manejo de la hoja de balance del BCRA. Salvo que las reservas igualen al patrimonio neto, las mismas siempre tienen un pasivo como contrapartida. Si bien no es necesario, como en un esquema de Caja de Conversión, que algún agregado monetario este respaldado en un 100%, es evidente que un cierto nivel de reservas fundamental para enfrentar shocks sobre la demanda de dinero. En la Argentina actual, mi opinión es que utilizar los USD6.500 millones para cancelar deuda en moneda extranjera es un muy buen negocio financiero, y no pone en riesgo la estabilidad del peso (recordemos que la fuga de capitales en la Argentina suele tener un componente «endógeno» muy importante..si K se calma, probablemente el saldo de la formación de activos externos del sector privado sea superavitario). Las reservas actuales son más que suficientes, y sobre todo en un año en que se espera un superávit de cuenta corriente superior a USD9.000 millones. De todos modos, debemos aclarar que una cosa es utilizar el FB para cancelar deuda, ceteris paribus el resto de las variables, y otra muy distinta es aprovechar que el dinero es fungible y desviar otras partidas para financiar un aumento del gasto político. Consideramos altamente probable que la idea original del FB haya sido esa, y por lo tanto esperamos que el Congreso cumpla con su función y podamos asistir a un debate serio para lograr una solución consensuada  que nos ayude a volver a los mercados internacionales. Gran parte del futuro depende de ello.

El tipo de cambio le ganó a las instituciones

Tras el colapso de la Convertibilidad, la Argentina experimentó un notable proceso de crecimiento que se extendió hasta el cuarto trimestre de 2008, acumulando una expansión de casi 70%. Dicha trayectoria se sustentó, principalmente, en un fuerte salto inicial del tipo de cambio real (180% entre diciembre de 2001 y junio de 2002), lo cual generó un cambio de precios relativos que incentivó la contratación masiva de mano de obra, en una economía que presentaba una enorme capacidad ociosa de su stock de capital (47% en los 6 meses posteriores al estallido) y donde 1 de cada 4 argentinos en condición (y con voluntad) de trabajar estaba desocupado. Esta salida, en nuestra opinión, fue acertada. El país se encontraba ante una situación social dramática, y la prioridad no eran salarios altos que permitieran viajar a Miami, sino combatir el desempleo y bajar los alarmantes índices de pobreza que se habían alcanzado (57% tras la devaluación). El plan Jefas y Jefes de Hogar, con sus modestos $150, contribuyó a paliar la incidencia de la indigencia en buena parte de la población, pero por si solo no hubiera hecho la diferencia.

En los años subsiguientes, la economía mostró un gran dinamismo, la expansión continuó a tasas chinas y para el segundo trimestre de 2005 ya se habían recuperado los niveles de producción de 1998. A su vez, el famoso “contexto internacional”, a diferencia de otras épocas, ayudó: la economía global registró un fuerte crecimiento, sostenida por la enorme liquidez de los mercados internacionales impulsada por el accionar de la Fed, que hacia fines de 2000 inició un ciclo de relajamiento monetario que culminó a mediados de 2004 (el target de la tasa overnight cayó de 6,5% a 1% en el período).  La mayor demanda de productos locales proveniente de la expansión global se vio potenciada por el salto en los precios de las materias primas que, según el BCRA, en el período 2002/2008 se ubicaron 44% por encima del promedio de 1996/2001. El salto en el valor de las exportaciones permitió, pese a la recuperación de las importaciones, la acumulación de un saldo favorable de más de USD90.000 millones, que impulsó, hasta 2007, un crecimiento significativo de los agregados monetarios reales vis a vis una suba record en el nivel de reservas internacionales. La liquidez en el mercado local facilitó la realización de transacciones, en una economía que había atravesado, en 2001, un proceso de desmonetización que concluyó en una brutal recesión y que intentó ser suavizada con la aparición de las (tristemente) celebres cuasimonedas. La emisión monetaria resultante de la compra de divisas por parte del BCRA fue parcialmente esterilizada vía colocación de Lebacs y Nobacs, lo que, junto a la aún importante capacidad ociosa y a la política fiscal contractiva implementada desde el Tesoro, hasta 2006 evitó que la inflación se disparara en línea con la presión de la demanda agregada.

El proceso virtuoso de crecimiento alto, inflación y tasas bajas, desendeudamiento y acumulación de reservas vio sus primeras luces amarillas hacia fines de 2005, tras el contundente triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas de mitad de mandato. El Gobierno leyó dicho triunfo como un cheque en blanco para la profundización del modelo, a partir de lo cual errores de política económica se combinaron con un marcado deterioro institucional para llevar al “modelo productivo” a su agotamiento hacia principios de 2008. El avance sobre las instituciones en los últimos años se materializó con medidas como, entre otras, la reforma del Consejo de la Magistratura, la asunción implícita de K como Ministró de Economía, la intervención del Indek, el Congreso «testimonial», la alianza con Chavez y, más recientemente, la desprolija estatización del sistema previsional.

Esta destrucción, por momentos gradual y por momentos abrupta, de la calidad institucional tuvo efectos tanto directos como indirectos. Entre los primeros, la literatura consigna que al perder los agentes la confianza en los elementos constitutivos del sistema que ordena el comportamiento de los individuos (reglas formales, normas informales y los correspondientes enforcements), entre los que se incluyen los derechos de propiedad y la estabilidad en las reglas de juego, aumenta el costo de las transacciones y, por lo tanto, desalienta su realización afectando, en última instancia, el nivel de actividad. En la Argentina, el deterioro del clima de negocios gatilló una masiva fuga de capitales desde 2007 (USD43.000 millones), que se potenció por la peor crisis mundial desde la Gran Depresión. De esta manera, el ahorro interno, en lugar de destinarse a financiar la acumulación de capital local, se dirigió a solventar (lo digo un poco en broma y un poco en serio) el paquete de estímulo de Obama. Por otro lado, también hubo efectos indirectos, principalmente los que inducieron a groseros errores de política por el debilitamiento de los mecanismos institucionales de diseño de los cursos de acción a seguir. Al desaparecer el Ministerio de Economía, y ser reemplazado por K, Moreno et al., los necesarios ajustes para garantizar la sustentabilidad del crecimiento se volvieron inviables. Los superpoderes hicieron que el Presupuesto perdiera razón de ser, con lo que el manejo de los recursos públicos alcanzó un nivel de discrecionalidad astronómica. La política fiscal inició un sendero de descontrol, con un salto exponencial y permanente del gasto público que se financió con recursos que eran cuantiosos, pero temporarios. La moratoria previsional, las transferencias al sector privado y los gastos de capital hicieron saltar al gasto en 4 puntos del producto, incremento que se financió con los traspasos de recursos del régimen previsional privado al público (primero opcional, luego obligatorio) y la recaudación record por retenciones. La política fiscal tomó un sesgo fuertemente expansivo, dado que pese al superávit, el aumento del gasto se financió no con un aumento de la presión tributaria sobre los residentes, sino con precios extraordinarios de materias primas, que pagaban los importadores de dichos productos, y con flujos previsionales existentes que sólo se redireccionaban. Esto, junto al desincentivo a varios sectores por la política oficial intervencionista, la inflación “importada” y los precios atrasados por el tipo de cambio real que se mantenía en niveles elevados, ocasionó la aceleración de la inflación que fue uno de los factores que minó los cimientos del modelo.

Volvamos ahora al título del post. La política cambiaria favoreció la recuperación, pero sólo pudo sostenerse en el corto plazo, al no estar acompañada por un salto cualitativo en las instituciones que ordenan nuestro comportamiento (que no son sólo seguridad jurídica o confianza en el Gobierno, sino que incluyen también el capital social que logramos construir como nación). Al hacerse visibles los límites del modelo (primero inflación, luego pobreza y más tarde recesión), su capacidad para continuar mejorando los indicadores económicos y sociales se demostró insuficiente ante un marcado deterioro  en las expectativas, motivado por la arbitrariedad de las políticas públicas, la destrucción de los mecanismos de control gubernamentales, los cambios permanentes en las reglas y la incertidumbre sobre el rumbo futuro de la Administración. Pese a que se sostuvo el tipo de cambio real alto (de hecho, hoy se encuentra 120% por encima de diciembre de 2001), la economía se ralentizó aún antes del conflicto con el campo, entró en recesión con dicho episodio y recibió el golpe de gracia tras la caída de Lehman. Si bien es cierto que las regulaciones financieras previas y los superávits acumulados permitieron que la Argentina no colapsara pese a sufrir la mayor salida de capitales de su historia y encontrarse, a la vez, privada de los mercados voluntarios de deuda, un mejor clima institucional seguramente hubiera canalizado una parte no menor del ahorro interno hacia la inversión y hubiera suavizado el proceso de pérdida de liquidez que se observó en la economía desde el año pasado.

En nuestra opinión, el modelo productivo empezó bien. Pero el tipo de cambio, pese a ser uno de los precios más relevantes en una economía, no lo puede todo. Brasil, con todas sus contradicciones, lo entendío: fue generando un clima estable y previsible de negocios, en conjunción con políticas macro anti inflacionarias, micro pro productivas (con el BNDES como gran actor) y sociales orientadas a derrotar el terrible flagelo de la pobreza. Las instituciones jugaron un papel clave: la menor incertidumbre generó una afluencia de capitales (entraron USD23.000 millones en lo que va de 2009, mientras que de Argentina salieron casi USD13.000 millones), que junto a la estabilidad en la demanda de dinero, dejaron margen de acción para avanzar en una política monetaria/fiscal contracíclica, vía baja de tasas y aumento real del crédito, impulsado por la banca pública. Todo, claro, sin necesidad de sostener en niveles artificialmente depreciados al tipo de cambio y manteniendo una política de flotación libre. Nada de ello ocurre en nuestro país, donde si bien no hay riesgo de crisis financiera, los margenes de acción son acotados. La única manera de ubicarnos en un sendero de desarrollo de largo plazo es con instituciones sólidas, una macro estable y previsible, y políticas micro bien diseñadas para fomentar la competitividad no precio. Mientras sigamos privilegiando como mecanismo de desarrollo al tipo de cambio por sobre las instituciones, cada ciclo de crecimiento terminará en nuevas frustraciones, fracasos y promesas rotas.

El rol del campo

Coincidimos en líneas generales con la esencia de este artículo. El campo argentino experimentó una verdadera revolución, que comenzó allá por los 70 y tuvo una notable explosión en los 90, con nuevas tecnologías (siembra directa, transgénicos, fertilizantes, etc) y nuevos modos de organización que convirtieron al agro argentino en uno de los más competitivos del mundo.

El sector hoy por hoy es muy distinto al que describían en su momento los primeros teóricos de la industrialización sustitutiva (entre los que incluimos al genial Raul Prebisch). En aquel entonces, el modelo era de una agricultura extensiva dominada por grandes propietarios, con bajísima innovación tecnológica y muy reducidos spillovers sobre el resto de la economía. Los salarios eran mínimos, al igual que la capacidad exportadora, y la Argentina sufrió durante décadas de cuellos de botella en el sector externo, que comenzaban con escasez de divisas y culminaban en agotamiento de reservas y devaluación para restaurar el equilibrio del balance de pagos (ciclos de stop & go).

La situación comenzó a cambiar primero de la mano del Estado en los 60/70, con la acción invalorable del INTA y de los técnicos que diseñaban la política para el sector (créditos blandos, acceso a maquinaria agrícola, etc), pero el salto radical ocurrió en los 90: la introducción de innovaciones (sobre todo la siembra directa) y un nuevo modelo de negocios llevaron a un aumento exponencial en el área sembrada y en las toneladas cosechadas por habitante (estas últimas pasaron de 1.2 promedio en la primera mitad de 1990 a casi 2.5 en 2008). Lo acaecido en estos años definió una nueva estructuralidad, donde el agro hizo un enorme aporte en términos de divisas (USD24.000 millones en 2008), hecho que permitió sortear sin mayores problemas la fuga de capitales más feroz de la historia reciente (USD43.000 millones desde 2007, superior en términos absolutos a la de la crisis de 2001/2002).

Como bien señala Huergo, resulta falaz argumentar que el agro es una parte pequeña de la economía nacional. Los encadenamientos río arriba (insumos, entendidos en sentido amplio) que genera son enormes: maquinaria agrícola, industria siderúrgica, servicios financieros, consultoría especializada, fertilizantes (e industria química en general), desarrollo de biotecnología, demanda de transporte, etc. Además, el campo da vida a muchos pueblos y ciudades del interior, explicando una parte no menor de la circulación monetaria en dichos núcleos. Prueba de ello es el notable parate que se observa desde el año pasado en el interior del país, realidad que a muchos de los que vivimos en la ciudad muchas veces nos cuesta vislumbrar.

Ciertamente, no se pide un libre mercado absoluto, y el Estado desde ya debería apropiarse de parte del excedente (preferentemente vía impuesto a las ganancias) para redistribuirlo en beneficio del conjunto de la población mediante, por ejemplo, mejor educación, mejor salud y, por qué no, del desarrollo de una política industrial (entendiendo por «industria» al conjunto de los sectores económicos y no sólo a la industria manufacturera) que privilegie a los sectores más dinámicos para insertarnos con inteligencia en el modelo global. Esto sólo puede hacerse con una política consensuada, que incluya a todos los actores y plantee una visión de largo plazo, con reglas claras y estables, donde dejemos de oscilar entre el fundamentalismo de mercado con un estado bobo al servicio de «la oligarquía» o situaciones inaceptables de inconsistencia dinámica donde se aumenta masivamente la presión tributaria luego de que los agentes ejecutaran una inversión que planearon en base a otro conjunto de instituciones.

Creemos, en resumen, que el campo (y todo lo que lleva asociado) representa una enorme oportunidad para la Argentina. Si sabemos aprovecharla, podría significar dejar atrás décadas de frustraciones, fracasos y estancamiento, para comenzar a transitar, por fin, el largo y arduo camino al desarrollo.

¿K estadísta? La deuda pública en el período 2009/2010

En un post previo comentábamos la estrategia de manejo de pasivos de la administración K entre los años 2003 y 2008, concluyendo que el resultado, en un contexto de equilibrio parcial (esto es, sin considerar potenciales efectos sobre otros mercados o variables), había sido una significativa mejora en la solvencia del sector público. Ahora bien, la pregunta es si esta dirección que tomó la política continuó durante lo que va de 2009 y, en caso afirmativo, si es sostenible en el tiempo. Vamos por partes..

Dado que durante 2009 no se revirtió el aislamiento financiero de la Argentina, y, encima, la recaudación se estancó en términos reales vis a vis gastos que crecieron más de 12% en los primeros 6 meses del año, el Tesoro debió apelar más que nunca a los excedentes financieros en otras áreas del sector público. La política de vivir con lo nuestro, entonces, no sólo no se modificó, sino que se profundizó.

La deuda “held by the public” se redujo en el primer trimestre del año en unos USD8.700 millones en relación a diciembre de 2008, y el ratio de dicha deuda al producto cayó de 31,1% a 28,7%. La reducción se explica principalmente por la devaluación del peso (el dólar aumento 7,5% en el período), lo que impacta sobre el valor en dólares de la deuda nominada en moneda local (45% del stock total). Asimismo, la pérdida de valor del euro contra la divisa norteamericana también aportó lo suyo (redujo la deuda total en USD800 millones). Otros factores que influyeron son la manipulación de los datos sobre la inflación real para el ajuste de la deuda indexada (la subestimación fue de aproximadamente 2,5 p.p. en el período, lo que implica un “ahorro” en el aumento del stock de USD1.300 millones), el canje de préstamos garantizados (quita de 2% nominal) y, obviamente, la amortización de los títulos que pagaron capital en el período (sobre todo Bocones). Por supuesto, la reducción fue posible porque el 100% de los pagos del período se efectuó  con fondos propios. Es evidente que si se hubieran refinanciado los vencimientos en el mercado, algo imposible para el país tras la colocación del bono bolivariano –aka Boden 2015- con un rendimiento del 15% en 2008, el stock de deuda held by the public hubiera caído en menor cuantía.

En resumen, el Estado nacional debía en marzo, a acreedores distintos a si mismo, unos USD95.000 millones. En los meses que transcurrieron desde entonces es esperable que dicho número haya caído todavía más, dado que la devaluación del peso y la subestimación del CER prosiguieron, y además el acceso a los mercados de deuda siguió vedado. Considerando que los mercados no ayudaron, que el Tesoro tuvo un déficit financiero de $1.200 millones entre abril y junio (aún considerando el aporte de $3.000 millones por parte de Redrado vía emisión monetaria) y que en agosto se canceló el cupón del Boden 2012 por USD2.250 millones.. ¿Cómo se financió el Estado en el período?. En primer lugar, recurrió al Banco Nación, que le habilitó un financiamiento de $7.300 millones. También emitió Bonar 2016 por $12.500 millones, de los cuales se programaron $8.450 millones para que suscribiera directamente la ANSES y $4.050 millones quedaron sin destino específico (aunque es bastante probable que también terminen en manos del organismo previsional) y Bonar 2014 (el bono del canje de los PGs) por $1.354 millones, también colocados a los jubilados. Además, el Gobierno extendió casi al límite el uso de adelantos transitorios del BCRA para cancelar deuda, hasta alcanzar un stock de $19.380 millones ($8.250 millones de nuevo financiamiento desde marzo). Finalmente, siguió raspando la olla del resto de los organismos colocando nuevas Letes ($180 millones a Lotería y al FFRE y USD200 millones a la propia ANSES).

El panorama hacia adelante no luce mayormente complicado, si el Gobierno encara las medidas necesarias para volver a los mercados de capitales. Tiempo no le falta: el programa financiero 2009 ya está cerrado y sobra plata para el año que viene. Con vencimientos por poco más de USD4.000 millones (neto de deuda intra sector público) y de USD9.000 millones en 2010, los recursos remanentes aparecen como suficientes para aguantar al menos hasta el primer trimestre de 2010, y quizá hasta mitad de año, incluso permaneciendo en autarquía como hasta ahora. Aún le quedan $3.800 millones del BNA, $5.850 millones de Bonar 16 listos para colocarlos a la ANSES, depósitos en el BCRA por USD300 millones y más de $5.000 millones de adelantos transitorios potenciales. Y a no olvidar que siempre existe un tipo de cambio que le permite al BCRA obtener los recursos que se necesiten vía señoreaje (i.e. impuesto inflacionario).

Las cuentas cierran. Claro que, como en todo, se aplica la ley de los rendimientos decrecientes: cada peso que se le quita a algún organismo público es un peso que no va a algún otro fin específico (como mejorar las prestaciones del sistema previsional), y cuanto más se usa (y abusa) de la política de vivir con lo nuestro, más se perturban los equilibrios en otros mercados. Por ejemplo, la ANSES podría necesitar cancelar depósitos a plazo fijo en bancos, con lo que ello significa en el país con la demanda de dinero más volátil de América Latina, o vender acciones para conseguir cash para suscribir los Bonar 2016. El BNA se vería limitado de continuar extendiendo las líneas de financiamiento al sector privado si el Estado le demanda cada vez más (i.e. crowding out). Y el uso masivo de la maquinita por parte de Redrado, en un contexto recesivo y caracterizado por la incertidumbre, exacerbaría la fuga de capitales y desataría una inflación furiosa. Sin embargo, como aclaramos al principio, la idea no era discutir estas cuestiones de impactos en otros ámbitos, que exceden el espacio de un post.

En síntesis, la deuda siguió cayendo y todavía queda algo de margen para seguir con esta política. Sin embargo, no es una trayectoria sostenible en el tiempo y, además, tiene sus costos. Por ello, esperemos realmente que el Gobierno avance en los puntos necesarios para volver a emitir deuda a tasas no usurarias: mejora del frente fiscal, que no implica un ajuste nominal, sino simplemente adecuar el crecimiento de los gastos al de los ingresos, normalización del INDEK, arreglo con el Club de París y los holdouts, mejora generalizada de la confianza y la previsibilidad, y, de yapa, algún que otro canje de deuda (¿indexada?) para despejar vencimientos de corto. Si hoy quisiéramos colocar un bono largo en dólares pagaríamos algo así como 14%, y dado que la curva de rendimientos está invertida, tendríamos que convalidar un rendimiento de 20% para que nos prestaran hasta 2015. Nadie pide que coloquemos títulos al 6% a 25 años como Brasil, Uruguay o Chile, pero un 10% suena razonable. De lograrlo o no dependerá buena parte de la situación en la que llegará el país a las elecciones de 2011.

Medidas para el campo

Creemos que el anuncio de nuevas medidas para el campo representa un importante avance, al menos en relación a lo que uno podría esperar teniendo en cuenta la virulencia, profundidad y duración inusual del conflicto. La apertura de las expor de trigo y maiz era clave en medio de la pésima campaña actual, al menos como señal para el futuro al permitir el cobro del precio pleno. Lo mismo puede decirse de la flexibilización del encaje en la ganaderia y los incentivos a los pequeños tamberos. Es un muy buen primer paso para revertir la calamitosa política K hacia el campo.

No debemos olvidar que pese a los discursos progre y el odio a la «oligarquía», este Gobierno propició tanto la concentración en el sector agropecuario como la sojización del país destruyendo la rentabilidad de actividades alternativas (de mucho mayor valor agregado). No es que le viniera mal en términos fiscales, ya que de soja se exporta (y queda sujeta a retenciones) alrededor del 95% de la producción. Igualmente, los K tampoco fueron demasiado estrictos respecto a este último punto. Al aceptar  que las exportadoras registraran operaciones a fines de 2007 sin tener disponible la materia prima, tributando 27% de retención, el Gobierno generó millonarias transferencias al oligopolio exportador, que compraba la materia prima con un descuento del 35% ( la alícuota que efectivamente regía cuando debían adquirir el poroto).  De cualquier manera, la política K no sólo falló desde el punto de vista de la equidad. En términos de eficiencia, los resultados están a la vista, como reconoce el último informe de inflación del BCRA (si, el BCRA, no la SRA).

Dados los antecedentes en la materia, no nos queda otra que ser cautelosos. Pero como la esperanza es lo último que se pierde, preferimos pensar que esta vez vamos por el buen camino. Con un poco de responsabilidad del Gobierno, manteniéndose permanentemente en la senda del diálogo y dispuesto a entender la problématica del sector sin prejuicios ideológicos, y del campo, evitando los planteos irresponsables (como la reducción a mansalva de las retenciones a la soja), creemos que el sector rural puede volver a ser la punta de lanza de la salida de la recesión, al tiempo que el alza de la producción junto a una presión tributaria razonable y acorde a la capacidad contributiva del sector puede ayudar enormemente a la solvencia del sector público en los próximos años.

Es hora de dejar de pelearnos por una torta que se achica y generar los consensos para agrandarla y distribuirla.

Diálogo con el campo: ¿Esta vez si?

La gran pregunta, por estos días, es si finalmente el Gobierno alcanzará alguna especie de acuerdo con el ruralismo que ponga fin a un conflicto que ya lleva demasiado (resalto el “demasiado”) tiempo. Vamos a tratar de aportar algo a un tema bastante discutido (acá, aquí, allá y allí, entre muchos otros)

El tema no es menor: si bien venía de antes, la escalada que gatilló la 125 pusó fin abruptamente a los 6 años de mayor crecimiento en la historia del país.  El conflicto mezcló paros, cortes de ruta, amenazas de desabastecimiento, lamentables discursos y hasta la referencia a intenciones “destituyentes”. Finalmente, CFK envió el proyecto al Congreso y el voto no positivo pareció descomprimir el asunto. No fue así, y se entró en un largo letargo en el cual ni el Gobierno ni el campo se sacaron ventajas. En lugar de poner “de rodillas” al otro, terminaron tumbando al país.

La cuestión retomó impulso tras la derrota oficialista del 28-J, y el Gobierno, tal vez obligado, llamó al campo al diálogo. Volvemos al título del post..¿esta vez si?

Reconociendo que puedo pecar de ingenuo me atrevo a decir que si (al menos evité la tradicional respuesta de un economista: “y..depende..”). ¿A qué se debe mi exceso de optimismo? Tengo un par de razones:

1. Es innegable que gran parte de la fuerza que tuvo el reclamo del campo provino del apoyo de sectores que jamás habían visto una vaca, salvo en la parrilla o el plato. Sin embargo, me parece que ese espaldarazo estuvo sostenido más que por el reclamo propio del campo (¿cuántos en el Monumento de los Españoles sabían de “mercados futuros”, “retenciones móviles”, “alícuotas marginales”?), por una sociedad que se acopló al primer sector que (reconozcámoslo) planteó un desafio en serio para un oficialismo que pareciá invulnerable. Hoy por hoy, con un Gobierno más débil, me parece que el campo no podrá contar con el apoyo incondicional de la opinión pública. Apoyar a la patria chacarera ya no es «condición necesaria» para oponerse al Gobierno.

2. Así como la sociedad freerideo al campo, la oposición hizo lo propio. Perdida, sin rumbo, sin ideas ni propuestas y totalmente avasallada por el poder y la caja asfixiante de los K, tanto el panradicalismo como el PJ2 encontraron en el campo el sector al cual “subirse” para recuperar la iniciativa. Por ello, los apoyaron incondicionalmente. Pero, al igual que en el caso de la sociedad, las condiciones para esta banca cambiaron radicalmente.  Hoy la oposición derrotó a los K y se ve con posibilidades de llegar al poder en 2011. Por lo tanto,  y como postula el Teorema de Baglini, suena difícil que apoye cualquier propuesta que pueda generar un agujero fiscal.

Resumiendo, con un campo cuyo apoyo se enfrió, y con un Gobierno mucho más débil, el acuerdo me parece más factible. Con un mínimo costo fiscal (poco más de $1.000 millones), se podrían eliminar las retenciones al trigo y al maíz. También se podría llegar a un acuerdo por el cual el campo garantice la provisión a precios razonables de leche y carne al mercado interno y a cambio se eliminen las restricciones a la comercialización y la exportación (acá el quid pro quo y los enforcements serían claves). El tema del yuyo es más complejo, pero si el Gobierno cede en todo lo otro y sabe comunicar a la sociedad que se generaría un problema fiscal severo en caso de eliminar las retenciones a la oleaginosa (¿$13.000 millones?), no parece difícil que el campo deba aceptar, a riesgo de quedar como intransigente y con poca voluntad de negociar.

Es cierto que quien se quema con leche llora cuando ve una vaca, pero esta vez me parece que algo, aunque sea ALGO, tiene que salir.