¿Incompatibilidad de funciones? nahhhhh!

Cuando parecía que ya nada podía sorprendernos, los Kirchner se encargaron de agregarle otra página al voluminosisisisimo libro de la degradación institucional, a la vez que demuestran un instinto envidiable para detectar suculentos nichos de negocios. Resulta que ahora fundaron una consultora, cuyos objetivos son, entre otros, asesorar a sus clientes en planes de inversión. Si, escuchó (leyó, mejor dicho) bien. Una firma cuyos socios son la actual presidenta y el ex presidente le dan, a cambio de una suma de dinero, consejos acerca de como asignar sus recursos. ¿No es una propuesta muy tentadora para cualquier empresario que las personas que influyen decisivamente sobre las variables relevantes para su negocio le sugieran hacia dónde ir?. El problema, claro está, es que se genera una peligrosa fusión entre lo público y lo privado. ¿Los socios revelarán información ligada al gobierno a cambio de ARS? ¿Modificarán ciertas variables en beneficio de sus clientes? ¿Lucrarán gracias al cargo de sus dueños? ¿Posible conflicto de intereses? ¿Beneficios espurios de empresas basados en inside information? . Si tuviera una consultora que compitiera en el mismo ramo que la de los K empezaría a preocuparme. Como ciudadano que pretende un país mejor, definitivamente abandoné el optimismo.

No te voy a decir qué ganan, pero te tiro una idea

Más del discurso oficial – 18 de JUNIO

Cristina: “No he firmado decretos de necesidad y urgencia”

La Mandataria lo destacó como “una contribución a la calidad institucional”.

Cuesta mucho ser optimista. Esta es la peor forma del “derrame”. Antes, por lo menos, tenías planes trabajar…

El PEN subestima los recursos en el presupuesto todos los años; este año ya va un aumento en los recursos vigentes del 26% (y hay que ver si no hay más). Más o menos a esta altura de cada año, reparten el dinero sobre el que el Congreso no debatió. Salió con DNU finalmente. La tabla indica cuánto creció el crédito de las jurisdicciones respecto de lo que se votó en el Congreso.

35 Min. de Relac. Ext, Com. Internac. y Culto	5%	Efecto jazz.
10 Ministerio Público	7%	Mejor pagáte un abogado por tu cuenta.
71 Ministerio de CyT	9%	Casi todo CONICET: ARS 107 millones.
90 Servicio de la deuda pública	9%
30 Ministerio del Interior	12%
85 Ministerio de Desarrollo Social	12%	ARS 940 millones. Pensiones no contributivas se llevan más de la mitad. El único programa más o menos orientado al desarrollo social (”seguridad alimentaria”) recibe 234 millones. Un monto claramente suficiente. Un auténtico dineral. Sobre todo con lo eficiente que es la actual administración.
40 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	13%	Va todo a las fuerzas de seguridad.
20 Presidencia de la Nacion	14%
45 Ministerio de Defensa	15%
75 Min. de Trabajo, Empleo y Seg. Social	16%	ANSES: ARS 9.900 millones.
80 Ministerio de Salud	16%	ARS 530 millones, casi todo a atención de ex-combatientes.
5 Poder Judicial de la Nacion	17%	Mejor pagáte un juez por tu cuenta.
70 Min. de Educ., Ciencia y Tecnología	24%	ARS 2.250 millones: universidades (1.400) y salarios.
1 Poder Legislativo Nacional	25%
25 Jefatura de Gabinete de Ministros	27%
56 Min. de Planif. Fed, Inv. Pública y Serv.	51%	Casi todo subsidios: ARS 9.470 millones. Energía, trenes, colectivos, camiones, aerolíneas.
50 Ministerio de Economia y Producción	80%	Subsidios a sojeros (ONCCA), ARS 2.000 millones.
91 Obligaciones a cargo del Tesoro	86%	Casi todo subsidios: ARS 6.502 millones a AySA, ENARSA, subsidios a la energía, etc.
Total general	25%

Zapatazo

¿Qué ganan tomándonos el pelo así?

Datos del INDEK..

Cuesta ser optimista, ¿no?

¿Por fin un poco de racionalidad?

En los últimos tiempos, particularmente luego del conflicto con el campo, el Gobierno emitió algunas señales en el sentido de buscar corregir en parte ciertos aspectos del modelo que estaban evidenciando sus límites. No es lo mismo un tipo de cambio alto, tasas muy negativas o pelearse con todo el mundo con una brecha del producto enorme como en 2002 (con más de 21% de desempleo y una capacidad ociosa de casi 45%) que en la situación actual de cuasi pleno empleo (dadas las posibilidades de la economía argentina de hoy). Algunos lo ven como un “giro ortodoxo”. Por mi parte, creo que más que ortodoxia, son reacciones de una administración que descubrió que de seguir a fondo con el modelo K, tanto en el terreno económico como el político, las chances de un colapso de la economía argentina en el mediano plazo eran altísimas.

¿Cuáles fueron estas medidas? Las dos principales fueron convalidar una apreciación nominal del peso y una cierta suba en las tasas de interés. En efecto, el tipo de cambio, pese al deslizamiento de las últimas semanas, aun se ubica por debajo del de principios de año. La tasa Badlar, por su parte, se ubica unos 4 p.p. por encima de los registros de hace unos meses (previo al conflicto con el campo y la salida de capitales). Asimismo, el BCRA elevó la tasa de pases pasivos en alrededor de 1.25 p.p., aunque aun se encuentran en terrenos muy negativos. Cierto es que las tasas no influyen de manera determinante en el nivel de actividad, dado el bajísimo ratio de los préstamos respecto al producto, pero al elevarse las tasas pasivas se hace más atractivo inmovilizar dinero en los bancos en lugar de cubrirse de la inflación adquiriendo bienes (y generando, al mismo tiempo, demanda).

¿Resultados de este “cambio de rumbo”? La inflación de septiembre podría ubicarse, por primera vez en muchos meses, en un entorno más cercano al 1% que al 2%. ¿Suficiente de ortodoxia? Claro que no. La Presidenta anunció en el día de la fecha la existencia de una propuesta para solucionar definitivamente el tema de los holdouts. Desde ya que las condiciones deben ser mucho más desfavorables para los bonistas que en 2005, pero el hecho en si de cerrar esta cuestión es muy positivo. Claro que para normalizar definitivamente la relación de la Argentina con el mundo hace falta zanjar un tema muuuy espinoso..La intervención del INDEK y el default al que se somete, mes a mes, a los tenedores de títulos indexados. Habrá que estar muy atentos a lo que suceda con las cifras del organismo oficialista (perdón, oficial) en los próximos meses. ¿Veremos algún cambio en esta dirección? ¿Continuaran las medidas económicas, como incipientemente lo hicieron estas semanas, en el terreno de la racionalidad? Es difícil de predecir después de años de comportamientos erráticos. El tiempo lo dirá. Por mi parte, sigo creyendo que la esperanza es lo último que se pierde..

¿Carta orgánica? ¡Andá, cipayo del FMI!

Hoy salió en el Boletín Oficial el DNU 1472 con una ampliación del gasto total del 25% sobre el crédito aprobado por el Congreso. El año pasado fué de 31%, por lo que es esperable que haya otra ronda más. ¿Quién se lleva el dinero en esta ampliación, de acuerdo a las mayores variaciones porcentuales? La ONCCA, con la mayor ampliación proporcional (ARS 1.900, subsidios a sojeros) y Planificación: ARS 4.400  a subsidios eléctricos (CAMMESA), ARS 1.300 a AySA, ARS 1.200 a vialidad, ARS 1.100 a aerolíneas, ARS 1.100 a subsidios a colectivos y ARS 800 a subsidios a trenes. ¿Quienes no van a comer postre (sus créditos crecen MUY por debajo de la media)? Ciencia y tecnología (ARS 85), salud (ARS 540), desarrollo social (ARS 330 sin pensiones, acá está la distribución de comida para desnutridos), poder judicial (ARS 250) entre otros.

Esto no es lo único en el DNU. Son las economías de escala, estúpido! ¿Para qué hacer otro decreto con el pago al Club de París si con este alcanza?

Art. 16. — Exceptúase del diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública dispuesto por el artículo 52 de la Ley Nº 26.337, al pago dispuesto en los términos del artículo 6º de la Ley Nº 23.928 por el Decreto Nº 1394 de fecha 2 de septiembre de 2008.

Esta parte dice: se paga al Club de París usando las reservas de libre disponibilidad. Nuevamente se comete el mismo error que en el DNU pasado, ya que el artículo citado (es un artículo de la ley de convertibilidad modificado por decreto en 2005) dice “Siempre que resulte de efecto monetario neutro, las reservas de libre disponibilidad podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales.“.

El Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera emitirá un título público negociable por hasta la suma correspondiente a la aplicación dispuesta por el artículo 2º del citado decreto, en las condiciones que defina, para su adquisición por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, que podrá contabilizarlo a su valor técnico.

Dicha operación, encuadrada en los términos del artículo 44 de la Ley Nº 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) quedará exceptuada de la limitación que contempla el inciso a) del artículo 19 de la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA aprobada por Ley Nº 24.144. (…)

¿Un decreto del PEN puede exceptuar al PEN de cumplir con una ley? ¿Eh? ¿Y qué dice ese artículo 19.a, para que merezca la atención de Manolito?

Manolito

ARTICULO 19: Queda prohibido al banco:
a) Conceder préstamos al gobierno nacional, a los bancos, provincias y municipalidades, excepto lo prescripto en el artículo 20;

Más revelaciones acerca del acuerdo stand by con Venezuela

Artículo 1º Inciso 3º: “Se agregarán inmediata e incondicionalmente nuevas frecuencias a la ruta Buenos Aires – Caracas operada por Aerolíneas Argentinas”

Quedarte pegado al 6% o al 15%..esa es la cuestión

Uno de los argumentos que suele utilizarse para defender la idea de desendeudarse con los organismos multilaterales y, en cambio, abrirle la puerta a Venezuela como prestamista de última instancia, es el supuesto de que no nos pone condicionamientos. Nos cobra más (el triple), pero no nos impone determinados cursos de acción o políticas. ¿Es tan así? Los recientes acontecimientos a nivel regional parecen ir en dirección contraria a esta afirmación. Es cierto que el gobierno americano se manejó con desprolijidades en el tema de la valija, pero las violentas reacciones recientes de funcionarios argentinos de primera línea no hacen más que colocarnos, casualmente, junto a Bolivia y Venezuela (atravesando sendas crisis diplomáticas con EE.UU.). Una vez más, nos peleamos con los paises medianamente serios y nos seguimos cerrando en los mismos escasos “socios” del, ahora lejano, primer gobierno K. A nivel internacional, Argentina frecuentemente es ubicada en el “medio”, como quien no se decide acerca de donde estar. ¿Chile, Brasil y Uruguay? o ¿Cuba, Bolivia y Venezuela?. Esta indecisión tiene altísimos costos en términos de credibilidad y apertura al mundo.

En la situación actual, esperemos que los términos del acuerdo stand-by con el bolivariano no lleguen tan lejos como para que terminemos sin embajador argentino en USA..

Sobre tragedias y farsas

Luego del nulo impacto positivo que tuvo el anuncio, con bombos y platillos, del pago cash de la deuda al Club de París, el Gobierno decidió hacer algunos “pequeños” cambios en su idea original. Pasó, en pocos días, del anuncio rimbombante (a salón lleno y aplausos de los mismos de siempre, obviooooo) del pago de la totalidad del pasivo (USD 6.700 mill. para el Gobierno, USD 7.900 mill. para el CP), cash y sin negociación, a decidir la cancelación sólo del capital y los intereses vencidos, que no llegarían a USD 4.000 mill., además de reconsiderar los términos de la operación (que ya no sería “sin condiciones”).
En dos posts anteriores (I y II) planteamos nuestra posición respecto a este tema, y sobre la bajísima probabilidad de que se produjera alguna mejora en la pésima situación financiera actual.
Mientras no exista un sinceramiento paulatino en el INDEK, un giro en la política económica hacia un modelo de trayectoria fiscal sostenible y reducción gradual de la inflación y una significativa mejora en el entorno económico y político, no hay ninguna posibilidad de mejorar las expectativas y poder retornar al mercado de capitales. Más allá de los precios de las materias primas o del TCR competitivo, cualquier modelo de desarrollo que no enfatice la necesidad de instituciones sólidas tarde o temprano terminara en colapso, como nos muestra la historia mundial en general y la argentina, tristemente, en particular. Se puede tener crecimiento por 5 o 6 años, pero nunca desarrollo en el largo plazo. A esto se suma, claro está, el, como menos, desacertado timing del anuncio, en medio del peor panorama en los mercados mundiales en la historia reciente (de hecho, en cuanto a entidades financieras esta crisis es comparada con la del 30).
Volviendo a la coyuntura, el Gobierno reincide en su costumbre de emitir señales acerca de la imprevisibilidad y del carácter errático de sus decisiones, al volver sobre sus pasos en una cuestión que se había pretendido sería un golpe de efecto que devolvería la confianza en el país. Esta decisión, sin embargo, es razonable y evidencia al menos un mínimo de racionalidad por parte del Gobierno, dado que no tiene ningún sentido borrar de un plumazo el 15% de las reservas en un contexto de derrumbe financiero a nivel global y salida de capitales de los mercados emergentes (el dólar ya escaló 5 centavos en 3 días tanto en el segmento mayorista como en el minorista). Por otro lado, sin embargo, demuestra como se toman las decisiones en el Gobierno y el grado de imprevisibilidad absoluto de las mismas, lo cual es la antitesis de lo que debieran ser políticas de mediano y largo plazo. Cuando se abonó la deuda al FMI, se sacrificó el 34% de las reservas de ese entonces. Pero el contexto era muy distinto al presente: los mercados internacionales evidenciaban una tendencia claramente alcista, al igual que las materias primas, y a nivel local la brecha del producto en la Argentina aun daba margen para el crecimiento y el optimismo en el futuro. En este sentido, y pese a las dudas planteadas en ese momento sobre la conveniencia de la medida (en términos de costo de oportunidad), el efecto fue relativamente positivo. Distinto fue el caso del anuncio del lunes de la semana pasada. La situación actual es radicalmente distinta, y esto parece haber sido advertido, tardíamente, por el Gobierno. Una vez más, la Argentina vuelve a demostrar que cuando la historia se repite, ya no lo hace como tragedia, sino como farsa.

Tendencia secular al deterioro de las instituciones II

Parte I

Otras formas en que se distorsiona la transparente asignación de recursos entre la nación y las provincias viene de la mano de fondos especiales con objetivos específicos. Por ejemplo, las obras de infraestructura a ser financiadas con los recursos del fondo fiduciario del sistema de infraestructura de transporte (financiado antes con el impuesto al gasoil y hoy en partes iguales con ese impuesto y rentas generales), los subsidios a las empresas de transporte, otras transferencias para obras en los sistemas eléctricos y demás usaban los coeficientes de la ley de coparticipación (o bien esquemas similares pero con coeficientes diferentes). Todo esto empeoró considerablemente con la ronda de superpoderes nacidos de la crisis de 2001 y la vuelta de Cavallo: se crearon numerosos fondos de esta clase, que hoy representan una parte muy importante del presupuesto total. En esos casos, la decisión sobre la distribución territorial de los recursos se alejó cada vez más del ámbito de discusión parlamentario. Pasa de la ley de coparticipación a leyes comunes, de leyes comunes a decretos y resoluciones ministeriales o de secretarías y a disposiciones de entes menores. A veces los coeficientes son determinados sobre la base de alguna otra variable externa, sin que se analice la razonabilidad de que esa variable determine el criterio de financiación de las provincias. Otras medidas tomadas en función de la última crisis son los superpoderes de reasignación de partidas (artículo 37 de la ley de administración financiera), que al combinarse con la carencia total de información sobre la ejecución presupuestaria básicamente da un cheque en blanco al gobernante para hacer lo que quiera sin controles, las distintas disposiciones sectoriales (como en transportes) relativas a la emergencia económica, que por motivos “de excepción” asigna recursos sin su discusión en el congreso. Todo esto iba en contra de algunas medidas menores tendientes a ampliar los límites de los recursos del sector público nacional sujetos a discusión, mediante la inclusión de algunos fondos y organismos omitidos por las leyes de presupuesto.

Mientras tanto, el Estado se encontró con que en las crisis era más difícil recaudar. Entonces no sólo hubo normas de emergencia para regular el gasto de forma tal que se paliaran los déficits más agudos y las situaciones sociopolíticamente más delicadas, sino que se generaron instrumentos de financiación que, al carecer jurídicamente de carácter tributario, no pertenecían a los recursos “coparticipables” (o distribuibles vía el mazacote normativo de ese conjunto de leyes). Al reducirse la proporción de recursos que el estado se veía obligado a girar automáticamente a las provincias, fueron necesarios mecanismos alternativos para transferir esos fondos. Por ejemplo, antes la porción de uno de los fondos fiduciarios destinada a financiar obras viales se distribuía entre las provincias con coeficientes fijos. Luego pasó a ser la DNV en sí misma la que desarrollaba las obras, de acuerdo a convenios con las provincias. Algunos programas presupuestarios incluyeron transferencias automáticas de montos considerables para permitir a las provincias el desarrollo de las funciones básicas. Por estos motivos, ver los números de los recursos girados a las provincias puede ser poco indicativo de lo que realmente reciben por parte del estado nacional. Esos gastos son ejecutados por las provincias, por el personal y la organización de las provincias, pero figuran como gastos en el presupuesto de la administración nacional.

Así se configura un esquema caótico y muy complejo, inmanejable, donde se reemplaza discusión por discrecionalidad y se eleva el clientelismo del barrio a la relación nación – provincias. Cada crisis empeora la situación por el lado de los ingresos, con nuevos tributos, por el lado las asignaciones de esos ingresos, con más rigidez y criterios coyunturales y discrecionales, por casos de “gasto centralizado” como el de algunas obras o por casos de gastos ejecutados por las provincias pero imputados a la nación. Esta situación probablemente trascienda a la discusión de una ley de presupuesto o coparticipación, y requerirá de numerosos años de estudios y reformas para dar racionalidad al sistema. Y esquemas para que la calidad de las instituciones del estado no sufran (tanto) con cada crisis, sin posibilidad de que se deshaga lo hecho durante las fases de recuperación.

Tendencia secular al deterioro de las instituciones I

Cada vez que hay una crisis surgen esquemas creativos para financiar los déficits que se generan con la caída de la recaudación. Esto es, formas de acatar pero no cumplir las normas previas (ni pasar por lentas y tal vez inviables discusiones en contextos apremiantes). Ejemplo: la ley de coparticipación vigente, de 1988, es modificada o complementada por unas 89 normas. Ella establece que el 54,66% de los recursos tributarios de la Administración Central se giren a las provincias y se repartan con proporciones fijas. Esos coeficientes son la base de los recursos que la nación gira a las provincias, y el componente individual más jugoso. Pero no es el único:  existen numerosas disposiciones adicionales que asignan específicamente recursos a provincias particulares, desdibujando el significado de los porcentajes que debería recibir cada provincia. Por ejemplo, está la ley de cuando se transfirieron los servicios educativos a las provincias, la ley de financiamiento educativo de Kirchner – Filmus, tres ítems por el impuesto a las ganancias, tres por bienes personales, una asignación complementaria adicional de IVA, cuatro formas distintas de crear asignaciones específicas de parte de impuestos a los combustibles (naftas), otras tres por el régimen de la energía eléctrica, otra por el fondo compensador de desequilibrios, una proporción fija del monotributo (aparte de la coparticipada por rentas generales), fondos especiales, el pacto fiscal, el fondo para aportes del tesoro nacional, etc. Cada desequilibrio genera una ley, una nueva rigidez y una nueva capa de complejidad al esquema que hace difícil, si no imposible, su discusión y evaluación en términos políticos. Cada crisis deja sus marcas sobre el esquema de distribución de los ingresos de la nación (de 1988), por lo que los criterios y las razones originales se desdibujan totalmente. ¿Quién financia a qué provincias?

La Constitución de 1994 establecía que debía sancionarse una nueva ley con coeficientes actualizados y ajustados a los criterios políticamente establecidos en la carta magna de distribución de los fondos. Nunca se sancionó otra ley de coparticipación (en parte por el estado permanente de crisis que imposibilita cualquier discusión en términos razonables sobre los recursos), y poco tiempo después de que se aprobara la constitución se crearon instrumentos complementarios para financiar déficits transitorios en las provincias. Esto va aparte del mazacote normativo que comúnmente como “coparticipación” (aunque los fondos de la coparticipación propiamente dicha en algunos casos no son ni la mitad de los que gira automáticamente la nación). Uno de esos instrumentos fue el fondo fiduciario para el desarrollo provincial, que surge más o menos por la época del tequila y financia déficits transitorios en las cajas (desequilibrios corrientes) con recursos provenientes de la venta de activos (Banco Hipotecario, acciones de YPF) y que sería más tarde entre otras cosas usado para emitir los LECOPs.

Hasta aquí vimos como se desdibuja el esquema de la “coparticipación”. Después sigo con los ingresos y el gasto.

Sigue (más tarde) en la parte II.